La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desechó el amparo promovido por Elba Esther Gordillo y confirmó que la exdirigente magisterial deberá pagar 19 millones 200 mil pesos por concepto de Impuesto Sobre la Renta (ISR), correspondientes a los ejercicios fiscales de 2008 y 2009.

La resolución respalda los créditos determinados por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), al establecer que Gordillo no comprobó las transacciones que originaron la deuda fiscal. En su defensa, la exlideresa argumentó que los movimientos financieros estaban vinculados con sus funciones como presidenta del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), cargo que ocupaba durante los años observados. Sin embargo, el máximo tribunal concluyó que no acreditó debidamente dichas operaciones.

El litigio se remonta a 2021, cuando Gordillo Morales fue notificada por la autoridad hacendaria sobre presuntos adeudos fiscales. A partir de esa notificación, promovió un juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), bajo el argumento de que la determinación del SAT era ilegal y que existía un procedimiento específico para aclarar una posible discrepancia fiscal.

En julio de 2024, la Sala Superior del TFJA confirmó la validez de los cobros exigidos por la autoridad tributaria, al considerar que los créditos fiscales estaban debidamente fundados. Tras ese revés, la exdirigente sindical acudió a la Suprema Corte en busca de amparo, recurso que finalmente fue desechado.

El proyecto para rechazar la solicitud fue elaborado por la ministra Lenia Batres. El asunto fue admitido antes de la renovación del Poder Judicial, lo que permitió que el expediente siguiera su curso hasta la resolución definitiva.

Durante 2008 y 2009, periodo al que corresponden los adeudos, Gordillo encabezaba el SNTE, uno de los sindicatos más grandes de América Latina. Años después, en 2013, enfrentó un proceso penal por presuntos delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada durante el gobierno de Enrique Peña Nieto. En 2018 fue absuelta, hacia el cierre de esa administración y meses antes de la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la Presidencia.

Con la decisión de la SCJN, queda firme la obligación fiscal por más de 19 millones de pesos determinada por el SAT, derivada de operaciones no comprobadas en los ejercicios fiscales señalados.

La presidenta Claudia Sheinbaum encabezó este sábado un mitin multitudinario en el Zócalo capitalino, organizado para conmemorar siete años del arribo de Morena al gobierno federal y mostrar respaldo a su administración tras la reciente marcha convocada por la llamada “Generación Z”. Desde el templete instalado frente a Palacio Nacional, la mandataria subrayó que, según su percepción, la mayoría de los jóvenes del país se mantiene alineada con la Cuarta Transformación.

El evento fue anunciado por Sheinbaum el pasado 16 de noviembre, con el fin de reunir a simpatizantes tras la movilización juvenil realizada un día antes en la Ciudad de México y replicada en distintas entidades del país. Desde el arranque de su intervención, la presidenta enfatizó la presencia masiva en la plaza: “Que nadie se equivoque, que se oiga bien, fuerte y lejos, las y los jóvenes están en su gran mayoría con la transformación de la vida pública de México (…) Me informan que somos más de 600 mil personas que nos hemos congregado el día de hoy”, afirmó ante el público.

Durante su mensaje, Sheinbaum también hizo referencia a lo que calificó como campañas sucias en redes sociales dirigidas a desacreditar su gobierno, así como presuntas alianzas entre actores nacionales e internacionales para influir en la percepción pública. Aseguró que ni su gestión ni la ciudadanía serían afectadas por estas acciones, y remarcó que la historia del país “enseña que cuando las causas son justas y los valores firmes, y cuando hay un pueblo consciente, la razón y la justicia siempre prevalecen”.

La concentración comenzó desde antes de las cinco de la mañana, cuando los primeros asistentes arribaron al Zócalo portando pancartas, banderas de México y banderines de organizaciones sindicales, entre ellas el SNTE. Frente a Palacio Nacional, un grupo de simpatizantes colocó una lona con el mensaje: “Presidenta, ¡no está sola!, las mujeres estamos contigo”.

El contexto que llevó al mitin se originó el 15 de noviembre, cuando jóvenes nacidos entre 1997 y 2015 convocaron a una marcha para exigir el cese de la violencia y la corrupción. Aunque la protesta estaba dirigida a ese sector generacional, la asistencia incluyó participantes de diversas edades. Días previos, el gobierno capitalino había reforzado la seguridad alrededor de Palacio Nacional y otros puntos del Centro Histórico mediante vallas metálicas y operativos preventivos.

Pese a que Sheinbaum desestimó inicialmente esa marcha al considerarla impulsada por bots, miles de personas acudieron a la convocatoria. Durante la jornada, al ingresar al Zócalo, un grupo de encapuchados derribó algunas de las vallas que protegían el recinto presidencial, lo que derivó en enfrentamientos con elementos de la Policía capitalina.

La concentración de este sábado buscó mostrar músculo político y reforzar el respaldo a la administración federal en medio del ambiente generado por ambas movilizaciones, con la presidenta colocando especial énfasis en la participación juvenil y en su rechazo a lo que considera intentos de desinformación digital.

El magistrado Reyes Rodríguez Mondragón presentó ante el pleno del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) un proyecto en el que propone confirmar la multa de 16 mil 857 pesos impuesta a la ministra Yasmín Esquivel Mossa, por haber recibido aportaciones prohibidas del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) durante el inicio de su campaña. La discusión de este caso está programada para la próxima semana en la Sala Superior.

La sanción fue originalmente establecida por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) el 28 de julio, al resolver que Esquivel incurrió en una falta al no rechazar aportaciones en especie provenientes de un ente no autorizado por la ley. El señalamiento se derivó de su participación el 30 de marzo en un evento realizado en Ecatepec, Estado de México, al que acudieron maestros de la sección 36 del SNTE y que fue identificado como el arranque de su campaña bajo el título “Diálogos por la Transformación de la Justicia en México”.

El INE concluyó que Esquivel utilizó mamparas, pantallas y un podio provistos por el sindicato, elementos que fueron considerados aportaciones en especie prohibidas al constituir recursos propagandísticos accesorios al evento. Con base en ello, el órgano electoral fijó una sanción económica que, en su opinión, corresponde a la gravedad de la falta.

La entonces candidata interpuso un recurso de apelación el 8 de agosto, en el que argumentó que la sanción era desproporcionada y que el INE debió esperar la resolución de otro procedimiento sancionador antes de imponer la multa. Sin embargo, el proyecto elaborado por el magistrado Rodríguez Mondragón sostuvo que no era necesario posponer el análisis de la queja, pues la conducta imputada ya se encontraba claramente tipificada en la normativa electoral.

“El proyecto señala que la aportación de un ente no permitido se encuentra debidamente contemplada en la legislación y que, en este caso, la utilización de los recursos aportados por el SNTE sí constituyó una infracción”, indica el documento presentado al pleno. Bajo esta argumentación, Rodríguez Mondragón planteó que la multa debe ser confirmada al no considerarse excesiva ni desproporcionada frente a la conducta cometida.

La resolución definitiva sobre la apelación de Yasmín Esquivel se discutirá en una próxima sesión pública del TEPJF, donde los magistrados deberán pronunciarse sobre la propuesta de confirmar la sanción administrativa establecida por el Instituto Nacional Electoral.

Una jornada intensa se vivió este jueves en el corazón de la Ciudad de México, cuando un grupo de manifestantes relacionados con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) irrumpió de manera violenta en las oficinas del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), generando destrozos y un incendio en el inmueble.

El edificio, ubicado en la calle de Venezuela número 44, a escasos metros de la Secretaría de Educación Pública (SEP), fue el epicentro de una manifestación que escaló rápidamente. Con marros, barretas, picos y piedras, los inconformes rompieron la cortina exterior del edificio, lograron ingresar por la fuerza y comenzaron a destruir puertas, ventanas y mobiliario del sindicato.

La tensión aumentó cuando los manifestantes, muchos de ellos encapuchados, quemaron sillas, documentos, fotografías oficiales y otros objetos del interior. Entre lo incendiado se encontraba una imagen del secretario general del SNTE, Alfonso Cepeda Salas. Las llamas se propagaron rápidamente dentro del edificio, generando una columna de humo negro que fue visible desde la calle.

Testigos señalaron que los manifestantes sacaron parte del mobiliario a la vía pública y le prendieron fuego. Mientras tanto, al interior del inmueble, al menos una habitación llena de papelería ardía sin control. El Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México acudió al sitio minutos después para contener el incendio. Aunque lograron sofocar el fuego en el exterior con rapidez, el interior del edificio presentó mayor dificultad por la extensión de las llamas.

Afortunadamente, los bomberos confirmaron que no había personas atrapadas ni lesionadas dentro del inmueble. Las labores de extinción continuaron mientras los manifestantes comenzaron a retirarse del lugar.

La Secretaría de Educación Pública emitió un mensaje en redes sociales en el que condenó el ataque al edificio del SNTE y reafirmó su llamado a mantener el diálogo abierto y pacífico. “Nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho”, citó la dependencia en referencia al pensamiento del expresidente Benito Juárez.

Por su parte, el SNTE anunció que procederá legalmente contra los responsables. José García Mora, coordinador del Colegio de Finanzas del sindicato, declaró que lo sucedido atenta directamente contra el patrimonio de los trabajadores. Además, señaló a integrantes de la Sección 22 y a una expresión de Guerrero como participantes del acto.

Los muros del edificio quedaron con pintas, los accesos destrozados y las oficinas afectadas por el fuego. La protesta, que se gestó en nombre de demandas sindicales, terminó con una sede sindical severamente dañada, bajo la mirada de medios y autoridades que llegaron cuando los hechos ya estaban consumados.

El proceso electoral rumbo al 1 de junio suma una nueva controversia. Carlos Enrique Odriozola Mariscal, candidato a ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), presentó una denuncia ante el Instituto Nacional Electoral (INE) en contra de las ministras Yasmín Esquivel Mossa y Loretta Ortiz Ahlf. La acusación: violación de los principios de equidad en la contienda, derivado del uso indebido de propaganda electoral y recursos tanto públicos como privados. 

Ortiz Ahlf, según la denuncia, recibió patrocinio del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) y la Cooperativa La Cruz Azul. La presunta irregularidad se registró en un evento masivo realizado en el Auditorio Ernesto Velasco, ubicado en la colonia Tabacalera de la Ciudad de México. Odriozola argumentó que no se extendió invitación a otros candidatos, afectando así el principio de equidad en la contienda.

Aunque la ministra Ortiz declaró que no realizó ningún gasto en el evento, sino que asistió como invitada, la normatividad electoral establece que las aportaciones en especie están prohibidas. Cualquier apoyo de este tipo podría constituir una falta a la legislación vigente en materia electoral.

Por otro lado, Odriozola señaló que Yasmín Esquivel inició su campaña en el Tecnológico de Estudios Superiores de Ecatepec, acompañada de integrantes de la sección 36 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE). Al finalizar el evento, los asistentes recibieron atole y tamales, lo que podría representar otra violación a la normatividad electoral.

El documento presentado ante el INE exige que se fiscalicen ambos eventos y se determine la aplicación de sanciones en caso de confirmarse las irregularidades denunciadas. La ley electoral establece que durante los periodos de campaña está prohibido recibir aportaciones en especie, así como cualquier tipo de respaldo económico proveniente de organizaciones sindicales u otras instituciones con recursos públicos o privados.

Este nuevo señalamiento genera tensión en un proceso electoral que ha estado marcado por denuncias y controversias. Con la cercanía de la elección del 1 de junio, el INE tendrá que evaluar los hechos y determinar si las ministras Esquivel y Ortiz incurrieron en alguna falta.

La resolución de este caso podría sentar un precedente importante sobre la aplicación de las normas electorales en el país. Mientras tanto, la denuncia de Odriozola aviva el debate sobre la transparencia y equidad en los procesos de selección de altos funcionarios en México.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, encabezó un mitin en el Zócalo capitalino para celebrar la suspensión de aranceles a las exportaciones mexicanas. Desde tempranas horas, miles de simpatizantes de Morena se congregaron en la Plaza de la Constitución, donde disfrutaron de la música del mariachi de la Guardia Nacional y del Grupo Armada, conformado por miembros de la Marina, quienes interpretaron un popurrí de salsa y cumbia. 

El evento contó con la presencia de trabajadores sindicalizados del IMSS, ISSSTE, Pemex, CFE, SNTE, DIF, CATEM y otros gremios. En los edificios circundantes se desplegaron mantas de apoyo a la mandataria. Entre los símbolos presentes, destacaron banderas con la imagen de un murciélago, en referencia al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.

En la zona principal del templete se ubicaron 80 sillas de madera tapizadas en rojo, destinadas a gobernadores, miembros del gabinete legal y representantes del poder legislativo. Políticos y empresarios, como Francisco Cervantes, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, asistieron al evento, que fue amenizado por bandas musicales de la Armada de México, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional.

Durante su discurso, Sheinbaum enfatizó que la relación con Estados Unidos se ha basado en el diálogo y el respeto, lo que permitió la suspensión de los aranceles impuestos el 4 de marzo por el expresidente Donald Trump. Explicó que tras una llamada telefónica el 6 de marzo, la medida se aplazó hasta el 2 de abril. Sin embargo, confió en que México quedará exento de futuros aranceles debido a los tratados comerciales firmados en las últimas tres décadas.

Sheinbaum también destacó la necesidad de frenar el tráfico de armas hacia México como parte de la estrategia de seguridad para evitar la llegada de drogas como el fentanilo a Estados Unidos. Subrayó que su gobierno seguirá insistiendo en que el gobierno estadounidense refuerce el control de armas en su territorio.

En materia económica, la presidenta presentó cinco puntos clave para fortalecer el desarrollo de México: fortalecer el mercado interno, aumentar la autosuficiencia en alimentos y energía, impulsar la inversión pública, fomentar la producción nacional y consolidar los programas de bienestar. Aseguró que su administración busca garantizar la salud, educación, alimentación, vivienda y salarios justos como derechos fundamentales.

El evento, que reunió a más de 350 mil personas, transcurrió en calma y sin incidentes, según informó el gobierno de la Ciudad de México.