Crisis de salud mental en México exige respuesta anticipada, advierte diputada del PAN

La falta de atención oportuna a los trastornos mentales en México está generando consecuencias graves, alertó la diputada del Partido Acción Nacional (PAN), Liliana Ortiz Pérez, quien subrayó la urgencia de cambiar el enfoque institucional hacia la prevención.

Durante una conferencia de prensa, la legisladora sostuvo que el país enfrenta un problema creciente que, en muchos casos, no recibe atención a tiempo. “Hay una crisis silenciosa de salud mental que no podemos ignorar porque estamos llegando tarde”, afirmó.

Ortiz Pérez respaldó su señalamiento con datos preocupantes: “Uno de cada cuatro personas se enfrenta a un trastorno mental a lo largo de su vida y más del 60% no recibe ni recibirá atención alguna y el suicidio se ha convertido en una de las principales causas de muerte entre nuestras jóvenes y nuestros jóvenes y lo más grave, seguimos llegando tarde, cuando la crisis ya estalló”.

Como referencia reciente, mencionó lo ocurrido esta semana en la zona arqueológica de Teotihuacán, hecho que calificó como un “ejemplo desafortunado”. La diputada expresó condolencias a las víctimas, sus familias y a la madre del joven involucrado.

“Un joven que atravesaba una crisis emocional profunda en un espacio público y la respuesta evidenció algo que no podemos ignorar, no estamos preparados para prevenir, contener ni atender de manera oportuna estas situaciones”, señaló.

Aclaró que el caso no debe interpretarse como un hecho aislado, sino como parte de una problemática más amplia. “No se trata de señalar un caso en particular, se trata de reconocer un patrón, estamos reaccionando cuando el problema ya es visible, cuando ya es urgente, cuando ya duele profundamente”, indicó.

En ese sentido, advirtió que la falta de intervención temprana tiene efectos acumulativos: “Eso tiene consecuencias porque detrás de cada crisis no atendida a tiempo hay una historia de silencio, de falta de acompañamiento y de ausencia institucional”.

La legisladora enfatizó la necesidad de construir un sistema que actúe antes de que las crisis escalen. “La salud mental no puede seguir dependiendo de la casualidad, de la buena voluntad o de la reacción de último momento, necesitamos un sistema que llegue antes, que detecte a tiempo y que acompañe de forma permanente”, sostuvo.

Asimismo, destacó que ha impulsado iniciativas orientadas a fortalecer la atención en este ámbito, incorporar la inteligencia emocional en la educación y atender fenómenos emergentes como la soledad no deseada.

Finalmente, reconoció el trabajo de la organización Feelink y de sus fundadores, Martín Espinosa y Blanca Adán, por la realización del Congreso Internacional de Psicología y Psicoterapia, programado para el 25 y 26 de abril en la Ciudad de México, como un espacio de colaboración entre distintos sectores.

Palacio Nacional abre debate económico tras señales de ruptura comercial de Trump con el T-MEC

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, sostuvo una reunión con economistas y miembros de su gabinete en Palacio Nacional, en un encuentro enfocado en analizar la situación y la capacidad económica del país. La reunión se realizó pocos días después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declarara públicamente que su país no necesita el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), lo que colocó el contexto económico regional en el centro de la atención.

A través de sus redes sociales, la mandataria informó que el diálogo giró en torno al crecimiento y la fortaleza de la economía mexicana. “En Palacio Nacional, nos reunimos con economistas para conversar sobre el crecimiento y la fortaleza económica de México con visión de bienestar, prosperidad compartida y justicia social”, señaló Sheinbaum, sin ofrecer mayores detalles sobre los temas específicos abordados ni sobre posibles definiciones derivadas del encuentro.

En la reunión participaron el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, así como el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente. También asistieron los economistas Gabriela Dutrénit Bielous, Gerardo Esquivel Hernández, Lorena Rodríguez León, Mariana Rangel Padilla, Juan Carlos Moreno Brid, Héctor Villarreal Páez, Fausto Hernández Trillo y Ana María Aguilar Argáez, todos ellos con trayectoria en el análisis económico y en el diseño de políticas públicas.

Hasta el momento, el gobierno federal no ha dado a conocer información adicional sobre los acuerdos, diagnósticos o líneas de trabajo que pudieron discutirse durante la reunión. No obstante, el encuentro ocurre en un contexto internacional marcado por recientes declaraciones del presidente estadounidense sobre el futuro del acuerdo comercial trilateral.

Donald Trump afirmó que Estados Unidos no obtiene beneficios reales del T-MEC y lo calificó como “irrelevante”. Durante un recorrido por una planta de Ford Motor en Dearborn, Michigan, señaló que Canadá tiene interés en mantener el tratado y que lo necesita, al recordar que en los próximos meses el acuerdo “expirará”, en referencia a los mecanismos de revisión establecidos.

En ese mismo contexto, Trump sostuvo que su país no requiere productos manufacturados en Canadá ni en México, particularmente en el sector automotriz. “No necesitamos coches fabricados en Canadá. No necesitamos coches fabricados en México. Queremos traerlos aquí”, expresó, al referirse a la intención de fortalecer la producción interna en Estados Unidos.

El mandatario estadounidense también recordó acuerdos previos con Japón, al señalar que ese país “pagó miles de millones de dólares por el privilegio de hacer automóviles aquí y vender vehículos”, en alusión a esquemas de inversión y producción en territorio estadounidense.

La reunión encabezada por Sheinbaum se da así en un momento clave para la relación económica regional, aunque por ahora el contenido específico del diálogo sostenido en Palacio Nacional permanece reservado.

Senado impulsa revisión nacional de leyes para castigar el acoso y la violencia contra mujeres

Tras el reciente incidente de acoso físico a la presidenta Claudia Sheinbaum, legisladoras de diferentes partidos políticos anunciaron un trabajo conjunto para revisar los códigos penales de todo el país. 

El objetivo es homologar las sanciones por acoso, abuso y violencia sexual, y garantizar que estos delitos se castiguen de la misma manera en todas las entidades federativas. La iniciativa busca cerrar brechas legales y asegurar que ninguna agresión quede impune por diferencias en las leyes estatales.

El anuncio se realizó en el Senado de la República, encabezado por la presidenta de la Mesa Directiva, Laura Itzel Castillo, y la titular de la Comisión para la Igualdad de Género, Martha Lucía Mícher. Junto a ellas participaron legisladoras de Morena, PT, PVEM, Movimiento Ciudadano y PRI, en una muestra de respaldo multipartidista ante un problema que atraviesa todos los sectores sociales. 

La propuesta se centrará en actualizar las definiciones de acoso y abuso sexual, así como en armonizar las penas para quienes cometan este tipo de agresiones.

El proyecto contempla una revisión exhaustiva del Código Penal Federal y de las legislaciones locales. Con ello, se pretende establecer criterios claros para determinar cuándo una conducta constituye acoso, violencia o abuso, y asegurar que las autoridades de todos los estados actúen con la misma firmeza al sancionar. Además, se buscará que el acoso físico y sexual sea considerado delito grave en todo el territorio nacional.

Las senadoras plantearon que este proceso legislativo no se limita únicamente al ámbito penal, sino que también requiere revisar las políticas públicas, la educación institucional y los comportamientos sociales que siguen normalizando la violencia de género. La meta es fortalecer el marco legal y al mismo tiempo impulsar una transformación cultural que garantice la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres.

Como parte del plan de acción, el Senado convocará a las comisiones de igualdad de los congresos estatales para revisar sus agendas legislativas y coordinar esfuerzos que permitan prevenir, atender y sancionar todas las formas de violencia contra las mujeres. Asimismo, se promoverán campañas de información sobre los derechos de las mujeres y programas de capacitación para funcionarios públicos en materia de género.

Esta revisión nacional busca establecer un sistema de justicia más equitativo y con reglas uniformes, donde las víctimas de acoso o violencia encuentren protección efectiva sin importar el estado en el que se encuentren. Con ello, el Senado refuerza el compromiso de avanzar hacia un país donde la seguridad y la integridad de las mujeres sean prioridad en todas las instituciones.

Aumentan Sanciones a Servidores Públicos por Incumplimiento en Transparencia y Protección de Datos

De acuerdo al informe del Censo Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales Estatal y Federal (CNTAIPPDPE y CNTAIPPDPF) 2023, publicado por el Inegi, se reporta que en 2022, el INAI y los organismos garantes impusieron 3 mil 843 medidas de apremio a servidores públicos por no cumplir con las determinaciones de estas instituciones. Esto represneta un  aumento del 102.4 por ciento respecto a 2020.

En México, 7 mil 929 sujetos obligados proporcionaron información sobre transparencia y protección de datos personales. El 10.1 por ciento de estos sujetos informaron al INAI, mientras que el 89.9 por ciento lo hicieron a los organismos garantes estatales.

Sin embargo, esto refleja una disminución del 7.4 por ciento en el caso del INAI y un leve aumento del 0.6 por ciento en los OG respecto a 2020.

Las entidades con más sujetos obligados que reportaron información fueron Chihuahua con 982 y Jalisco con 493. Por tipo de sujeto obligado, los municipios o demarcaciones de la Ciudad de México concentraron la mayoría de las medidas de apremio, con un 72.1 por ciento del total.

De acuerdo a las solicitudes de acceso a la información, el INAI recibió 2 mil 416 y los OG, 18 mil 391. La mayor parte de estas solicitudes fue gestionada a través de la Plataforma Nacional de Transparencia.

En cuanto al personal, el INAI contaba con 818 servidores públicos y los OG con mil 794. Las mujeres representaban el 51.5 por ciento del total de empleados. El presupuesto total ejercido en 2022 por estas instituciones fue de 2.3 mil millones de pesos, de los cuales el 43 por ciento correspondió al INAI y el 57 por ciento a los OG.

Finalmente, en los ámbitos federal, estatal y municipal se recibieron 97 mil 444 recursos de revisión, de los cuales se resolvieron 80 mil 43. De estos recursos, el 82.7 por ciento fue admitido, mostrando la importancia de estos organismos para la transparencia y la rendición de cuentas.