Etiqueta: Guerrero

El presidente Andrés Manuel López Obrador catalogó el reciente ingreso a Palacio Nacional por parte de un grupo de jóvenes normalistas como “un vulgar acto de provocación”, acusando la presencia de “mano negra” detrás de esta acción. Durante su habitual conferencia matutina, el mandatario expresó su rechazo hacia lo que considera una estrategia de guerra sucia por parte de sus adversarios.

López Obrador enfatizó la justicia de la demanda de los padres de los 43 normalistas desaparecidos en Iguala, Guerrero, en 2014, pero advirtió sobre la presencia de “grupos de derecha, conservadores, incluso partidos políticos en contra de la transformación” que se han sumado a este movimiento. También señaló la intervención de organismos internacionales y organizaciones supuestamente defensoras de derechos humanos en lo que describió como un “coctel de provocadores”.

“Están nuestros adversarios desesperados, y están recurriendo a la guerra sucia y a actos como el de ayer. Hay `mano negra´ en estas acciones, pero nosotros no vamos a caer en ninguna provocación”, declaró el Presidente en una conferencia de prensa en Ciudad Victoria, Tamaulipas.

El asalto al Palacio Nacional, según López Obrador, forma parte de un plan de provocación más amplio que incluye incidentes previos, como el rompimiento de vidrios en la Secretaría de Gobernación y en la Lotería Nacional. El mandatario señaló que este tipo de acciones cuentan con la marca distintiva del PRI, recordando tácticas similares utilizadas por el partido en décadas pasadas.

Además, destacó su intención de reunirse directamente con los familiares de los estudiantes en las próximas dos semanas y media, declinando participar en la reunión entre la subsecretaria y el grupo que intentó ingresar clandestinamente.

El Presidente reiteró su postura de no caer en provocaciones y destacó la importancia del diálogo directo con los afectados, rechazando intermediarios. En un momento de desafío político, López Obrador mantiene su posición firme, buscando abordar las demandas legítimas mientras denuncia la supuesta maquinaria de provocación que rodea este caso.

En un hecho inusual, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) excedió el límite legal para dar luz verde a casi cuatro mil candidaturas al Senado y la Cámara de Diputados, tanto por mayoría relativa como por representación proporcional.

El plazo máximo para que el INE aprobara las listas de aspirantes venció a medianoche del jueves 29 de febrero, marcando el inicio de las campañas electorales.

Sin embargo, el acuerdo sobre las candidaturas para el Senado, abordando ambos principios, fue unánimemente aprobado por los consejeros a las 5:04 a.m. de ayer, mientras que la aprobación para la Cámara de Diputados llegó a las 06:26 a.m., según se informó a través de publicaciones en la red X compartidas por la consejera Carla Humphrey.

El INE, mediante un comunicado, informó que la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos revisó un total de dos mil 399 solicitudes, incluyendo 475 de elección consecutiva, además de verificar el cumplimiento de acciones afirmativas, como la inclusión de 35 personas indígenas, cuatro afromexicanas, ocho con discapacidad, tres de la diversidad sexual y cinco migrantes y residentes en el extranjero.

Las listas difundidas por el INE entre los consejeros, de las cuales se ofreció un adelanto ayer, revelan que en 12 estados Morena, PT y PVEM contenderán por separado, con el objetivo de ganar los tres escaños de cada entidad. Estos estados son Baja California, Chiapas, Guerrero, Hidalgo, Oaxaca, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas y Tlaxcala.

A pesar de enfrentar un proceso penal, que incluye una solicitud de extradición por parte de Estados Unidos, el exgobernador de Tamaulipas, Eugenio Hernández, fue incluido como candidato de mayoría relativa del Partido Verde.

Durante la sesión, se presentaron impugnaciones, entre las cuales se destacó la del representante del PRI, Hiram Hernández, quien rechazó la candidatura del exgobernador de Chihuahua, Javier Corral, actual asesor de la campaña de Claudia Sheinbaum y aspirante a una senaduría por Morena.

El morenista Sergio Gutiérrez Luna también impugnó la candidatura del exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, como candidato a diputado plurinominal del PAN.

En la lista de candidaturas plurinominales también sobresalen nombres como Eruviel Ávila, por el PVEM, y Julio Javier Scherer, hijo del exconsejero jurídico de la Presidencia Julio Scherer.

Un sismo de magnitud 5.0 con epicentro en Coyuca de Benítez, Guerrero, sacudió la tarde del sábado la Ciudad de México, generando alarma y desalojos en varios edificios de la metrópoli. El Servicio Sismológico Nacional (SSN) confirmó el evento, informando que el temblor fue perceptible levemente tanto en la CDMX como en otras áreas del Estado de México.

El movimiento telúrico se registró a las 18:00 horas, activando las alertas sísmicas y desencadenando la evacuación de varios edificios en la capital. A pesar de que la magnitud preliminar se informó como 5.0, el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, precisó que la magnitud real fue de 5.2, aunque el temblor se percibió con baja intensidad. Hasta el momento, no se han reportado daños significativos.

El Centro de Instrumentación y Registro Sísmico A.C. (SASMEX) emitió alertas automáticas a la Ciudad de México, Chilpancingo, Acapulco, Oaxaca, Morelia, Colima, Puebla y Cuernavaca, según su informe preliminar. El protocolo de seguridad se activó de inmediato, con sobrevuelos de cóndores realizados por la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX para evaluar posibles daños.

El secretario de Gobernación, Javier Aquino, confirmó la activación de protocolos de seguridad y revisiones en diversos inmuebles, sin que hasta el momento se reporten daños graves o afectaciones a las personas. La gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, informó que no se registran daños causados por el sismo en su estado, y Protección Civil activó protocolos preventivos.

En el Estado de México, la gobernadora Delfina Gómez Álvarez anunció la activación de los protocolos de Protección Civil en todo el territorio, manteniéndose alertas y con despliegue de seguridad. En Puebla, el sismo también activó alarmas, provocando evacuaciones en el Centro Histórico y plazas comerciales.

Las autoridades continúan monitoreando la situación y brindando información actualizada a la ciudadanía.

La Fiscalía General de la República (FGR), dirigida por Alejandro Gertz Manero, despejó las dudas generadas por informaciones sobre la supuesta liberación de José Ángel “C”, conocido como ‘El Mochomo’. La FGR confirmó que el presunto responsable de la desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, Guerrero, permanece en prisión y está siendo investigado por nuevos cargos relacionados con delitos contra la salud.

El domingo 11 de febrero, la Fiscalía emitió un comunicado oficial a través de sus redes sociales, desmintiendo categóricamente los rumores sobre la liberación de “El Mochomo”. Afirmaron que José Ángel “C” se encuentra recluido en un Centro Federal de Readaptación Social, específicamente en el penal de máxima seguridad del Altiplano, en el Estado de México.

La institución también aclaró que, a pesar de versiones que indicaban lo contrario, no se ha dictado ningún auto de libertad en favor de “El Mochomo”. Además, confirmó que sigue enfrentando cargos por delincuencia organizada y desaparición forzada, relacionados con el caso Ayotzinapa.

La FGR resaltó que en octubre de 2023, un juez federal exoneró a José Ángel del delito de delincuencia organizada en otra causa penal. Sin embargo, esta sentencia aún no es firme, ya que el Ministerio Público Federal impugnó la resolución. El proceso se encuentra actualmente bajo estudio del Segundo Tribunal Colegiado de Apelación en Materia Penal del Estado de México.

La dependencia también informó que, en el área de Delincuencia Organizada, se recibió información oficial de las autoridades estadounidenses sobre presuntos delitos contra la salud cometidos por “El Mochomo”. Esto llevó a la apertura de otro procedimiento penal en septiembre de 2020, donde un juez federal vinculó a proceso a José Ángel. Sorprendentemente, en octubre de 2023, otro juez federal emitió una sentencia absolutoria, decisión que fue apelada de inmediato por la FGR y se encuentra en trámite.

La Fiscalía insistió en que la información sobre la supuesta liberación se refiere a un acuerdo que se determinó hace más de cuatro meses y que no favorece al procesado para obtener su libertad por los delitos cometidos en el caso Ayotzinapa.

José Ángel “C”, conocido como ‘El Mochomo’, es hermano de Sidronio Casarrubias Salgado, presunto líder del cártel Guerreros Unidos. Este cártel ha sido señalado como responsable de la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa, y el gobierno federal, al reabrir la investigación, ha buscado identificar y responsabilizar a los principales involucrados.

Es crucial destacar que “El Mochomo” ya había presentado un amparo anteriormente, el cual fue desestimado por el Poder Judicial. Sin embargo, con el tiempo, un juez de distrito determinó que José Ángel debería ser absuelto, generando incertidumbre en el desarrollo del caso.

La nueva información proporcionada por la FGR revela que se ha abierto otro procedimiento penal contra “El Mochomo” por delitos contra la salud, basado en datos proporcionados por autoridades estadounidenses. Esto podría prolongar su permanencia en prisión mientras se lleva a cabo la investigación.

En un informe alarmante, el Laboratorio Electoral revela que en los últimos nueve meses, se han registrado 50 casos de violencia relacionada con el proceso electoral en México, incluyendo 33 asesinatos, de los cuales 16 aspiraban a cargos de elección popular. Este sombrío panorama arroja luces sobre la peligrosa situación que enfrentan los participantes en la contienda política, con el mes de enero destacando como el más violento con ocho asesinatos registrados.

La violencia ha golpeado con mayor fuerza a los militantes de Morena, siendo cinco de los 16 aspirantes asesinados miembros de este partido. Le siguen en la lista el PAN con cuatro, Movimiento Ciudadano con tres, y el PRD, PRI y Partido Verde, con dos, respectivamente. Esta situación desata preocupación sobre la seguridad de quienes buscan servir a través de la política, destacando la vulnerabilidad de aquellos que aspiran a cargos públicos.

La geografía de la violencia electoral se extiende por 13 entidades federativas, siendo Guerrero la más afectada con ocho casos, seguida de Veracruz y Michoacán, ambas con cinco. La repetición de Guerrero como epicentro de la violencia electoral, también observada en 2018 y 2021, subraya la urgencia de abordar la situación en este estado.

El análisis del Laboratorio Electoral se ha extendido más allá de las fechas oficiales del proceso electoral, abarcando el periodo de junio de 2023 a septiembre de 2024 debido a los procesos de selección de candidaturas realizados de manera anticipada. Este enfoque permite identificar tendencias y patrones que podrían ser fundamentales para abordar y prevenir la violencia en futuros procesos electorales.

El informe también destaca que, aunque el PRI lideró las víctimas electorales mortales en 2018, en la actualidad, Morena es el partido más afectado por la violencia política, resaltando la gravedad del problema en el contexto actual. Además, el PRD, a pesar de su estatus como partido pequeño, exhibe una preocupante estabilidad en el número de víctimas mortales de violencia.

La violencia no se limita a los aspirantes, ya que se han registrado 41 casos de violencia política no electoral contra funcionarios, sus familiares, antiguos legisladores y/o aspirantes a cargos. Estos incluyen seis atentados/ataques armados, dos amenazas, dos secuestros y un caso de denuncia de Violencia Política de Género (VPG).

Arturo Espinosa, director de Laboratorio Electoral, advierte que el 2024 podría convertirse en el proceso más violento en la historia del país, subrayando la necesidad urgente de abordar y revertir esta tendencia alarmante que amenaza la democracia y la participación política en México.

En un hecho que pone en alerta a la sociedad y a las autoridades electorales, el aspirante a la presidencia municipal de Iguala, Guerrero, por el partido Morena, Erick Catalán, fue objeto de un ataque armado este sábado 3 de febrero. A pesar de la gravedad del incidente, Catalán y sus escoltas resultaron ilesos gracias al blindaje de la camioneta en la que se desplazaban y a la rápida respuesta de los agentes de seguridad.

El candidato se trasladaba por la carretera Iguala-Taxco de Alarcón cuando su vehículo fue interceptado por un grupo armado, quienes abrieron fuego, impactando en el parabrisas de la camioneta. La respuesta decidida de los dos escoltas, habilitados como policías, logró repeler el ataque, obligando a los agresores a retirarse. A pesar de la tensión del momento, Catalán salió ileso, aunque sus escoltas sufrieron algunas lesiones cuya gravedad aún no ha sido detallada.

Este acto de violencia no sólo pone en peligro la integridad de los candidatos, sino que también genera preocupación sobre la seguridad durante el proceso electoral. El dirigente del PRI en Jalisco, Antonio Padilla, emitió un llamado a las autoridades estatales para establecer protocolos de seguridad efectivos que protejan a los candidatos durante sus campañas. Este llamado se dio en el contexto del reciente asesinato del precandidato a la alcaldía de Mascota, por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), quien fue atacado a balazos el 1 de febrero en Zapopan.

Padilla expresó su preocupación por la aparente falta de prioridad del gobierno estatal en abordar temas de seguridad, destacando la importancia de establecer mesas de diálogo para abordar estos problemas de manera efectiva.

En un esfuerzo por contrarrestar la creciente inseguridad en el contexto electoral, las autoridades del Instituto Nacional Electoral (INE) han acordado establecer un protocolo específico para atender las solicitudes de candidatos y partidos políticos relacionadas con la seguridad. La Consejera Presidenta Guadalupe Taddei Zavala explicó que este protocolo ofrecerá servicios de seguridad y acompañamiento a los candidatos que lo soliciten, asignándolos en zonas de riesgo con niveles de incidencia delictiva alta, media y baja.

La implementación de este protocolo es una respuesta directa a la preocupación creciente por la seguridad de los candidatos en el proceso electoral 2023-2024. La Consejera Presidenta subrayó que el INE será responsable de hacer solicitudes formales a la Mesa de Seguridad Interinstitucional, coordinada por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, para eventos que requieran servicios de seguridad a nivel federal, como los debates.

En un nuevo episodio de violencia que sacude la política mexicana, el dirigente municipal del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en Cuitláhuac, Veracruz, José Alejandro Naredo García, fue brutalmente asesinado a balazos este sábado. El hecho ocurrió cerca de la calle 6 en la colonia Oaxaca, desencadenando una fuerte movilización de agentes de seguridad y de emergencia.

Este acto de violencia política, que ha conmocionado a la comunidad, resalta la fragilidad de la seguridad en ciertas regiones del país. La Fiscalía de Veracruz ha confirmado los hechos y anunciado el inicio de las investigaciones para dar con los responsables de este crimen que privó de la vida al presidente del PRD en Cuitláhuac.

La escalada de violencia política en México ha sido objeto de preocupación y debate. Según el reporte ‘MX: La Guerra en Números’ de T-ResearchMX, desde el inicio de la Administración del presidente Andrés Manuel López Obrador en diciembre de 2018, hasta el 27 de enero de 2024, se han registrado 177,797 homicidios dolosos en el país. Estas cifras reflejan un contexto de inseguridad y violencia que afecta a diversos sectores de la sociedad, incluyendo a los actores políticos.

José Alejandro Naredo, además de su rol como dirigente del PRD, se desempeñaba como taxista y músico en Cuitláhuac. Su asesinato dejó consternada a la comunidad local, que lo describía como una figura activa y comprometida en distintos ámbitos. Las autoridades, tras confirmar su fallecimiento, iniciaron las diligencias correspondientes para esclarecer el crimen y llevar a los responsables ante la justicia.

Es relevante señalar que este trágico suceso se suma a otros actos de violencia política recientes, como el asesinato del exalcalde perredista Marcelino Ruíz Esteban y su esposa en Guerrero. Ambos eventos generan inquietud sobre la seguridad de los actores políticos y la necesidad de medidas más efectivas para garantizar su protección.

Hasta el momento, ninguna autoridad ha informado sobre personas detenidas en relación con el asesinato de José Alejandro Naredo. La ausencia de respuestas inmediatas resalta los desafíos que enfrenta México en la lucha contra la impunidad y la violencia política.

El hecho de que Naredo García fuera ultimado previo a la elección del 2 de junio intensifica la preocupación sobre la seguridad de los políticos en un año electoral. La sociedad espera respuestas y acciones contundentes por parte de las autoridades locales y estatales para frenar esta ola de violencia que amenaza la estabilidad y la integridad de los actores políticos en diversas regiones del país.

El legado de José Alejandro Naredo se convierte en un recordatorio de los riesgos y desafíos que enfrentan aquellos que participan activamente en la vida política de México. Su asesinato resalta la necesidad urgente de fortalecer las medidas de seguridad y justicia para preservar la integridad de quienes dedican sus esfuerzos a servir a la comunidad y contribuir al bienestar del país.

El Gobierno del Estado de México ha tomado una medida decisiva ante los desafíos de seguridad en Texcaltitlán, asignando al general brigadier diplomado de Estado Mayor, Claudio Edmundo Huizar de la Torre, como comandante del Mando Especial Texcaltitlán.

Esta decisión surge en respuesta a un enfrentamiento ocurrido el pasado 8 de diciembre entre habitantes y presuntos extorsionadores de La Familia Michoacana, que resultó en la muerte de 14 presuntos delincuentes y la desaparición de 14 personas, marcando un punto crítico que exigió la intervención del presidente Andrés Manuel López Obrador y del secretario de la Defensa Nacional, el general Luis Cresencio Sandoval.

El general Huizar de la Torre, con más de 35 años de servicio y una destacada carrera, asume la responsabilidad de construir la paz en la zona sur del Estado de México. La actuación del Mando Especial será en estrecha coordinación con el Ejército, la Guardia Nacional, así como con las secretarías de Seguridad Pública y fiscalías de varios estados, destacando Michoacán y Guerrero.

La gobernadora Delfina Gómez Álvarez lideró la ceremonia de toma de protesta, expresando su reconocimiento y agradecimiento a la Secretaría de la Defensa Nacional, así como a los cuerpos de seguridad y justicia estatales y federales que contribuyen diariamente a la paz y tranquilidad en la entidad.

El General Huizar de la Torre, graduado del Heroico Colegio Militar como Subteniente de Infantería, cuenta con una sólida experiencia, desempeñándose en roles destacados, como comandante del 102 Batallón de Infantería en San Miguel Ixtapan y del 94 en Culiacán, Sinaloa.

Además, ha ocupado puestos clave, como jefe de la Subsección de Información de la Sección Segunda del Estado Mayor conjunto de la Defensa Nacional y jefe de la Comisión de Inspección y Auditoría No. 4 de la Inspección y Contraloría General del Ejército y Fuerza Aérea.

Su principal encomienda será garantizar la seguridad en la zona sur del Estado de México y restablecer la confianza de la ciudadanía en los elementos de seguridad. La designación surge como respuesta directa a los trágicos eventos del 8 de diciembre de 2023, cuando los habitantes de Texcaltitlán se enfrentaron a miembros de un grupo de extorsionadores de la Familia Michoacana, resultando en la muerte de “El Payaso”, líder del grupo.

Es relevante destacar que esta designación marca un hito, siendo la primera vez que se asigna un comandante del Ejército Mexicano como Mando Especial en el Estado de México. El General Huizar de la Torre tendrá una presencia permanente en la zona sur, con base operativa en Texcaltitlán, y dependerá de la 22 Zona Militar.

La gobernadora Delfina Gómez Álvarez enfatizó la importancia de la colaboración y expresó su reconocimiento a la Sedena y a los cuerpos de seguridad y justicia estatales y federales que operan en la entidad, subrayando la necesidad de un esfuerzo conjunto para restaurar la paz en Texcaltitlán y sus alrededores.