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En medio de episodios recientes de violencia en Sinaloa, el gobierno federal confirmó que el exmandatario estatal Rubén Rocha Moya cuenta actualmente con un esquema de protección asignado por autoridades federales, aunque no existen indicios de amenazas en su contra.

El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, detalló desde Culiacán —durante una conferencia realizada en la Novena Zona Militar con integrantes del Gabinete de Seguridad— que la medida responde a evaluaciones preventivas y no a alertas específicas de riesgo.

“El servicio de protección federal que pertenece a la Secretaría de Seguridad hace evaluaciones de riesgo constantemente algunos gobernadores o exgobernadores cuando salen solicitan medidas de seguridad. En este caso no fue una solicitud sino se recomendó también que tuviera un cuerpo de seguridad no es ningún dispositivo grande son pocos elementos”, explicó.

El funcionario subrayó que Rocha Moya permanece en territorio sinaloense y dejó claro que no hay información de inteligencia que apunte a un posible ataque. “No tenemos ningún indicio, ni ningún dato de qué —Rocha Moya— pueda hacer atacado o siquiera tenga alguna amenaza”, afirmó.

La decisión de asignarle escoltas se tomó en función de su condición como exgobernador y del contexto de violencia que se ha registrado en la entidad. Además, García Harfuch puntualizó que el político no cuenta con fuero.

En el mismo encuentro participaron el titular de Marina, Raymundo Pedro Morales; el secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla; el comandante de la Guardia Nacional, Guillermo Briseño, y la gobernadora interina Yeraldine Bonilla Valverde.

Respecto a la situación de seguridad en el estado, el secretario reconoció que en las últimas 48 horas se contabilizaron al menos 11 homicidios desde la llegada de Bonilla Valverde al cargo, aunque descartó que exista un repunte sostenido en la violencia a nivel federal.

Detalló que los casos recientes incluyeron nueve asesinatos en un día —entre ellos un doble homicidio en Mazatlán, uno en Navolato y seis en Culiacán— y precisó que la mayoría de los hechos están vinculados con actividades de narcomenudeo. Añadió que estos eventos ya fueron revisados por el gabinete y se atienden en coordinación con la Fiscalía General de la República.

La solicitud del gobierno de Estados Unidos para detener con fines de extradición al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y a otros nueve funcionarios y exfuncionarios ya está en manos de autoridades mexicanas, aunque sin respaldo probatorio, según informó la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

De acuerdo con la Cancillería, los documentos enviados por la Embajada estadounidense fueron recibidos el martes a las 18:00 horas y analizados bajo el marco del Tratado de Extradición bilateral. Tras la revisión jurídica, la dependencia concluyó que la petición carece de elementos de prueba que sustenten las acusaciones.

“Los documentos que fueron recibidos por parte de la Embajada de los Estados Unidos, de acuerdo a la revisión jurídica de la SRE en el marco del Tratado de Extradición bilateral, no cuenta con elementos de prueba”, señaló la Secretaría en un comunicado oficial.

Pese a ello, el expediente fue remitido a la Fiscalía General de la República (FGR), encabezada por Ernestina Godoy, instancia que determinará si existen indicios que permitan avanzar en el caso contra los señalados, todos vinculados políticamente a Morena.

El posicionamiento de la SRE se da después de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos hiciera pública la acusación formal contra Rocha Moya, el senador Enrique Inzunza Cázarez y el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez, entre otros actores políticos del estado.

Las autoridades estadounidenses sostienen que los implicados mantienen presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa, particularmente con la facción conocida como “Los Chapitos”.

En paralelo, la Cancillería mexicana anunció que enviará un extrañamiento diplomático al gobierno encabezado por el presidente Donald Trump, debido a la forma en que se difundió públicamente la acusación antes de concluir los procesos correspondientes entre ambas naciones.

El caso se encuentra ahora en etapa de revisión por parte de la FGR, que deberá definir si hay bases legales y probatorias para dar curso a la solicitud internacional.

En entrevista con medios locales, el morenista informó que ya sostuvo comunicación con la presidenta Claudia Sheinbuam y le mostró su apoyo tras las acusaciones por parte del gobierno de Trump.

“¿Hay apoyo de parte de ella a su Sí, claro, persona por supuesto. ¿Va va a permanecer aquí en Sinaloa, gobernador?, sí, por supuesto, trabajando aquí, entrando y saliendo acá y yendo al a a desempeñar mi trabajo”, dijo el morenista.

Además dijo que no estaba enterado de las acusaciones en su contra y fue por el comunicado del Departamento de Justicia que tuvo conocimiento del tema.

La Fiscalía General de la República (FGR) buscará elevar la calidad de sus investigaciones y disminuir la impunidad mediante un nuevo modelo basado en ciencia, tecnología y análisis estratégico, informó su titular, Ernestina Godoy, al exponer el Plan Estratégico de Procuración de Justicia 2026-2029 ante la Comisión de Justicia del Senado.

Durante su comparecencia, la fiscal detalló que el objetivo es consolidar carpetas de investigación con sustento probatorio sólido, capaces de sostenerse ante los tribunales y derivar en sentencias condenatorias. Según explicó, este enfoque pretende garantizar que los casos judicializados lleguen con elementos suficientes para evitar resoluciones absolutorias por falta de pruebas.

Ante legisladores de distintos partidos, Godoy subrayó que la institución enfrenta desafíos estructurales que deben corregirse, como el alto porcentaje de delitos no denunciados —superior al 95%— y el elevado índice de no ejercicio de la acción penal. “Porque no puede ser que tengamos un índice de no ejercicio de la acción penal muy alto, eso quiere decir que hay impunidad no”, afirmó.

En ese contexto, planteó que los procesos internos serán ajustados para aumentar la judicialización de casos y asegurar que las investigaciones que lleguen a tribunales tengan la solidez necesaria.

La fiscal también sostuvo que existen condiciones actuales que obligan a la FGR a actuar sin excusas frente a delitos como el crimen organizado, el lavado de dinero, la desaparición de personas y los feminicidios.

“Nunca como ahora estamos ante la posibilidad de combatir, como con la fuerza del Estado completa, esto es ahora, con un marco jurídico legal y constitucional fuerte, con una coordinación fuerte y con tecnología distinta”, expresó.

Asimismo, enfatizó que la procuración de justicia es un componente central para la gobernabilidad del país, lo que —dijo— exige utilizar plenamente las capacidades institucionales disponibles en beneficio de la población.

En materia interna, Godoy anunció una política de cero tolerancia a la corrupción dentro de la fiscalía, acompañada de mecanismos de control que permitan sancionar conductas contrarias a la ley. “El buen juez por su casa empieza”, señaló al advertir que cualquier acción en perjuicio de las víctimas será castigada.

Finalmente, indicó que el plan podrá ajustarse en un plazo de tres años con las aportaciones del Poder Legislativo y definió como prioridades los delitos contra migrantes, menores de edad y mujeres, así como aquellos vinculados a integrantes de la delincuencia, además de la desaparición de personas y el lavado de dinero.

Un incendio consumió por completo las 16 bodegas del complejo Alimentación para el Bienestar en Zacatecas, lo que movilizó a corporaciones estatales, municipales y fuerzas federales para contener las llamas y evitar mayores riesgos. El siniestro, ocurrido antes de las 19:00 horas, dejó pérdidas materiales totales, sin reporte de personas lesionadas hasta el cierre de esta edición.

El secretario general de Gobierno de Zacatecas, Rodrigo Reyes Mugüerza, informó que, de acuerdo con datos preliminares, el incendio habría sido provocado por la quema de neumáticos realizada por productores de frijol que mantenían protestas en el lugar.

“Lo que indica ahora el coordinador de Protección Civil, y lo que nos han dicho los peritos de las fiscalías (FGR y estatal) con la información que tienen, es que el incendio se provocó a raíz del incendio que provocaron los neumáticos”,declaró el funcionario.

Horas antes del siniestro, productores provenientes de municipios como Fresnillo, Trancoso, Guadalupe, Vetagrande y Pánuco habían tomado las instalaciones y bloqueado la carretera federal 45, en la salida hacia Fresnillo, donde también realizaron quemas como parte de sus protestas por presuntas irregularidades en el programa de acopio de frijol.

Entre las 15:00 y 16:00 horas, se registraron nuevas quemas dentro del patio de maniobras del complejo. Posteriormente, el fuego se extendió y terminó por consumir la totalidad de las bodegas. El sitio funcionó durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador como sede central de Seguridad Alimentaria Mexicana.

Ante la emergencia, acudieron elementos del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, además de autoridades locales, quienes trabajaron para retirar vehículos cercanos y evitar que el fuego alcanzara depósitos de combustible.

Reyes Mugüerza señaló que previamente se buscó dialogar con los manifestantes para evitar la quema de neumáticos. “No hubo manera”, afirmó. También indicó que “es un delito lo que se está haciendo en este caso”, aunque aclaró que será necesario esperar los peritajes para determinar responsabilidades legales.

La Fiscalía General de la República abrió una carpeta de investigación para esclarecer el origen del incendio y definir si existen responsabilidades penales. Mientras tanto, autoridades confirmaron que los daños materiales serían totales y continúan pendientes los dictámenes oficiales sobre las causas del siniestro.

La crisis de desapariciones en México fue planteada directamente ante el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, por representantes de cerca de 500 colectivos de familiares y madres buscadoras, quienes solicitaron que el tema sea llevado al pleno de la ONU debido a la magnitud del problema, que supera las 133 mil personas desaparecidas.

El encuentro privado se llevó a cabo en el Centro Cultural de España, donde participaron organizaciones provenientes de 17 estados. La reunión ocurrió días después de que el comité de la ONU difundiera un informe en el que señaló que existen “indicios fundados” de desapariciones forzadas en México que podrían constituir crímenes de lesa humanidad, una conclusión que fue rechazada por el gobierno encabezado por Claudia Sheinbaum.

Durante la reunión, madres buscadoras independientes y colectivos agrupados en 12 plataformas expusieron los obstáculos que enfrentan ante la falta de apoyo institucional. Indicaron que, en promedio, 45 personas son reportadas como desaparecidas cada día en el país, lo que, señalaron, agrava la crisis humanitaria.

Las familias denunciaron además una reducción de recursos destinados a la búsqueda de personas. Afirmaron que la administración federal ha disminuido presupuestos y personal especializado, y señalaron que la Fiscalía General de la República eliminó 11 plazas de ministerios públicos dedicados a desaparición de personas. Esta situación, explicaron, ha obligado a los propios familiares a realizar labores de rastreo y recopilación de pruebas.

Las críticas también se centraron en la falta de avances en las investigaciones. “Se tiene que reconocer que no han hecho su trabajo como debían desde un inicio. Hoy cada vez hay más personas que desaparecen. Es un delito que se sigue acumulando porque no hay quien realmente investigue los casos. Hay muchas carpetas y muchas familias que no tenemos respuesta”, afirmó Araceli González.

Los colectivos sostuvieron que las omisiones institucionales se han repetido durante décadas. Tita Radilla señaló: “Estos hechos son muy graves. En nuestro país la situación es excesiva; ya podemos hablar de una emergencia nacional. Diariamente desaparecen alrededor de 40 personas, por lo que es necesario que haya un pronunciamiento y, sobre todo, que el Estado atienda”. También se denunciaron fallas en la gestión de expedientes y falta de apoyo a víctimas.

El Alto Comisionado sostendrá este miércoles una reunión con la presidenta Claudia Sheinbaum y su Gabinete de Seguridad, donde se prevé que exponga los testimonios y preocupaciones recopiladas.

Por su parte, Vanessa Gámez advirtió sobre el incremento de casos: “Las cifras se han disparado en los últimos tres años, con incrementos de hasta 300 por ciento en desapariciones. Es alarmante. Todos los mexicanos debemos ser escuchados, pero también las autoridades deben reconocer que están rebasadas y que no pueden enfrentar solas esta crisis”.

Un despliegue coordinado de fuerzas federales y estatales en Tepalcatepec, Michoacán, culminó con la detención de un hombre que presuntamente tendría relación familiar con Juan José Farías Álvarez, conocido como “El Abuelo” Farías, señalado como líder del llamado “Cártel de Tepalcatepec” y considerado uno de los narcotraficantes más buscados por autoridades de México y Estados Unidos.

La intervención se realizó en una vivienda ubicada en la calle Aquiles Serdán, en la colonia Los Mangos, donde fue localizado Víctor Noé Farías, de 35 años de edad. De acuerdo con los primeros reportes, el individuo fue sorprendido en posesión de diversas armas de fuego y equipo táctico durante el operativo de seguridad.

En la acción participaron elementos de la Guardia Civil, la Guardia Nacional y el Ejército, quienes ingresaron a la zona a bordo de vehículos tácticos blindados. La movilización también contó con el respaldo aéreo de aeronaves de la Secretaría de la Defensa Nacional, debido a la posibilidad de que el despliegue generara una reacción violenta por parte de integrantes del “Cártel de Tepalcatepec”.

Durante la intervención, las autoridades aseguraron dos rifles de asalto, cuatro pistolas calibre .9 milímetros, 28 cargadores y 470 cartuchos útiles. Además, se decomisaron dos chalecos tácticos con portaplacas antibalas, tres placas balísticas, 39 mil pesos en efectivo, varios teléfonos celulares y un pasaporte expedido a nombre de otra persona.

Tras su captura, Víctor Noé Farías fue trasladado a la ciudad de Morelia, donde quedó a disposición de la delegación estatal de la Fiscalía General de la República, instancia encargada de continuar con las investigaciones correspondientes y determinar su situación jurídica.

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado de manera oficial que el detenido Víctor ‘N’, sea hijo de Juan José Farías Álvarez, alias ‘El Abuelo’, líder de los Cárteles Unidos, de acuerdo con versiones no oficiales, el principal objetivo de esta operación era la detención de Juan José Farías Álvarez, sin embargo, la línea de investigación se mantiene abierta mientras se recaba información adicional sobre el vínculo entre ambos.

“El Abuelo” Farías figura entre los objetivos prioritarios de seguridad, y el Departamento de Estado de Estados Unidos ofrece una recompensa de 10 millones de dólares por información que conduzca a su captura. Las autoridades estadounidenses lo consideran líder de una organización catalogada como terrorista, lo que ha intensificado los esfuerzos binacionales para su localización.

El operativo en Tepalcatepec se desarrolló bajo un amplio dispositivo de seguridad y con participación de distintas corporaciones, en una acción que buscaba neutralizar posibles riesgos ante la presencia de armamento y la posible conexión con uno de los líderes criminales más buscados.

La Fiscalía General de la República presentó el Plan Estratégico de Procuración de Justicia 2026-2029, una propuesta que busca transformar el funcionamiento de la institución para reducir la impunidad, agilizar investigaciones y fortalecer la coordinación entre autoridades federales y estatales.

 

Durante la presentación, la fiscal general Ernestina Godoy explicó que el proyecto responde a fallas estructurales en la administración de justicia, entre ellas la lentitud en la integración de carpetas de investigación, la falta de transparencia y el elevado número de delitos que no se resuelven. El documento reconoce que estas deficiencias han impactado en la percepción ciudadana sobre el acceso a la justicia.

 

Entre las principales acciones planteadas se encuentra la reubicación de sedes de las delegaciones de la fiscalía en 61 municipios, así como una reingeniería institucional para hacer más eficientes los procesos y fortalecer la presencia territorial. La estrategia también contempla mejorar la coordinación entre las autoridades encargadas de seguridad, procuración y judicialización de los casos.

 

La ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Yasmín Esquivel, subrayó la importancia del intercambio permanente de información entre fiscalías y dependencias de seguridad para garantizar la trazabilidad de los casos.

 

“Es un plan que tiene objetivos, que tiene metas, tiene ruta y, sobre todo, lo más importante es acabar con la impunidad, disminuir el índice delictivo, acabar con la impunidad y generar un México en paz. Esos son los objetivos del plan que hoy se presentó”, señaló.

 

Autoridades estatales también destacaron la necesidad de fortalecer la presencia federal. La gobernadora de Guanajuato, Libia García Muñoz, pidió reforzar la operatividad en las entidades, especialmente en delitos relacionados con delincuencia organizada y robo de combustible.

 

“Hay muchos temas importantes a tratar con la fiscalía, por supuesto mayor presencia y operatividad en los estados a través de las delegaciones de la fiscalía, el trabajar en nuestro caso en el robo de combustible en la delincuencia organizada, son pocas las carpetas en la federación por ese tema, creemos que es importante fortalecer”, expresó.

 

Por su parte, el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, destacó la coordinación institucional. “Nosotros trabajamos de manera coordinada con el gobierno federal y, obviamente, con los entes autónomos”, afirmó.

 

La presentación se realizó en el Centro Cultural del México Contemporáneo, con la asistencia de autoridades federales, legisladores, gobernadores y fiscales estatales, entre ellos el presidente de la SCJN, Hugo Aguilar Ortiz, y funcionarios del gabinete de seguridad.

La eliminación de vehículos utilizados presuntamente por grupos delictivos marcó una nueva acción de autoridades federales en la frontera norte del país. La Fiscalía General de la República informó que fueron destruidas 18 unidades con blindaje artesanal, conocidas como “monstruos”, las cuales estaban vinculadas a diversas investigaciones abiertas por delitos federales.

La destrucción se llevó a cabo en instalaciones de la propia fiscalía ubicadas en Reynosa, en el estado de Tamaulipas, zona fronteriza con Estados Unidos que ha sido escenario recurrente de operativos de seguridad. Las unidades eliminadas formaban parte de 16 carpetas de investigación relacionadas con actividades criminales, de acuerdo con lo informado por la institución.

Las autoridades señalaron que estas unidades fueron aseguradas durante operativos realizados entre diciembre de 2025 y febrero de 2026. Las acciones se desarrollaron con la participación coordinada de autoridades municipales, estatales y federales, bajo la estrategia impulsada por el Gabinete de Seguridad y con apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional.

La destrucción de los vehículos se realizó como parte del Programa Destino de Bienes y Objetos del Delito, previsto en el Código Nacional de Procedimientos Penales, mecanismo que contempla la eliminación de instrumentos utilizados en la comisión de delitos. Esta disposición permite a las autoridades disponer de objetos asegurados que no pueden ser reutilizados o que representan un riesgo.

De acuerdo con las investigaciones, “probablemente los vehículos eran utilizados por integrantes de grupos delictivos y estaban relacionados con 16 carpetas de investigación”, indicó la FGR. Las unidades, comúnmente llamadas “monstruos”, son adaptaciones construidas de forma artesanal sobre estructuras de camiones, reforzadas con gruesas capas metálicas que funcionan como blindaje.

Este tipo de vehículos ha sido identificado en distintos enfrentamientos entre organizaciones criminales, así como en choques con fuerzas de seguridad. Debido a su resistencia y dimensiones, son empleados por grupos delictivos para movilizarse en zonas de alto riesgo o durante confrontaciones armadas.

Las autoridades destacaron que el aseguramiento de estos vehículos se realizó mediante diversas acciones coordinadas en distintos puntos del estado, como parte de operativos dirigidos a reducir la capacidad operativa de grupos criminales. Tras su aseguramiento, las unidades quedaron bajo resguardo ministerial hasta que se autorizó su destrucción.

Con esta acción, la Fiscalía dio destino final a los vehículos asegurados durante los operativos realizados en el periodo señalado, al tiempo que se avanza en las investigaciones vinculadas con las 16 carpetas abiertas relacionadas con estas unidades.

La Fiscalía General de la República informó que el proceso penal derivado del descarrilamiento del Tren Interoceánico, ocurrido a finales de 2025, quedó concluido después de que las personas afectadas aceptaran un mecanismo de reparación integral del daño. De acuerdo con la institución, esta decisión implicó la extinción de la acción penal relacionada con el caso.

Durante una conferencia de prensa, la titular de la dependencia, Ernestina Godoy Ramos, detalló que el acuerdo fue aceptado por 145 víctimas, quienes recibieron compensaciones de manera inmediata. El grupo está conformado por 114 adultos y 31 niñas, niños y adolescentes. La funcionaria explicó que este tipo de mecanismos están contemplados en el marco constitucional y legal, y permiten ofrecer una salida que prioriza la reparación para quienes resultaron afectados.

“Estos acuerdos contemplados en la Constitución y en la ley ofrecen siempre una opción más eficaz y menos desgastante para las víctimas, a fin de que puedan obtener la reparación integral del daño, accediendo a medidas que compensen la afectación ocasionada”, dijo.

La fiscal también reiteró que, tras las investigaciones, la causa del accidente fue el exceso de velocidad del convoy. Asimismo, subrayó que la institución empleó sus capacidades para esclarecer los hechos y atender a las víctimas. “Tengan la certeza que hemos dispuesto de todas las capacidades institucionales para llegar a la verdad de los hechos, obtener justicia, que se repare el daño y evitar la impunidad”, agregó.

El descarrilamiento ocurrió la mañana del domingo 28 de diciembre de 2025, cuando el Tren Interoceánico circulaba por la Línea Z, a la altura de Nizanda, en el estado de Oaxaca. La Secretaría de Marina informó que en el momento del accidente viajaban 241 pasajeros y nueve integrantes de la tripulación. El convoy estaba conformado por dos locomotoras y cuatro vagones.

Tras el incidente, las autoridades confirmaron que 13 personas murieron en el lugar, mientras que 93 resultaron heridas. Días después, se reportó el fallecimiento de una persona más que había sido trasladada para recibir atención médica, con lo que el número total de víctimas mortales ascendió a 14.

Con la aceptación del acuerdo por parte de las personas afectadas, la Fiscalía señaló que se formalizó la conclusión del procedimiento penal, al considerarse cumplidas las condiciones para la reparación integral del daño derivado del accidente ferroviario.

Un video difundido en redes sociales detonó una investigación federal por el saqueo de huevos de tortuga golfina en la costa de Oaxaca. Las imágenes muestran a tres hombres extrayendo los huevos directamente de la arena mientras los ejemplares se encontraban en pleno proceso de desove, lo que provocó la intervención de autoridades ambientales y de procuración de justicia.

La denuncia fue presentada por la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, que confirmó que el caso ya es analizado por la Fiscalía General de la República y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente. El incidente ocurrió el 23 de marzo en Playa Escobilla, considerada la zona de anidación más importante del mundo para la tortuga golfina.

Las grabaciones evidencian a tres sujetos utilizando costales para recolectar los huevos mientras manipulan a las tortugas antes de que concluyan el proceso de anidación. Incluso, en una de las escenas, uno de los individuos arroja a un ejemplar, mientras continúan retirando los huevos de los nidos. El saqueo se realizó a plena luz del día y sin que se observara presencia de vigilancia en el lugar.

Habitantes del municipio de Santa María Tonameca alertaron sobre lo ocurrido, lo que llevó a que el material audiovisual se viralizara y derivara en la denuncia formal ante las autoridades. La Conanp señaló que, pese a estos intentos de saqueo, las labores de conservación continúan en la zona.

“El trabajo no se detiene a pesar de los recientes intentos de saqueo de huevos de tortuga golfina (que ya fueron denunciados y están siendo investigados), la fuerza de la comunidad es más grande”, informó la dependencia en redes sociales.

De acuerdo con la comisión, actualmente más de 117 personas participan en actividades de vigilancia y monitoreo biológico en Escobilla, Vainilla y Barra del Potrero. Estas acciones forman parte de un esquema de conservación que, durante dos décadas, ha involucrado a comunidades locales y autoridades de seguridad nacional, incluyendo la Marina, la Defensa y la Guardia Nacional.

Además, la Conanp mantiene activos proyectos de subsidio enfocados en la protección de especies prioritarias, en los que participan habitantes de Escobilla, Vainilla, Macahuite, Guapinole y Barra del Potrero, quienes colaboran en tareas de resguardo de nidos y monitoreo ambiental.

La tortuga golfina cuenta con protección legal en México debido a su condición de riesgo. La normativa NOM-059-SEMARNAT-2010 prohíbe cualquier aprovechamiento extractivo, comercial o de subsistencia de tortugas marinas, incluidos sus huevos. Asimismo, el Código Penal Federal establece sanciones de entre uno y nueve años de prisión para quienes cometan este delito.

Las autoridades federales continúan con las investigaciones para identificar a los responsables del saqueo ocurrido durante el periodo de desove en una de las playas más relevantes del mundo para la reproducción de la tortuga golfina.