Autoridades mexicanas confirmaron la identificación del cuerpo de José Ángel Hernández Vélez, uno de los 10 mineros privados ilegalmente de la libertad en Sinaloa el pasado 23 de enero, quien laboraba para la empresa canadiense Vizsla Silver. La información fue dada a conocer por colectivos, organizaciones y familiares, luego de que la Fiscalía General de la República (FGR) reportara el hallazgo de cuerpos y restos humanos en una fosa ubicada en el municipio de Concordia.

La confirmación se produce dos días después de que la FGR informara sobre la localización de la fosa, en la que se encontraba al menos una persona con características compatibles con uno de los mineros secuestrados. Posteriormente, se estableció que los restos correspondían a Hernández Vélez, originario del estado de Zacatecas.

De acuerdo con reportes difundidos por medios, la notificación oficial del fallecimiento fue realizada a los familiares por la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), instancia adscrita a la FGR. La identificación del cuerpo generó diversas reacciones públicas, principalmente en redes sociales.

La senadora por Zacatecas, Geovanna Bañuelos, expresó su postura a través de su cuenta de X: “Con profundo dolor lamento el fallecimiento de José Ángel Hernández Vélez, minero zacatecano originario de Cañitas de Felipe Pescador. Ninguna familia debería vivir la angustia de una desaparición ni el dolor de una pérdida así”. La publicación se sumó a otros mensajes de solidaridad difundidos tras conocerse el caso.

Por su parte, la empresa minera Capstone Copper también emitió una esquela en la que manifestó su pesar por el fallecimiento del trabajador. “Nos unimos con sincero pesar al dolor que embarga a su familia, amistades y seres queridos. Elevamos nuestras oraciones para que su alma descanse en paz y encuentren fortaleza y consuelo en estos momentos difíciles”, señaló el comunicado.

En paralelo, colectivos dedicados a la búsqueda de personas desaparecidas, entre ellos Por las Voces Sin Justicia, solicitaron a las autoridades que se informe de manera precisa el número total de cuerpos y restos humanos localizados en la fosa de Concordia, así como el avance en los procesos de identificación.

Los 10 mineros habrían sido interceptados por un comando armado la mañana del viernes 23 de enero, cuando se dirigían a sus labores, según testimonios de familiares citados por medios locales. El caso se enmarca en un contexto de violencia persistente en Sinaloa, entidad que, además de ser una de las principales productoras de minerales del país, enfrenta una problemática de inseguridad relacionada con la operación del crimen organizado, con impactos directos en comunidades y sectores productivos como la minería.

En Tabasco, las declaraciones del secretario de Gobierno, José Ramiro López Obrador, marcaron un punto de tensión en el análisis oficial sobre la desaparición de personas en la entidad. Durante su comparecencia ante el Congreso local, el funcionario afirmó que algunos de los casos reportados no responden necesariamente a un crimen, sino a situaciones que, según sus palabras, ocurren cuando las víctimas “andaban de parranda”.La frase, expresada literalmente durante su intervención, generó inmediata atención por la forma en que se explicó un fenómeno de alto impacto social.

El secretario presentó ante legisladores el balance actualizado de personas desaparecidas en el estado, donde existe un registro acumulado de 4 mil 807 casos. De ese total, 2 mil 771 personas han sido encontradas a lo largo de distintos periodos administrativos. 

En ese contexto, López Obrador comentó: “Muchas veces desaparece una persona y los familiares van a la fiscalía, y pues ponen la denuncia y bueno, y ahí se queda. Muchas veces estas personas es que se van, algunas que hasta se van aquí fuera del estado, a veces regresan a sus casas y no dan a la fiscalía el aviso de que la persona ya llegó, porque muchas veces ahora sí que como dice la canción ‘andaban de parranda’”.

Al mismo tiempo, destacó que durante el primer año de gobierno de Javier May Rodríguez se han localizado 215 personas, resultado que el funcionario presentó como uno de los avances más relevantes del periodo. Añadió que, aun cuando las búsquedas no concluyen con vida, los familiares valoran la recuperación de restos. “Los familiares, aunque no se regrese al ser querido con vida, aunque se regrese como se regrese, se sienten muy agradecidos ya tener los restos para eh, pues llevarlos a una cristiana sepultura”, afirmó ante los legisladores.

El panorama actual muestra que, de acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, 2 mil 46 personas permanecen sin ser ubicadas en Tabasco hasta el 18 de noviembre de 2025. En ese mismo periodo, el primer año de la actual administración estatal contabiliza 369 nuevos reportes de desaparición.

El tema de las personas no localizadas adquirió mayor visibilidad tras el hallazgo de dos fosas clandestinas el 27 de marzo, localizadas en un rancho presuntamente abandonado en Macuspana, municipio que también es lugar de origen de los hermanos López Obrador. El hallazgo reforzó la demanda social por investigaciones exhaustivas y mecanismos más sólidos de búsqueda en la región.

El informe ante el Congreso y las expresiones del secretario reactivaron la discusión sobre la manera en que las autoridades abordan la desaparición de personas en Tabasco, un asunto que continúa en el centro del interés público por su complejidad y por el impacto directo en cientos de familias de la entidad.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó en su conferencia matutina la designación de Omar Reyes Colmenares como nuevo titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), dependencia clave en el combate contra el lavado de dinero y el financiamiento ilícito en México.

La llegada de Reyes Colmenares ocurre en un momento crítico. Actualmente, la UIF tiene en curso investigaciones sobre instituciones financieras mexicanas como Ci Banco, Intercam y Vector Casa de Bolsa, señaladas por organismos como el FinCEN (Red de Control de Delitos Financieros de EE.UU.) por presuntas operaciones vinculadas al narcolavado.

Con una trayectoria consolidada en áreas de seguridad e inteligencia, Omar Reyes ya había formado parte del equipo operativo cercano a Sheinbaum durante su gestión como jefa de Gobierno de la Ciudad de México. Su perfil técnico-operativo también lo vincula estrechamente a Omar García Harfuch, actual secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del gobierno federal.

Su experiencia en la capital del país abarca cargos de alto impacto. En 2024, fungió como subsecretario en la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), específicamente en el área de Fuerza de Seguridad e Inteligencia. Antes, fue director general en la Subsecretaría del Sistema Penitenciario, donde enfrentó situaciones complejas como la riña registrada en 2023 en el Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, la cual derivó en disturbios y la irrupción de familiares al penal. Durante su gestión se reforzaron los operativos de decomiso, logrando incautar más de 6 mil celulares en los centros penitenciarios capitalinos.

En el año 2021, tuvo a su cargo la Dirección General de Atención Inmediata a Casos de Alto Impacto, unidad especializada en responder a delitos como secuestros, extorsiones y desapariciones forzadas, con una operación táctica coordinada entre la SSC y la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

Previo a estas funciones, en 2020, trabajó en la Policía Bancaria e Industrial, también dentro de la SSC, en tareas de inteligencia destinadas a proteger infraestructura crítica, como entidades financieras y centros de distribución.

A nivel federal, su papel más destacado fue entre 2017 y 2019, cuando se desempeñó como director en la Oficina Central Nacional de Interpol México, adscrita a la Fiscalía General de la República (FGR). Desde ese cargo colaboró en la ejecución de alertas rojas y procesos de coordinación internacional para la localización de personas con órdenes de aprehensión vigentes.

En cuanto a su formación, Reyes Colmenares es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), título que registró en 2019, según consta en su declaración patrimonial publicada en la plataforma Declara CDMX.

Identificado en círculos de seguridad como “El Aceites”, Reyes Colmenares llega a la UIF con un perfil operativo y técnico que responde a la lógica del nuevo gabinete de seguridad encabezado por Sheinbaum: estructura cerrada, confianza política y eficacia institucional.

La Ciudad de México fue escenario de una nueva jornada histórica este sábado 28 de junio con la realización de la 47ª edición de la Marcha del Orgullo LGBT+. Bajo el lema “Diversidad sin fronteras. Justicia, resistencia y unidad”, miles de personas salieron a las calles en una movilización que mezcló celebración, memoria y protesta.

Desde el Ángel de la Independencia hasta el Zócalo capitalino, Paseo de la Reforma se convirtió en una pasarela vibrante con lentejuelas, glitter, música, banderas multicolor y atuendos llamativos. Carros alegóricos, performances y ritmos latinos, pop y electrónicos acompañaron a contingentes de colectivos, familias, activistas e integrantes de la comunidad LGBTTTIQ+.

Al inicio de la marcha, un bloque visibilizó una problemática que sigue presente en distintos puntos del país: la desaparición forzada de personas de la diversidad sexual. En la Glorieta de los Desaparecidos, también conocida como del Ahuehuete, colectivos y familiares alzaron la voz para exigir justicia y atención estatal ante estos casos.

“Nos movilizamos para exigir el reconocimiento pleno de nuestros derechos. Todas las personas, sin importar su orientación sexual, identidad o expresión de género, tenemos derecho a ser buscadas, identificadas y acceder a la verdad, justicia, memoria y reparación”, expuso uno de los colectivos en su posicionamiento.

Entre los asistentes estuvo Joanna, madre de Lilith, una mujer transgénero desaparecida en enero de 2023 en Puerto Escondido, Oaxaca. Desde entonces, ha participado en distintas manifestaciones, señalando la indolencia de las autoridades. “Me encontré con una Fiscalía indolente, con un agente investigador que revictimizó a Lilith en tres ocasiones”, narró.

En su testimonio, compartió que Lilith comenzó su transición en la preparatoria, y que pese a ello, las primeras fichas de búsqueda oficiales usaron su nombre legal, sin reconocer su identidad de género. “Lamentablemente, no aceptaron o apoyaron la identidad de Lilith”, sostuvo su madre.

En el mismo espacio, la hermana de Margarita Cuevas —una joven lesbiana de 19 años asesinada en 2022— también exigió justicia. Detalló que su cuerpo fue localizado en el estado de Morelos 13 días después de su desaparición, y que la investigación se encuentra estancada.

A la protesta se sumó la Iglesia Anglicana de México, que ofreció oraciones en honor a las personas desaparecidas de la comunidad. “Sabemos que sigue siendo un problema importante en nuestro país los crímenes de odio hacia la comunidad”, expresó un sacerdote presente en la movilización.

La marcha continuó su trayecto por avenida Juárez, Eje Central y la calle 5 de Mayo, hasta llegar al Zócalo, donde la fiesta siguió con música y encuentros espontáneos entre grupos que, además de celebrar el orgullo, mantuvieron viva la exigencia de justicia para quienes hoy no están.

La investigación en torno a la desaparición de los integrantes del Grupo Fugitivo continúa desarrollándose en Tamaulipas. Este fin de semana, el fiscal estatal Irving Barrios Mojica confirmó que Carlos González, el único sobreviviente relacionado con el caso, ya rindió su declaración ante las autoridades en Ciudad Victoria, como parte esencial del proceso para esclarecer lo sucedido.

“Es correcto, él ya ha sido entrevistado”, señaló el fiscal en declaraciones a medios locales. Sin proporcionar detalles sobre el paradero actual de González, quien forma parte de la agrupación musical, el funcionario explicó que el testimonio se integró al expediente oficial para avanzar en las líneas de investigación abiertas desde el hallazgo de cuerpos calcinados en días recientes.

El caso ha generado atención nacional desde que se reportó la desaparición del grupo. Las labores de búsqueda llevaron al descubrimiento de restos humanos calcinados, lo que impulsó la recolección urgente de muestras genéticas a familiares para confirmar si los cuerpos pertenecen a los músicos.

Barrios reconoció que en las primeras etapas del proceso hubo discrepancias en la información difundida por la fiscalía y lo expresado públicamente por los familiares. Sin embargo, subrayó que ambas partes actualmente trabajan de forma coordinada, enfocadas en los resultados periciales y los procedimientos legales correspondientes.

“Estamos colaborando con otras autoridades y seguimos a la espera de los resultados de ADN”, indicó Barrios, quien no especificó una fecha estimada para el cierre del análisis forense.

La situación generó una respuesta inmediata por parte de los familiares de los desaparecidos. A través de transmisiones en vivo en redes sociales, algunos de ellos manifestaron su rechazo a la afirmación inicial del fiscal sobre la identidad de los cuerpos, asegurando que no habían sido notificados oficialmente sobre ningún resultado concluyente.

El proceso de identificación forense se mantiene como una prioridad para las autoridades. Las pruebas de ADN están en curso y cuentan con el respaldo de laboratorios especializados en genética, en colaboración con agencias de seguridad estatales y federales.

Mientras se esperan avances científicos que permitan esclarecer la identidad de los restos, el testimonio del sobreviviente se consolida como una pieza fundamental para entender las circunstancias del caso, considerado como uno de los episodios recientes de mayor impacto en el ámbito artístico regional.

El Grupo Fugitivo, originario del norte del país, mantenía una agenda activa de presentaciones cuando se reportó su desaparición, lo que provocó una ola de mensajes de apoyo y exigencia de justicia desde el sector musical y la sociedad civil.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció un conjunto de medidas y reformas legales destinadas a atender el problema de las desapariciones en el país. En conferencia de prensa, destacó que para su gobierno es una prioridad nacional la búsqueda de personas desaparecidas y el acceso a la justicia para sus familiares.

Entre las acciones presentadas, se fortalecerán los registros de identificación y las fiscalías estatales. Además, se creará una base única de información forense y se establecerán nuevos protocolos para agilizar las búsquedas. Con estas medidas, se busca iniciar inmediatamente las carpetas de investigación, eliminando la espera de 72 horas y equiparando la desaparición con el delito de secuestro.

Respecto al campo de exterminio de Teuchitlán, Jalisco, Sheinbaum anunció la elaboración de una línea de tiempo para determinar responsabilidades sobre el aseguramiento del rancho Izaguirre. Asimismo, giró instrucciones al gabinete de seguridad para colaborar en todas las investigaciones.

Como parte de estos esfuerzos, la presidenta firmará un decreto para fortalecer la Comisión Nacional de Búsqueda. Este organismo ampliará su capacidad de atención y análisis de contexto, además de adquirir tecnología avanzada para respaldar las búsquedas con evidencia científica.

El próximo jueves, Sheinbaum enviará al Congreso de la Unión seis iniciativas de reforma. La primera propone modificar la Ley General de Población para consolidar el certificado único de registro de población como fuente central de identidad. Con esta medida, se podrá cruzar información de distintos registros administrativos y generar alertas que faciliten la localización de personas.

La segunda iniciativa reformará la Ley General en Materia de Desaparición Forzada y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas. Se creará una base única de información forense, que integrará datos de los servicios periciales estatales y federales. También se desarrollará una Plataforma Nacional de Identificación Humana que actualizará y comunicará registros administrativos y forenses a nivel nacional.

La tercera iniciativa establecerá protocolos para activar alertas de búsqueda inmediata en todas las entidades del país y abrir carpetas de investigación sin demoras. La cuarta equiparará el delito de desaparición con el secuestro, homologando penas y procedimientos en todas las fiscalías.

La quinta reforma exigirá la publicación mensual de cifras sobre desapariciones en el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Finalmente, la sexta iniciativa reforzará la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, garantizando apoyo y asesoría a familiares de personas desaparecidas.

Con estas acciones, el gobierno busca atender de manera más eficaz la problemática de las desapariciones en México y mejorar el acceso a la justicia para las víctimas y sus seres queridos.

Un nuevo hallazgo en Reynosa, Tamaulipas, ha puesto en evidencia la existencia de un sitio de exterminio donde se localizaron múltiples restos humanos. El colectivo Amor por los Desaparecidos en Tamaulipas descubrió 14 concentraciones de restos óseos humanos con signos de exposición térmica, lo que sugiere que los cuerpos fueron sometidos a altas temperaturas.

El sitio, ubicado en la colonia Colinas del Real, cerca de la carretera a Monterrey, fue identificado tras una denuncia anónima. Según informaciones difundidas por el colectivo en redes sociales, en la zona también se hallaron casquillos de bala y llantas abandonadas en las inmediaciones de un inmueble en ruinas que presentaba huellas de disparos.

El hallazgo se realizó con el apoyo de la Comisión Estatal de Búsqueda de Tamaulipas, la Secretaría de Seguridad Pública estatal, la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional. Tras la localización del sitio, las autoridades comenzaron el proceso de investigación y recolección de evidencia para determinar la identidad de las víctimas y esclarecer los hechos.

El colectivo Amor por los Desaparecidos hizo un llamado urgente a los familiares de personas desaparecidas para que acudan a las autoridades una vez que la zona sea procesada, con el fin de obtener información sobre los restos encontrados. La organización también ha insistido en la necesidad de reforzar las labores de búsqueda y justicia en el estado.

Este hallazgo se suma a otro reciente ocurrido en Jalisco, donde el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco descubrió crematorios clandestinos en un rancho ubicado en Teuchitlán. En dicho lugar se encontraron huesos calcinados y triturados, así como cientos de prendas de vestir y zapatos, lo que apunta a la existencia de un patrón de desapariciones y ejecuciones en diversas regiones del país.

El descubrimiento en Tamaulipas ha generado preocupación entre activistas y familiares de víctimas, quienes exigen una respuesta eficaz de las autoridades. La crisis de desapariciones en México sigue en aumento, y colectivos de búsqueda continúan desempeñando un papel fundamental en la localización de sitios de exterminio y en la demanda de justicia para las víctimas.

Las investigaciones continúan en el sitio hallado en Reynosa, mientras que la sociedad y organizaciones defensoras de derechos humanos mantienen la atención en el desarrollo del caso y en las acciones que las autoridades tomen para esclarecer los hechos y garantizar la seguridad de la población.