Norma Lucía Piña Hernández presentó su último informe como ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), cerrando así una etapa de dos años y ocho meses al frente del máximo tribunal del país. En su mensaje final destacó que, durante su gestión, la Corte ejerció los recursos públicos con estricto apego a la ley, priorizando la disciplina presupuestaria, la transparencia, la eficiencia y la austeridad, lo que permitió generar ahorros anuales al operar con un gasto menor al autorizado.

Uno de los ejes centrales de su informe fue la transferencia de recursos derivada de la reforma judicial de 2024, que establece la entrada en funciones de nuevos órganos del Poder Judicial de la Federación a partir del 1 de septiembre de 2025.

Piña subrayó que el grupo de trabajo encargado de la transición mantuvo informado al Tribunal Pleno y a la Comisión de Transición en cinco momentos clave, asegurando un proceso ordenado en lo material, humano, presupuestal y financiero.

La ministra también resaltó avances inéditos en el levantamiento de inventarios de bienes muebles bajo metodologías actualizadas, conciliados con la contabilidad institucional. Este ejercicio, dijo, aportará certeza y precisión en el proceso de entrega de recursos previsto en la reforma, además de constituir un ejemplo de administración eficiente apoyada en personal capacitado y tecnologías avanzadas.

En una sesión solemne marcada por ausencias significativas —como las ministras Yasmín Esquivel y Lenia Batres, así como el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena— Piña sostuvo que, pese al asedio, las calumnias y la desinformación, la Corte respondió siempre con sentencias y no con estridencias. “No apelamos nunca a la confrontación, apelamos a la razón, al diálogo y al derecho”, afirmó, al tiempo que recalcó que la Judicatura trabajó sin descanso en un entorno de adversidad sin precedentes.

El informe también estuvo acompañado de las intervenciones de los presidentes de la Primera y Segunda Sala. Loretta Ortiz Ahfl enfatizó que “la historia se escribe con cada decisión que tomamos, aquí y ahora”, mientras que Javier Laynez Potisek presentó cifras de productividad, señalando que solo quedaron 47 asuntos pendientes de resolución, la mayoría en la ponencia de la ministra Lenia Batres.

Entre los asistentes destacaron ex presidentes de la Corte como Guillermo Ortiz Mayagoitia y Luis María Aguilar Morales, así como la ministra en retiro Margarita Luna Ramos y Eduardo Medina Mora. También estuvieron presentes consejeros de la Judicatura Federal cercanos a Piña y representantes de la Asociación de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito, organización que se opuso a la reforma judicial.

El acto representó el cierre de una era de 30 años iniciada con la reforma de 1995 impulsada por Ernesto Zedillo, y el inicio de una nueva etapa en la que, por primera vez, los jueces, magistrados y ministros serán electos por voto popular, tras la reforma aprobada en septiembre de 2024.

Más allá del balance administrativo, la trayectoria de Piña en la Corte ha estado marcada por un compromiso con los derechos humanos, la equidad de género y la defensa del Estado laico. Formó parte de la mayoría que en 2021 declaró inconstitucional la penalización absoluta del aborto, destacando que obligar a una mujer a continuar un embarazo vulnera sus derechos fundamentales. En ese mismo fallo enfatizó la necesidad de reconocer la pluralidad de creencias y garantizar condiciones dignas para la interrupción legal del embarazo.

Su independencia también se reflejó en su voto contra la Ley de la Industria Eléctrica, por considerarla contraria a los principios constitucionales, y en proyectos pioneros como el que permitió la explotación legal de la fibra de cannabis con fines industriales, sentando un precedente económico y regulatorio.

En casos mediáticos, defendió la igualdad de género, como en el amparo relacionado con expresiones discriminatorias contra la periodista Flor Rubio.

Otro episodio destacado fue su negativa a otorgar un amparo al juez Efraín Cázares López, involucrado en el “Michoacanazo”, reafirmando su postura de fortalecer la rendición de cuentas en el Poder Judicial.

Al concluir su gestión, Piña enfatizó que la misión de la Suprema Corte y los derechos que protege la Constitución permanecen vigentes, y que el rumbo del país debe construirse con trabajo conjunto y con apego al proyecto nacional plasmado en la Carta Magna. Con su salida, inicia un capítulo inédito en la vida judicial mexicana bajo el esquema de elección popular de sus integrantes.

Lenia Batres Guadarrama, actual ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), ha emprendido una intensa agenda de viajes por México en los meses previos a la elección judicial del 1 de junio. Lo llamativo no ha sido solo su presencia en diversos foros y eventos, sino el uso de recursos públicos asignados por el Poder Judicial para costear estas actividades, en las que su imagen ha tomado protagonismo.

De octubre de 2024 a febrero de 2025, Batres realizó un total de 15 viajes a diferentes estados del país. Los registros disponibles revelan que estos traslados fueron justificados ante la Corte como “invitaciones académicas”. Sin embargo, en dichos encuentros se dedicó a promover la reforma judicial y la propuesta de elección popular de jueces, magistrados y ministros, temas que coinciden directamente con su agenda de campaña para continuar en el máximo tribunal.

Los datos revisados por Latinus detallan que el costo total de estas giras fue de 210 mil pesos. De ese monto, 112 mil pesos fueron utilizados para los viáticos de la ministra, mientras que los restantes 98 mil se destinaron a vuelos de su asesor, Eduardo Murillo Torres, quien la acompañó en parte de los recorridos.

Esta situación ha generado contrastes con otras ministras en funciones. Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz, quienes también han participado en eventos relacionados con la reforma judicial, no reportaron comisiones oficiales ni gastos financiados por la Corte durante el mismo periodo. A pesar de tener presencia en actos públicos similares, ambas ministras evitaron el uso de recursos institucionales, lo que ha despertado cuestionamientos sobre el criterio empleado por Batres para justificar sus salidas.

La estrategia de la ministra no ha pasado desapercibida, ya que su mensaje ha coincidido con una narrativa que apoya la transformación del sistema judicial a través del voto ciudadano, una propuesta impulsada desde el Ejecutivo. En cada una de sus intervenciones, la figura de Batres ha estado presente como promotora de la reforma, en un momento clave previo a la elección que definirá la renovación de múltiples cargos en el Poder Judicial.

Mientras se mantiene en curso su intento por permanecer en la SCJN, la utilización de recursos públicos para actividades que refuerzan su presencia política sigue generando atención. La línea entre el ejercicio institucional y la promoción personal ha vuelto a ponerse bajo la lupa en un contexto donde la imparcialidad judicial es uno de los valores más exigidos por la ciudadanía.

Durante el banderazo de arranque para las obras de infraestructura de carga del Tren Maya en Progreso, Yucatán, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, envió un mensaje firme: el Fondo Monetario Internacional (FMI) no ha comprendido que la Cuarta Transformación ya es una realidad en el país.

En un discurso lleno de convicción, la mandataria desestimó las recientes proyecciones del organismo internacional, que anticiparon una contracción del Producto Interno Bruto (PIB) mexicano del 0.3 por ciento, cifra que representa 1.7 puntos porcentuales menos en comparación con estimaciones previas. Con palabras claras, Sheinbaum declaró: “Hace unos días salió un reporte del Fondo Monetario Internacional y dicen que México se va a endeudar, esa es su visión. Pues es que no entendieron que en México llegó la Cuarta Transformación, que aquí se acabó la corrupción, se acabaron los privilegios y el recurso del pueblo se le regresa al pueblo de México”.

Desde uno de los proyectos estratégicos del sureste, la titular del Ejecutivo subrayó que el nuevo modelo económico impulsa un cambio profundo. Con la visión de un Estado que prioriza a los más necesitados, Sheinbaum explicó que los recursos públicos se traducen en acceso a derechos fundamentales como la salud, la educación y la vivienda.

Con entusiasmo, la presidenta reafirmó un principio que guía la actual administración: “Es el principio de la prosperidad compartida. Cambió el modelo. Antes se pensaba que dándole solo a los de arriba, algún día iba a llegar abajo. Y ahora es todo lo contrario, se riega la economía desde abajo como una planta para que crezca, para que florezca”.

La postura de Sheinbaum resalta el enfoque renovado del gobierno federal, centrado en devolver los recursos a la ciudadanía y construir una economía donde el bienestar colectivo es el motor del desarrollo. La Cuarta Transformación se proyecta así no solo como un lema político, sino como un nuevo camino económico que busca dejar atrás viejas prácticas de privilegios y corrupción.

En un contexto de grandes proyectos de infraestructura como el Tren Maya, la presidenta dejó claro que México avanza con paso propio, apostando por un crecimiento inclusivo y una transformación de fondo, en donde la prosperidad se siembra desde las raíces mismas de la sociedad.

El escenario político nacional suma una nueva batalla legal. Gobernadores, legisladores, candidatas a la Suprema Corte y el propio partido Morena han iniciado una ola de impugnaciones en contra del acuerdo del Instituto Nacional Electoral (INE) que restringe el uso de recursos públicos para promover la elección judicial. A la fecha, más de 40 juicios se encuentran ya en manos del magistrado Felipe de la Mata Pizaña, quien será el encargado de presentar el proyecto que resolverá este conflicto jurídico.

Las primeras demandas llegaron desde los estados gobernados por Morena. Delfina Gómez, mandataria del Estado de México, presentó dos impugnaciones; Layda Sansores, desde Campeche, y Salomón Jara, en Oaxaca, también formalizaron su inconformidad. En cada caso, los argumentos coinciden: el acuerdo del INE limitaría el derecho ciudadano a estar informado sobre un proceso considerado histórico, como lo es la elección de integrantes del Poder Judicial de la Federación.

A esta ofensiva legal se sumaron las impugnaciones del Senado, la Cámara de Diputados, la dirigencia nacional de Morena y la presidenta Claudia Sheinbaum. Aunque el acuerdo prohíbe expresamente que partidos políticos participen en la promoción del proceso, el partido oficialista optó por involucrarse directamente, alegando que no busca apoyar a candidaturas específicas, sino únicamente fomentar la participación democrática.

El artículo 506 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, promovida por el propio bloque oficialista, establece que está prohibido el uso de recursos públicos para la propaganda electoral relacionada con la elección judicial, según lo dictado en el artículo 134 de la Constitución. No obstante, las impugnaciones giran en torno a la interpretación de dicha norma: los inconformes sostienen que esta restricción sólo aplica cuando se busca influir en favor o en contra de alguna candidatura.

Desde esta perspectiva, diversos actores políticos insisten en que su intención no es interferir en la contienda, sino cumplir con el deber institucional de motivar la participación ciudadana en una jornada que consideran trascendental para el fortalecimiento democrático del país.

Las ministras Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz, aspirantes a conservar sus lugares en la Suprema Corte de Justicia, también presentaron impugnaciones. En sus argumentos, califican el acuerdo del INE como “irrazonable” y “contradictorio”, al limitar la difusión del proceso justo cuando ellas, como candidatas, requieren visibilidad para que la ciudadanía conozca sus perfiles.

Por su parte, el INE reafirmó que la promoción del voto es competencia exclusiva de la autoridad electoral, garantizando imparcialidad y equidad en la contienda. Enfatizó que ninguna institución pública o figura de poder puede intervenir en estas actividades, salvo mediante convenios que estén bajo control directo del Instituto.

Ahora, todo queda en manos del Tribunal Electoral. La Sala Superior deberá decidir si valida o revoca el acuerdo del INE, en una resolución que podría marcar un nuevo precedente en la relación entre los poderes del Estado y el árbitro electoral.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció la renuncia de Rogelio Ramírez de la O a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y designó a Edgar Amador Zamora como su reemplazo. La mandataria informó sobre este cambio a través de redes sociales, donde también comunicó que Ramírez de la O continuará colaborando con su gobierno como asesor económico internacional.

En su mensaje, Sheinbaum reconoció la labor de Ramírez de la O al frente de la SHCP y destacó su papel en la estabilidad macroeconómica del país. Explicó que, aunque inicialmente se había acordado su permanencia hasta diciembre, extendió su gestión hasta febrero para garantizar la continuidad en las políticas fiscales y financieras.

Ramírez de la O expresó su gratitud por haber sido parte del gabinete de Sheinbaum, señalando que su salida responde a compromisos familiares fuera del país. Resaltó la importancia de haber priorizado el apoyo a la población más vulnerable en el presupuesto de 2025 y haber trabajado en la estabilidad de la deuda pública en un contexto de incertidumbre económica global.

Edgar Amador Zamora, el nuevo secretario de Hacienda, es economista por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y cuenta con experiencia en el sector financiero. Ha sido asesor en el Banco de México y ocupó diversos cargos en el gobierno de la Ciudad de México, entre ellos director general de Administración Financiera y director de la empresa paraestatal Calidad de Vida, Progreso y Desarrollo para la Ciudad de México.

Al asumir el cargo, Amador Zamora reafirmó su compromiso con la estabilidad económica del país. Destacó la importancia de mantener la solidez fiscal y financiera para impulsar el crecimiento económico y garantizar la estabilidad del peso mexicano. Su gestión se centrará en consolidar las bases establecidas en el paquete fiscal de 2025 y fortalecer la economía nacional.

Con este cambio, el gobierno de Claudia Sheinbaum busca asegurar la continuidad en la política económica y fortalecer la estabilidad financiera del país en un contexto de retos globales. La incorporación de Amador Zamora a la SHCP refuerza el compromiso del gobierno con un crecimiento económico sustentado en bases sólidas y una adecuada administración de los recursos públicos.