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La exfuncionaria federal, Rosario Robles, hizo públicas el jueves sorprendentes revelaciones acerca de una investigación llevada a cabo por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX). Según la conclusión de la investigación, la licencia de conducir presentada por la Fiscalía General de la República (FGR) como evidencia crucial para mantener a Robles en prisión fue emitida por un funcionario de la Secretaría de Movilidad (Semovi) de la capital.

En una entrevista exclusiva con Radio Fórmula, la exsecretaria de Desarrollo Social detalló que una audiencia inicial programada para el miércoles fue pospuesta después de que su hija, Rosario Moguel, y sus abogados presentaran una denuncia argumentando la falsedad de la licencia de conducir en cuestión.

A través de un oficio, la Fiscalía de la Ciudad de México confirmó el miércoles que la licencia nunca fue tramitada por Robles, aunque tenía el plástico y el número de serie reales. Según la investigación, la licencia fue falsificada por Pánfilo ‘N’, un funcionario de la Semovi. A pesar de que la audiencia inicial contra este exfuncionario se pospuso, Rosario Robles expresó que este individuo solo recibió órdenes para emitir el documento, y lo crucial ahora es descubrir quién fue el artífice de esta prueba fabricada que la llevó a prisión.

“Esta denuncia la presentó mi hija Mariana (Moguel) en la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), a mí me visitó personal de la CNDH, y sin embargo, tampoco resolvió. Pero lo que debemos considerar es la gravedad de que te fabriquen un documento con el que te puedes identificar”, declaró Robles.

En agosto de 2019, la licencia de conducir, obtenida de una dirección diferente a la originalmente reportada a las autoridades, fue una de las principales razones por las que el juez de control del Reclusorio Sur, Felipe de Jesús Delgadillo, decidió imponer prisión preventiva contra Rosario Robles.

Aunque la defensa argumentó que la licencia era falsa, la fotografía fue tomada de internet, la firma no coincidía y los datos no concordaban con el domicilio de Robles, el juez dictaminó la medida cautelar solicitada por la Fiscalía General de la República, alegando un riesgo latente de fuga.

En septiembre de 2019, la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México confirmó la falsedad de la licencia de conducir. En agosto de 2022, el juez Ganther Alejandro Villar Ceballos modificó la medida cautelar de prisión preventiva a presentación periódica ante la autoridad judicial, otorgándole la libertad. En febrero de 2023, un juez federal absolvió a Rosario Robles, concluyendo que los hechos imputados debían sancionarse por la vía administrativa.

En un giro sorprendente en el caso del asesinato de Luis Donaldo Colosio, la Fiscalía General de la República (FGR) ha señalado la presencia de un segundo tirador, identificado como Jorge Antonio “S”, un agente del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN).

Este anuncio, acompañado de la acusación de presunto encubrimiento por parte de Genaro García Luna, ex titular de Seguridad durante el sexenio de Felipe Calderón, ha dejado al descubierto una trama compleja que busca esclarecer uno de los eventos más impactantes en la historia política de México.

En el comunicado emitido el lunes 29 de enero, la FGR detalla las pruebas que involucran a Jorge Antonio “S” en el homicidio del candidato presidencial Luis Donaldo Colosio. Según la institución, análisis de sangre encontrada en la ropa de este agente coincide con el tipo de sangre de Colosio, y se presentan declaraciones de testigos que indican que llevaba sangre de la víctima en el momento de su detención.

La FGR sostiene que Jorge Antonio “S” accionó un arma de fuego en el lugar de los hechos, y señala al CISEN como responsable de enviarlo a la zona. Además, denuncia que este agente fue encubierto y sacado del lugar de manera urgente y subrepticia. Estas revelaciones ponen en entredicho la versión oficial del caso y plantean interrogantes sobre la posible implicación de otras instituciones en el encubrimiento.

La figura de Genaro García Luna emerge nuevamente en medio de este escándalo, siendo señalado por la FGR como el responsable de un “evidente encubrimiento delictivo” a favor de Jorge Antonio “S”. La acusación sostiene que García Luna, quien era Subdirector Operativo en el CISEN, rescató al agente implicado en Tijuana, desencadenando un proceso judicial que ha sido cuestionado por la Fiscalía.

La actuación del Juez Quinto de Distrito de Procesos Penales Federales, Jesús Alberto Chávez Hernández, también está en tela de juicio. La FGR sostiene que el juez actuó con evidente parcialidad al no valorar adecuadamente las pruebas presentadas en su contra, contribuyendo así al encubrimiento del segundo tirador. Ante esta situación, la FGR anunció que apelará la liberación de Jorge Antonio “S” y destaca la gravedad del delito en cuestión.

El hijo del excandidato presidencial, Luis Donaldo Colosio Riojas, se pronunció en relación a estas nuevas revelaciones, aunque en una vertiente diferente. En un mensaje dirigido al presidente Andrés Manuel López Obrador el 26 de enero, Colosio Riojas solicitó el indulto para Mario Aburto, asesino confeso de su padre. Este llamado a la compasión se presenta como un intento de cerrar un capítulo doloroso en la historia de su familia y del país.

La complejidad del caso Colosio se intensifica con estas nuevas revelaciones, alimentando la incertidumbre en torno a lo sucedido en marzo de 1994. La FGR busca esclarecer la verdad detrás de este magnicidio, destacando la importancia de no pasar por alto ninguna arista de la investigación. Las implicaciones políticas y la posible vinculación de instituciones gubernamentales en el encubrimiento hacen de este caso un tema de alto impacto que captura la atención y la preocupación de la sociedad mexicana. A medida que se desentraña la compleja red de eventos, el país enfrenta el desafío de reconciliar su pasado para construir un futuro basado en la verdad y la justicia.

La tarde de este sábado 20 de enero, una noticia estremecedora conmocionó a México y reabrió heridas que aún no cicatrizan: ocho militares vinculados al caso Ayotzinapa fueron liberados bajo el beneficio de libertad condicional.

La jueza Segundo de Distrito en Proceso Penales Federales de Toluca, Estado de México, Raquel Ivette Duarte Cedillo, determinó que las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la República (FGR) no eran suficientes para justificar la prisión preventiva oficiosa, desatando un debate en la sociedad y reavivando el dolor de las familias de los 43 normalistas desaparecidos en 2014.

Los militares en cuestión, Gustavo Rodríguez de la Cruz, Omar Torres Marquillo, Juan Andrés Flores Lagunes, Ramiro Manzanares Sanabria, Roberto de los Santos Eduviges, Eloy Estrada Díaz, Uri Yashiel Reyes Lazos y Juan Sotelo Díaz, han estado privados de su libertad desde junio pasado en la prisión del Campo Militar 1-A.

La noticia de su liberación, sin duda, genera interrogantes sobre el avance de la justicia y la resolución del emblemático caso Ayotzinapa, que ha marcado un capítulo oscuro en la historia mexicana.

La decisión de la jueza incluye la imposición de una fianza de 50,000 pesos para cada militar, una cantidad que ha suscitado críticas y cuestionamientos en la opinión pública. Además, deberán cumplir con medidas cautelares estrictas, como presentarse ante la Unidad de Medidas Cautelares los días 1 y 16 de cada mes, entregar sus pasaportes y se les prohíbe salir del país. Este conjunto de condiciones busca, según la jueza, garantizar que los procesados no evadan la justicia, pero ha generado un debate sobre la efectividad de estas medidas.

La conexión de los militares con el grupo criminal Guerrero Unidos, según un testigo protegido, fue un elemento clave en sus detenciones, aunque cabe destacar que estos ocho individuos se entregaron voluntariamente a las autoridades para ser investigados. El grupo Guerrero Unidos es señalado como responsable de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, una tragedia que ha dejado cicatrices imborrables en la memoria colectiva mexicana.

Esta decisión judicial llega en un momento crucial para México, donde el caso Ayotzinapa ha sido uno de los grandes pendientes del presidente Andrés Manuel López Obrador. A pesar de reconocer que es una de sus promesas incumplidas, el mandatario defiende los avances en la investigación. Sin embargo, la liberación de estos militares plantea interrogantes sobre la dirección y el progreso del caso.

La Comisión de la Verdad del Gobierno, en 2022, calificó el hecho como un “crimen de Estado” que involucró a autoridades de todos los niveles gubernamentales, incluyendo al Ejército, en complicidad con el crimen organizado. Este reconocimiento elevó la gravedad del caso, y la salida del país del Grupo Interdisciplinario de Expertas y Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) este año intensificó la polémica, al denunciar obstrucciones de las Fuerzas Armadas en la investigación.

El proceso judicial ha sido largo y complejo, con la jueza Raquel Ivette Duarte Cedillo jugando un papel central en esta última resolución. Su determinación de aplicar la prisión preventiva, revisada posteriormente, y ahora la libertad condicional, ha generado reacciones divididas. La sociedad exige respuestas claras, la verdad sobre lo ocurrido y justicia para los afectados.

El Centro de Dignificación Humana (CDH) de Tapachula, en conjunto con migrantes de la caravana ‘Éxodo de la Pobreza’, denuncia la desaparición de 19 viajeros que aceptaron un trato con autoridades del Instituto Nacional de Migración (INM) en Chiapas. Luis Rey García Villagrán, coordinador del CDH, presentó la denuncia por la separación de familias ante el INM.

La caravana, que transitó durante nueve días por Chiapas, se disolvió tras el acuerdo de migrantes en Mapastepec para subir a autobuses del INM con la promesa de regularización migratoria. Lamentablemente, 19 personas de diversas nacionalidades, principalmente hondureños, permanecen desaparecidas, generando gran preocupación.

Los migrantes aceptaron subirse a 30 camiones del Instituto Nacional de Migración para ser trasladados a una oficina en Tuxtla Gutiérrez y ver su estatus migratorio sin embargo fueron enviados a diversos municipios y las familias fueron separadas.

“Muchas familias se separaron porque todos pensamos que ibamos al mismo sitio y sí mucha gente mandó a los hijos con el esposo, con el primo, ellos se fueron en otro autobús porque como no cabían y resulta que ahora están todos perdidos, están en otras ciudades, están todos dispersos y ahora es más preocupación por eso“, expresó un migrante que prefirió omitir su nombre por temor a represalías.

El CDH formalizará la denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra el almirante Roberto González, señalado como responsable de la separación de las familias. A pesar de que se entregaron documentos a algunos migrantes en Huixtla, les permite transitar solo por Chiapas, limitando su estancia en el país.

Tulio Humberto Funes, migrante hondureño, expresó sentirse traicionado por no cumplir las promesas y encontrarse separado de su familia. Otro migrante guatemalteco, aunque devuelto a Tapachula, anhela continuar su travesía hacia Estados Unidos, evidenciando la determinación de muchos migrantes a pesar de las dificultades.

La falta de información sobre el paradero de las familias y la incertidumbre sobre su estatus migratorio han llevado a los migrantes a tomar la decisión de reiniciar su marcha hacia la Ciudad de México a partir del lunes, instando al gobierno federal a investigar la situación de los 19 migrantes desaparecidos. La gravedad de esta situación exige una respuesta urgente y eficaz para esclarecer el destino de estas personas y garantizar su seguridad.

“No hemos decidido bien qué vamos hacer, si esperar el movimiento de Comar porque abren hasta el 8 de enero o si vamos a seguir, me siento traicionado, engañado porque no cumplieron lo que ofrecieron” agregó energicamente.

Los migrantes no saben a dónde se llevaron a sus familias y el Instituto Nacional de Migración no les da informes y señalaron que las autoridades migratorias “están otorgando documentos de expulsión, ya que no les permite transitar y tener estancia en el país”.