El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, rechazó de manera categórica cualquier relación entre Édgar “N”, alias “El Limones”, y la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM), así como con su dirigente Pedro Haces. La aclaración se dio durante una conferencia de prensa en la que el funcionario detalló los avances de una investigación enfocada en actividades de extorsión y otros delitos de alto impacto.

De acuerdo con la información presentada, “El Limones” mantenía comunicación y rendía cuentas directamente a una célula criminal identificada como “Los Cabrera”, vinculada al Cártel de Sinaloa y con operaciones en los estados de Durango y Coahuila. García Harfuch precisó que las indagatorias no han encontrado elementos que relacionen los hechos con algún sindicato u organización gremial.

El titular de la Secretaría de Seguridad explicó que el esquema delictivo bajo investigación corresponde a casos de extorsión directa dirigidos contra empresarios y productores agrícolas, así como exigencias ilegales relacionadas con la explotación y control de pozos de agua. Subrayó que, si bien existen múltiples líneas abiertas por diversos delitos, ninguna apunta a una estructura sindical como parte del entramado criminal.

 “Hay varios delitos que se están investigando, pero ninguno está relacionado como tal con un sindicato. Lo que tenemos acreditado es su vínculo con una célula criminal que opera en Durango y Coahuila, conocida como ‘Los Cabrera’”, expuso García Harfuch al referirse al presunto líder detenido.

Las investigaciones, calificadas como recientes por el propio funcionario, continúan en desarrollo mientras se realizan diligencias complementarias. En este contexto, se confirmó que Édgar “N” ya fue vinculado a proceso, lo que permite a las autoridades avanzar en la judicialización de los casos asociados a su presunta actividad criminal.

La detención de “El Limones” fue informada la semana pasada. Además de los actos de extorsión, se le atribuye participación en delitos como venta y distribución de drogas, robo de vehículos, cobro de cuotas, secuestro, lavado de dinero, clonación de tarjetas bancarias, estafas y desaparición forzada. El alcance de estas actividades refleja un patrón delictivo diversificado y de alto impacto.

Junto con él, fueron capturadas cinco personas más presuntamente vinculadas a la misma red: Guillermo “N.”, Alexis Mauricio “N.”, Ángel Rodrigo “N.”, Juan José “N.” y José Giancarlo “N.”. Todos enfrentan investigaciones relacionadas con los mismos ilícitos.

Como parte de las acciones financieras, las autoridades procedieron al bloqueo de cuentas pertenecientes a integrantes de su círculo cercano. Asimismo, se intervinieron tres empresas de distintos giros comerciales que presentaban movimientos financieros atípicos. Según lo informado, estas compañías funcionaban como fachadas para simular pagos de nómina, operaciones de compraventa de vehículos de lujo, manejo de grandes cantidades de efectivo y transferencias bancarias irregulares.

Las autoridades federales mantienen el seguimiento del caso con el objetivo de desarticular por completo la estructura criminal y documentar cada una de las operaciones detectadas.

En el suroriente de Ciudad Juárez, una de las zonas con mayores índices de violencia familiar e inseguridad, fue inaugurado el Centro Libre para las Mujeres, un espacio de atención integral encabezado por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo. El centro se ubica sobre el bulevar Manuel Talamás Camandari, en un sector donde por años vecinas y colectivos solicitaron servicios especializados para atender la violencia de género y fortalecer el tejido social.

Durante el acto inaugural, la presidenta señaló que su llegada al Ejecutivo federal representa un momento significativo para las mujeres del país, al tratarse de un proceso colectivo que busca ampliar derechos y oportunidades. Indicó que este contexto implica una reivindicación no solo de los derechos de las mujeres, sino también de los derechos del conjunto de la población, con énfasis en quienes han sido históricamente excluidas.

Sheinbaum explicó que el Centro Libre para las Mujeres forma parte de una estrategia nacional que incluye políticas como la Cartilla de los Derechos de las Mujeres y el programa Tejedoras de la Patria. Estos espacios están diseñados para ofrecer atención profesional mediante abogadas, psicólogas y trabajadoras sociales, además de funcionar como puntos de encuentro comunitario y aprendizaje. Señaló que las mujeres pueden acceder a talleres y actividades diversas, como clases de costura, zumba o mecánica, con el objetivo de ampliar conocimientos y habilidades.

En su mensaje, la presidenta abordó el concepto de libertad desde la experiencia de las mujeres, destacando que el cuidado de la familia no implica renunciar a la autonomía personal. Precisó que el nombre de estos centros responde al reconocimiento de las libertades de las mujeres y a la importancia de generar condiciones para su bienestar y desarrollo.

La secretaria de las Mujeres, Citlali Hernández Mora, informó que este es el segundo Centro Libre en Ciudad Juárez y que forma parte de un total de 17 proyectados para el estado de Chihuahua, con una inversión de 20 millones de pesos. Detalló que estos espacios integran una red nacional de atención a mujeres en situación de violencia y de impulso a su autonomía económica, emocional y social.

El centro operará con la coordinación de los gobiernos federal, estatal y municipal, y brindará servicios gratuitos de asesoría legal, atención psicológica, orientación social, talleres de capacitación y actividades comunitarias. De manera permanente contará con una trabajadora social, una psicóloga y una abogada.

En el marco de la visita presidencial, se desplegó un operativo de seguridad en el aeropuerto, vialidades y puntos incluidos en la agenda oficial. La presidenta también destacó programas sociales dirigidos a mujeres, como la Pensión Mujeres Bienestar, que beneficia a más de tres millones de mujeres de entre 60 y 64 años en el país.

La apertura del centro ocurre en un contexto donde la violencia familiar mantiene una tendencia estable, de acuerdo con el Plan Municipal de Desarrollo 2024-2027 y datos del Instituto Municipal de Investigación y Planeación, con mayor incidencia en colonias como Riberas del Bravo y Senderos de San Isidro.

La Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular el dictamen en materia de igualdad sustantiva y perspectiva de género, con 333 votos a favor, 70 en contra —principalmente del PAN— y 22 abstenciones, casi todas del PRI. El documento plantea una reconfiguración legal de gran alcance con cambios en 17 leyes para fortalecer las bases institucionales y garantizar que la igualdad entre mujeres y hombres tenga carácter obligatorio.

Durante la presentación del dictamen, la diputada Anais Miriam Burgos Hernández, presidenta de la Comisión de Igualdad y Género, destacó que esta reforma “no solo modifica leyes, repara silencios, abre caminos y devuelve la esperanza a generaciones enteras que lucharon sin ser escuchadas”. Añadió que estos ajustes legales responden a una realidad persistente en el país: la desigualdad de género que, de acuerdo con la legisladora, no puede seguir siendo una promesa, sino convertirse en una realidad verificable en todos los ámbitos de la vida social y pública.

Burgos explicó que la iniciativa, presentada por la presidenta el 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, marca un parteaguas en la defensa de los derechos de las mujeres en México. Señaló que la reforma a la Ley General para la Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres transforma el principio de igualdad en una obligación explícita del Estado y establece medidas inéditas para su cumplimiento.

Entre los puntos destacados mencionó el fortalecimiento de las órdenes de protección, la diferenciación entre violencia vicaria y violencia familiar, la armonización de protocolos estatales y nacionales y la ampliación de facultades para la Secretaría de las Mujeres, que podrá emitir y supervisar la alerta de violencia de género. En materia de seguridad social, afirmó que el IMSS y el ISSSTE deberán eliminar prácticas discriminatorias, capacitar a su personal en perspectiva de género y generar estadísticas para identificar brechas que afectan a las mujeres.

La discusión también incluyó posturas críticas. La diputada del PAN, Ana María Balderas, advirtió que el dictamen “no es una reforma técnica”, sino una “recentralización de poder” que podría abrir espacios para usos políticos. Señaló que el diseño propuesto otorga a una sola dependencia federal la rectoría de la política de igualdad y concentra funciones clave como la definición de políticas nacionales, el monitoreo, la implementación de programas estratégicos y la operación de alertas de violencia de género.

Balderas planteó que esta estructura limita el margen de decisión de estados y municipios, lo que, a su juicio, vuelve vulnerable la política pública. Añadió que la reforma implica mandatos de gasto sin techo financiero claro y podría poner en riesgo principios como la presunción de inocencia y el debido proceso.

Por parte del PRI, la diputada Marcela Guerra resaltó que el dictamen mantiene avances para las mujeres e incorpora el principio de igualdad sustantiva como eje transversal para diseñar políticas públicas y asignar presupuestos. Explicó que el reto principal será garantizar que estas disposiciones se reflejen en acciones concretas. 

En la misma línea, Anayeli Muñoz, de Movimiento Ciudadano, subrayó que el financiamiento sigue siendo una preocupación central, pues consideró necesario asegurar recursos suficientes para operar mecanismos como el Registro Nacional de Medidas u Órdenes de Protección y fortalecer refugios para mujeres víctimas de violencia.

Una nueva denuncia por violencia familiar equiparada se suma al caso de la Academia Militarizada Ollin Cuauhtémoc, institución que ha cobrado notoriedad tras la trágica muerte del menor Erick durante un campamento en el estado de Morelos. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ CDMX) confirmó este viernes que ocho niños más habrían sido víctimas de maltrato dentro de la academia.

Durante una conferencia de prensa encabezada por autoridades capitalinas, la titular de la FGJ, Bertha Alcalde, puntualizó que los nuevos señalamientos apuntan a “vejaciones, arrestos y otras formas de castigos”, presuntamente aplicados a menores dentro de las instalaciones educativas. Esta nueva línea de investigación está siendo llevada por la Fiscalía de Investigación de Delitos Cometidos en Agravio de Niñas, Niños y Adolescentes.

Paralelamente, se mantiene la colaboración entre las fiscalías de la Ciudad de México y de Morelos, a fin de facilitar cualquier información que resulte clave para esclarecer el fallecimiento del menor Erick, ocurrido el 27 de abril. La coordinación entre ambas dependencias busca cerrar cualquier vacío informativo sobre el historial de la academia, especialmente por tratarse de un centro que opera con el respaldo de un registro oficial.

Erick, de corta edad, perdió la vida mientras participaba en un campamento escolar. Su madre, Érika Torbellin, denunció públicamente que su hijo y otros alumnos fueron agredidos por un sargento de la academia. La necropsia realizada señala que la causa de muerte fue estallamiento de vísceras, aunque aún se esperan los resultados de patología, los cuales se emitirán en un plazo aproximado de dos semanas.

El caso ha causado conmoción en redes sociales y ha movilizado a colectivos ciudadanos que exigen justicia. Las voces de protesta encontraron eco en la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, quien informó que la Secretaría de Educación Pública (SEP) también inició un proceso de investigación sobre la legalidad y funcionamiento del centro educativo, ya que su registro depende directamente de esa dependencia.

Como resultado de estas acciones, la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, anunció en sus redes sociales que la academia fue clausurada oficialmente. Sellos fueron colocados en sus instalaciones como parte de las medidas precautorias adoptadas por las autoridades locales.

El caso sigue abierto y cada declaración oficial va sumando piezas a un rompecabezas institucional que exige respuestas y acciones contundentes. La sociedad permanece atenta mientras la investigación avanza, con la esperanza de que la justicia alcance a todos los responsables.