PAN denuncia a Javier May por descarrilamiento del Tren Maya y exige investigar

Legisladores del Partido Acción Nacional (PAN) presentaron una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) en contra de Javier May, exdirector del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), por el descarrilamiento ocurrido en el Tramo 3 del Tren Maya en la estación Izamal, Yucatán.

Los denunciantes señalaron que May estuvo directamente involucrado en la etapa de adjudicación y construcción de dicho tramo, por lo que lo responsabilizan de irregularidades que, aseguran, derivaron en el incidente. Entre ellos se encuentran el diputado federal Ernesto Sánchez Rodríguez, la diputada local por Quintana Roo, Reyna Tamayo, y la senadora Mayuli Martínez.

De acuerdo con los legisladores, el descarrilamiento representó un grave riesgo para la seguridad de los pasajeros. “La denuncia que estamos presentando tiene que ver sanciones penales en contra de quienes han saqueado el erario público, comprado material de mala calidad y no han supervisado con pulcritud la obra del Tren Maya”, expusieron en conferencia.

Los panistas exigieron también que las autoridades del Tren Maya transparenten la información relativa al gasto en materiales y la calidad de estos, argumentando que la falta de controles y supervisión podría explicar el percance.

El diputado Ernesto Sánchez afirmó que existen reportes sobre presuntos actos de corrupción en este tramo, vinculados a la asignación de contratos a allegados de los hijos del expresidente Andrés Manuel López Obrador. “Se le entregaron contratos a los amigos de los hijos del expresidente”, sostuvo.

La denuncia presentada busca que se realicen investigaciones formales sobre el proceso de adjudicación y supervisión de las obras, así como sobre la calidad de los materiales utilizados en la construcción. Los legisladores insistieron en que se deslinden responsabilidades penales y administrativas contra los funcionarios y exfuncionarios que hayan tenido participación en las irregularidades señaladas.

Por su parte, el gobierno de Claudia Sheinbaum negó que se tratara de un descarrilamiento. El 19 de agosto, día del incidente, se refirió a lo ocurrido como un “percance de vía”, restando peso a la versión de que el convoy hubiera descarrilado. 

Esta postura generó diferencias de interpretación entre autoridades y oposición, que insiste en calificar el hecho como un descarrilamiento con riesgo directo para usuarios.

La denuncia contra Javier May se suma a las críticas recurrentes de legisladores opositores sobre el Tren Maya, una de las obras emblemáticas iniciadas durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador y continuadas en la actual administración. La exigencia de los panistas se centra ahora en esclarecer el manejo de recursos públicos, la adjudicación de contratos y la seguridad de la infraestructura ferroviaria.

Crimen organizado amenaza al transporte público de Acapulco

Crimen organizado amenaza al transporte público de Acapulco

El transporte público en Acapulco ha comenzado a reanudarse de manera gradual tras dos días de suspensión debido a amenazas, presuntamente, por parte de integrantes del crimen organizado. A pesar de la reanudación, algunas rutas que conectan con la franja turística del puerto aún presentan limitaciones en sus actividades.

Desde las 06:00, camiones como el Bloque Uno reiniciaron sus recorridos en el área y en la Zona Diamante, donde se observó la presencia de taxis y urvans. Sin embargo, se informa que los taxis colectivos, aunque siguen operando, han establecido tarifas elevadas para el traslado de pasajeros, alcanzando hasta 100 pesos por persona.

Aunque la situación mejora paulatinamente, la falta de todas las rutas en circulación continúa siendo un problema durante este sábado.

La suspensión del servicio de transporte público en Acapulco se produjo como respuesta a la violencia generada por el crimen organizado, incluyendo el asesinato de un líder del gremio y amenazas de más homicidios.

Conductores expresaron su temor después de que circularan mensajes y audios en WhatsApp, supuestamente enviados por grupos delictivos, amenazando con asesinar a los choferes y quemar sus vehículos.

Esta situación paralizó la ciudad, afectando a universidades, comercios y empresas que no abrieron por la falta de transporte, la seguridad de los trabajadores y las amenazas recibidas. La psicosis generada por ataques contra transportistas y las amenazas por parte de grupos criminales llevaron a una suspensión casi total del transporte público en la ciudad, afectando a rutas alimentadoras, taxis colectivos y algunas rutas de camiones urbanos.

La Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco) de Acapulco alertó que las amenazas y ataques afectaron hasta un 90% del servicio de transporte público, impactando a más de 80 mil trabajadores y 34 mil empresas, con una pérdida económica directa de más de 87 millones de pesos al comercio organizado.

“Estamos en la ruta de la recuperación haciendo un gran esfuerzo por sacar adelante los comercios los servicios y el turismo de Acapulco, luego de la devastación generada por el huracán Otis, y grupos organizados de personas que no tienen la conciencia ni el compromiso hacia Acapulco, cometen actos delictivos a plena luz del día y amenazando a la población con ataques directos con armas de fuego”, enfatizó la Canaco.

La Canaco advirtió que, de persistir la situación, se verán obligados a cerrar comercios, ya que la falta de trabajadores y movilidad en la ciudad representa una amenaza para la seguridad.

Por su parte, el gobierno estatal informó que desde la noche del jueves se implementaron patrullajes con la participación de los tres niveles de gobierno para garantizar el transporte y la seguridad ciudadana.

Los recorridos incluyeron rutas del transporte público como Forum, La Poza, Colosio, Llano Largo, Sendero, Sabana, Cruces, Piedra Roja, y se sumaron Caleta, Las Anclas, La Cima, entre otros puntos.

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