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Tras medio año de espera desde el término del periodo de sus anteriores integrantes, el Senado de la República abrió finalmente la convocatoria para elegir a las 13 personas que conformarán el Consejo Nacional Ciudadano del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.

Este Consejo se compone por cinco familiares de personas desaparecidas, cuatro especialistas reconocidos en derechos humanos, búsqueda de personas o persecución de delitos, y cuatro representantes de organizaciones civiles enfocadas en la defensa de los derechos humanos. Esta distribución está respaldada por el artículo 60 de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas.

Desde diciembre del año pasado, concluyeron sus funciones Juan Bautista Andalón, Juan Carlos Lozada Delgadillo, Maribel Enciso Olguín, Virginia Garay Cázares, Martín Villalobos Valencia, Álvaro Hartos, Liliana Candelario Cardoso, Roxana Enríquez Parias, Zoraida García Castillo, Rafael Heredia Aguilar, Sonia Josefina Torres Hernández, Brayan Alberto Jove Vázquez y Valentina Peralta Puga, dejando vacantes los espacios en este órgano clave.

En respuesta, el Senado lanzó un llamado a organizaciones de familiares, colectivos de víctimas, defensores de derechos humanos, activistas, instituciones académicas y ciudadanía en general para proponer a quienes podrían integrar este Consejo Nacional. El proceso busca reunir perfiles con experiencia, compromiso y solvencia moral para enfrentar una de las problemáticas más sensibles del país.

La recepción de postulaciones se realizará del lunes 21 al viernes 25 de julio, a través de un micrositio en la página oficial del Senado. Los documentos requeridos incluyen currículum, carta de petición, carta de idoneidad, acta de nacimiento, identificación oficial y constancia de no haber sido sancionado ni estar en proceso administrativo o penal.

Las comisiones unidas de Gobernación y Derechos Humanos serán responsables de publicar las versiones públicas de los documentos de cada candidatura en la Gaceta del Senado, con el fin de garantizar transparencia en el proceso.

El 30 de julio se definirá el formato y la metodología para la evaluación de las candidaturas, y el viernes 15 de agosto se presentará el dictamen correspondiente ante la Junta de Coordinación Política. Este dictamen incluirá a quienes cumplan con los requisitos y sean considerados elegibles para integrar el Consejo.

Posteriormente, la Junta de Coordinación Política elaborará un acuerdo que será enviado a la Mesa Directiva, para que la propuesta final sea sometida a votación nominal en el pleno del Senado. La designación requerirá mayoría absoluta de los senadores presentes.

El Senado de la República aprobó reformas clave a la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y al Sistema Nacional de Búsqueda de Personas. Las modificaciones normativas, surgidas de una iniciativa presentada por Claudia Sheinbaum el 31 de marzo, fueron avaladas con 89 votos a favor de legisladores de Morena, PT, PVEM, PAN y Movimiento Ciudadano, y 13 votos en contra por parte del PRI.

El dictamen elimina el plazo de espera de 72 horas para iniciar una búsqueda. A partir de su aprobación, las autoridades deben actuar desde el primer momento en que se presenta una denuncia de desaparición. La medida fue impulsada por colectivos de madres buscadoras y se convierte en uno de los ejes fundamentales del nuevo marco legal.

El documento establece que la CURP será utilizada como el identificador oficial en procesos de búsqueda, lo que permitirá articular una Plataforma Única de Identidad, sistema que estará enlazado con diversas bases de datos: el Registro Nacional de Personas Desaparecidas, el Banco Nacional de Datos Forenses y otros registros administrativos.

La Secretaría de Gobernación estará a cargo de un programa de recolección y gestión de datos biométricos, con énfasis en niñas, niños y adolescentes. Esta dependencia será responsable de integrar dicha información a la CURP, en coordinación con autoridades federales, estatales y municipales. La finalidad será consolidar un registro de identidad más robusto y facilitar la localización de personas.

El nuevo modelo también incluye la monitoreación en tiempo real de la CURP, así como el acceso de la Fiscalía General de la República, fiscalías locales, instituciones de seguridad pública y el Centro Nacional de Inteligencia a bases de datos que contengan datos biométricos y otros elementos de identificación.

Además de acelerar la apertura de carpetas de investigación y generar una búsqueda inmediata, la reforma contempla la creación de una base única forense, el fortalecimiento de registros estatales y la homologación del delito de desaparición con el de secuestro.

Durante la sesión, se aceptó una reserva presentada por la senadora Margarita Valdéz para que gobiernos estatales y municipales, en un plazo de 180 días, regulen cementerios, panteones, servicios funerarios, crematorios y fosas comunes.

Por otro lado, no fue aprobada la propuesta de la senadora Maki Ortiz para integrar una sección permanente de denuncia ciudadana en la Plataforma Única de Identidad. Tampoco se aceptó la reserva del senador Erick Jaimes, que buscaba reconocer a madres y familiares de personas desaparecidas como coadyuvantes oficiales en las investigaciones. La mayoría de Morena se opuso a ambas propuestas. El dictamen fue enviado a la Cámara de Diputados para su revisión.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció un conjunto de medidas y reformas legales destinadas a atender el problema de las desapariciones en el país. En conferencia de prensa, destacó que para su gobierno es una prioridad nacional la búsqueda de personas desaparecidas y el acceso a la justicia para sus familiares.

Entre las acciones presentadas, se fortalecerán los registros de identificación y las fiscalías estatales. Además, se creará una base única de información forense y se establecerán nuevos protocolos para agilizar las búsquedas. Con estas medidas, se busca iniciar inmediatamente las carpetas de investigación, eliminando la espera de 72 horas y equiparando la desaparición con el delito de secuestro.

Respecto al campo de exterminio de Teuchitlán, Jalisco, Sheinbaum anunció la elaboración de una línea de tiempo para determinar responsabilidades sobre el aseguramiento del rancho Izaguirre. Asimismo, giró instrucciones al gabinete de seguridad para colaborar en todas las investigaciones.

Como parte de estos esfuerzos, la presidenta firmará un decreto para fortalecer la Comisión Nacional de Búsqueda. Este organismo ampliará su capacidad de atención y análisis de contexto, además de adquirir tecnología avanzada para respaldar las búsquedas con evidencia científica.

El próximo jueves, Sheinbaum enviará al Congreso de la Unión seis iniciativas de reforma. La primera propone modificar la Ley General de Población para consolidar el certificado único de registro de población como fuente central de identidad. Con esta medida, se podrá cruzar información de distintos registros administrativos y generar alertas que faciliten la localización de personas.

La segunda iniciativa reformará la Ley General en Materia de Desaparición Forzada y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas. Se creará una base única de información forense, que integrará datos de los servicios periciales estatales y federales. También se desarrollará una Plataforma Nacional de Identificación Humana que actualizará y comunicará registros administrativos y forenses a nivel nacional.

La tercera iniciativa establecerá protocolos para activar alertas de búsqueda inmediata en todas las entidades del país y abrir carpetas de investigación sin demoras. La cuarta equiparará el delito de desaparición con el secuestro, homologando penas y procedimientos en todas las fiscalías.

La quinta reforma exigirá la publicación mensual de cifras sobre desapariciones en el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Finalmente, la sexta iniciativa reforzará la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, garantizando apoyo y asesoría a familiares de personas desaparecidas.

Con estas acciones, el gobierno busca atender de manera más eficaz la problemática de las desapariciones en México y mejorar el acceso a la justicia para las víctimas y sus seres queridos.