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El diputado del Partido Acción Nacional (PAN), Federico Döring, presentó ante la Fiscalía General de la República (FGR) una denuncia en contra de Andy López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador y actual secretario de Organización de Morena. El legislador lo acusa de enriquecimiento ilícito y delincuencia organizada, además de diversos delitos relacionados con corrupción y tráfico de recursos.

La denuncia no solo incluye a López Beltrán, sino también al gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, a su exconsejera jurídica, Tania Contreras, y a otras cinco figuras políticas que, según Döring, formarían parte de un entramado delictivo.

De acuerdo con el documento presentado, López Beltrán estaría al frente de lo que el legislador panista calificó como un “cuadro de conspiración” dentro de la delincuencia organizada. Entre los delitos señalados se encuentran conspiración, tráfico de hidrocarburos, contrabando, encubrimiento, operaciones con recursos de procedencia ilícita, asociación delictuosa y tráfico de influencia.

En la lista de denunciados aparecen también el exsubsecretario de Gobierno de la Secretaría de Gobernación, Ricardo Peralta Saucedo; Juan Carlos Madero Larios, exfuncionario de la Agencia Nacional de Aduanas; Javier Valdez Perales, exmagistrado de Tamaulipas; Jorge Luis Beas Gámez, subsecretario de Legalidad y Servicios Gubernamentales de Tamaulipas; y Horacio Duarte Olivares, extitular de Aduanas.

El legislador panista pidió expresamente a la FGR que se informe el domicilio particular de cada uno de los señalados, con el propósito de notificarles formalmente sobre la denuncia presentada en su contra.

Con este paso, Döring busca que las autoridades federales investiguen a los acusados por los delitos mencionados y que se aclare la presunta participación de cada uno en la red descrita.

La figura central de la denuncia es Andy López Beltrán, quien ocupa actualmente un puesto clave en la estructura de Morena como secretario de Organización, cargo desde el cual coordina parte de la estrategia política del partido fundado por su padre. Según la acusación, su rol no solo se limita al ámbito partidista, sino que lo coloca como líder de una estructura vinculada con actividades ilícitas.

El señalamiento incluye delitos de alto impacto, como el tráfico de hidrocarburos y operaciones con recursos de procedencia ilícita, que en conjunto configuran un escenario de presunta corrupción y vínculos con redes delictivas.

El documento entregado a la Fiscalía subraya la necesidad de que cada una de las personas mencionadas sea notificada y citada conforme a la ley, a fin de dar curso a la investigación solicitada por el legislador panista.

Entre el 1 de octubre, fecha en que Claudia Sheinbaum asumió la presidencia de México, y el 31 de agosto, se registraron 13 mil 219 personas desaparecidas y no localizadas en el país. La cifra representa 5 mil 145 casos más que los reportados durante los primeros 11 meses de la administración de Andrés Manuel López Obrador.

En su primer informe de gobierno, la presidenta se refirió al tema de desapariciones en una sola ocasión, mencionando únicamente reformas en materia de justicia y atención a víctimas. No ofreció resultados ni cifras sobre las acciones emprendidas para atender la crisis que incluye identificación de cuerpos, labores de búsqueda o datos actualizados sobre fosas clandestinas. Según cifras de 2021 de la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración, existen al menos mil 749 fosas clandestinas en el país.

La Ley General establece la obligación de contar con un Registro Nacional de Fosas Clandestinas y Fosas Comunes a cargo de la Fiscalía General de la República (FGR). La institución reconoce su existencia, pero el documento no es público.

En el balance estatal, la Ciudad de México, gobernada previamente por Sheinbaum, se posicionó como la entidad con mayor número de personas desaparecidas en el periodo, con mil 986 casos. Le sigue el Estado de México, donde la morenista Delfina Gómez es gobernadora, con mil 857 reportes. En tercer lugar está Sinaloa, escenario de enfrentamientos entre “Los Mayos” y “Los Chapitos” tras la detención en Estados Unidos de Joaquín Guzmán López y de Ismael “El Mayo” Zambada.

El impacto de la crisis ha alcanzado directamente a las familias buscadoras. A finales de agosto, fue asesinada Aida Karina Juárez Jacobo, integrante del colectivo Siguiendo tu Rastro con Amor Zacatecas. Ella buscaba a su hija, Goretty Guadalupe, desaparecida en junio.

El hallazgo en marzo pasado del rancho Izaguirre, en Teuchitlán, Jalisco, donde fueron localizados restos humanos, intensificó las demandas de colectivos para que los gobiernos implementen acciones efectivas en búsqueda e identificación.

La presión social derivó en la renuncia de la titular de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), Teresa Guadalupe Reyes Sahagún, en julio, después de un año y 11 meses en el cargo. Actualmente, 27 personas participan en el proceso de entrevistas para encabezar la institución. La Secretaría de Gobernación prevé presentar los perfiles más idóneos a la presidenta el 10 de septiembre.

Entre los pendientes más señalados está la apertura del Registro Nacional de Personas Fallecidas No Identificadas y No Reclamadas, que concentra información forense sobre localización, recuperación e identificación de restos. 

También se mantiene la exigencia de transparentar los datos del Registro Nacional de Fosas Comunes y Clandestinas, que debe incluir información de cementerios y panteones municipales, así como de sitios clandestinos detectados en todo el país.

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, inauguró los trabajos de la plenaria de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados con un mensaje en el que defendió la reforma electoral como“una necesidad histórica y la consecuencia inevitable de la transformación”.

En su intervención, la funcionaria destacó que esta reforma busca dejar atrás “el viejo orden con sus instituciones diseñadas para desvirtuar la política” y señaló que el objetivo es avanzar hacia “un segundo piso para la transformación democrática con elecciones libres, transparentes y sin despilfarro de recursos públicos”.

Desde el presídium, acompañada por legisladores como el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, el coordinador de operación política de Morena, Pedro Haces Barba, y el vocero de la bancada, Arturo Ávila, Rodríguez Velázquez insistió en que la austeridad es un pilar fundamental del actual gobierno. “La austeridad republicana es la base de la justicia social de la cuarta transformación. La austeridad no es un eslogan, es un principio rector de nuestro gobierno, de nuestro movimiento, es una filosofía de vida que se opone frontalmente al despilfarro y a los lujos del pasado”, enfatizó.

Durante su mensaje, felicitó a los legisladores de Morena “por honrar el respaldo de millones de mexicanas y mexicanos que optaron por consolidar la transformación del país bajo la vía democrática” y reconoció el trabajo legislativo realizado. “En un año han creado una nueva legalidad que nos permite responder a las expectativas de la población que exige un gobierno y un parlamento eficientes y austeros que corrijan las injusticias del pasado”, apuntó.

La titular de Segob subrayó también que los resultados en materia social respaldan el modelo de gobierno impulsado por la cuarta transformación. Señaló que, con las bases del sexenio de Andrés Manuel López Obrador y bajo la actual administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, “13.4 millones de mexicanas y mexicanos han salido de la pobreza y le busquen por donde le busquen, ese es un dato contundente”.

Sobre las razones detrás de esta reducción en los índices de pobreza, explicó: “¿Cómo logramos bajar los índices de pobreza en sólo seis años? Pues con la reducción de gastos. Del gasto burocrático, la eliminación de los privilegios, el combate a la corrupción y una mejor distribución de los recursos públicos, ello nos permitió reforzar una política social basada en derechos y en programas en favor de la población y construir un verdadero estado de bienestar”.

El nombre de Andrés Manuel López Obrador generó en la plenaria vítores de “¡Es un honor estar con Obrador!”, a lo que siguieron las consignas de “¡presidenta!, ¡presidenta!”, en referencia a Claudia Sheinbaum.

Manuel Velasco, coordinador del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en el Senado, respondió tras la difusión de nuevos videos presentados por el medio de información Latinus en los que se observa a David León entregando recursos a candidatos de Morena durante el proceso electoral de 2015. El legislador aseguró ser ajeno a los hechos y se puso a disposición de cualquier autoridad que decida investigar.

“Yo soy ajeno a esos actos y ajeno a los actos de terceras personas. (…) Estoy abierto a que se hagan todas las investigaciones, a cualquier autoridad que me solicite mi presencia; en el momento que lo hagan con mucho gusto ahí estaré”, declaró Velasco en entrevista desde la Cámara Alta.

En las imágenes difundidas se aprecia a David León entregar un sobre amarillo con dinero al general en retiro José Antonio Moreno Alvarado, quien fue candidato de Morena a la alcaldía de Villaflores, Chiapas, en 2015. Según la confesión de León, los recursos provenían de Manuel Velasco, entonces gobernador del estado.

El senador rechazó esa versión y reiteró que no se usaron recursos públicos de su administración para financiar campañas. “Te repito, soy ajeno a los actos que hagan terceras personas”, enfatizó.

Durante la conversación con medios de comunicación, Velasco fue cuestionado sobre si conocía a Pío López Obrador, hermano del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, también señalado en años recientes por aparecer en videos de entregas de dinero. El político chiapaneco aclaró que la relación fue lejana y meramente circunstancial.

“Mi abuelo materno tenía una relación de amistad pública con el licenciado Andrés Manuel y en algún momento conocí a parte de su familia, sin tener una mayor relación. Lo saludé en un par de ocasiones, él estaba promoviendo un equipo de béisbol en el estado, pero yo en lo personal nunca tuve ningún trato con él directamente ni mucho menos”, explicó.

En cuanto a una supuesta solicitud de recursos por parte de Morena para la campaña de 2015, Velasco negó esa versión al recordar que en ese proceso electoral su partido y Morena eran adversarios políticos. Subrayó que el PVEM, que lo postuló a la gubernatura, obtuvo el primer lugar, mientras que Morena tuvo un desempeño menor.

“En el 2015 los resultados electorales ahí hablan, Morena me parece que quedó en quinto o sexto lugar, la primera fue el Verde, el segundo lugar el PRI y después las demás fuerzas. No tuvo un buen resultado electoral, incluso en los actos de campaña permanentemente había un golpeteo hacia mi persona”, sostuvo.

Velasco reiteró que está dispuesto a colaborar con las instancias correspondientes para esclarecer el caso y deslindarse de las acusaciones que surgen a raíz de los videos difundidos.

El Instituto Nacional Electoral (INE) confirmó la autenticidad de los videos en los que aparece Pío López Obrador, hermano del expresidente Andrés Manuel López Obrador, recibiendo dinero en efectivo de David León. Sin embargo, las consejeras del organismo precisaron que, tras una investigación exhaustiva, no fue posible acreditar que esos recursos hayan tenido como destino el financiamiento ilegal de Morena.

La consejera Carla Humphrey, presidenta de la Comisión de Fiscalización y responsable directa de la indagatoria, detalló que se realizaron peritajes y diversas diligencias sobre el material difundido. “Sí, están los videos, tienen una calidad no tan buena, se hizo un peritaje, están todas las diligencias que hicimos, y con toda la investigación que se hizo, no se llegó a esa conclusión de que esos recursos llegaron a un partido político o hubieran beneficiado a un partido político”, puntualizó.

Sobre los señalamientos de impunidad en el caso, Humphrey subrayó que el INE actuó dentro de los límites de sus atribuciones. “Aquí se investigó lo que se pudo investigar, se hicieron peritajes en videos, y me parece que este instituto con los elementos que tiene y las diligencias que hizo no pudo comprobar que esos recursos fueran a dar, que esa fue la denuncia que se presentó, que se estaban utilizando para fines partidistas”, indicó.

Por su parte, la consejera Dania Ravel destacó la necesidad de otorgar mayores facultades de fiscalización al instituto en el marco de una eventual reforma electoral. Consideró que el caso evidencia las limitaciones que enfrenta el INE para seguir la pista del dinero cuando se entrega en efectivo.

“El instituto no puede hacer nada más allá de lo que no esté probado, entonces al final de cuentas no teníamos más elementos probatorios, hicimos la investigación para seguir los recursos, el problema también en este tipo de casos, por eso creo que hay que pensar en darle mayores facultades a fiscalización. Es que es muy difícil rastrear el dinero que a lo mejor se pueda dar en efectivo”, señaló.

El expediente fue cerrado oficialmente este jueves, a pocos días de que venciera el plazo de prescripción de los delitos investigados, previsto para el próximo 2 de septiembre. La consejera Humphrey Jordan subrayó que el organismo cumplió con los tiempos y procedimientos establecidos, aunque reiteró que no existieron elementos que acreditaran un uso electoral de los recursos.

Con esta resolución, el INE da por concluido uno de los casos más mediáticos vinculados a la figura de Pío López Obrador, en el que si bien se reconoció la existencia y autenticidad de los videos, no se pudo comprobar el presunto financiamiento ilícito a Morena.

A partir del 1 de septiembre, la bancada de Morena en la Cámara de Diputados impulsará una nueva reforma electoral que busca, entre otros puntos clave, recortar en un 50% el financiamiento público a los partidos políticos. Esta propuesta, que ya había sido rechazada en 2019, contempla también reducir el presupuesto del Instituto Nacional Electoral (INE) y modificar el sistema de representación proporcional que actualmente incluye a 200 diputados y 32 senadores.

El proyecto, en elaboración por el senador Ricardo Monreal Ávila con base en los lineamientos de la presidenta Claudia Sheinbaum, será enviado desde Palacio Nacional al Congreso de la Unión como parte del paquete de reformas prioritarias de la llamada Cuarta Transformación. 

Sin embargo, Morena enfrenta nuevamente un panorama legislativo complejo. En su primer intento, realizado en la última sesión del periodo ordinario del 12 de diciembre de 2019, los aliados Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y Partido del Trabajo (PT) votaron en contra del recorte, alineándose con la oposición. Solo la entonces diputada petista Rosa María Bayardo Cabrera votó a favor, mientras otros integrantes del PT se ausentaron de la sesión.

La diputada Lilia Aguilar Gil, vocera del PT, reiteró su postura basada en la reforma electoral de 2014: “Esto para evitar la intromisión del crimen organizado en las fuerzas políticas y de los poderes fácticos en general, se debe fortalecer a las instituciones públicas que dan acceso al poder”. Aclaró que no puede emitir una posición definitiva hasta conocer el texto oficial de la nueva iniciativa.

Desde el PVEM, el coordinador parlamentario Carlos Puente Salas también se mostró cauteloso. Aunque remarcó la importancia de la equidad en la asignación de recursos y tiempos de medios, señaló que no puede anticipar una postura sin conocer la redacción final. “Es como una carrera de 100 metros, ¿por qué unos arrancan en el metro 40 y otros en el uno? No es parejo”, recordó, citando al entonces vicecoordinador Arturo Escobar en el debate de 2019.

Puente añadió que las prerrogativas no se limitan al dinero, sino también a la difusión en medios, donde existen disparidades significativas. “Podemos coincidir en la reducción si se va a repartir de manera equitativa entre los partidos”, puntualizó.

Durante la votación de 2019, 30 diputados del PT se pronunciaron en contra, incluidos Reginaldo Sandoval, Mary Carmen Bernal Martínez y José Luis Montalvo, además de Alfredo Femat, quien ahora forma parte de la bancada de Morena.

En ese mismo debate, el diputado del PAN, José Elías Lixa, recordó que en 2017 en Yucatán se redujo el financiamiento público en un 50%, pero fue Morena quien presentó una acción de inconstitucionalidad para revertir esa decisión, encabezada entonces por Andrés Manuel López Obrador.

Con este nuevo intento, Morena busca retomar la iniciativa en el arranque del nuevo periodo legislativo. A pesar de las diferencias internas y el escepticismo de sus aliados, el partido gobernante perfila una de sus reformas más emblemáticas en materia electoral para los próximos meses.

Desde Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum reiteró su llamado a los militantes y funcionarios de Morena para que actúen con humildad, austeridad y congruencia, tras la polémica generada por los recientes viajes internacionales de figuras del partido, entre ellos Andrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

Durante su conferencia del 28 de julio, Sheinbaum se dirigió con claridad al movimiento que representa: “El poder se debe ejercer con humildad, esa es mi posición y siempre va a ser”. La mandataria puntualizó que, si bien cualquier persona tiene derecho a viajar, quienes ocupan cargos públicos tienen una doble responsabilidad: actuar con ética y representar los principios que sustentan a la Cuarta Transformación.

La controversia más reciente surgió tras la difusión de imágenes de López Beltrán en el lujoso hotel Okura de Tokio, Japón. En la fotografía aparece acompañado por el diputado de Morena Daniel Asaf Manjarrez, quien previamente había trabajado como jefe de la Ayudantía presidencial. La escena en el buffet del hotel generó cuestionamientos sobre la coherencia entre el discurso de austeridad del movimiento y las acciones de algunos de sus miembros más visibles.

Sheinbaum enfatizó que la imagen pública de los representantes políticos debe reflejar los valores del movimiento, recordando que “no puede haber gobierno rico con pueblo pobre”, un principio heredado de la ideología lópezobradorista. La presidenta también subrayó que quienes hoy están en el servicio público tienen la posibilidad de ser recordados no solo por sus logros, sino también por su comportamiento ante la ciudadanía.

A lo largo de las últimas semanas, otros integrantes de Morena han sido señalados por vacacionar en destinos exclusivos, principalmente en Europa. Ante las críticas, varios legisladores han aclarado que sus viajes fueron costeados con recursos propios y que ocurrieron durante el actual receso legislativo, periodo en el que no asisten a sesiones salvo quienes forman parte de la Comisión Permanente.

Uno de ellos fue Mario Delgado, actual titular de la Secretaría de Educación Pública, quien también fue cuestionado por un viaje a Portugal. En la misma conferencia matutina, respondió: “Efectivamente, salí unos días con mis propios recursos y sin descuidar mis responsabilidades”.

Este tipo de situaciones ha puesto nuevamente sobre la mesa la discusión sobre la coherencia entre los principios fundacionales de la 4T y el comportamiento de sus integrantes. Con su posicionamiento, Sheinbaum busca marcar un rumbo claro hacia una congruencia entre el discurso y las acciones del gobierno que encabeza.

Morena puso en marcha una ambiciosa estrategia de reorganización territorial a nivel nacional con la mira puesta en las elecciones intermedias de 2027, donde estarán en juego cargos federales y 17 gubernaturas. La presidenta nacional del partido, Luisa María Alcalde, arrancó la gira nacional en Tlaxcala, entidad donde también se renovará el gobierno estatal en ese proceso electoral.

Durante una conferencia de prensa, Alcalde delineó la nueva estructura de los comités seccionales de Morena, la cual abarcará las 71 mil 541 secciones electorales del país. En el diseño, el partido busca fortalecer su presencia de base con dos niveles bien definidos de operación, orientados a la movilización, captación de simpatizantes y vinculación directa con la dirigencia.

El primer nivel de esta estructura estará conformado por figuras políticas del partido que asumirán el rol de “mentores” y que tendrán a su cargo la organización de diez secciones electorales cada uno. Este nivel incluirá a senadores, diputados federales y locales, regidores, consejeros estatales y nacionales, entre otros perfiles activos del movimiento.

“Vamos a salir a las calles, vamos a estar viendo tanto a la presidenta del comité, al presidente del consejo, a nuestros senadores, a nuestros diputados locales y federales, a nuestros consejeros y consejeras estatales y nacionales, a nuestras regidoras, nuestros regidores, todos vamos a ser mentores de diez secciones electorales”, afirmó la dirigente nacional.

El segundo nivel estará compuesto por cinco personas por comité, con capacidad de comunicación directa con la dirigencia estatal y nacional. Dentro de cada comité se elegirá una presidencia seccional y una secretaría ejecutiva. Además, estos órganos recibirán materiales como el periódico Regeneración y tendrán participación en actividades organizativas permanentes.

Luisa María Alcalde destacó que todos los integrantes de estos comités seccionales participarán de forma voluntaria, sin recibir remuneración económica. “No es gente que le demos un apoyo, no, son militantes de a pie, es la señora del mercado, el señor que vive y que quiere participar de manera más activa”.

Además de esta estructura territorial, Morena implementará un plan de capacitación técnica y política para presidentes municipales, síndicos y regidores, quienes deberán prepararse en temas como gestión de recursos y austeridad republicana. La capacitación será obligatoria, y se incluirá también una directriz de atención ciudadana permanente: cada funcionario deberá dedicar al menos un día a la semana para recibir y atender directamente las inquietudes de la población.

Esta organización territorial tiene antecedentes dentro del movimiento desde 2011, cuando se fundaron los primeros comités bajo el liderazgo de Andrés Manuel López Obrador. Su crecimiento ha sido progresivo en cada proceso electoral, y en 2024 tuvieron un papel activo en la promoción del voto.

El modelo de Morena guarda similitudes con estructuras políticas en América Latina. El Movimiento al Socialismo (MAS) en Bolivia desarrolló comités barriales; el Partido de los Trabajadores (PT) en Brasil consolidó núcleos de base; y el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) operó a través de brigadas territoriales. Experiencias similares también se han visto en Uruguay, Chile, Nicaragua, El Salvador y España. En Estados Unidos, los Democratic Socialists of America (DSA) mantienen acciones organizativas especialmente en barrios marginados.

Con esta estructura, Morena refuerza su base organizativa en preparación para un proceso electoral clave, apostando a la territorialidad, la militancia activa y la capacitación constante de sus cuadros locales.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, confirmó que desde 2024 el gobierno federal tenía indicios sobre los presuntos vínculos de Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad de Tabasco, con organizaciones criminales. La información se basaba en notas periodísticas e informes recabados a nivel local.

Fue hasta noviembre de ese mismo año cuando la Fiscalía General de Tabasco inició una carpeta de investigación formal y, en febrero de 2025, se obtuvo una orden de aprehensión en contra del exfuncionario. Bermúdez Requena, también identificado como “El Comandante H”, está acusado de liderar una célula criminal conocida como “La Barredora”, con presuntos vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Su nombramiento como secretario de Seguridad en Tabasco en 2019 fue realizado por el entonces gobernador Adán Augusto López Hernández, en representación del partido Morena. De acuerdo con información de inteligencia, los presuntos vínculos del exfuncionario con actividades criminales se remontan a 1999. Incluso, habría sido arrestado en 2006 en relación con la ejecución de un ganadero, aunque no se proporcionaron detalles adicionales sobre ese episodio.

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que, desde octubre de 2024, el gobierno federal ha mantenido una colaboración activa con las autoridades del estado para avanzar en las investigaciones en torno a Bermúdez. Subrayó que cualquier procedimiento judicial debe sustentarse en pruebas sólidas. “Tiene que haber pruebas fehacientes de que alguien esté involucrado para poder abrir una carpeta de investigación”, expresó.

Sheinbaum enfatizó el compromiso de su administración con la legalidad y la transparencia: “No se va a cubrir a nadie, las investigaciones, en cualquier caso, para cualquier persona deben hacerse, pero de antemano no se puede culpar a nadie hasta que no se demuestre lo contrario”.

 En contraste, el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Ricardo Trevilla, desestimó los informes divulgados en el marco del hackeo conocido como Guacamaya Leaks, ocurrido en octubre de 2022. Los documentos filtrados incluían menciones sobre la presunta relación de Bermúdez con el crimen organizado. No obstante, Trevilla subrayó que esta información no puede considerarse oficial. “No se puede informar algo que no está comprobado”, aclaró, en respuesta a si dichos datos llegaron al conocimiento del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

La investigación continúa en curso, mientras los vínculos del exjefe policiaco con organizaciones criminales mantienen bajo la lupa la operación de las instituciones de seguridad en el estado y reavivan el debate sobre el acceso y uso de la inteligencia en procesos judiciales.

La Fiscalía General de la República (FGR) confirmó este domingo que mantiene abierta una investigación en contra del diputado federal por el Partido Verde Ecologista, Julio Scherer Pareyón, hijo del exconsejero jurídico de Presidencia, Julio Scherer Ibarra, por presuntos actos de corrupción en la concesión del libramiento de Nogales, en Sonora.

Durante la presentación de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, el fiscal Alejandro Gertz Manero informó que la carpeta de investigación está en proceso de integración y será presentada ante los tribunales en las próximas semanas. La indagatoria se centra en la asignación del contrato de concesión para operar dicha vialidad, cuya inversión fue anunciada en noviembre de 2022 por el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, con un presupuesto estimado de 500 millones de pesos.

El proyecto fue adjudicado a la empresa Operadora de Caminos Carreteros Nogamez, la cual obtuvo un contrato por más de 30 años para la administración del libramiento. Según los registros oficiales, esta empresa fue constituida el 25 de noviembre de 2022, apenas un día después del anuncio de Durazo sobre la ejecución de la obra. La creación exprés de la compañía y su falta de experiencia en infraestructura carretera son ahora elementos clave dentro de la investigación.

El propietario de Operadora de Caminos Carreteros Nogamez es Julio Aceves, identificado como socio directo de Julio Scherer Pareyón, lo que ha generado fuertes señalamientos por presunto conflicto de interés. Empresas que participaron en la misma licitación denunciaron irregularidades en el proceso y alertaron sobre vínculos familiares y empresariales entre los involucrados.

Además del legislador y su socio, figuran otros nombres dentro de esta posible red: Hugo Scherer Castillo y Valentina Scherer, ambos familiares cercanos del exconsejero presidencial Julio Scherer Ibarra. Todos ellos están incluidos en la carpeta de investigación y, según el fiscal Gertz Manero, se están estableciendo responsabilidades individualizadas.

 “El criterio del gobierno de la República, y lo ha repetido la señora presidenta en innumerables ocasiones, es que no hay excepciones frente a cualquier violación a la ley”, señaló el fiscal durante su intervención, subrayando que no se tolerarán actos fuera del marco legal, sin importar los vínculos políticos o familiares de los implicados.

Al ser cuestionado sobre la posibilidad de emitir órdenes de aprehensión por este caso, Gertz Manero respondió con contundencia: “Yo espero, pero por supuesto, claro que sí.”

La investigación pone en el foco a figuras públicas cercanas al círculo de poder durante la administración de Andrés Manuel López Obrador, y reabre el debate sobre los mecanismos de asignación de obras públicas y la fiscalización de los procesos licitatorios a nivel federal y estatal.