El coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, anunció el inicio del debate nacional sobre las 20 iniciativas enviadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Estas propuestas abarcan reformas constitucionales al Poder Judicial, electoral, pensiones y salarial. El proceso se inaugura el próximo lunes 19 de este mes con la presentación formal de las iniciativas en San Lázaro.
Mier aseguró que al evento asistirán presidentes y coordinadores de los congresos locales, así como senadores. Además, se llevarán a cabo cinco foros regionales en Durango, San Luis Potosí, Toluca, Puebla y Mérida, así como otros cuatro en la Ciudad de México, dos en el Senado y dos en San Lázaro.
El debate, que se extenderá desde el 19 de este mes hasta el 15 de abril, contará con la participación de los 22 presidentes de comisiones legislativas, quienes agruparán las discusiones en cuatro ejes temáticos: libertad, justicia, democracia y bienestar.
El coordinador de los diputados del PAN, Jorge Romero, también expresó su postura en una conferencia de prensa, indicando que la Cámara debe abordar temas más allá de las iniciativas presidenciales, incluyendo propuestas de otros grupos parlamentarios, como la posible reinstauración del Seguro Popular.
El debate nacional se presenta como un espacio de discusión amplia y plural, donde se espera abordar los principales retos y reformas que enfrenta el país en materia legislativa.
Sergio Kurczyn, director de Estudios Económicos de Citibanamex, alerta sobre la elevada carga fiscal que implicaría buscar una pensión equivalente al 100% del último salario del jubilado. Según Kurczyn, este enfoque podría representar un costo fiscal adicional de 430 mil millones de pesos en 2025, equivalente al 1.3% del PIB, incrementándose rápidamente hasta alcanzar el 2.0% en menos de una década.
El experto argumenta que la propuesta carece de sentido si no se focaliza y justifica a qué trabajadores se pretende beneficiar. Considera excesivo aspirar a una tasa de reemplazo del 100%, especialmente cuando se compara con las prácticas de otros países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), donde la tasa promedio es del 60%. Kurczyn destaca las diferentes necesidades entre personas de la tercera edad y las más jóvenes.
Enfatiza que la magnitud del sector informal en México es el verdadero problema de los sistemas de pensiones, ya que afecta los años de cotización. El trabajador típico, según Kurczyn, solo cotiza la mitad de los años trabajados debido a la informalidad.
Kurczyn aboga por una visión más equilibrada del gasto social y un enfoque para abordar la existencia del sector informal y la movilidad de los trabajadores entre formalidad e informalidad. Reconoce la eficacia de la pensión mínima garantizada y la pensión universal en enfrentar las bajas tasas de reemplazo de la reforma de 1997.
El experto destaca que aumentar la pensión universal y las tasas de reemplazo para personas con pocos años de cotización implica sacrificios en otros usos del dinero. Además, advierte que estas acciones desincentivarían la formalización laboral. Sobre la atención pública, Kurczyn critica la falta de equilibrio del gobierno actual, centrándose excesivamente en las necesidades de la tercera edad y descuidando las de la niñez.
En cuanto a los criterios de progresividad, Kurczyn señala que la pensión universal abarca a personas de diversos niveles socioeconómicos. Sugiere que entregar gasto social en efectivo evade el compromiso de proporcionar servicios básicos a la población con mayores necesidades.
