La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó irregularidades por 66 millones 563 mil pesos en el ejercicio de recursos del Instituto Nacional Electoral (INE), relacionadas con materiales, suministros y servicios generales utilizados durante el Proceso Electoral 2023-2024 y en los comicios extraordinarios del Poder Judicial.

La observación forma parte de la revisión de la Cuenta Pública 2024, en la que el órgano fiscalizador examinó cuatro partidas presupuestales vinculadas con los capítulos de Materiales y Suministros, así como de Servicios Generales. Como resultado, determinó que el instituto deberá aclarar el uso y comprobación de los recursos señalados.

En el análisis del Proceso Electoral 2023-2024, la ASF identificó pagos por 63.2 millones de pesos por concepto de impresión, producción y distribución de materiales de simulacro destinados a la capacitación electoral. Sin embargo, el informe advierte que no se integró documentación completa que acredite la prestación efectiva del servicio contratado.

En lo que respecta al Proceso de Elección Extraordinaria del Poder Judicial 2024-2025, el ente auditor reportó la falta de documentos que respalden la recepción, uso y destino de materiales didácticos por un monto de un millón 70 mil pesos. Esta observación se suma a otras inconsistencias detectadas en la comprobación del gasto.

Asimismo, la ASF señaló que no se acreditó el uso adecuado de vehículos arrendados para fines distintos a los autorizados, por los cuales se erogaron 2 millones 250 mil 700 pesos. El órgano fiscalizador indicó que no se presentó evidencia suficiente para justificar el destino de dichas unidades.

En el mismo informe, la Auditoría reportó que el INE pagó 793.9 millones de pesos por boletas y materiales didácticos y de simulacro correspondientes al proceso extraordinario del Poder Judicial 2024-2025. Aunque en la documentación se asentó que estos insumos fueron recibidos en tiempo y forma en 2024, el reporte indica que su producción, suministro y entrega se realizó hasta 2025.

Las observaciones emitidas implican que el instituto deberá presentar la información y documentación necesaria para solventar los señalamientos y comprobar el ejercicio de los recursos públicos en los rubros revisados.

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció la realización de un censo nacional de damnificados en los cinco estados más afectados por las intensas lluvias que han azotado al país en los últimos días. La medida busca apoyar directamente a las familias que han sufrido pérdidas humanas y materiales en Veracruz, Hidalgo, Puebla, Querétaro y San Luis Potosí.

Durante su mensaje, Sheinbaum informó que este conteo iniciará una vez que concluya la etapa de emergencia y que la prioridad inmediata de su gobierno es garantizar la seguridad y atención de la población afectada. “Una vez que se atienda la emergencia, iniciarán los censos para el apoyo a la población, a nadie dejaremos desamparado; atendemos a las familias que perdieron a un ser querido”, señaló.

La presidenta adelantó que este viernes sostendrá una reunión virtual con integrantes del Consejo Nacional de Protección Civil para evaluar los avances en la atención de las comunidades impactadas por las lluvias. En la sesión participarán autoridades federales y estatales con el objetivo de coordinar las acciones de rescate, asistencia médica y reconstrucción.

Sheinbaum aseguró que su administración no solo se concentrará en atender los daños actuales, sino también en fortalecer medidas preventivas ante la tormenta tropical “Raymond”, que se desarrolla en el Pacífico y podría intensificar las condiciones meteorológicas en el país durante los próximos días.

Las lluvias torrenciales han provocado severas afectaciones en infraestructura, viviendas y servicios públicos en las cinco entidades. Hasta el momento, las autoridades reportan al menos 37 personas fallecidas a consecuencia de los deslaves, inundaciones y derrumbes provocados por las precipitaciones, aunque el número podría aumentar conforme avancen las labores de rescate y localización.

En los estados más afectados, se han habilitado albergues temporales que ofrecen atención médica, alimentación y refugio seguro para quienes perdieron sus hogares o se encuentran en zonas de riesgo. Los gobiernos locales, con apoyo del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, continúan desplegando operativos de apoyo en comunidades incomunicadas y zonas rurales.

Veracruz se mantiene como una de las entidades con mayores daños estructurales, particularmente en el municipio de Poza Rica, donde las inundaciones arrasaron viviendas, escuelas y vialidades. Sin embargo, el mayor número de víctimas mortales se concentra en Hidalgo, que ha confirmado 22 fallecimientos y múltiples afectaciones en su red carretera y servicios básicos.

En Puebla, Querétaro y San Luis Potosí, las lluvias han dejado cientos de familias desplazadas, cortes de energía eléctrica y daños en caminos rurales, lo que ha dificultado la llegada de ayuda humanitaria.

El gobierno federal trabaja en conjunto con las autoridades estatales para estabilizar la situación y preparar el inicio del censo, que permitirá cuantificar los daños, identificar a los damnificados y canalizar los apoyos económicos y materiales de manera directa en cada una de las zonas afectadas.

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, anunció este miércoles una nueva medida ambiental que transformará la forma en que los capitalinos separan sus desechos.

A partir del 1 de enero de 2026, la basura deberá clasificarse en tres categorías: orgánica, inorgánica reciclable e inorgánica no reciclable, con el objetivo de fortalecer el manejo responsable de los residuos y fomentar el aprovechamiento sustentable de los materiales.

El Gobierno de la Ciudad de México detalló que la medida estará acompañada de una campaña informativa dirigida a la población para explicar los cambios y promover la correcta separación desde los hogares, comercios y espacios públicos.

La nueva clasificación considera dentro de los residuos orgánicos los restos de verduras, frutas y hortalizas, así como cascarones de huevo, restos de café y té, filtros de papel para café, pan, tortillas, productos lácteos sin recipiente, huesos, aceite de cocina usado, servilletas de papel y heces de animales.

En la categoría de residuos inorgánicos no reciclables se incluyen pañuelos usados, papel de baño, bolsas de frituras, preservativos, toallas sanitarias, curitas, pañales, celofán, calzado, colillas de cigarro y chicle. Estos materiales no pueden ser reincorporados al ciclo productivo y deberán destinarse a sitios de disposición final.

Por su parte, los residuos inorgánicos reciclables comprenderán papel y cartón, plásticos, vidrio, metales, ropa y textiles, madera y envases, materiales que podrán ser aprovechados en procesos de reciclaje industrial.

Brugada destacó que esta nueva estrategia busca fortalecer la infraestructura ambiental de la ciudad, por lo que se destinarán recursos para el desarrollo de plantas de tratamiento de residuos orgánicos, con la meta de alcanzar la producción de 300 mil toneladas de composta. 

Aunque no precisó el monto de inversión, aseguró que el plan forma parte de una política integral para reducir la presión sobre los rellenos sanitarios y aprovechar al máximo los desechos.

La medida representa un cambio estructural en la gestión de residuos sólidos urbanos en la capital del país, que actualmente genera más de 12 mil toneladas diarias de basura, según cifras del propio gobierno local.

Con la entrada en vigor del nuevo sistema, el gobierno capitalino busca reducir el impacto ambiental, mejorar los procesos de reciclaje y compostaje, y avanzar hacia una ciudad más limpia y sostenible mediante la participación activa de los habitantes. La implementación iniciará el 1 de enero de 2026, tras un periodo de preparación y difusión que arrancará en los próximos meses.

El Instituto Nacional Electoral (INE) solicitó formalmente a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FISEL) la apertura de investigaciones por posibles delitos relacionados con la distribución de “acordeones” con instrucciones de voto en el marco de la elección del Poder Judicial. Este tipo de materiales, impresos y sistematizados, se estarían utilizando para influir en el sufragio ciudadano a favor de candidaturas específicas.

Dos denuncias ciudadanas activaron la alerta. La primera se refiere a presuntas acciones de funcionarios públicos en el estado de Nuevo León; la segunda, a hechos ocurridos en la alcaldía Álvaro Obregón, Ciudad de México, donde personas identificadas como Servidores de la Nación habrían participado en la entrega de estos documentos. En ambos casos, los señalados forman parte de estructuras gubernamentales, lo que genera preocupación sobre el uso de recursos públicos y la posible coacción del voto.

La Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral (UTCE) del INE fue la encargada de dar vista a la FISEL, con el objetivo de que se inicien las indagatorias correspondientes. La legislación vigente prohíbe tajantemente la distribución de propaganda electoral que induzca al voto, especialmente si esta proviene de actores vinculados al servicio público.

Desde el Consejo General del INE, las voces de alerta fueron claras. La consejera Claudia Zavala subrayó que las herramientas oficiales como los simuladores de boletas están diseñadas para ayudar al electorado a prepararse, pero advirtió que existe una línea muy clara entre el apoyo informativo y la inducción al voto. “Tiene que revisarse si esto implica alguna inducción o coacción al voto”, indicó.

Por su parte, la consejera Norma Irene De La Cruz señaló que la producción masiva e impresa de estos “acordeones” podría representar un gasto significativo que deberá ser fiscalizado. Advirtió que algunos de los nombres incluidos en las listas niegan haber promovido dicha propaganda, lo que refuerza la necesidad de rastrear su origen y financiamiento.

El INE recalcó que estas denuncias aún están en fase preliminar de investigación interna. Las autoridades competentes buscan establecer con precisión las circunstancias en las que ocurrieron los hechos denunciados, y si existen elementos suficientes para que el caso sea judicializado. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación tendrá la última palabra sobre la validez y consecuencias de estas acciones.

Las investigaciones siguen su curso, mientras el INE mantiene su llamado a la ciudadanía para ejercer un voto libre e informado, en un proceso electoral que se perfila como uno de los más complejos del año.