Parálisis en el Poder Judicial Afecta Miles de Casos Diarios, Incluidos Casos Mediáticos

Debido a la suspensión de labores en los juzgados y tribunales federales, cerca de 40 mil casos diarios quedarán sin atención, incluyendo algunos de los más relevantes de este sexenio, como los de Ayotzinapa, Mario Aburto, Emilio Lozoya y Carlos Ahumada. El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) anunció recientemente, a través de una circular, que los juzgados y tribunales deben atender únicamente casos urgentes, como la calificación de detenciones, vinculaciones a proceso, medidas cautelares relacionadas con la prisión preventiva y decisiones sobre extradición, entre otros.

Sin embargo, audiencias de tipo intermedio, como la del ex procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, no se consideran dentro de estas excepciones. Murillo Karam enfrenta dos procesos judiciales relacionados con el caso Ayotzinapa, y aunque la Fiscalía General de la República (FGR) planeaba formalizar las acusaciones el 20 de agosto, la audiencia fue suspendida debido al acuerdo entre jueces y magistrados para detener labores en protesta contra la reforma al Poder Judicial de la Federación (PJF) impulsada por Morena en la Cámara de Diputados.

En el caso de Emilio Lozoya, ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), también se ven afectados los procedimientos. Lozoya enfrenta cargos por los casos Odebrecht y Agronitrogenados, y el Ministerio Público Federal ha solicitado penas de 46 y 15 años de prisión, respectivamente. Sin embargo, la apertura del juicio oral no puede proceder debido a que Lozoya promovió amparos y obtuvo suspensiones que deben resolverse primero, lo que, al no ser considerado urgente, retrasa el proceso.

El caso de Mario Aburto Martínez, quien confesó haber asesinado al ex candidato presidencial del PRI, Luis Donaldo Colosio, en 1994, también se encuentra en pausa. Aburto presentó dos amparos para impedir que la Fiscalía General de la República cierre la investigación contra ex funcionarios que presuntamente lo torturaron tras su arresto. Aunque las demandas fueron aceptadas por el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal de la Ciudad de México, el caso no avanza debido a que no se considera urgente.

Por otro lado, el amparo promovido por Carlos Ahumada contra una orden de reaprehensión también está detenido. Ahumada, empresario mexicano de origen argentino, cuenta con una suspensión definitiva que impide su arresto. A pesar de que debe comparecer ante un juez de ejecución de sanciones en el reclusorio Norte el 27 de agosto, no podrá ser detenido debido a la situación actual.

Asimismo, el amparo de María Amparo Casar, presidenta de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, en el que busca que Pemex le pague las pensiones pendientes, está igualmente suspendido. Además, los casos contra militares involucrados en delitos relacionados con el caso Ayotzinapa también están en espera debido a la suspensión de actividades en los tribunales.

Mario Aburto Impugna Desestimación por Supuesta Tortura

Mario Aburto Impugna Desestimación por Supuesta Tortura

El caso de Mario Aburto Martínez, conocido por el asesinato del candidato presidencial Luis Donaldo Colosio, continúa generando atención y controversia. Recientemente, un Tribunal Federal ha admitido a trámite el recurso de queja presentado por Aburto, impugnando la decisión de una jueza respecto al desecho de un amparo relacionado con la presunta tortura sufrida por él tras su captura en 1994. 

El Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal en la Ciudad de México ha notificado la entrada del recurso, indicando que este tema guarda relación con otro recurso de inconformidad en otro Tribunal Colegiado.

 

Este segundo recurso, que está en el Octavo Tribunal Colegiado, también ha admitido la impugnación presentada por la Secretaría Técnica de Combate a la Tortura, Tratos Crueles e Inhumanos de la Dirección General del Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP).

 

Es importante destacar que la jueza Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, Paloma Xiomara González, determinó desechar la demanda de garantías promovida por Mario Aburto Martínez, argumentando que el tema del carpetazo ya está siendo estudiado en el mismo juzgado debido a un amparo presentado por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), la cual representa legalmente al acusado.

 

En febrero de este año, la Fiscalía General de la República (FGR) autorizó definitivamente el no ejercicio de la acción penal en la investigación sobre la presunta tortura sufrida por Aburto. Esta decisión fue comunicada por el Ministerio Público Federal a la jueza Paloma Xiomara, quien otorgó varios días al acusado y su defensa para impugnar.

 

El recurso de inconformidad presentado ante el Octavo Tribunal Colegiado refuta la decisión de la jueza de dar por cumplido el amparo que ordenaba a la FGR llevar a cabo diversas investigaciones para determinar si Aburto fue torturado.

 

Para Aburto, la sentencia que lo amparó y que exigía a la fiscalía investigar su presunta tortura no se ha cumplido según lo ordenado por el juez Antonio González García, quien estaba a cargo del Juzgado Sexto en ese momento.

 

Este avance legal marca un nuevo capítulo en un caso que ha mantenido la atención del público y las autoridades durante décadas, y destaca la importancia de la justicia y la transparencia en la investigación de casos de presunta tortura y violaciones a los derechos humanos.

Cuestiones de Política 

Directorio

Caso Colosio: FGR Apunta a un Segundo Tirador y Acusa a García Luna de Encubrimiento

En un giro sorprendente en el caso del asesinato de Luis Donaldo Colosio, la Fiscalía General de la República (FGR) ha señalado la presencia de un segundo tirador, identificado como Jorge Antonio “S”, un agente del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN).

Este anuncio, acompañado de la acusación de presunto encubrimiento por parte de Genaro García Luna, ex titular de Seguridad durante el sexenio de Felipe Calderón, ha dejado al descubierto una trama compleja que busca esclarecer uno de los eventos más impactantes en la historia política de México.

En el comunicado emitido el lunes 29 de enero, la FGR detalla las pruebas que involucran a Jorge Antonio “S” en el homicidio del candidato presidencial Luis Donaldo Colosio. Según la institución, análisis de sangre encontrada en la ropa de este agente coincide con el tipo de sangre de Colosio, y se presentan declaraciones de testigos que indican que llevaba sangre de la víctima en el momento de su detención.

La FGR sostiene que Jorge Antonio “S” accionó un arma de fuego en el lugar de los hechos, y señala al CISEN como responsable de enviarlo a la zona. Además, denuncia que este agente fue encubierto y sacado del lugar de manera urgente y subrepticia. Estas revelaciones ponen en entredicho la versión oficial del caso y plantean interrogantes sobre la posible implicación de otras instituciones en el encubrimiento.

La figura de Genaro García Luna emerge nuevamente en medio de este escándalo, siendo señalado por la FGR como el responsable de un “evidente encubrimiento delictivo” a favor de Jorge Antonio “S”. La acusación sostiene que García Luna, quien era Subdirector Operativo en el CISEN, rescató al agente implicado en Tijuana, desencadenando un proceso judicial que ha sido cuestionado por la Fiscalía.

La actuación del Juez Quinto de Distrito de Procesos Penales Federales, Jesús Alberto Chávez Hernández, también está en tela de juicio. La FGR sostiene que el juez actuó con evidente parcialidad al no valorar adecuadamente las pruebas presentadas en su contra, contribuyendo así al encubrimiento del segundo tirador. Ante esta situación, la FGR anunció que apelará la liberación de Jorge Antonio “S” y destaca la gravedad del delito en cuestión.

El hijo del excandidato presidencial, Luis Donaldo Colosio Riojas, se pronunció en relación a estas nuevas revelaciones, aunque en una vertiente diferente. En un mensaje dirigido al presidente Andrés Manuel López Obrador el 26 de enero, Colosio Riojas solicitó el indulto para Mario Aburto, asesino confeso de su padre. Este llamado a la compasión se presenta como un intento de cerrar un capítulo doloroso en la historia de su familia y del país.

La complejidad del caso Colosio se intensifica con estas nuevas revelaciones, alimentando la incertidumbre en torno a lo sucedido en marzo de 1994. La FGR busca esclarecer la verdad detrás de este magnicidio, destacando la importancia de no pasar por alto ninguna arista de la investigación. Las implicaciones políticas y la posible vinculación de instituciones gubernamentales en el encubrimiento hacen de este caso un tema de alto impacto que captura la atención y la preocupación de la sociedad mexicana. A medida que se desentraña la compleja red de eventos, el país enfrenta el desafío de reconciliar su pasado para construir un futuro basado en la verdad y la justicia.