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En una jornada intensa, diputados de los seis grupos parlamentarios presentaron un total de 24 propuestas legislativas abordando temas variados como la jornada laboral, fiscalías especializadas en delitos de violencia contra la mujer, regulación de pensiones, comercio y sanciones relacionadas con el fentanilo, penalizaciones por el delito de aborto, regulación del cáñamo, telefonía móvil, y delincuencia organizada, entre otros.

En cuanto a la jornada laboral, José Alejandro Aguilar López, del Partido del Trabajo (PT), propuso modificar la fracción IV del apartado A y la fracción II del apartado B del artículo 123 de la Constitución Política, con el objetivo de reducir la jornada a 40 horas semanales. Esta reforma establece que los trabajadores disfrutarán de dos días de descanso por cada cinco días laborados.

Nayeli Arlen Fernández Cruz, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), presentó una iniciativa para modificar los artículos 102 y 116 de la Constitución, proponiendo que la Fiscalía General de la República cuente con una fiscalía especializada en violencia contra las mujeres. Asimismo, busca que las legislaturas estatales integren en sus constituciones fiscales especializadas con personal capacitado en perspectiva de género.

Por su parte, Mariana Benítez Tiburcio, de Morena, planteó reformar el Código Penal Federal para especificar que el aborto es la interrupción del embarazo después de las doce semanas de gestación. Además, propuso aumentar las penas para quienes asistan en abortos, imponiendo de tres a cinco años de prisión, y de seis a ocho años si se emplea violencia física o moral.

En el ámbito de la telefonía móvil, Ernesto Núñez Aguilar, del PVEM, sugirió la creación de un registro de usuarios de líneas telefónicas, tanto de prepago como de postpago. Este registro, que sería gratuito, debe eliminar los datos al concluir un año de servicio, e incluiría información como número de teléfono, nombre completo, CURP y una identificación oficial con fotografía.

Alejandra Chedrahui Peralta, también de Morena, propuso tipificar el delito de ciberacoso como cualquier conducta realizada a través de plataformas digitales o tecnologías que tenga como objetivo acosar, hostigar o intimidar a una persona, afectando su integridad y seguridad. Esta propuesta contempla sanciones que van de uno a diez años de prisión, dependiendo de las agravantes.

En materia de justicia, César Domínguez, del PRI, presentó una iniciativa para reformar el artículo 194 del Código Penal Federal, proponiendo penas de 50 a 60 años de prisión y multas de 100 a 500 días para quienes comercien, transporten o trafiquen fentanilo, así como para quienes participen en su distribución o promoción.

María del Rosario Orozco Caballero, de Morena, propuso un cambio constitucional para sustituir el término “presidente de la República” por “persona Titular del Poder Ejecutivo Federal”.

Además, otras propuestas incluyen evitar el parentesco en la sucesión de cargos, crear el Fideicomiso Fondo Verde de Resiliencia Climática, compatibilidad entre pensiones por jubilación y viudez, estímulos fiscales para empleadores de personas de 45 a 64 años, deducibilidad de pagos por servicios educativos, regulación del cáñamo, políticas para prevenir enfermedades, y diversas reformas para ajustar la Ley contra la Delincuencia Organizada, entre otros.

Todas estas iniciativas fueron turnadas a sus respectivas comisiones para ser analizadas y discutidas.

El senador Miguel Ángel Yunes Márquez, aún miembro del PAN, asumió el cargo de primer secretario en la Comisión de Justicia del Senado, una posición que tradicionalmente le corresponde a Morena. Según un documento oficial, también ocuparán ese puesto María Díaz Marmolejo (PAN), Pablo Angulo (PRI), Alfonso Silva (PVEM) y Alejandra Barrales (Movimiento Ciudadano).

En esta nueva legislatura, el número de secretarías en las comisiones ha sido ampliado de dos a cinco, un cambio significativo respecto a las legislaturas anteriores.

Por otro lado, el Grupo Parlamentario del PAN reconoció que ya no puede contar con el voto de Yunes Márquez para bloquear algunas reformas constitucionales clave. El senador Enrique Vargas recordó que Yunes ya recibió un nombramiento de Morena para ocupar la secretaría en la Comisión de Justicia.

Hace unas semanas, durante el debate sobre la reforma al poder judicial, Yunes Márquez otorgó el voto que Morena necesitaba para obtener la mayoría calificada y aprobar la reforma, lo que desató una crisis interna en el PAN y dio inicio a su proceso de expulsión del partido.

A pesar de haberse reunido con la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, y de participar en reuniones con Morena, Yunes Márquez no ha formalizado su incorporación al partido mayoritario.

El Observatorio Ciudadano del Centro de Estudios para un Proyecto Nacional Alternativo (CEPNA) ha emitido un pronunciamiento instando a las autoridades electorales a hacer cumplir las normas constitucionales que limitan la sobrerrepresentación en la Cámara de Diputados. Esta solicitud surge en un contexto donde Morena podría obtener una mayoría calificada que le permita impulsar reformas constitucionales.

Entre los firmantes del pronunciamiento se encuentran figuras destacadas como Jorge Alcocer Villanueva, especialista electoral, y José Ramón Cossío, ministro en retiro de la Suprema Corte. También firman el jurista Diego Valadés, la exconsejera del IFE y excomisionada del INAI María Marván Laborde, el exdirector del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado Jaime Cárdenas y el exgobernador de Tabasco Arturo Núñez.

El comunicado solicita una audiencia con los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) y los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para presentar sus argumentos. Mencionan un precedente de 1988, cuando Andrés Manuel López Obrador, entonces dirigente opositor, interpuso un recurso contra la sobrerrepresentación en la ley electoral de Quintana Roo, el cual fue resuelto a su favor por la Corte, con una tesis expuesta por la ministra Olga Sánchez Cordero.

La preocupación del Observatorio se intensifica en el contexto de la reforma propuesta por López Obrador para la designación de jueces mediante voto popular, la cual ha generado críticas, como la del magistrado federal Mauricio Barajas, quien señaló que Morena y sus aliados podrían obtener más del 70% de las curules con solo el 52% de los votos.

El Observatorio destaca que desde 1996, el artículo 54 de la Constitución establece reglas para evitar la sobrerrepresentación, limitando la diferencia entre el porcentaje de votos y el de curules a un máximo de 8 puntos porcentuales. Citan también una sentencia de la Suprema Corte de 1998, derivada de un recurso interpuesto por López Obrador, que reafirma este principio.

Finalmente, los firmantes exhortan a las autoridades del INE y del TEPJF a respetar y hacer cumplir las normas constitucionales para limitar la sobrerrepresentación y solicitan una audiencia pública para discutir sus preocupaciones.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha descartado que en su próxima reunión con la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum Pardo, le vaya a solicitar apoyo para que las reformas constitucionales del “Plan C” se aprueben antes de finalizar su mandato en septiembre.

Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, al ser cuestionado por la prensa sobre si pediría a Sheinbaum agilizar dichas reformas, López Obrador respondió tajante: “No, no, no, porque yo respeto mucho a Claudia, le tengo mucha confianza”.

El lunes, López Obrador se reunirá por primera vez con Sheinbaum Pardo tras las elecciones. El presidente adelantó que discutirán temas relacionados con la transición y la entrega-recepción de la presidencia, además de planear una gira conjunta por algunas regiones del país.

“¿Qué voy yo a pedirle? Que continúe con la transformación, pues ella es parte, protagonista, actora de este proceso de transformación como millones de mexicanos”, añadió el mandatario.

La posibilidad de que las reformas del “Plan C” se aprueben sin obstáculos en la nueva legislatura, donde Morena y sus aliados han logrado mayoría, ha generado nerviosismo en los mercados. Esta inquietud se ha reflejado en una mayor volatilidad.

“Las reformas se han convertido en sinónimo de incertidumbre y deterioro del ambiente para hacer negocios en México. Entre las propuestas, preocupa especialmente la desaparición de órganos autónomos, la reforma al Poder Judicial y la reforma al Instituto Nacional Electoral”, señaló Gabriela Siller Pagaza, directora de Análisis Económico y Financiero en Grupo Financiero Base.

Tras las declaraciones de López Obrador, el peso mexicano moderó sus pérdidas, con un tipo de cambio de 18.38 pesos por dólar, lo que representa una depreciación de 0.04% desde los 18.60 observados al inicio de la sesión del lunes.

El peso mexicano continuó su caída el martes, rozando brevemente la barrera de los 18 pesos por dólar, debido a la inquietud de los inversionistas sobre la posible mayoría calificada del oficialismo en el próximo Congreso y las reformas constitucionales que esto podría implicar.

La moneda nacional se cotizaba a 17.94 unidades, con una depreciación del 1.5% en comparación con el precio de referencia de Reuters del lunes. En la mañana, llegó a debilitarse hasta 18.20 pesos, un nivel que no se veía desde octubre de 2023.

“Sigue el miedo”, comentó Gabriela Siller, directora de análisis de Banco Base. El peso, que había mostrado una fuerte recuperación frente al dólar en los últimos meses, perdió el lunes un 4% de su valor, marcando su peor jornada desde el inicio de la pandemia. Esta caída se produjo tras la contundente victoria de Claudia Sheinbaum en las elecciones presidenciales del domingo y la perspectiva de que su partido, Morena, y sus aliados dominen el Congreso.

Por la tarde, la presidenta electa anunció que Rogelio Ramírez de la O, actual secretario de Hacienda, continuará en su cargo durante su gestión, que comienza en octubre. Se espera que el funcionario envíe un mensaje a los mercados financieros a las 7:00 hora local. En las últimas dos sesiones, la moneda mexicana acumula una pérdida del 5.6%.

Este lunes, tanto el peso mexicano como la Bolsa de Valores sufrieron significativas caídas tras la contundente victoria de Claudia Sheinbaum en las elecciones presidenciales mexicanas y el aparente control mayoritario de su coalición en el Congreso, lo que allana el camino para posibles reformas constitucionales.

El peso mexicano cayó un 4,3%, cerrando en 17,7 unidades por dólar, según datos del Banco de México, frente a las 16,96 unidades del viernes pasado. Por su parte, la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) se desplomó un 6,01%, perdiendo 3.315,85 puntos, lo que dejó al Índice de Precios y Cotizaciones (IPC) en 51.863,39 unidades.

Durante varios meses, el dólar se había mantenido por debajo de los 17 pesos gracias a las altas tasas de interés, las remesas y la Inversión Extranjera Directa (IED). Sin embargo, la reciente elección cambió este panorama.

“Los mercados reaccionaron negativamente a los resultados electorales porque es probable que Morena obtenga una mayoría calificada en el Congreso, permitiendo la aprobación de cambios constitucionales pendientes”, comentó Víctor Ceja, economista en jefe de Valmex, a la AFP.

Gabriela Siller, analista de Banco Base, sugirió que Sheinbaum debería calmar a los mercados. “Lo ideal sería declarar que no se alterará la autonomía del Banco de México, se mantendrá la disciplina fiscal y se respetará la división de poderes y los órganos autónomos”, afirmó.

Con casi el 90% de los votos contados según el Instituto Nacional Electoral (INE), Sheinbaum, de 61 años, obtuvo el 59% de los sufragios, superando por treinta puntos a su más cercana competidora, Xóchitl Gálvez, de centroderecha.

La coalición de izquierda, que incluye a Morena, el Partido Verde y el Partido del Trabajo, tiene dos tercios de la Cámara de Diputados y probablemente también los alcance en el Senado. Esto permitiría al oficialismo avanzar con reformas constitucionales que el presidente saliente, Andrés Manuel López Obrador, no logró implementar, incluyendo el “Plan C” para reformar el Poder Judicial y elegir jueces y magistrados por voto popular.

Ignacio Mier, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, ha expresado su preocupación por lo que considera un afán de las fuerzas políticas de oposición por mantener sus privilegios a expensas de la desigualdad social.

En el marco del primer foro nacional para el análisis de las iniciativas de reformas constitucionales propuestas por el presidente Andrés Manuel López Obrador, Mier enfatizó que la oposición sigue apostando por un gobierno que descuida el apoyo a los sectores más desfavorecidos.

En respuesta, Mier afirmó que Morena y sus aliados continuarán defendiendo en la Constitución los logros sociales obtenidos durante la llamada Cuarta Transformación. Subrayó que la coalición Juntos Hacemos Historia representa la lucha constante por los derechos y las libertades del pueblo.

En este contexto, Mier reiteró la importancia de que el Poder Judicial garantice el acceso a una justicia pronta, expedita y gratuita para todos, no solo para aquellos que cuentan con recursos económicos.

El legislador señaló que los partidos de la Cuarta Transformación respaldan el libre albedrío y el desarrollo personal, permitiendo a los mexicanos decidir sobre su vida, religión, orientación afectiva y afiliación política de manera libre.

Sin embargo, Mier criticó a la oposición por su enfoque en mantener privilegios basados en la desigualdad. Resaltó las diferencias de opinión sobre temas como el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo, así como el derecho de los pueblos originarios a determinar el uso de sus recursos naturales y preservar sus tradiciones y culturas.

El coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, anunció el inicio del debate nacional sobre las 20 iniciativas enviadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Estas propuestas abarcan reformas constitucionales al Poder Judicial, electoral, pensiones y salarial. El proceso se inaugura el próximo lunes 19 de este mes con la presentación formal de las iniciativas en San Lázaro.

Mier aseguró que al evento asistirán presidentes y coordinadores de los congresos locales, así como senadores. Además, se llevarán a cabo cinco foros regionales en Durango, San Luis Potosí, Toluca, Puebla y Mérida, así como otros cuatro en la Ciudad de México, dos en el Senado y dos en San Lázaro.

El debate, que se extenderá desde el 19 de este mes hasta el 15 de abril, contará con la participación de los 22 presidentes de comisiones legislativas, quienes agruparán las discusiones en cuatro ejes temáticos: libertad, justicia, democracia y bienestar.

El coordinador de los diputados del PAN, Jorge Romero, también expresó su postura en una conferencia de prensa, indicando que la Cámara debe abordar temas más allá de las iniciativas presidenciales, incluyendo propuestas de otros grupos parlamentarios, como la posible reinstauración del Seguro Popular.

El debate nacional se presenta como un espacio de discusión amplia y plural, donde se espera abordar los principales retos y reformas que enfrenta el país en materia legislativa.