El caso de Mario Aburto Martínez, conocido por el asesinato del candidato presidencial Luis Donaldo Colosio, continúa generando atención y controversia. Recientemente, un Tribunal Federal ha admitido a trámite el recurso de queja presentado por Aburto, impugnando la decisión de una jueza respecto al desecho de un amparo relacionado con la presunta tortura sufrida por él tras su captura en 1994. 

El Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal en la Ciudad de México ha notificado la entrada del recurso, indicando que este tema guarda relación con otro recurso de inconformidad en otro Tribunal Colegiado.

Este segundo recurso, que está en el Octavo Tribunal Colegiado, también ha admitido la impugnación presentada por la Secretaría Técnica de Combate a la Tortura, Tratos Crueles e Inhumanos de la Dirección General del Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP).

Es importante destacar que la jueza Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, Paloma Xiomara González, determinó desechar la demanda de garantías promovida por Mario Aburto Martínez, argumentando que el tema del carpetazo ya está siendo estudiado en el mismo juzgado debido a un amparo presentado por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), la cual representa legalmente al acusado.

En febrero de este año, la Fiscalía General de la República (FGR) autorizó definitivamente el no ejercicio de la acción penal en la investigación sobre la presunta tortura sufrida por Aburto. Esta decisión fue comunicada por el Ministerio Público Federal a la jueza Paloma Xiomara, quien otorgó varios días al acusado y su defensa para impugnar.

El recurso de inconformidad presentado ante el Octavo Tribunal Colegiado refuta la decisión de la jueza de dar por cumplido el amparo que ordenaba a la FGR llevar a cabo diversas investigaciones para determinar si Aburto fue torturado.

Para Aburto, la sentencia que lo amparó y que exigía a la fiscalía investigar su presunta tortura no se ha cumplido según lo ordenado por el juez Antonio González García, quien estaba a cargo del Juzgado Sexto en ese momento.

Este avance legal marca un nuevo capítulo en un caso que ha mantenido la atención del público y las autoridades durante décadas, y destaca la importancia de la justicia y la transparencia en la investigación de casos de presunta tortura y violaciones a los derechos humanos.