Las comisiones unidas de Puntos Constitucionales, Estudios Legislativos y Reordenamiento Urbano y Vivienda del Senado aprobaron por unanimidad una reforma que eleva a nivel constitucional el derecho de las personas trabajadoras a una vivienda adecuada. Con 33 votos a favor, la reforma autoriza al Infonavit no solo a ofrecer créditos, sino también a adquirir terrenos, construir viviendas y arrendarlas a los trabajadores.
Esta enmienda, que modifica el artículo 123 de la Constitución, dispone que el fondo formado por aportaciones de los empleadores, administrado por el Infonavit, se destine a construir complejos habitacionales. Según la reforma, el fondo creará un sistema de vivienda con orientación social, brindando créditos accesibles para la adquisición o mejora de viviendas y facilitando el acceso a suelo y construcción para arrendar viviendas en condiciones definidas por la ley.
La medida otorga prioridad en el acceso a la vivienda de arrendamiento social a trabajadores con contribuciones constantes al fondo y que aún no posean una vivienda propia. Además, la legislación secundaria incluirá mecanismos para evitar el uso arbitrario o discrecional que pueda limitar este derecho.
La senadora de Morena, Andrés Chávez, destacó que esta reforma garantiza la seguridad en la tenencia, acceso a servicios básicos, costos accesibles, espacios adecuados, accesibilidad para personas con discapacidad y cercanía a servicios esenciales como empleo, salud y educación. “Nuestro compromiso es hacer efectivo el derecho a una vivienda digna, equipada y a precio justo”, afirmó Chávez.
Por su parte, el senador del PAN, Ricardo Anaya Cortés, anunció que su bancada respaldará la reforma en el Pleno, pero enfatizó que el gobierno debe definir cómo financiar estos cambios. “Es crucial ser responsables y aclarar el origen de los fondos para evitar un gasto mayor que los ingresos”, subrayó.
Anaya expresó su preocupación por el impacto financiero, señalando la reducción del déficit fiscal y las posibles consecuencias de un crecimiento económico más lento de lo proyectado. Mencionó que si el crecimiento cae de 2.5% a 1.5%, podrían faltar entre 70 y 90 mil millones de pesos. Además, recordó que Pemex Refinación perdió casi un billón de pesos en el sexenio pasado, lo que representa un factor adicional de presión financiera.
“Estamos a favor de esta reforma, pero debemos ser responsables para asegurar que haya ingresos suficientes que respalden esta iniciativa y atender tres puntos críticos de los que nos debemos ocupar en su momento”, concluyó Anaya.