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El “plan B” de la reforma electoral impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum avanzó en el Senado tras ser aprobado en comisiones unidas con 24 votos a favor de Morena y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), frente a 11 en contra de legisladores del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano, en una sesión marcada por la ausencia del Partido del Trabajo (PT).

Los senadores petistas Alejandro González Yáñez y Lizeth Sánchez, integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales, no asistieron a la reunión, mientras que hasta el momento no existe un respaldo público del PT a la propuesta. El dictamen será discutido en el pleno del Senado este miércoles alrededor de las 6:00 de la tarde.

La iniciativa plantea modificaciones a los artículos 35, 115, 116 y 134 de la Constitución. Entre los principales cambios destaca que la consulta de revocación de mandato de la persona titular del Ejecutivo federal pueda realizarse el primer domingo de junio de 2027 o 2028, coincidiendo con la elección federal y con la segunda elección de jueces y magistrados.

El proyecto establece que “la persona sujeta a revocación podrá difundir el proceso y promover el voto a su favor en los términos que establezca la ley de la materia”. También prohíbe el uso de recursos públicos, tiempos oficiales y la contratación de propaganda para la promoción de la consulta.

Morena defendió la reforma al señalar que busca reducir privilegios en ayuntamientos y en el Instituto Nacional Electoral (INE). Sin embargo, la oposición concentró sus críticas en la coincidencia de la revocación de mandato con el proceso electoral de 2027, al advertir que podría favorecer políticamente a Morena.

El senador panista Ricardo Anaya calificó la iniciativa como un “bodrio” y afirmó: “Quieren ir a la revocación, vamos. Pero reconozcan que es una trampa por todos lados… No le tenemos miedo a la revocación, no más que con piso parejo”.

Desde Morena, el senador Pavel Jarero rechazó que se utilicen recursos públicos y defendió el proceso. “Y yo diría por el tema de la mañanera que se preocupan tanto, quien ve la mañanera lo hace por amor”, señaló.

Durante la discusión, el morenista Manuel Huerta mostró una estampilla denominada “detente” con imágenes del expresidente Andrés Manuel López Obrador y de la presidenta Claudia Sheinbaum, y dijo a legisladores opositores: “Se zurran de miedo”.

El dictamen también contempla reducir el número de regidores y síndicos en ayuntamientos y establecer que el presupuesto anual de los congresos locales no exceda el 0.70% del presupuesto estatal. La senadora priista Claudia Anaya advirtió que estas medidas afectan el pacto federal, mientras que Carolina Viggiano aseguró que la reducción de regidores impactaría únicamente a 191 de los 17 mil existentes.

Tras la sesión, el coordinador de Morena en el Senado, Ignacio Mier, publicó una fotografía con legisladores del PVEM y PT y escribió: “La coalición Morena, Verde y PT seguirá unida y haciendo historia”, pese a que el respaldo del PT al proyecto aún no se ha formalizado.

El debate sobre la posible inclusión de la revocación de mandato en 2027 mantiene tensiones entre aliados políticos. El dirigente nacional del Partido del Trabajo, Benjamín Robles, reafirmó que su partido no respalda que este ejercicio coincida con la elección federal, al considerar que generaría condiciones desiguales en la contienda.

Desde su perspectiva, el principal problema radica en que la figura presidencial —actualmente encabezada por Claudia Sheinbaum— podría influir directamente en la orientación del voto. Robles sostuvo que este escenario favorecería a Morena al concentrar el respaldo ciudadano en torno a su liderazgo. “Es inequitativo y antidemocrático”, reiteró al explicar la postura del PT.

En entrevista el exdiputado federal subrayó que la negativa de su partido no es reciente, sino que se ha mantenido desde que se planteó integrar la revocación de mandato dentro del denominado “plan B” de la reforma electoral. Recordó que el 17 de marzo ya habían anticipado su rechazo con una posición firme: “en eso no vamos a transitar”.

Aunque reconoció que todos los partidos enfrentarían un escenario similar, Robles insistió en que la simultaneidad de ambos procesos alteraría la equidad. “Como la presidenta es de Morena, va a jalarse el voto para su partido”, admitió, al tiempo que descartó que la preocupación principal sea la permanencia del PT como fuerza política. Aseguró que su partido ha tenido resultados favorables cuando compite por separado.

El dirigente también señaló que la discusión legislativa aún no está cerrada. La reunión de comisiones del Senado, en la que se analizaría el dictamen correspondiente, fue aplazada, lo que abrió una ventana para continuar el diálogo. Robles interpretó este cambio como una oportunidad para intentar modificar la propuesta.

Detalló que inicialmente se contemplaba una reunión a la 1 de la tarde, la cual posteriormente fue reprogramada. Indicó que el ajuste en la agenda responde, entre otros factores, a la espera del dirigente petista Alberto Anaya. A pesar de estos movimientos, enfatizó que la postura del partido permanece sin alteraciones.

El PT, añadió, buscará convencer a otros actores políticos sobre los riesgos que identifica en la iniciativa. Mientras tanto, el aplazamiento en el Senado extiende el margen para negociaciones en torno a un tema que, de avanzar, podría redefinir el escenario electoral de 2027.

La presidenta Claudia Sheinbaum presentó ante el Senado de la República una iniciativa de reforma constitucional que plantea reducir el gasto en órganos legislativos, modificar reglas sobre la revocación de mandato presidencial y ajustar las remuneraciones de autoridades electorales.

El documento fue entregado por Juan Ramiro Robledo, titular de la Unidad de Enlace de la Secretaría de Gobernación, a la presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo, y al coordinador de Morena, Ignacio Mier. La propuesta contempla modificaciones a los artículos 35, 115, 116 y 134 de la Constitución con el objetivo de optimizar el uso del presupuesto público y destinar los ahorros a sectores que más lo requieren.

Uno de los puntos principales es la reducción del gasto legislativo. En el caso del Senado, el proyecto plantea disminuir el presupuesto en 15% el próximo año respecto al aprobado para 2026. Para los congresos estatales se propone establecer un límite: su presupuesto anual no deberá superar el 0.70% del presupuesto de egresos de cada entidad federativa.

La iniciativa también incluye cambios en la integración de las legislaturas locales. Entre ellos, se plantea prohibir la reelección inmediata de diputadas y diputados estatales. Asimismo, se establecen restricciones para evitar candidaturas con vínculos familiares con quienes ocupan una diputación.

El documento señala: “En ningún caso, podrá participar en la elección de una diputación la persona que tenga o haya tenido en los últimos tres años anteriores al día de la elección un vínculo de matrimonio o concubinato o unión de hecho, o de parentesco por consanguinidad o civil en línea recta sin limitación de grado y en línea colateral hasta el cuarto grado o de afinidad hasta el segundo grado, con la persona que está ejerciendo la titularidad de la diputación”.

En materia de revocación de mandato, el proyecto establece que la consulta para la persona titular del Ejecutivo federal podrá solicitarse una sola vez y únicamente durante los tres meses posteriores a la conclusión del segundo o tercer año del periodo presidencial, lo que ubicaría el proceso en 2026 o 2027. La iniciativa también contempla que la persona titular del Ejecutivo pueda difundir el proceso y promover el voto a su favor, aunque mantiene la prohibición de utilizar recursos públicos para la recolección de firmas o la contratación de propaganda.

La reforma también propone que las remuneraciones de consejeros y magistrados electorales se ajusten a los límites establecidos en el artículo 127 constitucional y elimina prestaciones financiadas con recursos públicos que no estén previstas en la ley.

De acuerdo con la iniciativa, los cambios permitirían generar ahorros estimados en 4 mil millones de pesos anuales. Estos recursos permanecerían en la hacienda pública municipal y deberán destinarse a obras de infraestructura en beneficio de la población.

La Ciudad de México vivió una jornada marcada por tensiones en los alrededores del Zócalo capitalino, luego de que un grupo de jóvenes encapuchados, junto con personas vestidas de blanco y distintos asistentes, derribara las vallas que resguardaban Palacio Nacional. El incidente ocurrió alrededor del mediodía en el cruce de avenida Pino Suárez y Corregidora, donde se desarrolló un enfrentamiento de más de dos horas entre manifestantes y elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

El choque comenzó cuando los asistentes emplearon cortacandados, pinzas y equipo especializado para romper las uniones metálicas del muro instalado días antes frente a la sede del Ejecutivo federal. La primera valla retirada fue arrastrada hasta avenida Pino Suárez, lo que abrió una brecha que derivó en el despliegue inmediato de policías. A partir de ese momento, ambas partes arrojaron objetos, incluidas piedras y petardos, lo que dejó personas heridas. Entre ellas se registró a una mujer policía de la SSC, quien fue atendida por equipos médicos que operaban en la zona.

Los manifestantes que participaron en la remoción de las barreras no fueron identificados como integrantes del Bloque Negro debido a que permitieron ser grabados y entrevistados. Algunos asistentes expresaron su inconformidad con lo ocurrido al señalar que los hechos “empañan el movimiento”, mientras que otros atribuyeron la escalada a que “las vallas que colocó el gobierno incitaron a la violencia”.

Aunque la presencia de manifestantes se redujo conforme avanzó la tarde, más personas continuaron llegando a las inmediaciones del primer cuadro. Paralelamente, el Metro de la Ciudad de México anunció la suspensión temporal del servicio entre Hidalgo y Zócalo/Tenochtitlan como medida de seguridad.

El resto de la movilización transcurrió sin incidentes. La marcha principal, integrada por el Movimiento del Sombrero y personas que portaban pancartas de la llamada “Generación Z”, avanzó desde el Ángel de la Independencia hacia el Zócalo. Su llegada ocurrió poco antes de la 1 de la tarde con consignas como “Fuera Morena” y “Carlos Manzo”. La Secretaría de Seguridad Ciudadana no reportó hechos de violencia durante el recorrido por Reforma, Juárez y 5 de Mayo, donde los policías se mantuvieron a distancia.

La marcha inició alrededor de las 11:00 de la mañana y fue encabezada por la madre del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, asesinado el 1 de noviembre. En silla de ruedas, avanzó acompañada por centenares de personas que corearon “Todos somos Carlos Manzo”, “Viva Michoacán”, “Revocación” y “Narco gobierno”. La convocatoria no se limitó a jóvenes: participaron adultos mayores, personas de mediana edad y menores, muchos con camisas blancas y mantas en memoria del alcalde, además de mensajes dirigidos a la presidenta Claudia Sheinbaum y al expresidente Andrés Manuel López Obrador.

El recorrido incluyó un contingente a caballo y provocó cierres en Paseo de la Reforma y avenida Juárez. Elementos de la SSC se mantuvieron desplegados en los puntos de avance sin reportar incidentes adicionales. Se espera que en los próximos minutos se emita un mensaje oficial sobre la jornada.

Morena prepara un nuevo movimiento político rumbo a 2027. El partido guinda impulsa una propuesta para que la consulta de revocación de mandato de la presidenta Claudia Sheinbaum se realice el mismo día que las elecciones de jueces, diputaciones federales y 17 gubernaturas. La iniciativa, encabezada por el vicecoordinador Alfonso Ramírez Cuéllar, se discutirá el próximo lunes en la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, a partir de las seis de la tarde.

El objetivo del proyecto es sincronizar ambos procesos electorales para hacerlos coincidir en una sola jornada nacional en junio de 2027. Actualmente, la Constitución establece que las consultas populares deben realizarse el primer domingo de agosto, pero con la reforma propuesta, se adelantarían al primer domingo de junio, fecha que coincide con las elecciones intermedias federales.

De aprobarse por el Congreso de la Unión, la medida modificaría el artículo 5 de la Constitución y redefiniría la manera en que los ciudadanos participan en los ejercicios de democracia directa. Según Ramírez Cuéllar, esto permitiría aprovechar la movilización electoral de las elecciones intermedias, evitando duplicar procesos y costos logísticos.

La propuesta, contenida en un documento de 34 páginas, plantea que la revocación de mandato solo pueda solicitarse una vez durante el periodo presidencial, entre el 1 de octubre y el 31 de diciembre posteriores al segundo año de gobierno. El ejercicio se realizaría mediante voto libre, directo y secreto, el mismo día que se eligen diputados federales.

Uno de los argumentos centrales del proyecto es el ahorro económico. De acuerdo con las estimaciones del legislador, unificar la consulta con la elección intermedia permitiría reducir el gasto público en al menos mil 500 millones de pesos, cifra similar a la que costó la revocación de mandato del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador en 2022.

Además del factor económico, Morena considera que esta sincronización fomentaría una mayor participación ciudadana. Al concentrar en un solo día tanto la elección de representantes como el ejercicio de consulta sobre la continuidad presidencial, se busca incentivar la asistencia a las urnas y fortalecer los mecanismos de democracia directa.

La propuesta será discutida en la Comisión de Puntos Constitucionales, presidida por Leonel Godoy, también integrante de la bancada guinda. Si logra avanzar en esa instancia, el proyecto podría escalar al pleno de la Cámara de Diputados para su eventual aprobación y envío al Senado.

Con este planteamiento, Morena busca consolidar un nuevo esquema electoral que combine eficiencia administrativa, ahorro presupuestal y una mayor implicación ciudadana en las decisiones políticas del país, en una jornada que marcaría el rumbo electoral de 2027.

Una ola de exigencias de transparencia se desató en el Senado mexicano luego de que se confirmara la revocación de las visas estadounidenses de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, y de su esposo, Carlos Torres. La bancada del Partido Acción Nacional (PAN) pidió explicaciones públicas ante lo que considera un suceso delicado con potencial impacto en la función pública y en las relaciones bilaterales con Estados Unidos.

El tema, que se ha desarrollado en medio de silencio oficial y versiones dispersas, se volvió centro del debate político nacional. En un comunicado difundido este domingo, el grupo parlamentario del PAN expresó que la ciudadanía “merece saber las razones detrás de esta decisión” tomada por el gobierno de Estados Unidos. Enfatizaron que este tipo de situaciones “plantea varias interrogantes sobre la integridad y la ética del ejercicio del poder”.

Para los legisladores panistas, la falta de claridad genera dudas en un momento que califican como “crítico” para la relación entre ambos países. Subrayan que cualquier medida tomada por autoridades extranjeras contra funcionarios públicos mexicanos debe esclarecerse de inmediato para evitar sospechas o deterioro institucional.

Desde sus redes sociales, la mandataria estatal confirmó que primero su esposo fue notificado de la cancelación consular y que, tiempo después, ella recibió una notificación similar. “Estoy segura y confío plenamente que la situación se va a aclarar satisfactoriamente para ambos”, escribió Marina del Pilar, asegurando además que Carlos Torres “ha actuado siempre con integridad, con entrega y con profundo compromiso por Baja California”.

En paralelo, Carlos Torres también compartió su versión de los hechos. Consideró que se trata de un procedimiento administrativo que “no representa acusación, investigación ni señalamiento formal por parte de autoridad alguna, ni en México ni en Estados Unidos”. Añadió que se trata de una situación cada vez más común en el contexto consular actual, y que su caso no es una excepción.

A pesar de estas declaraciones, la presión política no cede. El PAN insiste en que la gobernadora debe romper el silencio institucional, alegando que el pueblo de Baja California tiene derecho a saber si esta situación afecta directa o indirectamente su capacidad de gobierno.

Mientras tanto, el tema se perfila como uno de los más sensibles en el entorno político inmediato, y crece la expectativa sobre los posibles efectos de esta revocación, tanto en el plano personal como en la administración estatal. En medio de las declaraciones, la exigencia por mayor claridad no se detiene.

La Fiscalía General de la República (FGR) ha dado un nuevo paso legal contra Silvano Aureoles Conejo, al solicitar la revocación de la suspensión provisional que impide su detención. Esta medida fue concedida por el Juzgado Décimo Primero de Distrito en Materia Penal, pero ahora la FGR considera que dicha protección es improcedente.

En el expediente 348/2025, se indica que fue el Fiscal Especial de Delitos por Hechos de Corrupción Diversos quien presentó el incidente de revocación. La Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción fundamenta esta acción con base en presuntas irregularidades en la decisión judicial que inicialmente favoreció al exgobernador de Michoacán.

Silvano Aureoles enfrenta acusaciones por peculado, ejercicio indebido del servicio público, asociación delictuosa y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Estas imputaciones están ligadas a la adquisición de cuarteles para la Guardia Civil en Michoacán, proyecto que presuntamente implicó el desvío de recursos públicos.

La situación legal del exmandatario se vuelve más tensa tras la reciente vinculación a proceso de cuatro exfuncionarios estatales, quienes fueron señalados como responsables en el mismo caso. La resolución fue emitida el 7 de marzo por Patricia Sánchez Nava, jueza especializada en el Sistema Penal Acusatorio, al término de una extensa audiencia que se prolongó por más de 21 horas.

La FGR sostiene que la compra de cuarteles involucró una operación financiera irregular por más de 4 mil millones de pesos, monto que ha captado la atención tanto de autoridades federales como de la opinión pública. Las investigaciones continúan abiertas y se prevé que se sigan acumulando elementos en el expediente.

El proceso legal sigue su curso, y el próximo 4 de junio está programada una audiencia clave en el Centro de Justicia Penal Federal en la Ciudad de México, con sede en el Reclusorio Oriente. En esta sesión se espera que se determinen nuevos pasos para las partes implicadas, lo que podría influir directamente en el estatus legal de Aureoles Conejo.

La revocación de la suspensión sería un movimiento determinante, al abrir la puerta para una eventual acción directa de la FGR. Por ahora, el caso se mantiene en desarrollo, mientras las autoridades refuerzan su postura frente a un tema que ha escalado a nivel nacional.