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Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de la República, afirmó que las negociaciones con cualquier mandatario extranjero se realizan con el respaldo del pueblo de México. Durante un acto en Manzanillo, Colima, destacó que la cuarta transformación ha devuelto “dignidad y fuerza” a la ciudadanía, y subrayó que el país es “libre, soberano e independiente”.

“Lo que hay en México es mucho pueblo”, declaró, al señalar que pocas naciones pueden mostrar una fuerza social tan constante. El mensaje se dio después de sostener diversos encuentros internacionales, entre ellos con el presidente estadounidense Donald Trump.

En la entrada al puerto y ciudad de Manzanillo, la mandataria dio el banderazo a obras de puentes vehiculares en Colima, con una inversión de 2 mil millones de pesos. La construcción forma parte de un plan de modernización que busca mejorar la conectividad en la región y fortalecer el funcionamiento del puerto, actualmente el tercero en importancia en el país.

El evento no estuvo exento de protestas. Transportistas hicieron sonar sus claxones en rechazo a los problemas de circulación que han provocado los trabajos en la autopista Armería-Manzanillo, con un avance del 25%, sumados a las complicaciones recientes en la Aduana del puerto. La convocatoria para esta manifestación se difundió por redes sociales y entre grupos de transporte de carga pesada afectados por los retrasos en el movimiento de mercancías.

Sheinbaum aseguró que la ampliación del Puerto de Manzanillo lo convertirá en el más importante de América Latina. Explicó que la Secretaría de Marina desarrolla la infraestructura inicial y que la operación del segundo puerto se licitará, privilegiando a empresas mexicanas.

En su intervención, la gobernadora de Colima, Indira Vizcaíno Silva, señaló que el desarrollo portuario se realizará bajo un modelo de equilibrio entre progreso económico y conservación ambiental. “La conservación ambiental no es negociable”, sostuvo.

Ante inquietudes de grupos ambientalistas por los posibles impactos en la Laguna de Cuyutlán, un pescador expresó su preocupación por el futuro de su actividad. La presidenta respondió que el proyecto garantiza la inclusión de los pescadores y que no se realizará ninguna obra que los excluya.

En su discurso, Sheinbaum también resaltó la reciente elección de Hugo Aguilar como presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Lo calificó como un momento histórico, al ser el primer indígena mixteco en ocupar este cargo desde Benito Juárez, destacando que este hecho solo fue posible gracias al nuevo sistema de elección en el Poder Judicial.

El antiguo recinto de Xicoténcatl volverá a cobrar vida este mes con el traslado de las últimas tres sesiones de la Comisión Permanente del Congreso, luego de que el Senado anunciara una serie de adecuaciones en su sede principal para recibir a más de 881 nuevos jueces, magistrados y ministros que rendirán protesta el próximo 1 de septiembre.

El presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, confirmó que no se trata de una remodelación del salón del pleno, sino de ajustes operativos y logísticos necesarios para el desarrollo del evento, que reunirá a integrantes del Poder Judicial de todo el país. La ceremonia de protesta se llevará a cabo en siete rondas, desde las 7:30 de la tarde hasta cerca de las 11:30 de la noche.

Los primeros en rendir protesta serán los nueve ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, seguidos por magistrados y jueces. La magnitud del acto ha obligado al Senado a modificar su dinámica regular de trabajo, trasladando las sesiones a Xicoténcatl para mantener su actividad legislativa sin interrupciones.

Como parte de la preparación, ya se han realizado simulacros con personal interno, incluyendo brigadas de limpieza, para garantizar que el protocolo se cumpla con precisión. Además, el Senado implementará un sistema de apoyo virtual y telefónico con al menos dos operadores, quienes se encargarán de orientar a los invitados sobre el acceso al recinto y la entrega del documento oficial de toma de protesta.

Cada uno de los más de 800 juzgadores llegará acompañado, por lo menos, de una persona, lo que incrementa significativamente el flujo de asistentes al recinto legislativo. La operación logística contempla horarios escalonados para la llegada de los grupos, con el objetivo de evitar aglomeraciones y asegurar que la ceremonia fluya sin contratiempos.

El Senado convertirá ese día en un operativo de alta coordinación, tanto por la relevancia del acto como por la cantidad de participantes. La actividad legislativa regular continuará de forma paralela, aunque en una sede distinta, para no interferir con los preparativos y desarrollo de este evento judicial sin precedentes.

Así, el recinto de Xicoténcatl se prepara para recibir de nuevo la actividad parlamentaria, mientras el Senado se convierte en sede de una de las tomas de protesta más significativas en la historia reciente del Poder Judicial mexicano.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) prepara un inicio de actividades inédito. A partir de un acuerdo entre los nueve ministros electos que integrarán el nuevo tribunal, se llevarán a cabo tres ceremonias que marcarán el arranque de esta nueva etapa judicial, una de ellas con la entrega simbólica del bastón de mando por parte de autoridades indígenas y afromexicanas.

El ministro presidente electo, Hugo Aguilar Ortiz, informó a través de su cuenta oficial en X que este ciclo ceremonial responde al carácter histórico del nacimiento de la nueva Corte, conformada tras un proceso de elección por voto popular. La finalidad es destacar el compromiso con la justicia, el respeto institucional y el reconocimiento de las raíces culturales del país.

Las ceremonias serán: la toma de protesta oficial ante el Senado de la República, la sesión solemne de instalación de la nueva Corte y la ceremonia de entrega del bastón de mando y servicio. Este último acto será encabezado por representantes de pueblos originarios y comunidades afromexicanas, en un gesto simbólico de legitimidad y vinculación con las voces históricamente marginadas.

En el marco de estos preparativos, Aguilar Ortiz reiteró la invitación a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, para asistir a la sesión solemne que se llevará a cabo en la sede del Congreso de la Unión. También se espera la presencia de los titulares de los poderes Ejecutivo y Legislativo, en un acto calificado como republicano, “de pleno respeto entre poderes que debe marcar el inicio de una etapa de diálogo y trabajo que contribuya a la justicia, la paz y el bienestar del pueblo”.

Durante la segunda reunión de trabajo con las ministras y ministros electos, se abordó el rediseño institucional de la Corte, con el propósito de enfrentar de manera eficiente la carga de expedientes que comenzará a recibirse a partir del 1 de septiembre. El objetivo es modernizar los procesos y fortalecer la capacidad de resolución del máximo órgano judicial.

Estas acciones inauguran una etapa inédita en la historia del Poder Judicial, bajo un nuevo modelo de representación democrática. La planeación y contenido de las ceremonias reflejan la intención de construir una justicia más cercana a la ciudadanía, culturalmente incluyente y coordinada con los otros poderes del Estado.

Con estos preparativos, la SCJN abre paso a una transformación institucional profunda, marcada por el diálogo, la legitimidad social y el compromiso con un sistema judicial renovado.

Durante una gira de trabajo en Amealco de Bonfil, Querétaro, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, encabezó una asamblea con pueblos indígenas para la entrega de recursos del programa de Aportaciones para la Infraestructura Social para Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas (FAISPIAM). En el encuentro, celebrado este domingo, la mandataria destacó la transformación institucional que vive el país y celebró el nombramiento de Hugo Aguilar como nuevo presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Frente a representantes de las comunidades otomí, pame y huasteca, Sheinbaum exclamó: “¡Qué viva Hugo Aguilar, el nuevo presidente de la Suprema Corte!”. La presidenta subrayó el carácter histórico de esta elección al recordar que Aguilar obtuvo más de seis millones de votos en los comicios extraordinarios del 1 de junio. Afirmó que este hecho marca un cambio profundo en el Poder Judicial, el cual tomará protesta oficialmente el próximo 1 de septiembre.

La presidenta insistió en que el nombramiento de Aguilar representa un triunfo de la voluntad popular, destacando que fue elegido por más de 13 millones de personas, superando incluso el número de votos alcanzados por partidos de oposición en la última elección presidencial. Según Sheinbaum, este resultado reafirma la idea de que “el pueblo manda” y consolida los principios de la cuarta transformación.

En el acto público, Ariadna Montiel, secretaria del Bienestar, y Adelfo Regino Montes, director del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, acompañaron a Sheinbaum. Regino Montes, quien ha sido mentor de Hugo Aguilar por más de tres décadas, fue el encargado de conducir el evento.

Durante su intervención, Sheinbaum calificó al FAISPIAM como un programa “histórico”, al reconocer que el origen de México se encuentra en las civilizaciones prehispánicas. Reivindicó el papel de los pueblos originarios como la base de la patria, resaltando que su historia, antes minimizada, ahora es parte central del discurso nacional.

Además, reiteró que durante los gobiernos anteriores —desde Miguel de la Madrid hasta Enrique Peña Nieto— se impuso un modelo neoliberal que favoreció a élites económicas y dejó en el abandono a los sectores más vulnerables. Contrario a esa etapa, afirmó, la actual administración prioriza la dignidad, la historia y la resistencia de los pueblos originarios.

Sheinbaum cerró su discurso asegurando que el país ha cambiado y que aún queda mucho por transformar, manteniendo como eje la justicia social y el reconocimiento pleno a las comunidades que han sido históricamente marginadas.

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, presentó este martes una estrategia integral para combatir el delito de despojo de inmuebles, un fenómeno que definió como “uno de los más graves y dolorosos” para las familias capitalinas. Durante la conferencia matutina, anunció la instalación oficial del Gabinete de Prevención y Atención a los Despojos, que ya opera desde hace cuatro meses, y que busca coordinar acciones institucionales para enfrentar este delito estructural y multifactorial.

El gabinete está encabezado por el secretario de Gobierno, César Cravioto, y la Fiscal capitalina, Bertha Alcalde. Lo integran también instancias clave como el Poder Judicial, la Secretaría de Seguridad Ciudadana, el Registro Público de la Propiedad, la Consejería Jurídica, Protección Civil, Patrimonio Inmobiliario y, próximamente, la Comisión de Derechos Humanos local, con el fin de garantizar un enfoque con perspectiva de derechos.

Uno de los pilares de la estrategia es la creación de una Unidad Operativa Especializada Contra el Despojo, adscrita a la Secretaría de Gobierno. Su función será atender casos específicos con celeridad y coordinación interinstitucional. Además, se implementará una campaña ciudadana de prevención para informar sobre prácticas fraudulentas, fomentar la cultura de la legalidad y promover el conocimiento de los derechos patrimoniales.

En el plano legislativo, Brugada anunció que enviará al Congreso local un paquete de reformas para endurecer el castigo a quienes cometan este delito. Entre las principales propuestas destacan penas de prisión que van de 6 a 11 años en su tipo base, y de 12 a 22 años sin derecho a fianza en casos agravados. Estas agravantes incluyen el uso de violencia, daño físico a los inmuebles, impedimento del uso del bien, simulación de actos jurídicos como compraventas falsas, o participación de servidores públicos, notarios, corredores inmobiliarios o personas que usurpen funciones de autoridad.

Las reformas también amplían la definición legal del delito de despojo, incluyendo esquemas encubiertos y nuevos tipos de fraude, lo que permitirá una persecución penal más eficaz. Se contemplan medidas de protección cautelar desde la detección del riesgo, para impedir que el despojo se consolide legalmente, protegiendo así el patrimonio de las víctimas desde el inicio del proceso.

Por su parte, la fiscal Bertha Alcalde informó que en lo que va de 2025 se han registrado 2 mil 245 denuncias por despojo, lo que representa un incremento del 8% respecto al año anterior. Las alcaldías con mayor número de casos son Iztapalapa, Cuauhtémoc y Gustavo A. Madero.

Con este plan, el Gobierno capitalino busca reforzar sus capacidades institucionales, garantizar el acceso a la justicia, y proteger a los grupos más vulnerables frente a un delito que, según Brugada, “rompe vínculos familiares y comunitarios”.

¡Se acabó la pausa! Este viernes, el Poder Judicial de la Ciudad de México (PJCDMX) dio un paso firme y ordenó la reanudación inmediata de todas sus actividades, luego de más de un mes de paro laboral por parte de sus trabajadores. La medida fue anunciada por el Consejo de la Judicatura capitalina y abarca todos los niveles: personal administrativo, de apoyo judicial y de servicios deberán retomar labores en sus horarios habituales.

La resolución se dio a conocer a través de un comunicado en el que se establece que “las y los consejeros de la Judicatura de la Ciudad de México ordenan la reanudación inmediata de todas y cada una de las actividades y servicios que prestan los órganos jurisdiccionales, áreas administrativas y de apoyo judicial del Poder Judicial de la Ciudad de México”.

Desde el 29 de mayo, los trabajadores del PJCDMX suspendieron labores para exigir un aumento salarial del 10%. Sin embargo, tanto el Poder Judicial como el gobierno de la Ciudad de México se han mantenido firmes y no han accedido a estas demandas, lo que desató una serie de protestas, bloqueos y presencia constante de empleados inconformes a las afueras de los edificios judiciales.

En medio del conflicto, el jueves pasado surgió una nueva controversia cuando los trabajadores denunciaron que el presidente del tribunal, Rafael Guerra, solicitó por correo institucional la respuesta a un cuestionario con el fin de saber cuántos deseaban continuar con el paro. La base trabajadora interpretó esta acción como un intento de presión, ya que el uso del correo oficial para cuestiones relacionadas con protestas o movimientos sindicales no es común dentro de la estructura del Poder Judicial.

A pesar del llamado a regresar al trabajo, el Consejo de la Judicatura subrayó que la reactivación de actividades no limita el derecho de los trabajadores a manifestarse. El comunicado precisa que “a la brevedad agenden y continúen con todos y cada uno de los asuntos que fueron suspendidos; sin que ello implique impedimento alguno para ejercer el derecho a la libertad de expresión y manifestación, de manera libre y pacífica, sin alterar el orden público, ni impedir las actividades de este Poder Judicial”.

Con esta orden, el sistema judicial de la capital mexicana busca retomar su ritmo habitual, mientras las tensiones con los trabajadores aún se sienten latentes en cada pasillo de los tribunales.

Una revisión fiscal iniciada en febrero por el Instituto Nacional Electoral (INE) concluyó con la aprobación de sanciones por 31.9 millones de pesos para partidos políticos nacionales, por inconsistencias en el pago de impuestos y en sus reportes fiscales. El ajuste se realizó tras la intervención del Servicio de Administración Tributaria (SAT), lo que redujo casi a la mitad las multas inicialmente previstas.

La cifra inicial, dictada por la Comisión de Fiscalización, ascendía a 65.2 millones de pesos. Sin embargo, documentos de última hora enviados por el SAT provocaron una reconsideración en el Consejo General del INE, que redujo las sanciones en más de 33 millones de pesos. El Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) fueron los principales beneficiados con estas reducciones.

El PT logró una baja significativa, pasando de 40.8 millones a 13.3 millones de pesos. Mientras tanto, el PVEM disminuyó su multa de casi ocho millones a apenas 283 mil pesos. Movimiento Ciudadano también vio una rebaja considerable, quedando con una sanción de solo 11 mil pesos.

Morena, por su parte, recibió la multa más baja de todo el proceso, con apenas dos mil 74 pesos, a pesar de que en febrero se había señalado que tenía pendientes fiscales por más de 60 millones. La intervención del SAT cambió por completo el escenario inicial en favor del partido oficialista.

Las reducciones se sustentaron en documentación y aclaraciones fiscales presentadas a contrarreloj, situación que generó cuestionamientos dentro del propio Consejo General. La consejera Carla Humphrey, quien preside la Comisión de Fiscalización, destacó que muchos partidos adoptaron la práctica de entregar documentación de última hora. Esta acción obligó a la Unidad Técnica de Fiscalización del INE a revisar apresuradamente información adicional, afectando la exhaustividad de los procedimientos.

“El análisis de la información presentada de manera extemporánea afecta negativamente el desarrollo ordinario de la fiscalización”, sostuvo Humphrey durante la sesión.

La información oficial arrojó diferencias notables. Aunque el recorte de multas se informó como un ajuste de 33.2 millones, los datos desglosados a los consejeros indican una disminución de más de 35 millones de pesos. Estas inconsistencias numéricas dejaron abiertos cuestionamientos sobre la claridad de los ajustes.

Los partidos de oposición no corrieron con la misma suerte. El PRI mantuvo su multa de 12 millones, el PAN de poco más de cuatro millones, y el PRD de seis mil pesos, sin modificaciones. El PRI intentó entregar oficios de último momento que no fueron tomados en cuenta por el INE. El representante priista Emilio Suárez Licona afirmó que el SAT respondió apenas unas horas antes de la sesión, mientras que la diputada Marcela Guerra acusó al Instituto de ignorar diversos documentos enviados durante los últimos dos años.

Los beneficiados agradecieron el acompañamiento institucional para regularizar sus situaciones fiscales. Algunos partidos aún contemplan recurrir al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para seguir buscando una reducción en las multas impuestas. Mientras tanto, el proceso de fiscalización continúa marcando diferencias entre partidos, evidenciando la influencia que pueden tener los tiempos y la estrategia documental en las decisiones del árbitro electoral.

El Gobierno de México, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, colocó nuevamente en el centro del debate la deuda fiscal que mantiene Grupo Salinas con el Servicio de Administración Tributaria (SAT). Durante su conferencia matutina, la mandataria explicó que la llegada de nuevos ministros a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) podría marcar un punto de quiebre en un litigio que ha estado activo por más de 16 años.

Claudia Sheinbaum indicó que las críticas lanzadas desde las empresas del empresario Ricardo Salinas Pliego hacia la reforma del Poder Judicial y su administración están vinculadas a la resistencia del empresario para cumplir con sus obligaciones fiscales. “Van a pagar los impuestos”, señaló, al referirse a la nueva composición del máximo tribunal del país.

Según la mandataria, algunos de los actuales ministros de la Suprema Corte habrían mantenido vínculos con el empresario, lo que se tradujo en una prolongación de los procesos judiciales. Esta situación, aseguró, ha impedido que se tomen decisiones definitivas a favor del Estado mexicano en cuanto a la recuperación de recursos públicos.

Durante la misma conferencia, Grisel Galeano, procuradora fiscal de la Federación, detalló que la deuda total de las empresas de Salinas Pliego con el fisco asciende a 74 mil millones de pesos, de los cuales 26 mil millones se encuentran actualmente bajo revisión en la SCJN. La funcionaria explicó que hay tres casos activos en el máximo tribunal, mismos que han sido objeto de recursos legales por parte de la empresa desde los años 2008, 2010 y 2013.

La Procuraduría Fiscal informó también que Grupo Salinas ha interpuesto hasta 29 medios de defensa legales para frenar los fallos en su contra, generando una serie de retrasos que han evitado resoluciones firmes. En palabras de Sheinbaum, se trató de un “aletargamiento en la decisión”, en referencia al papel que jugaron algunos ministros que dejarán su cargo en septiembre.

El caso más reciente tuvo lugar el 19 de junio, cuando el Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa negó un amparo a Grupo Elektra, una de las empresas del conglomerado, en un juicio relacionado con un adeudo fiscal de 2 mil millones de pesos. Esta resolución representa un precedente clave en el contexto de los litigios abiertos entre el grupo empresarial y el SAT.

La postura del gobierno federal mantiene firme su intención de recuperar los recursos públicos a través de los cauces judiciales, en un escenario que podría redefinirse con los próximos cambios dentro de la Suprema Corte.

El paro laboral en el Poder Judicial de la Ciudad de México continúa sin señales de resolución tras más de tres semanas de bloqueos. Las negociaciones entre representantes de los trabajadores judiciales y el gobierno capitalino concluyeron nuevamente sin acuerdos concretos. El conflicto, originado por la exigencia de un aumento salarial del 10%, se mantiene firme ante lo que los trabajadores califican como respuestas insuficientes por parte de las autoridades.

Durante la más reciente reunión, celebrada entre miembros de la coalición de trabajadores y el subsecretario de Gobierno, Fadlala Akabani, no se presentó una propuesta concreta que incluyera porcentajes, montos u obligaciones presupuestales. En su lugar, se ofreció una revisión estructural del presupuesto para encontrar posibles ahorros, lo cual no fue considerado suficiente por los voceros del movimiento.

Ericka Italia Ojeda, portavoz del colectivo, señaló que el documento propuesto por el gobierno no correspondía con la solicitud enviada días antes. Ante más de cien trabajadores reunidos afuera del edificio ubicado en Niños Héroes 119, Ojeda detalló que las autoridades solicitaron firmar el acuerdo este viernes, argumentando que el lunes 23 de junio podrían implementarse medidas para reactivar el funcionamiento del Poder Judicial, incluso sin la participación del movimiento.

Las medidas contempladas incluyen iniciar actividades con personal sindicalizado, decisión que desató críticas de los manifestantes, quienes acusaron a los sindicatos de actuar sin consultar a la base trabajadora. “Ellos van a firmar lo que a ellos les convenga. No han velado por nuestros derechos”, afirmó Ojeda durante un mitin frente al complejo judicial de la colonia Doctores.

Al interior del movimiento también surgieron voces que respaldaron el acuerdo propuesto por las autoridades. Algunos trabajadores destacaron avances como la instalación de mesas de diálogo, garantías de no represalias y la promesa de un bono comparable con el porcentaje solicitado. Este bono, según testimonios, podría entregarse en diciembre y representaría un beneficio directo para quienes han participado en las protestas.

Sin embargo, el consenso no fue alcanzado. La mayoría decidió mantener el paro y continuar con el bloqueo a partir del lunes a las seis de la mañana. Esta postura fue reforzada por un llamado colectivo a preservar la unidad y sostener la presión hasta lograr una propuesta con garantías firmes.

Por parte del gobierno, el subsecretario Juan José García Ochoa confirmó que la expectativa oficial es que el Poder Judicial retome actividades a partir del lunes. Indicó también que si el tribunal toma decisiones diferentes para reactivar su funcionamiento, contará con el respaldo total del gobierno de la ciudad.

La situación sigue abierta, con dos posturas claramente definidas: una que apuesta por resistir y otra que busca avanzar con los recursos disponibles. El escenario se mantiene en tensión ante la inminente llegada de un nuevo lunes sin justicia operativa en la capital.

Durante la sesión del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), el consejero Arturo Castillo pidió no declarar la validez de la reciente elección judicial, tras advertir que el uso de “acordeones” influyó de forma significativa en los resultados. La propuesta se sustentó en lo que definió como “dudas razonables” sobre la legalidad del proceso, sin que ello impidiera entregar constancias de mayoría a quienes resultaron ganadores.

El consejero señaló que se identificaron 818 casillas con irregularidades, incluyendo boletas sin extraer de las urnas, resultados con 100 por ciento de apoyo para ciertas candidaturas y una “inducción evidente” al voto mediante los llamados acordeones. Aunque este conjunto representa apenas el 0.97 por ciento de las casillas instaladas a nivel nacional, el funcionario lo calificó como “sumamente grave”.

En un momento clave del proceso electoral, Castillo fue el primero en exponer estas anomalías en la sesión dedicada a validar el cómputo nacional y entregar constancias de mayoría a los 881 cargos del Poder Judicial de la Federación, electos por voto popular por primera vez.

Durante su intervención, afirmó: “Quiero referirme al elefante en la sala del que nadie quiere hablar, los llamados acordeones, porque las candidaturas ganadoras coinciden con los acordeones. 22 de las 28 candidaturas de este supuesto se deslindaron, por lo tanto, solo puede entenderse que fueron pagados con recursos de tercero y por lo tanto, prohibidos”.

Castillo detalló que al menos 37 modelos distintos de acordeones fueron distribuidos en 15 estados del país y a nivel nacional. Estos documentos coincidieron hasta en un 80 por ciento con las candidaturas ganadoras a nivel de la Suprema Corte, el Tribunal de Disciplina y la Sala Superior del Tribunal Electoral. Para las Salas Regionales, el porcentaje de coincidencia alcanzó el 85 por ciento.

El consejero sostuvo que se trató de una “estrategia propagandística intencionada para beneficiar a las mismas candidaturas”, lo cual, a su juicio, generó un entorno de inequidad. Agregó que el INE no puede pasar por alto los indicios, aunque aclaró que estos no constituyen prueba plena.

Su propuesta consistió en no declarar la validez —que no implica declarar la invalidez— de las elecciones para la Suprema Corte, el Tribunal de Disciplina Judicial, la Sala Superior y las Salas Regionales, salvo la de Toluca. También planteó entregar las constancias correspondientes y dar vista a las autoridades competentes.

El Consejo General continúa deliberando sobre cómo validar los resultados, mientras se mantiene en análisis un cambio respecto al proyecto inicial, que solo consideraba excluir 11 casillas de Michoacán, Guerrero y Chiapas. El nuevo enfoque contempla omitir las más de 800 casillas señaladas, sin que eso altere el resultado general.

A pesar del debate, esta misma tarde el INE entregará las constancias de mayoría a cinco ministras y cuatro ministros que conformarán la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación.