Con el objetivo de fortalecer su papel como garante de la transparencia, el Instituto Nacional Electoral (INE) dio un paso firme al aprobar su reestructura interna en esta materia. Este cambio llega tras la reciente reforma constitucional que eliminó al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).
Ahora, el INE no solo conserva su responsabilidad como árbitro electoral, sino que amplía sus funciones y se convierte en una pieza clave en la defensa de los derechos relacionados con la información pública y los datos personales.
El Consejo General del instituto definió que el Órgano Interno de Control (OIC) asumirá la autoridad en lo relativo a la información institucional del INE. Este órgano será el encargado de recibir, revisar y resolver los recursos relacionados con el acceso a la información, así como con los derechos ARCO: Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición. Las resoluciones emitidas por el OIC serán definitivas, vinculatorias e inapelables dentro del instituto.
En paralelo, el Consejo General del INE tomará el rol de autoridad garante en lo que respecta a los partidos políticos nacionales. Esto implica supervisar el cumplimiento de sus obligaciones en materia de transparencia, así como asegurar el acceso a la información que generan y detentan, sin dejar de lado la protección de datos personales.
Este cambio institucional está diseñado para garantizar que cada resolución, cada decisión tomada, se ajuste a los principios que rigen no solo la función electoral, sino también el acceso a la información y el derecho a la privacidad.
Con esta reestructura, el INE también pone en marcha la Comisión de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, que será la responsable directa de operar como autoridad garante en el nuevo esquema organizativo.
“Este acuerdo fortalece la capacidad institucional del INE en el cumplimiento de sus nuevas atribuciones legales. Y garantiza que la transparencia y protección de datos personales continúen siendo derechos vigentes y accesibles para toda la ciudadanía”, afirmó Guadalupe Taddei, presidenta del organismo.
El nuevo modelo de operación busca responder a la necesidad de mantener viva la transparencia en la administración pública, aún en contextos de cambio legislativo. La reestructura representa un ajuste sustancial en el andamiaje institucional del INE, sin perder su esencia como garante de la equidad, la legalidad y la confianza ciudadana.
La transformación está en marcha y el INE asume una nueva dimensión de responsabilidad mientras la transparencia no se detiene.