Hugo Aguilar promete una Suprema Corte pluricultural y comprometida con pueblos indígenas

El presidente electo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Hugo Aguilar Ortiz, aseguró que a partir del 1 de septiembre, cuando asuma el cargo, impulsará un cambio profundo en el sistema judicial del país, con una visión que incluya y respete la diversidad cultural de México.

El anuncio se dio el viernes 8 de agosto de 2025 durante una conferencia magistral en el Congreso de Guerrero, en el marco de la conmemoración del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, que se celebra el 9 de agosto. Aguilar Ortiz subrayó que el máximo tribunal velará por el cumplimiento efectivo de los derechos de los pueblos originarios, ya reconocidos en la Constitución.

En su gira por la capital guerrerense, el próximo presidente de la SCJN sostuvo un encuentro con el senador Félix Salgado Macedonio, a quien expresó que la Corte vivirá una etapa de transformación. “Vamos a cambiar el sistema de justicia de este país, vamos a sentar las bases”, afirmó.

El evento reunió a líderes y representantes indígenas que aprovecharon para recordarle al ministro electo la deuda histórica con estas comunidades. Ezequiel Catalán, coordinador de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC), pidió que no desvíe la mirada de las necesidades de los pueblos originarios y afromexicanos. “Hay mucha injusticia aún, hace falta combatir la discriminación, la pobreza y la desigualdad que siguen siendo abismales”, recalcó.

Catalina Apolinar Santiago, presidenta de la Comisión de Asuntos Indígenas y Afromexicanos del Congreso local, denunció que la discriminación persiste incluso dentro de las instituciones. “Si nosotros, que estamos aquí, sufrimos violencia y discriminación, imagínense quienes están allá afuera”, expresó.

En este contexto, el Espacio de Organizaciones de la Sociedad Civil (Espacio OSC) para la Protección de Personas Defensoras presentó un informe que evidencia la situación de riesgo que enfrentan quienes defienden los derechos de las comunidades indígenas en México. El documento reporta que 68 defensores del territorio y de derechos humanos han sido asesinados, 17 fueron víctimas de desaparición forzada —cinco de ellas aún no localizadas—, y que entre las víctimas se cuentan 82 hombres, nueve mujeres y una persona no binaria.

Con estos datos, la conmemoración del Día Internacional de los Pueblos Indígenas se convirtió en un llamado urgente a garantizar justicia y protección para quienes luchan por preservar la identidad, los derechos y las tierras de las comunidades originarias del país. Aguilar Ortiz asumirá su cargo en medio de estas demandas, con la expectativa de que su promesa de una justicia pluricultural se traduzca en acciones concretas.

Suprema Corte detiene decisión clave sobre prisión preventiva; lo decidiran nuevos ministros

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) retiró de sus listas de discusión un proyecto que proponía limitar la prisión preventiva oficiosa, figura jurídica señalada por organismos internacionales por su uso automático y sin control judicial. La propuesta, elaborada por la ministra Margarita Ríos Farjat, quedará ahora en manos del nuevo pleno que se conformará tras la toma de protesta de nueve ministros electos por voto popular.

Este proyecto respondía a la acción de inconstitucionalidad 49/2021 y fue incluido inicialmente en la agenda del máximo tribunal para ser abordado en las últimas sesiones del periodo actual. Sin embargo, ya no aparece en el orden del día de la próxima reunión del pleno, prevista para el martes siguiente a su publicación.

En el documento retirado, Ríos Farjat planteaba que el uso automático de la prisión preventiva, previsto en el artículo 19 de la Constitución, debía interpretarse a la luz de los derechos humanos y los compromisos internacionales asumidos por México. En su análisis, proponía que los jueces abrieran el debate sobre su aplicación sin requerir solicitud expresa del Ministerio Público, acercando el procedimiento al de la prisión preventiva justificada.

 “El juez ordenará la prisión preventiva oficiosamente” es la frase constitucional cuya interpretación fue central en el proyecto. La ministra sugería entenderla como una obligación del juzgador de iniciar un análisis sobre la pertinencia de aplicar esta medida cautelar, sin que ello implicara su imposición automática. Esta interpretación buscaba alejar al sistema penal del uso obligatorio de medidas privativas de libertad sin revisión judicial adecuada.

El retiro del proyecto coincidió con la revelación de una solicitud del gobierno federal dirigida a la ministra presidenta de la Corte, Norma Piña Hernández. En dicha petición, se planteó posponer la discusión y votación de todos los temas vinculados a la prisión preventiva oficiosa. Esta medida también incluye los asuntos relacionados con la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), la cual condenó a México a eliminar la figura del arraigo y a reformular la prisión preventiva oficiosa conforme a los estándares internacionales.

Con la decisión de la SCJN, el análisis del tema queda aplazado hasta que los nuevos ministros se integren al pleno. La Corte, en consecuencia, no resolverá en el corto plazo una de las controversias más relevantes en materia de derechos humanos y justicia penal que enfrenta el sistema jurídico mexicano.

Prohibición o Regulación: El Senado se divide entre diferencias de vapeadores y fentanilo

El Senado de la República vivió un acalorado debate al aprobar la reforma que prohíbe los cigarrillos electrónicos, vapeadores y el uso ilícito del fentanilo. Con 110 votos a favor, cinco en contra y dos abstenciones, la iniciativa generó una marcada división entre las bancadas, especialmente por las implicaciones de incluir estas medidas en la Constitución. Mientras Morena defendió la medida como un paso hacia la protección de la salud pública, la oposición cuestionó la efectividad de la prohibición y advirtió sobre posibles consecuencias negativas.

 

La reforma, que modifica los artículos 4 y 5 de la Constitución, busca sancionar actividades relacionadas con dispositivos como vapeadores, además de precursores químicos y drogas sintéticas no autorizadas. Aunque el dictamen fue aprobado en lo general, la oposición, integrada por PAN, PRI y Movimiento Ciudadano, votó en contra en lo particular, argumentando que la prohibición solo fortalecerá el mercado negro.

 

“Prohibir no soluciona el problema, lo magnifica”, afirmó la senadora Karla Toledo del PRI. “En lugar de destinar 15 mil millones de pesos a educación y salud, dejamos esos recursos en manos del crimen organizado”. Toledo urgió a regular, en lugar de prohibir, como una medida más efectiva para abordar los riesgos asociados.

 

Por su parte, Morena y sus aliados defendieron la reforma como una respuesta integral a las crisis de salud y seguridad generadas por el consumo de estas sustancias. Enrique Inzunza, presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, enfatizó que “los vapeadores contienen sustancias altamente tóxicas que afectan gravemente la salud, mientras que el fentanilo ha incrementado la violencia y debilitado el tejido social”.

 

Inzunza también destacó que el marketing dirigido a adolescentes ha contribuido al auge del uso de vapeadores, promovidos como alternativas inofensivas. “Esto es un engaño que debemos detener”, añadió, subrayando la importancia de proteger a las nuevas generaciones.

 

El panista Ricardo Anaya calificó la reforma como un acto contradictorio y desmedido. “Estamos prohibiendo los vapeadores desde una Constitución que no prohíbe otras drogas igual de peligrosas, como la cocaína o la heroína”, declaró. Además, acusó a varios legisladores de hipocresía, señalando que muchos de ellos usan vapeadores de manera habitual. “Es absurdo legislar desde la contradicción“, afirmó.

 

Desde Movimiento Ciudadano, la senadora Amalia García alertó que el prohibicionismo incrementará el control de los cárteles sobre estos productos. “La regulación debe ser una herramienta para tratar este problema como un tema de salud pública, no de seguridad nacional”, dijo.

 

Con la aprobación de esta reforma, México se enfrenta al desafío de implementar medidas que eviten el crecimiento del mercado ilícito, a la vez que protege a los sectores más vulnerables de la población.

Senado Aprueba Reforma para Derecho Constitucional a Vivienda Adecuada y Expande Facultades de Infonavit

Las comisiones unidas de Puntos Constitucionales, Estudios Legislativos y Reordenamiento Urbano y Vivienda del Senado aprobaron por unanimidad una reforma que eleva a nivel constitucional el derecho de las personas trabajadoras a una vivienda adecuada. Con 33 votos a favor, la reforma autoriza al Infonavit no solo a ofrecer créditos, sino también a adquirir terrenos, construir viviendas y arrendarlas a los trabajadores.

Esta enmienda, que modifica el artículo 123 de la Constitución, dispone que el fondo formado por aportaciones de los empleadores, administrado por el Infonavit, se destine a construir complejos habitacionales. Según la reforma, el fondo creará un sistema de vivienda con orientación social, brindando créditos accesibles para la adquisición o mejora de viviendas y facilitando el acceso a suelo y construcción para arrendar viviendas en condiciones definidas por la ley.

La medida otorga prioridad en el acceso a la vivienda de arrendamiento social a trabajadores con contribuciones constantes al fondo y que aún no posean una vivienda propia. Además, la legislación secundaria incluirá mecanismos para evitar el uso arbitrario o discrecional que pueda limitar este derecho.

La senadora de Morena, Andrés Chávez, destacó que esta reforma garantiza la seguridad en la tenencia, acceso a servicios básicos, costos accesibles, espacios adecuados, accesibilidad para personas con discapacidad y cercanía a servicios esenciales como empleo, salud y educación. “Nuestro compromiso es hacer efectivo el derecho a una vivienda digna, equipada y a precio justo”, afirmó Chávez.

Por su parte, el senador del PAN, Ricardo Anaya Cortés, anunció que su bancada respaldará la reforma en el Pleno, pero enfatizó que el gobierno debe definir cómo financiar estos cambios. “Es crucial ser responsables y aclarar el origen de los fondos para evitar un gasto mayor que los ingresos”, subrayó.

Anaya expresó su preocupación por el impacto financiero, señalando la reducción del déficit fiscal y las posibles consecuencias de un crecimiento económico más lento de lo proyectado. Mencionó que si el crecimiento cae de 2.5% a 1.5%, podrían faltar entre 70 y 90 mil millones de pesos. Además, recordó que Pemex Refinación perdió casi un billón de pesos en el sexenio pasado, lo que representa un factor adicional de presión financiera.

“Estamos a favor de esta reforma, pero debemos ser responsables para asegurar que haya ingresos suficientes que respalden esta iniciativa y atender tres puntos críticos de los que nos debemos ocupar en su momento”, concluyó Anaya.

La alerta del embajador Ken Salazar y la resistencia judicial en México tiene a la democracia bajo fuego

En un contexto donde las tensiones políticas se sienten en todo el continente, el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, lanzó una advertencia contundente: “Vivimos un tiempo donde la democracia tiembla”. Esta declaración resonó durante un homenaje a las víctimas del 11 de septiembre de 2001, un evento que recordó no solo los ataques terroristas, sino también la fragilidad de los valores democráticos en el mundo actual.

 

Salazar, representante diplomático del presidente Joe Biden, destacó la importancia de la unión entre México y Estados Unidos para salvaguardar la democracia, la seguridad y las libertades en ambos países. “Tenemos que asegurar que en este continente viva la democracia y viva la seguridad”, afirmó, enfatizando la necesidad de actuar como una familia unida frente a las amenazas globales.

 

Pero mientras Salazar hablaba de la necesidad de proteger la democracia, en México se vive una batalla interna por la reforma judicial recién aprobada en el Senado. La iniciativa, que busca elegir por voto popular a todos los jueces y magistrados, ha sido duramente criticada por jueces y magistrados que la consideran una amenaza a la independencia judicial.

 

Juana Fuentes, directora de la Asociación de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (JUFED), expresó su preocupación: “Confiamos en que hay caminos nacionales e internacionales para detener esta reforma. Se ha evidenciado totalmente inviable por la forma en que se vota”. Según Fuentes, existen mecanismos dentro de la Constitución y en organismos internacionales que podrían frenar la entrada en vigor de la reforma.

 

El magistrado de Jalisco, Mario Alberto Domínguez, fue aún más claro en su postura: “No vamos a permitir que se implemente. Vamos a seguir resistiendo hasta las últimas consecuencias porque esto es para el pueblo”. Domínguez también anunció una serie de pasos para tratar de detener la reforma, como convencer a las 32 entidades federativas de votar en contra y solicitar formalmente a la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, que vete la modificación.

 

Sin embargo, Sheinbaum ha mostrado su apoyo a la reforma impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, lo que deja en el aire el futuro de esta medida y de la independencia del Poder Judicial en México. 

El Gobernador Samuel García asegura estar trabajando arduamente para la recuperación de NL

El Gobernador Samuel García asegura estar trabajando arduamente para la recuperación de NL

La tormenta tropical “Alberto” dejó a su paso una estela de destrucción en el estado de Nuevo León, causando daños estimados en mil millones de pesos. Samuel García, gobernador de la entidad, aseguró que su administración está preparada para abordar y solventar los estragos ocasionados por el fenómeno meteorológico. 

En una serie de declaraciones a través de sus redes sociales, el gobernador García explicó que, a pesar de que “Alberto” llegó a Nuevo León como tormenta y no como ciclón o huracán, los daños registrados, aunque significativos, no son insuperables. “Hubo daños, pero no son tan grandes, se va a arreglar rápido,” afirmó con optimismo.


El mandatario estatal destacó que el presupuesto asignado para afectaciones por desastres naturales será suficiente para cubrir los gastos de reconstrucción, sin necesidad de contraer deuda adicional. “Con los daños que tenemos, que va a ser como mil millones de pesos, el presupuesto actual da para salir del paso sin pedir más deuda,” explicó.


En cuanto a la obtención de recursos federales, García subrayó que se solicitará apoyo tanto a la Secretaría de Gobernación (Segob) como a la Comisión Nacional del Agua (Conagua). “Al gobierno federal, mañana vamos a pedir a Segob y a Conagua el recurso federal (…) el gobierno federal siempre apoya,” indicó el gobernador, confiando en la respuesta positiva de las autoridades nacionales.


Además de los fondos gubernamentales, el gobernador anunció que se harán efectivos los seguros contratados por el estado. Los recursos obtenidos serán destinados principalmente a la reparación de ríos, arroyos, puentes y pasos a desnivel, con el objetivo de restablecer la infraestructura afectada por “Alberto.”


Particularmente, García destacó que las mayores afectaciones se han identificado en el río Santa Catarina y en los carriles exprés de las avenidas Morones y Constitución. “Vamos a aprovechar también para hacer turbo la línea (exprés) 4 y 6, aprovechando que los carriles exprés van a estar cerrados,” adelantó, sugiriendo que estas reparaciones no solo servirán para restaurar la infraestructura dañada, sino también para mejorarla.


En una muestra de diligencia y coordinación, el gobernador reveló que este lunes tendría la segunda reunión de reconstrucción, en la que autoridades federales y estatales llevarían a cabo una recopilación exhaustiva de los daños totales. Este esfuerzo colaborativo refleja el compromiso del gobierno de Nuevo León en acelerar el proceso de recuperación y minimizar el impacto en la vida cotidiana de sus ciudadanos.


El gobernador también aprovechó la oportunidad para asegurar a la población que la estrategia de reconstrucción se está diseñando para coincidir con las vacaciones escolares, de manera que cuando los alumnos de educación básica regresen a clases el 29 de agosto, varios de los carriles exprés ya estén operativos. “Vamos a aprovechar las vacaciones de los alumnos para que a su regreso, el 29 de agosto, varios de los carriles exprés estén nuevamente en funcionamiento,” aseguró.


Samuel García concluyó sus declaraciones con una nota de esperanza y determinación, subrayando que su administración está preparada para enfrentar los retos que “Alberto” ha dejado tras de sí y garantizar una pronta recuperación. “Estamos trabajando arduamente para asegurar que Nuevo León se recupere rápidamente de este desastre natural y que nuestra infraestructura esté mejor preparada para futuros eventos,” enfatizó.

Cuestiones de Política 

Directorio

Magistrada Mónica Soto niega implicación del TEPJF en proceso electoral y resalta independencia del órgano

La magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Mónica Soto, ha desestimado las acusaciones recientes del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien ha insinuado la posibilidad de un “golpe de Estado técnico” por parte del Poder Judicial.

En una entrevista radiofónica, Soto afirmó enfáticamente que el Tribunal no participa en campañas ni es un actor activo en el proceso electoral. “Nuestro papel es ser la última instancia y resolver los medios de impugnación”, aseguró.

Ante las preguntas sobre las declaraciones del presidente, Soto destacó la necesidad de mantener una visión objetiva y distante de la dinámica política. “No nos involucramos en pasiones electorales; nuestra labor es resolver lo que llega a nuestra instancia”, enfatizó.

Respecto a las especulaciones sobre un posible “golpe de Estado técnico”, la magistrada subrayó que el Tribunal Electoral se rige por la ley y la Constitución, que establecen causales específicas de nulidad de elecciones. Aunque reconoció que la intervención de cualquier servidor público puede ser considerada en casos de violación a la ley.

Soto rechazó categóricamente la versión de un golpe de Estado técnico y reiteró el compromiso del Tribunal de garantizar el respeto al voto ciudadano. “Nosotros no ponemos ni quitamos candidatos; nuestro deber es valorar los expedientes presentados y determinar su legalidad”, concluyó la magistrada.

Nacho Mier acusa a la oposición de querer mantener sus privilegios a costa de la desigualdad social.

Ignacio Mier, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, ha expresado su preocupación por lo que considera un afán de las fuerzas políticas de oposición por mantener sus privilegios a expensas de la desigualdad social.

En el marco del primer foro nacional para el análisis de las iniciativas de reformas constitucionales propuestas por el presidente Andrés Manuel López Obrador, Mier enfatizó que la oposición sigue apostando por un gobierno que descuida el apoyo a los sectores más desfavorecidos.

En respuesta, Mier afirmó que Morena y sus aliados continuarán defendiendo en la Constitución los logros sociales obtenidos durante la llamada Cuarta Transformación. Subrayó que la coalición Juntos Hacemos Historia representa la lucha constante por los derechos y las libertades del pueblo.

En este contexto, Mier reiteró la importancia de que el Poder Judicial garantice el acceso a una justicia pronta, expedita y gratuita para todos, no solo para aquellos que cuentan con recursos económicos.

El legislador señaló que los partidos de la Cuarta Transformación respaldan el libre albedrío y el desarrollo personal, permitiendo a los mexicanos decidir sobre su vida, religión, orientación afectiva y afiliación política de manera libre.

Sin embargo, Mier criticó a la oposición por su enfoque en mantener privilegios basados en la desigualdad. Resaltó las diferencias de opinión sobre temas como el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo, así como el derecho de los pueblos originarios a determinar el uso de sus recursos naturales y preservar sus tradiciones y culturas.

INE verificará antecedentes por violencia de género en candidaturas federales

El Instituto Nacional Electoral (INE) iniciará el proceso de revisión del cumplimiento de la “8 de 8” a partir del 2 de marzo, una vez concluido el registro de candidaturas federales. Esta medida, establecida en la Constitución desde 2023 para prevenir el abuso de poder, impide la postulación de cualquier individuo con sentencia firme por delitos de violencia de género.

Los delitos contemplados incluyen violencia contra la vida, integridad corporal, libertad y seguridad sexuales, así como violencia familiar, equiparada o doméstica, violación a la intimidad sexual y violencia política de género en todas sus modalidades. Además, ser declarado deudor alimentario moroso también es motivo de suspensión de candidatura.

El INE garantizará la paridad de género y el respeto de los derechos humanos de las mujeres en la esfera política y electoral, verificando que las postulaciones de los partidos políticos cumplan con esta reforma constitucional. Actualmente, solo 15 de las 32 entidades federativas han adoptado la reforma y cuentan con el registro de la “8 de 8”.

El órgano electoral solicitará información judicial a los tribunales estatales para verificar si existen denuncias contra algún candidato. A diferencia de años anteriores, se analizarán todas las candidaturas presidenciales, senatoriales y diputadas federales para determinar posibles impedimentos.

Los partidos políticos deberán adjuntar una declaración de aceptación, comprometiéndose a no estar involucrados en ninguno de los ocho supuestos de violencia de género. La ciudadanía tendrá la oportunidad de revisar la lista de postulaciones y reportar cualquier incumplimiento antes del 2 de abril de 2024, ya sea a través de la página web del INE o de manera física en los Consejos Locales y Distritales.

El INE advierte que cualquier falsedad en las declaraciones será remitida a las autoridades pertinentes y resultará en la negación de las candidaturas.

Senado Erradica el Matrimonio Infantil en Comunidades Indígenas con Reforma Constitucional

En una decisión histórica, el Senado de la República ha votado de manera unánime a favor de una reforma al artículo 2 de la Constitución, marcando un hito en la lucha contra el matrimonio infantil y forzado en las comunidades indígenas de México. La modificación obtuvo 74 votos a favor y ninguno en contra en lo general, alcanzando la mayoría calificada necesaria para su aprobación, mientras que uno de los artículos reservados se votó en lo particular, logrando 76 sufragios a favor y ninguno en contra.

Esta reforma constitucional busca priorizar el interés superior de la niñez por encima de los usos y costumbres arraigados en las comunidades indígenas, con el objetivo claro de evitar el matrimonio de niñas, niños y adolescentes en estas regiones. Se trata de un paso significativo hacia la protección de los derechos fundamentales de las jóvenes en el país.

Margarita Valdéz, senadora de Morena, expresó su apoyo a la reforma, destacando la histórica lucha de las mujeres de izquierda por garantizar el trato adecuado a las niñas. Hizo hincapié en la gravedad del problema al imaginar la realidad de niñas de 12, 13 o 14 años casadas con hombres mucho mayores, subrayando que es “de dar terror”. Su declaración enfatiza la necesidad urgente de erradicar esta práctica que atenta contra la integridad y dignidad de las niñas.

Josefina Vázquez Mota, del PAN, lamentó la situación en algunas comunidades indígenas donde una niña puede ser más cara que un animal de granja. Denunció las condiciones adversas que enfrentan las mujeres que se oponen a estos matrimonios, señalando que son encerradas, humilladas y torturadas, subrayando que el matrimonio infantil es un delito que debe ser erradicado de raíz.

Desde la bancada del Partido Verde, Gabriela Benavides Cobos aplaudió la reforma como un paso vital para proteger a las niñas y evitar que los usos y costumbres se conviertan en un “pretexto” para justificar matrimonios forzados. Su declaración resalta la importancia de blindar a las niñas contra prácticas nocivas y garantizar que los derechos prevalezcan sobre tradiciones obsoletas.

Geovanna Bañueños, del Partido del Trabajo, respaldó la reforma al considerar el matrimonio infantil como una “violación inadmisible a los derechos de las niñas, niños y adolescentes”. Remarcó que la iniciativa fue presentada desde octubre de 2023, resaltando el compromiso continuo con la protección de los derechos de la infancia.

En caso de ser respaldada, la reforma será publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF), consolidando así un avance significativo en la protección de los derechos de la niñez mexicana. La reforma constitucional envía un mensaje poderoso sobre la necesidad de proteger y preservar la dignidad de las niñas, contribuyendo a un México más justo e igualitario.