El pleno de la Cámara de Diputados aprobó la nueva Ley del Sistema de Seguridad Pública con 445 votos a favor y 37 en contra, en una sesión decisiva que consolidó el respaldo mayoritario de Morena, PAN, PVEM, PT y MC. El dictamen fue avalado con múltiples cambios respecto a su versión original y generó reacciones diversas dentro del recinto legislativo.
Uno de los cambios más significativos fue la eliminación de la definición expresa sobre el carácter civil de las instituciones de seguridad pública. La versión anterior establecía que estas serían disciplinadas, profesionales y civiles, y que su actuación debía regirse bajo principios de legalidad, objetividad, eficiencia, honradez y respeto a los derechos humanos. Ese fragmento fue suprimido en la nueva redacción, mientras se ratificó a la Guardia Nacional como la principal institución de seguridad federal, bajo adscripción a la Secretaría de la Defensa Nacional, aunque con formación basada en doctrina policial civil.
Además, el dictamen retiró la creación de una plataforma digital de usuarios de telefonía móvil, que estaría a cargo de la Agencia de Transformación Digital, lo cual fue señalado por legisladores como una concesión menor. A pesar de esa eliminación, continúa la preocupación entre diputados por la posibilidad de acceso irrestricto a bases de datos públicas y privadas, sin requerimiento de orden judicial, prevista en el proyecto paralelo de Ley del Sistema Nacional de Inteligencia, que se debatirá próximamente.
La nueva legislación otorga al Consejo Nacional de Seguridad Pública facultades adicionales, entre ellas, la capacidad de suspender recursos en materia de seguridad a estados y municipios que incumplan los acuerdos de coordinación. Esta medida fue calificada por algunos legisladores como una centralización excesiva del poder y como un instrumento que podría someter a las entidades a decisiones federales de manera unilateral.
Durante la sesión, representantes de diversas bancadas fijaron postura. El diputado César Damián, del PAN, expresó que su grupo parlamentario votaría a favor de la Ley del Sistema de Seguridad Pública, pero rechazaría la del Sistema de Inteligencia, debido a preocupaciones por posibles mecanismos de vigilancia sin control judicial. Advirtió sobre el fortalecimiento de lo que denominó “el monstruo del espionaje”.
Desde Movimiento Ciudadano, la diputada Claudia Ruiz Massieu cuestionó la aparente eliminación del registro de usuarios de líneas telefónicas, señalando que la Agencia de Transformación Digital mantiene el control de la información. También subrayó que el acceso sin restricciones a datos sigue contemplado en la ley de inteligencia próxima a discutirse.
Por parte del PRI, el legislador Alejandro Domínguez fundamentó el voto en contra de su bancada, señalando como grave la eliminación del carácter civil en la definición de seguridad pública, así como las modificaciones de última hora al dictamen. Consideró que el Consejo Nacional de Seguridad Pública fue dotado de un poder que va más allá de su función articuladora, al poder incluso condicionar los recursos a gobiernos locales.
En la misma sesión se anticipó que la discusión sobre la Ley del Sistema Nacional de Inteligencia tendría lugar ese mismo día. Las implicaciones de ambos proyectos continúan generando análisis entre legisladores, especialistas y organizaciones civiles, por su posible impacto en derechos ciudadanos y equilibrios institucionales.
La aprobación se da en un contexto político clave, marcado por la iniciativa impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, y podría reconfigurar la estructura y funciones de seguridad en el país de forma profunda.