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La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que la incorporación de volúmenes de agua provenientes de otras cuencas del norte del país, incluido el río San Juan en Nuevo León, para cumplir con los compromisos internacionales de agua con Estados Unidos se realizó bajo un esquema de impacto reducido para el sector agrícola nacional. La mandataria afirmó que las medidas adoptadas generan una afectación mínima para los productores de la franja fronteriza.

Las declaraciones fueron emitidas durante su conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, luego de que el gobierno federal anunciara la aplicación de acciones extraordinarias para atender las entregas de agua del río Bravo a Estados Unidos, conforme a lo establecido en el Tratado de Aguas de 1944. Este anuncio se dio en un contexto de presión por parte del presidente estadounidense, Donald Trump, quien advirtió sobre un posible incremento de aranceles ante el incumplimiento del acuerdo.

Sheinbaum explicó que el diseño del esquema se realizó en coordinación con los gobernadores de las entidades del norte del país, entre ellas Coahuila, Tamaulipas, Sonora, Chihuahua y Nuevo León. El objetivo, dijo, fue distribuir los volúmenes necesarios mediante el uso de otras cuencas, de manera que se atendiera la deuda hídrica sin comprometer de forma significativa las actividades productivas.

“Se buscó resarcir con aguas de otras cuencas que permitieran atender el tema de la deuda de agua. Todos estuvieron de acuerdo y eso nos va a permitir que la afectación sea mínima. Prácticamente, no hay afectación a los agricultores del norte de México. Creo que fue un buen acuerdo”, señaló la presidenta.

Un día antes, el gobierno federal informó que las acciones extraordinarias se ajustan a las disposiciones del propio tratado y a sus actas 234 y 331, considerando la disponibilidad actual en la cuenca mexicana del río Bravo. Entre estas medidas se encuentra la entrega de volúmenes del río San Juan, operación que se llevará a cabo tomando en cuenta las limitaciones operativas y priorizando tanto el uso agrícola en México como el consumo humano.

Sheinbaum subrayó que el procedimiento es legal y cuenta con antecedentes en administraciones anteriores. “Nosotros no hacemos nada ilegal (…) En otras épocas también se ha hecho”, indicó, al precisar que el esquema fue presentado a Estados Unidos en una mesa de negociación y que su aplicación será transparente.

Como parte del acuerdo, la presidenta adelantó que se reforzarán las inversiones de la Comisión Nacional del Agua en sistemas de riego eficiente y en estrategias orientadas a reducir el consumo hídrico en el campo, con el objetivo de elevar la productividad, incluyendo la sustitución de cultivos de alto consumo por otros de menor demanda de agua.

Según lo establecido, México deberá liberar un volumen de 249 mil 163 millones de metros cúbicos de agua, con entregas programadas a partir de la semana del 15 de diciembre y la meta de concluir el plan antes del 31 de enero de 2026. El Tratado de Aguas de 1944 contempla que Estados Unidos entregue anualmente a México mil 850 millones de metros cúbicos del río Colorado, mientras que México debe aportar 2 mil 185 millones de metros cúbicos del río Bravo en ciclos de cinco años.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) retiró de sus listas de discusión un proyecto que proponía limitar la prisión preventiva oficiosa, figura jurídica señalada por organismos internacionales por su uso automático y sin control judicial. La propuesta, elaborada por la ministra Margarita Ríos Farjat, quedará ahora en manos del nuevo pleno que se conformará tras la toma de protesta de nueve ministros electos por voto popular.

Este proyecto respondía a la acción de inconstitucionalidad 49/2021 y fue incluido inicialmente en la agenda del máximo tribunal para ser abordado en las últimas sesiones del periodo actual. Sin embargo, ya no aparece en el orden del día de la próxima reunión del pleno, prevista para el martes siguiente a su publicación.

En el documento retirado, Ríos Farjat planteaba que el uso automático de la prisión preventiva, previsto en el artículo 19 de la Constitución, debía interpretarse a la luz de los derechos humanos y los compromisos internacionales asumidos por México. En su análisis, proponía que los jueces abrieran el debate sobre su aplicación sin requerir solicitud expresa del Ministerio Público, acercando el procedimiento al de la prisión preventiva justificada.

 “El juez ordenará la prisión preventiva oficiosamente” es la frase constitucional cuya interpretación fue central en el proyecto. La ministra sugería entenderla como una obligación del juzgador de iniciar un análisis sobre la pertinencia de aplicar esta medida cautelar, sin que ello implicara su imposición automática. Esta interpretación buscaba alejar al sistema penal del uso obligatorio de medidas privativas de libertad sin revisión judicial adecuada.

El retiro del proyecto coincidió con la revelación de una solicitud del gobierno federal dirigida a la ministra presidenta de la Corte, Norma Piña Hernández. En dicha petición, se planteó posponer la discusión y votación de todos los temas vinculados a la prisión preventiva oficiosa. Esta medida también incluye los asuntos relacionados con la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), la cual condenó a México a eliminar la figura del arraigo y a reformular la prisión preventiva oficiosa conforme a los estándares internacionales.

Con la decisión de la SCJN, el análisis del tema queda aplazado hasta que los nuevos ministros se integren al pleno. La Corte, en consecuencia, no resolverá en el corto plazo una de las controversias más relevantes en materia de derechos humanos y justicia penal que enfrenta el sistema jurídico mexicano.