Cinco grupos van por registro como partidos políticos; INE inicia evaluación decisiva

El proceso para la posible creación de nuevos partidos políticos en México entró en una etapa decisiva luego de que el Instituto Nacional Electoral (INE) confirmara que cinco organizaciones ciudadanas presentaron formalmente su solicitud de registro, cuyo resultado será determinado en junio de 2026.

Durante una sesión del Consejo General, el organismo electoral conoció el informe presentado por la Secretaría Ejecutiva sobre las organizaciones interesadas en constituirse como partidos políticos nacionales dentro del proceso 2025–2026. A partir de esta revisión, se confirmó que las solicitudes formales fueron entregadas en febrero de este año, lo que activó el procedimiento de evaluación correspondiente.

Las agrupaciones que buscan obtener el registro son Interacción y Empatía para Todos, A.C., que pretende conformar el Partido Interacción Empática; Construyendo Sociedades de Paz, A.C., que impulsa el Partido Paz y es encabezada por el diputado de Morena Hugo Éric Flores; así como Personas Sumando en 2025, A.C., conocida como Somos México, vinculada a la llamada “marea rosa” y presidida por Guadalupe Acosta Naranjo.

También participan la Agrupación Política Nacional Que Siga la Democracia, organización que en 2021 recabó firmas para la revocación de mandato del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, y México Tiene Vida, A.C., que igualmente busca constituirse como fuerza política nacional.

El informe del INE detalló que, en una etapa previa, se recibieron 91 notificaciones de intención. De ese total, dos fueron presentadas fuera de plazo. Posteriormente, de las 89 restantes, 82 se consideraron procedentes y siete no cumplieron con los requisitos. Sin embargo, el proceso continuó con 31 desistimientos, lo que redujo el número final a las cinco organizaciones que formalizaron su solicitud en febrero de 2026.

“El INE, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, será responsable de verificar el cumplimiento de los requisitos y del procedimiento de constitución establecidos en la legislación electoral, así como de formular el proyecto de dictamen correspondiente para su resolución por parte del Consejo General”, indicó el instituto.

Entre los requisitos establecidos para obtener el registro se encuentra acreditar documentos básicos, reunir un mínimo de afiliación equivalente al 0.26% del padrón electoral federal —256 mil 30 personas para este proceso— y demostrar la realización de asambleas en al menos 20 entidades federativas o 200 distritos electorales.

Con la sesión celebrada este martes, comenzó el plazo de 60 días hábiles para analizar las solicitudes, periodo que se extenderá del 31 de marzo al 25 de junio de 2026. En caso de que alguna organización cumpla con todos los requisitos, su registro como partido político nacional entrará en vigor a partir del 1 de julio de ese mismo año.

“El INE garantiza que el proceso de constitución de nuevos partidos políticos se realice con estricto apego a la ley, fortaleciendo la vida democrática del país mediante reglas claras, procedimientos verificables y decisiones fundadas en criterios técnicos y objetivos”, mencionó el órgano electoral nacional.

Millonario reajuste en multas a partidos tras auditorías del INE y oficios de última hora

Una revisión fiscal iniciada en febrero por el Instituto Nacional Electoral (INE) concluyó con la aprobación de sanciones por 31.9 millones de pesos para partidos políticos nacionales, por inconsistencias en el pago de impuestos y en sus reportes fiscales. El ajuste se realizó tras la intervención del Servicio de Administración Tributaria (SAT), lo que redujo casi a la mitad las multas inicialmente previstas.

La cifra inicial, dictada por la Comisión de Fiscalización, ascendía a 65.2 millones de pesos. Sin embargo, documentos de última hora enviados por el SAT provocaron una reconsideración en el Consejo General del INE, que redujo las sanciones en más de 33 millones de pesos. El Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) fueron los principales beneficiados con estas reducciones.

El PT logró una baja significativa, pasando de 40.8 millones a 13.3 millones de pesos. Mientras tanto, el PVEM disminuyó su multa de casi ocho millones a apenas 283 mil pesos. Movimiento Ciudadano también vio una rebaja considerable, quedando con una sanción de solo 11 mil pesos.

Morena, por su parte, recibió la multa más baja de todo el proceso, con apenas dos mil 74 pesos, a pesar de que en febrero se había señalado que tenía pendientes fiscales por más de 60 millones. La intervención del SAT cambió por completo el escenario inicial en favor del partido oficialista.

Las reducciones se sustentaron en documentación y aclaraciones fiscales presentadas a contrarreloj, situación que generó cuestionamientos dentro del propio Consejo General. La consejera Carla Humphrey, quien preside la Comisión de Fiscalización, destacó que muchos partidos adoptaron la práctica de entregar documentación de última hora. Esta acción obligó a la Unidad Técnica de Fiscalización del INE a revisar apresuradamente información adicional, afectando la exhaustividad de los procedimientos.

“El análisis de la información presentada de manera extemporánea afecta negativamente el desarrollo ordinario de la fiscalización”, sostuvo Humphrey durante la sesión.

La información oficial arrojó diferencias notables. Aunque el recorte de multas se informó como un ajuste de 33.2 millones, los datos desglosados a los consejeros indican una disminución de más de 35 millones de pesos. Estas inconsistencias numéricas dejaron abiertos cuestionamientos sobre la claridad de los ajustes.

Los partidos de oposición no corrieron con la misma suerte. El PRI mantuvo su multa de 12 millones, el PAN de poco más de cuatro millones, y el PRD de seis mil pesos, sin modificaciones. El PRI intentó entregar oficios de último momento que no fueron tomados en cuenta por el INE. El representante priista Emilio Suárez Licona afirmó que el SAT respondió apenas unas horas antes de la sesión, mientras que la diputada Marcela Guerra acusó al Instituto de ignorar diversos documentos enviados durante los últimos dos años.

Los beneficiados agradecieron el acompañamiento institucional para regularizar sus situaciones fiscales. Algunos partidos aún contemplan recurrir al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para seguir buscando una reducción en las multas impuestas. Mientras tanto, el proceso de fiscalización continúa marcando diferencias entre partidos, evidenciando la influencia que pueden tener los tiempos y la estrategia documental en las decisiones del árbitro electoral.

INE asume el timón de la transparencia: Nuevo rol, Nuevas reglas

Con el objetivo de fortalecer su papel como garante de la transparencia, el Instituto Nacional Electoral (INE) dio un paso firme al aprobar su reestructura interna en esta materia. Este cambio llega tras la reciente reforma constitucional que eliminó al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).

Ahora, el INE no solo conserva su responsabilidad como árbitro electoral, sino que amplía sus funciones y se convierte en una pieza clave en la defensa de los derechos relacionados con la información pública y los datos personales.

 

El Consejo General del instituto definió que el Órgano Interno de Control (OIC) asumirá la autoridad en lo relativo a la información institucional del INE. Este órgano será el encargado de recibir, revisar y resolver los recursos relacionados con el acceso a la información, así como con los derechos ARCO: Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición. Las resoluciones emitidas por el OIC serán definitivas, vinculatorias e inapelables dentro del instituto.

 

En paralelo, el Consejo General del INE tomará el rol de autoridad garante en lo que respecta a los partidos políticos nacionales. Esto implica supervisar el cumplimiento de sus obligaciones en materia de transparencia, así como asegurar el acceso a la información que generan y detentan, sin dejar de lado la protección de datos personales.

 

Este cambio institucional está diseñado para garantizar que cada resolución, cada decisión tomada, se ajuste a los principios que rigen no solo la función electoral, sino también el acceso a la información y el derecho a la privacidad.

 

Con esta reestructura, el INE también pone en marcha la Comisión de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, que será la responsable directa de operar como autoridad garante en el nuevo esquema organizativo.

 

“Este acuerdo fortalece la capacidad institucional del INE en el cumplimiento de sus nuevas atribuciones legales. Y garantiza que la transparencia y protección de datos personales continúen siendo derechos vigentes y accesibles para toda la ciudadanía”, afirmó Guadalupe Taddei, presidenta del organismo.

 

El nuevo modelo de operación busca responder a la necesidad de mantener viva la transparencia en la administración pública, aún en contextos de cambio legislativo. La reestructura representa un ajuste sustancial en el andamiaje institucional del INE, sin perder su esencia como garante de la equidad, la legalidad y la confianza ciudadana.

 

La transformación está en marcha y el INE asume una nueva dimensión de responsabilidad mientras la transparencia no se detiene.