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El ministro presidente electo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Hugo Aguilar Ortiz, encabezó una reunión estratégica con los demás ministros electos para definir el rumbo que tomará el máximo tribunal del país a partir de su instalación el 1 de septiembre.

En el encuentro, se estableció que los asuntos penales y fiscales recibirán atención prioritaria. Aguilar Ortiz explicó que el objetivo es resolver este tipo de casos dentro de los plazos establecidos por la Constitución, reforzando así la eficacia y el cumplimiento de la ley en materia judicial.

También se abordó la integración de los equipos de trabajo y la distribución de asuntos entre las nuevas ponencias, una tarea clave para el arranque de la nueva etapa de la Corte tras la reciente reestructuración.

Uno de los anuncios más relevantes fue el rediseño de la Secretaría General de Acuerdos, motivado por la desaparición de las dos salas de la SCJN. El nuevo esquema incluirá la emisión de reglamentos internos actualizados, con el objetivo de lograr “sesiones ágiles, eficientes y sustantivas”, según palabras del propio Aguilar Ortiz.

Además, se inició el análisis de los perfiles que integrarán el Órgano de Administración Judicial, instancia que sustituirá al extinto Consejo de la Judicatura Federal, y que será clave en la gestión administrativa del Poder Judicial de la Federación.

La agenda de los ministros electos para el 1 de septiembre contempla tres actos significativos:

• 16:00 horas: Ceremonia tradicional de entrega de bastones de mando.
  
• 19:30 horas: Toma de protesta ante el Senado de la República.
  
• 22:00 horas: Sesión solemne de instalación de la nueva Suprema Corte.
  

La reorganización del trabajo interno, las reformas en la Secretaría General de Acuerdos y la definición de prioridades marcan el inicio de una etapa que busca optimizar el funcionamiento del máximo tribunal. Con estas decisiones, la próxima gestión apunta a fortalecer la capacidad de respuesta de la SCJN y garantizar que las resoluciones judiciales se emitan de forma más ágil y con pleno apego al marco legal.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) retiró de sus listas de discusión un proyecto que proponía limitar la prisión preventiva oficiosa, figura jurídica señalada por organismos internacionales por su uso automático y sin control judicial. La propuesta, elaborada por la ministra Margarita Ríos Farjat, quedará ahora en manos del nuevo pleno que se conformará tras la toma de protesta de nueve ministros electos por voto popular.

Este proyecto respondía a la acción de inconstitucionalidad 49/2021 y fue incluido inicialmente en la agenda del máximo tribunal para ser abordado en las últimas sesiones del periodo actual. Sin embargo, ya no aparece en el orden del día de la próxima reunión del pleno, prevista para el martes siguiente a su publicación.

En el documento retirado, Ríos Farjat planteaba que el uso automático de la prisión preventiva, previsto en el artículo 19 de la Constitución, debía interpretarse a la luz de los derechos humanos y los compromisos internacionales asumidos por México. En su análisis, proponía que los jueces abrieran el debate sobre su aplicación sin requerir solicitud expresa del Ministerio Público, acercando el procedimiento al de la prisión preventiva justificada.

 “El juez ordenará la prisión preventiva oficiosamente” es la frase constitucional cuya interpretación fue central en el proyecto. La ministra sugería entenderla como una obligación del juzgador de iniciar un análisis sobre la pertinencia de aplicar esta medida cautelar, sin que ello implicara su imposición automática. Esta interpretación buscaba alejar al sistema penal del uso obligatorio de medidas privativas de libertad sin revisión judicial adecuada.

El retiro del proyecto coincidió con la revelación de una solicitud del gobierno federal dirigida a la ministra presidenta de la Corte, Norma Piña Hernández. En dicha petición, se planteó posponer la discusión y votación de todos los temas vinculados a la prisión preventiva oficiosa. Esta medida también incluye los asuntos relacionados con la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), la cual condenó a México a eliminar la figura del arraigo y a reformular la prisión preventiva oficiosa conforme a los estándares internacionales.

Con la decisión de la SCJN, el análisis del tema queda aplazado hasta que los nuevos ministros se integren al pleno. La Corte, en consecuencia, no resolverá en el corto plazo una de las controversias más relevantes en materia de derechos humanos y justicia penal que enfrenta el sistema jurídico mexicano.