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La Cámara de Diputados definió al nuevo titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) tras un proceso legislativo que culminó durante la madrugada de este martes con la votación del pleno. Luego de la revisión de perfiles y la integración de una terna final, los legisladores eligieron con 472 votos a favor a Aureliano Hernández Palacios Cardel como responsable del órgano encargado de fiscalizar el uso de los recursos públicos federales durante el periodo 2026-2034.

El proceso comenzó previamente en la Comisión de Vigilancia de la ASF, instancia que evaluó a los aspirantes y seleccionó a los tres perfiles mejor calificados para enviar la propuesta final a la Mesa Directiva y a la Junta de Coordinación Política. La terna quedó integrada por Aureliano Hernández Palacios Cardel, Elizabeth Barba Villafán y Luis Miguel Martínez Anzures.

Con esa propuesta, el pleno de la Cámara de Diputados inició el procedimiento formal de elección. Durante la sesión legislativa, la presidenta de la Cámara, Kenia López Rabadán, dio inicio al proceso de votación a las 2:25 de la madrugada mediante el sistema de cédula.

Los legisladores se formaron a un costado del salón de sesiones para emitir su voto individual, el cual fue depositado en una urna transparente instalada en el recinto parlamentario. Uno a uno, los diputados acudieron a registrar su decisión mientras se desarrollaba el conteo correspondiente.

Durante la jornada de votación también se realizaron gestiones políticas dentro del recinto legislativo. El cabildeo de los secretarios de los distintos grupos parlamentarios fue encabezado por Javier Herrera Borunda, presidente de la Comisión de Vigilancia de la ASF, quien operó el respaldo en favor de Hernández Palacios.

Al concluir el escrutinio, la Mesa Directiva informó el resultado final de la elección. Aureliano Hernández Palacios Cardel obtuvo 472 votos, cifra que superó ampliamente la mayoría calificada requerida de dos terceras partes de los legisladores presentes.

En la misma votación, Luis Miguel Martínez Anzures obtuvo seis sufragios, mientras que Elizabeth Barba Villafán, funcionaria de la Fiscalía General de la República y única mujer de la terna, recibió menos votos. También se registraron dos votos nulos durante el proceso.

Tras confirmar el resultado, la presidencia de la Cámara de Diputados anunció que Hernández Palacios asumirá el cargo a partir del 15 de marzo, fecha en la que iniciará formalmente su gestión al frente de la Auditoría Superior de la Federación.

El nuevo titular sustituirá a David Colmenares, quien concluye su periodo de ocho años al frente del órgano fiscalizador. Posteriormente, la Mesa Directiva designó una comisión de legisladores encargada de acompañar al funcionario electo para rendir protesta ante el pleno.

Aureliano Hernández Palacios Cardel es economista y es hijo de Fernando Aureliano Hernández Palacios Mirón, quien fue secretario particular de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, durante su etapa como jefa de Gobierno de la Ciudad de México a partir de enero de 2022.

Con esta votación, la Cámara de Diputados definió al funcionario que encabezará la Auditoría Superior de la Federación durante los próximos ocho años, organismo responsable de revisar las cuentas públicas y supervisar el ejercicio del gasto federal.

El partido Morena comenzó a trazar la ruta interna con miras a las elecciones intermedias de 2027. Durante su VII Consejo Nacional se acordó que en junio serán seleccionados los perfiles que encabezarán la estructura política en las entidades donde habrá renovación de gubernaturas, figuras que internamente serán denominadas “coordinadores estatales”.

La decisión busca ajustarse a los tiempos electorales establecidos por el Instituto Nacional Electoral, por lo que estos nombramientos funcionarán como una etapa previa de organización territorial y electoral dentro del partido.

Jesús Ramírez Cuevas confirmó que estos coordinadores tendrán la tarea de supervisar la estructura política en los estados donde se celebrarán comicios, además de unificar el trabajo territorial rumbo a la contienda.

La selección de los perfiles se realizará bajo el mecanismo que Morena ha utilizado en distintos procesos internos: la definición a través de encuestas. Ramírez Cuevas indicó que este método será aplicado para determinar quién encabezará las coordinaciones estatales en los estados que renovarán gubernatura.

Durante la reunión partidista también se planteó que el proceso se lleve a cabo bajo un esquema de “piso parejo” para todos los aspirantes. De acuerdo con lo expuesto en el Consejo Nacional, se habilitarán espacios de interlocución para escuchar a quienes busquen participar en el proceso interno.

Entre los acuerdos también se establecieron lineamientos para evitar conflictos durante la etapa previa al proceso interno. Morena llamó a sus aspirantes a no anticipar campañas ni recurrir a estrategias de promoción fuera de las reglas partidistas.

Las disposiciones incluyen no contratar espectaculares, evitar el uso de recursos para publicidad en redes sociales o espacios en medios de comunicación y respetar los tiempos y convocatorias que establezca el partido.

Asimismo, se acordó la creación de un órgano encargado de supervisar y revisar las nuevas solicitudes de militancia. Este mecanismo tendrá la función de verificar que quienes busquen integrarse al partido compartan los principios, estatutos y objetivos del movimiento.

Las definiciones forman parte de la preparación rumbo a la jornada electoral del 6 de junio de 2027, cuando se renovarán 500 diputaciones federales, además de 17 gubernaturas. Entre estas se encuentran los estados de Aguascalientes y Quintana Roo, cuyos gobiernos estatales fueron elegidos en 2022 por un periodo único de cinco años para alinearse con el calendario de elecciones intermedias federales.

En esa misma jornada también estarán en disputa 30 congresos locales y las alcaldías de 30 entidades, lo que representa más de 20 mil cargos públicos que se definirán en uno de los procesos electorales más amplios del país.

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó los lineamientos que regirán la campaña electoral para la elección del Poder Judicial de la Federación, estableciendo criterios que garantizan equidad, orden y transparencia en el proceso.

Con la contienda a punto de iniciar, se definieron restricciones clave para los candidatos: queda prohibido el uso de templetes, sonido profesional y carpas en eventos públicos. Tampoco podrá utilizarse perifoneo. La consejera Carla Humphrey precisó que las reuniones en espacios abiertos están permitidas siempre que sean “no onerosas, sin erogaciones ni montajes“. Como únicos medios autorizados para amplificar la voz, se podrán emplear megáfonos y bocinas no profesionales.

Las y los aspirantes tendrán acceso a foros, universidades, podcasts y mesas de diálogo, siempre que no implique un costo adicional para la candidatura. Además, se permitirá la creación de canales en YouTube, páginas web y perfiles en redes sociales, aunque sin opción de pagar por publicidad o aumentar su alcance mediante pauta digital.

El uso de propaganda impresa estará limitado a materiales en papel biodegradable. Se autoriza que los candidatos porten camisas o prendas con su nombre, pero queda prohibido uniformar a los equipos de apoyo. No se podrán rotular vehículos ni bardas, y la instalación de espectaculares y propaganda utilitaria también queda fuera de los lineamientos permitidos.

En materia de seguridad, la consejera del INE indicó que “los vehículos blindados y el personal de seguridad podrán ser utilizados atendiendo las problemáticas en materia de seguridad que aquejan a nuestro país”. Cualquier candidato que decida contar con un equipo de seguridad deberá informar a la unidad del cargo que ocupa actualmente.

El objetivo de estas disposiciones es claro: proteger el principio de equidad en la contienda y asegurar el correcto uso de los recursos. “El INE no solo regula y fiscaliza, sino que acompaña”, destacó la consejera Humphrey.

El instituto reafirma su compromiso con una elección ordenada, legal y transparente, en la que la confianza ciudadana sea el pilar fundamental del proceso.