El Congreso de Nuevo León recibió una iniciativa ciudadana denominada Ley de protocolos de convivencia y protección de estudiantes en entornos educativos, conocida públicamente como “Ley Therian”, cuyo objetivo es establecer lineamientos para prevenir el acoso escolar, la discriminación y actos de violencia vinculados con manifestaciones de identidad o expresión personal en escuelas públicas y privadas del estado.

La propuesta fue presentada por el abogado Mauricio Castillo, quien planteó la necesidad de crear mecanismos formales dentro de los planteles educativos que orienten a docentes y directivos sobre cómo actuar ante situaciones relacionadas con este grupo social. En las últimas semanas, el término “therian” ha ganado visibilidad en redes sociales en México. Se refiere a personas que afirman tener una conexión psicológica o espiritual con un animal no humano y que, en algunos casos, utilizan máscaras, disfraces o imitan comportamientos asociados con esos animales.

Castillo acudió al recinto legislativo acompañado de Luis, un joven de 28 años que afirmó haber enfrentado discriminación desde la infancia por identificarse con un caballo. Durante su presencia en el Congreso portó una máscara alusiva y realizó gestos vinculados con ese animal. En declaraciones a medios, señaló que desde los 9 o 10 años actúa y siente afinidad con dicha identidad, y relató experiencias de incomprensión en su entorno familiar.

De acuerdo con el abogado promovente, en Nuevo León existen más de 100 casos de personas que se identifican como “therian” y que, según indicó, enfrentan obstáculos para expresarse libremente. La iniciativa propone la creación de protocolos de convivencia escolar, así como programas de observatorios ciudadanos dentro de las instituciones educativas para evitar daños a terceros, proteger la integridad física de estudiantes y brindar herramientas claras al personal docente.

El planteamiento también contempla acompañamiento psicosocial y psicológico para los jóvenes involucrados, además de coordinación institucional. Castillo hizo un llamado a la Secretaría de Educación y a la Secretaría de Salud estatales para participar en el diseño de medidas de apoyo, y propuso instalar mesas de trabajo con la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León con el fin de prevenir posibles delitos en su contra.

Según lo expuesto por el abogado, existen antecedentes de legislación sobre convivencia digital y protección de menores en países como Reino Unido, España, Portugal, Australia, Corea del Sur y Finlandia, los cuales fueron citados como referencia para el diseño de la propuesta. La iniciativa quedó en manos del Congreso local para su análisis y eventual discusión legislativa.

La Ciudad de México acumula 196 casos confirmados de sarampión entre 2025 y lo que va de 2026, de acuerdo con el Informe Diario del Brote de Sarampión en México 2026, elaborado por la Secretaría de Salud. Del total, 47 contagios se registraron durante 2025 y 149 corresponden al periodo comprendido entre el 1 de enero y el 9 de febrero de 2026.

Cuatro alcaldías concentran el 50% de los casos reportados en la capital. La secretaria de Salud de la Ciudad de México, Nadine Gasman, detalló que Gustavo A. Madero suma 39 contagios; Álvaro Obregón, 35; Cuauhtémoc, 18; y Miguel Hidalgo, 14, lo que en conjunto representa 106 de los 196 casos confirmados.

Ante este panorama, el Gobierno capitalino mantiene activa la estrategia de vacunación. Uno de los módulos con horario extendido se instaló en la explanada del Palacio de Bellas Artes, donde desde temprano se observaron filas de personas que acudieron a aplicarse la vacuna contra el sarampión.

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, afirmó que la situación actual es “manejable”. “No es mucho lo que ahorita tenemos por alcaldía, pero no queremos que sean más. Se informará en términos generales pero no por cada alcaldía”, señaló, al referirse al seguimiento de los casos en la ciudad.

El contexto regional también ha encendido alertas. La Organización Panamericana de la Salud (OPS) emitió la semana pasada un aviso epidemiológico ante el incremento de contagios en América, con México encabezando los nuevos reportes. El organismo subrayó que el 78% de los casos recientes se presentó en personas no vacunadas e instó a los gobiernos a reforzar las campañas de inmunización.

La alerta se produce después de que Canadá perdiera en noviembre pasado el estatus de país libre de sarampión. Estados Unidos y México solicitaron una prórroga de dos meses para contener sus respectivos brotes. En enero, el gobierno de Donald Trump formalizó la salida de Estados Unidos de la Organización Mundial de la Salud, instancia bajo cuyo marco opera la OPS.

La Secretaría de Salud informó que la presencia en México de la variante de influenza A H3N2 subclado K no representa un riesgo para la población, luego de confirmarse un solo caso en el país. El secretario de Salud, David Kershenobich, precisó que la situación se mantiene bajo control y que el sistema sanitario cuenta con las herramientas necesarias para atender esta enfermedad durante la temporada invernal.

Durante la conferencia matutina, el funcionario detalló que el primer caso identificado corresponde a una mujer de 80 años de edad, quien fue atendida en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER), en la Ciudad de México. La detección permitió activar los protocolos de atención médica y vigilancia epidemiológica establecidos para influenza, sin que se hayan reportado complicaciones adicionales asociadas a este caso.

Kershenobich explicó que esta variante, conocida mediáticamente como “supergripe” y que actualmente circula en países de Europa y en Estados Unidos, no es distinta a las cepas que ya se contemplan en la vacuna contra la influenza que se aplica en México. En ese sentido, indicó que las personas vacunadas cuentan con protección suficiente frente a este subtipo del virus.

El titular de Salud subrayó que la principal característica de esta variante es su mayor capacidad de contagio; sin embargo, aclaró que no se ha identificado un aumento en la severidad de los cuadros clínicos. Añadió que responde adecuadamente al tratamiento habitual contra la influenza, incluido el uso del antiviral oseltamivir, cuyo abasto está garantizado en el sistema de salud público.

“No representa en este momento ningún problema para el país, es nada más estar pendiente con vigilancia epidemiológica”, señaló el secretario, al destacar la importancia del monitoreo continuo de casos para una detección oportuna.

Asimismo, indicó que México dispone de suficientes dosis de la vacuna contra la influenza para proteger a la población en riesgo. Recordó que la vacunación no solo reduce la posibilidad de contagio, sino que también previene casos graves y hospitalizaciones, lo que contribuye a mantener la enfermedad bajo control durante el invierno.

Kershenobich destacó que la vacuna aplicada en el país, denominada Mexinvac, se produce completamente en México y se utiliza desde 2024, lo que fortalece la capacidad nacional de respuesta ante brotes de influenza. Agregó que el número de casos registrados hasta ahora es similar al del año pasado, periodo en el que la enfermedad se mantuvo controlada gracias a la inmunización.

Finalmente, precisó que deben vacunarse niñas y niños de entre seis meses y cinco años, así como personas de 60 años o más. “Tenemos vacuna, tenemos tratamiento y, por lo tanto, pensamos que no será un problema la influenza en esta ocasión”, afirmó.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo envió a la Cámara de Diputados una iniciativa de 294 páginas para reformar de manera integral el sistema de Salud en México. El proyecto busca consolidar contrataciones de medicamentos, equipo médico e insumos, con el objetivo de mejorar la eficiencia y garantizar un abasto adecuado en el país.

La propuesta plantea fortalecer la Secretaría de Salud como instancia rectora, vinculando la atención a la población con el Plan México, que promueve el desarrollo económico equitativo y sustentable. Entre los ejes centrales se incluye el impulso a la industria nacional en la producción de insumos y la agilización de trámites ante la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris).

Uno de los puntos relevantes es la incorporación de la salud digital y la planeación de infraestructura médica como materias de salubridad general. Esto permitirá implementar servicios de telesalud y telemedicina para ampliar la cobertura sin necesidad de desplazamiento. El documento señala que se aplicarán tecnologías de la información y la comunicación en la atención, con herramientas como registros electrónicos, dispositivos portátiles y aplicaciones de salud móvil.

La iniciativa también establece la prohibición absoluta de cigarrillos electrónicos, vapeadores y sistemas análogos. Se incluye en esta medida todo lo relacionado con su adquisición, fabricación, envasado, transporte, importación, exportación, distribución y venta en el territorio nacional. El texto precisa que estas restricciones se extienden a estupefacientes, precursores químicos y aditivos usados en la elaboración de dichos productos.

Para reforzar este punto, se adiciona el artículo 414 Bis, que contempla el aseguramiento de vapeadores y sustancias asociadas, y se crea el artículo 456 Bis, que fija sanciones de uno a ocho años de prisión, además de multas de 100 a dos mil veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización, para quienes realicen conductas prohibidas. Todas las autorizaciones sanitarias previas relacionadas con estos dispositivos quedarán sin efectos en cuanto entre en vigor el decreto, y se notificará a los titulares para el cese de actividades.

El documento subraya la intención de garantizar el acceso universal a la atención médica mediante el intercambio de servicios entre instituciones públicas. Con ello, se busca ampliar la cobertura y asegurar la atención oportuna y de calidad.

Asimismo, se contempla la integración de la demanda de medicamentos, equipo de alta tecnología e insumos, con procesos de contratación consolidada. En este esquema participarán las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal que prestan servicios de salud, asistencia social y salud pública, conforme a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

La Secretaría de Salud confirmó el fallecimiento de la primera persona en México que había sido diagnosticada con miasis humana ocasionada por el gusano barrenador. Se trata de una mujer de 86 años originaria de Campeche, quien desde hace una década enfrentaba un diagnóstico de cáncer de piel, además de otras complicaciones de salud.

La defunción fue reportada oficialmente el 21 de julio por sus familiares, quienes notificaron a la autoridad sanitaria que la paciente murió a causa de complicaciones oncológicas. La información fue compartida este miércoles mediante una tarjeta informativa difundida por la propia Secretaría de Salud.

La paciente había sido diagnosticada con miasis en mayo de este año. Luego de recibir tratamiento especializado para controlar la infección causada por la larva del gusano barrenador, fue remitida nuevamente a valoración médica para continuar con su atención oncológica.

De acuerdo con el Boletín Epidemiológico del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (SINAVE), además del cáncer de piel, la mujer también presentaba trastornos neurológicos que afectaban su conciencia y sensibilidad, úlceras cutáneas y padecía hipertensión arterial sistémica.

Este caso representaba uno de los dos detectados en Campeche con infección activa por miasis. En todo el país, hasta la semana epidemiológica número 29, se han registrado 33 casos confirmados en humanos afectados por esta larva.

La mayor concentración de casos se localiza en el estado de Chiapas, particularmente en el municipio de Tapachula, donde se mantiene una vigilancia activa por parte de las autoridades sanitarias. La mayoría de los pacientes reportados ya fueron dados de alta tras haber respondido favorablemente al tratamiento.

El gusano barrenador, también conocido como Cochliomyia hominivorax, es una larva parasitaria que invade tejidos vivos y provoca miasis, una infección que afecta tanto a animales como a humanos, principalmente en zonas tropicales. México había sido declarado libre de esta plaga desde los años noventa, pero recientemente se reactivaron los reportes en algunos estados del sur del país.

La Secretaría de Salud continúa monitoreando los casos activos y mantiene acciones de control epidemiológico para evitar la propagación del gusano barrenador, en coordinación con autoridades estatales y municipales, además de reforzar campañas informativas sobre prevención y atención oportuna de síntomas.

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, presentó este martes una estrategia integral para combatir el delito de despojo de inmuebles, un fenómeno que definió como “uno de los más graves y dolorosos” para las familias capitalinas. Durante la conferencia matutina, anunció la instalación oficial del Gabinete de Prevención y Atención a los Despojos, que ya opera desde hace cuatro meses, y que busca coordinar acciones institucionales para enfrentar este delito estructural y multifactorial.

El gabinete está encabezado por el secretario de Gobierno, César Cravioto, y la Fiscal capitalina, Bertha Alcalde. Lo integran también instancias clave como el Poder Judicial, la Secretaría de Seguridad Ciudadana, el Registro Público de la Propiedad, la Consejería Jurídica, Protección Civil, Patrimonio Inmobiliario y, próximamente, la Comisión de Derechos Humanos local, con el fin de garantizar un enfoque con perspectiva de derechos.

Uno de los pilares de la estrategia es la creación de una Unidad Operativa Especializada Contra el Despojo, adscrita a la Secretaría de Gobierno. Su función será atender casos específicos con celeridad y coordinación interinstitucional. Además, se implementará una campaña ciudadana de prevención para informar sobre prácticas fraudulentas, fomentar la cultura de la legalidad y promover el conocimiento de los derechos patrimoniales.

En el plano legislativo, Brugada anunció que enviará al Congreso local un paquete de reformas para endurecer el castigo a quienes cometan este delito. Entre las principales propuestas destacan penas de prisión que van de 6 a 11 años en su tipo base, y de 12 a 22 años sin derecho a fianza en casos agravados. Estas agravantes incluyen el uso de violencia, daño físico a los inmuebles, impedimento del uso del bien, simulación de actos jurídicos como compraventas falsas, o participación de servidores públicos, notarios, corredores inmobiliarios o personas que usurpen funciones de autoridad.

Las reformas también amplían la definición legal del delito de despojo, incluyendo esquemas encubiertos y nuevos tipos de fraude, lo que permitirá una persecución penal más eficaz. Se contemplan medidas de protección cautelar desde la detección del riesgo, para impedir que el despojo se consolide legalmente, protegiendo así el patrimonio de las víctimas desde el inicio del proceso.

Por su parte, la fiscal Bertha Alcalde informó que en lo que va de 2025 se han registrado 2 mil 245 denuncias por despojo, lo que representa un incremento del 8% respecto al año anterior. Las alcaldías con mayor número de casos son Iztapalapa, Cuauhtémoc y Gustavo A. Madero.

Con este plan, el Gobierno capitalino busca reforzar sus capacidades institucionales, garantizar el acceso a la justicia, y proteger a los grupos más vulnerables frente a un delito que, según Brugada, “rompe vínculos familiares y comunitarios”.

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció una inversión histórica de 21 mil millones de pesos para fortalecer el sistema IMSS-Bienestar en todo el país. Este plan nacional responde a un diagnóstico realizado tras recorrer 24 estados, que evidenció carencias urgentes en personal médico y equipo especializado.

La gira de supervisión concluyó en Zacatecas, donde Sheinbaum detalló que se requieren 2,900 profesionales de la salud y 3,300 equipos médicos especializados, los cuales comenzarán a adquirirse desde este año. Entre los equipos están incluidos desde monitores básicos hasta aceleradores lineales para tratamiento oncológico.

Durante su visita a la Unidad de Especialidades Médicas de Oncología del IMSS-Bienestar en Guadalupe, la mandataria explicó que la inversión se aplicará en tres etapas: una parte en 2025, otra en 2026 y la última en 2027. Además, se contempla la contratación de mil médicos especialistas y mil 900 enfermeros, así como la construcción y sustitución de hospitales.

En el caso específico de Zacatecas, se invertirán 621 millones de pesos en equipamiento médico y mil 100 millones de pesos en nuevos hospitales, lo que representa uno de los mayores esfuerzos en salud para esta entidad.

Sheinbaum reafirmó que la prioridad de su administración es garantizar el derecho a la salud como un bien público y no como una mercancía, por lo que se trabaja en la integración de los sistemas IMSS, ISSSTE y Secretaría de Salud para brindar atención universal y de calidad.

“El acceso a la salud no es una mercancía… es un derecho del pueblo de México y el pueblo va a tener el mejor sistema de salud pública”, afirmó.

En el evento también participaron funcionarios clave como Alejandro Svarch Pérez, titular del IMSS-Bienestar, quien recordó que la gira presidencial culmina en Zacatecas tras visitar cientos de hospitales y centros de salud, y tras 72 horas de reuniones técnicas para revisar avances y retos.

Por su parte, David Kershenobich Stalnikowit, titular de Salud, informó que el país cuenta con suficientes vacunas para controlar el brote de sarampión detectado en varias regiones.

El gobernador de Zacatecas, David Monreal, agradeció el apoyo federal y destacó avances en seguridad pública, asegurando que en su estado “se siembra la paz” y los resultados ya se reflejan en las calles.

La presidenta cerró su mensaje con un gesto hacia la comunidad migrante, asegurando que su gobierno los protege: “Estados Unidos no sería el país que es si no fuera por los mexicanos que trabajan del otro lado de la frontera”, dijo ante los asistentes.

Este anuncio forma parte del proyecto de transformación nacional impulsado por la administración actual, el cual busca cerrar las brechas de desigualdad en el sistema de salud y reforzar el tejido social desde una visión humanista y federalista.

Desde este sábado, las escuelas del Sistema Educativo Nacional de México han dado un paso decisivo hacia una alimentación más saludable al prohibir la venta de “comida chatarra” en sus instalaciones. La medida busca transformar los hábitos alimenticios de millones de estudiantes en todo el país. 

Los nuevos lineamientos establecen que la preparación, distribución y venta de alimentos dentro de las escuelas deben privilegiar ingredientes naturales o mínimamente procesados de la región. Además, se fomenta el consumo de agua natural y la promoción de estilos de vida saludables.

El titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Mario Delgado, convocó a docentes y autoridades educativas a informar y concientizar a quienes venden alimentos en las escuelas sobre estas nuevas disposiciones. Enfatizó que la estrategia responde a un problema crítico de salud pública: el sobrepeso y la obesidad infantil han aumentado un 120% en los últimos 30 años, según la organización El Poder del Consumidor.

El programa fue presentado en octubre pasado, poco antes de la llegada de Claudia Sheinbaum a la presidencia. Delgado explicó que la iniciativa se basa en cuatro ejes: prohibir la venta de productos ultraprocesados en escuelas, fomentar el consumo de agua natural, capacitar a responsables en nutrición saludable y promover la actividad física.

La Secretaría de Salud reveló que, hasta el año pasado, en el 98% de las escuelas aún se vendía comida de baja calidad, en el 95% había bebidas azucaradas y en casi 8 de cada 10 se comercializaban refrescos. Frente a este panorama, Delgado afirmó que la SEP cuenta con todos los instrumentos jurídicos para regular y hacer cumplir la eliminación de la comida chatarra en los planteles.

Las medidas, publicadas en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 30 de septiembre pasado, buscan garantizar que desde la educación básica hasta la superior, los estudiantes tengan acceso a alimentos más saludables. Según la norma, cualquier producto con sellos de advertencia en su empaque no podrá ser vendido dentro de los recintos educativos.

Con esta regulación, México se suma a otros países que han implementado políticas estrictas para combatir la obesidad infantil y mejorar la calidad de vida de sus estudiantes. La nueva norma marca el inicio de una transformación en los hábitos alimenticios dentro del entorno escolar, apostando por un futuro más saludable para la juventud mexicana.