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En una sesión de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), las ministras Lenia Batres Guadarrama y Yasmín Esquivel Mossa presentaron una propuesta para hacer públicas las sesiones privadas de dicha Sala. Sin embargo, tres ministros, Alberto Pérez Dayán, Javier Laynez Potisek y Luis María Aguilar Morales, se opusieron a la iniciativa.

Ante esta discrepancia, las ministras expresaron su intención de llevar el tema al Pleno de la Corte, argumentando que no existe base legal para mantener en secreto las discusiones de los asuntos en la Sala.

Las sesiones privadas son reuniones previas a las sesiones públicas de las Salas de la Corte, donde los ministros exponen sus razones de voto y debaten los argumentos a favor y en contra de cada proyecto presentado. Tradicionalmente, después de estas sesiones privadas, se lleva a cabo una sesión pública en la que los ministros simplemente declaran su voto, sin profundizar en sus argumentos.

Batres Guadarrama y Esquivel Mossa hicieron hincapié en que la Constitución establece claramente que todas las sesiones de la SCJN deben ser públicas, excepto en casos excepcionales que requieran secrecía por razones de moral o interés público, según el artículo 94 constitucional. Una disposición similar se encuentra en el artículo 16 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

El presidente Andrés Manuel López Obrador ha presentado una iniciativa que busca una profunda transformación en el Poder Judicial de la Federación. En este sentido, se propone la destitución de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los integrantes del Consejo de la Judicatura Federal, así como de los jueces y magistrados de circuito.

La reforma plantea un cambio significativo en la forma en que se eligen estos cargos. Según la propuesta, se llevarán a cabo elecciones directas el 8 de junio de 2025, para que los nuevos funcionarios asuman sus cargos en septiembre del próximo año, mientras que los actuales deberán dejar sus puestos.

En cuanto a la duración en el cargo de los ministros de la Suprema Corte, se establece un período variable entre ocho y 14 años, dependiendo del respaldo obtenido en la votación correspondiente. Además, se contempla la eliminación del Consejo de la Judicatura Federal, proponiendo en su lugar la creación de un Tribunal de Disciplina y otro órgano encargado de la administración de los recursos del Poder Judicial.

Para la selección de los candidatos a ministros de la Corte, la iniciativa sugiere que la Presidencia de la República, la Suprema Corte y el Congreso propongan a diez aspirantes cada uno, siendo estos sometidos posteriormente a votación popular.

Asimismo, la iniciativa busca blindar las leyes aprobadas mediante el establecimiento del principio de “presunción de legitimidad y constitucionalidad”, con el objetivo de evitar su anulación por parte de la Suprema Corte.

Otros aspectos destacados de la propuesta incluyen la reducción de la integración de la Corte de 11 a nueve ministros y la eliminación de las dos salas de resolución, centralizando todos los asuntos en el Pleno.

Por último, se plantea una limitación en las remuneraciones de los servidores públicos del Poder Judicial, estableciendo que aquellos en funciones al momento de la entrada en vigor de la reforma no podrán percibir una remuneración mayor a la establecida para el Presidente de la República en el presupuesto correspondiente. Además, se elimina el derecho a una pensión vitalicia para los ministros, magistrados y jueces destituidos.

La conmemoración del Aniversario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, celebrada este lunes en Querétaro, tuvo una relevancia particular este año al contar con la ausencia tanto del presidente Andrés Manuel López Obrador como de la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Unión, Norma Piña.

El evento, que contó con la presencia de la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, y el ministro Alberto Pérez Dayán en representación del Poder Judicial, se convirtió en un espacio para reflexionar sobre la relación entre los poderes del Estado, especialmente en medio del anuncio del presidente de enviar reformas a la Constitución.

Pérez Dayán destacó la importancia de mantener la independencia y autonomía del Poder Judicial, subrayando el compromiso con la democracia y el cumplimiento de la ley. Asimismo, hizo hincapié en la necesidad de separar al Poder Judicial de la política para preservar su integridad y funcionalidad.

Por su parte, la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, adelantó que las reformas propuestas por el presidente López Obrador buscan fortalecer el pacto social y devolverle el sentido social a la Constitución. Alcalde lamentó el impacto del neoliberalismo en la Carta Magna y expresó la necesidad de recuperar el sentido de solidaridad y justicia social en el país.

El gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri González, hizo un llamado a la unidad y la concordia, destacando la importancia de los contrapesos en un sistema democrático y la necesidad de respetar las instituciones autónomas.

En el evento también participaron las presidentas de las mesas directivas de la Cámara de Diputados y del Senado, Marcela Guerra Castillo y Ana Lilia Rivera, respectivamente, quienes resaltaron la importancia de la Constitución como guía moral y herramienta para enfrentar los desafíos actuales del país.

La conmemoración no solo celebró un aniversario, sino también la continuidad de un legado y el compromiso con el desarrollo democrático y social de México.