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La Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México, Bertha Alcalde Luján, informó que la reparación del daño a las víctimas directas e indirectas de la explosión de una pipa de gas ocurrida el pasado 10 de septiembre en Iztapalapa aún no ha comenzado, pues dependerá del tiempo que tomen las negociaciones entre los afectados y la empresa propietaria del vehículo.

Durante una conferencia de prensa, la fiscal detalló que el proceso de compensación se encuentra en etapa de análisis y que la institución ha asignado personal especializado para acompañar y asesorar a las víctimas en los diálogos con los representantes legales de la compañía.

“Esto va a depender de la salida por la que opten las víctimas en este caso. Estamos investigando delitos culposos, tanto homicidios culposos, lesiones culposas y daños materiales culposos. Estos delitos permiten, de acuerdo con el Código Nacional de Procedimientos Penales, distintas salidas; una de ellas, efectivamente, es la mediación y los acuerdos reparatorios”, explicó Alcalde Luján.

El siniestro dejó hasta el momento 31 personas fallecidas y 53 lesionadas, de las cuales nueve permanecen hospitalizadas. Además, decenas de viviendas y vehículos resultaron afectados por la explosión y el incendio posterior.

La fiscal indicó que el monto de la reparación económica se definirá con base en estudios psicológicos, peritajes sociales y evaluaciones del daño moral realizado a cada una de las víctimas, así como en los casos de fallecimiento o discapacidad permanente. “El daño moral se calcula también en relación con las periciales en psicología, lo que tiene que ver con el proyecto de vida, cómo fue afectado el proyecto de vida y, muy importante, con el lucro cesante”, señaló.

Explicó que el lucro cesante corresponde al monto que las víctimas o sus familiares dejaron de percibir a causa del accidente. “En el caso sobre todo de los fallecimientos o donde hay lesiones que invalidan por completo a las personas y ya no pueden trabajar, se hace un cálculo a partir de lo que la persona fallecida hubiera ganado en su vida laboral”, puntualizó.

Bertha Alcalde agregó que los acuerdos reparatorios pueden alcanzarse durante la etapa inicial de la investigación, sin necesidad de que exista una imputación formal ante un juez. “En los acuerdos reparatorios no es necesario ni siquiera que se haga como tal una imputación frente a un juez, sino que, en la etapa de investigación inicial, se puede llegar a un acuerdo a partir de lo que decidan las partes”, subrayó.

La Fiscalía capitalina mantiene abiertas las investigaciones para determinar la responsabilidad penal de la empresa propietaria de la pipa y de los operadores involucrados en el siniestro, mientras continúa el acompañamiento psicológico y legal a los afectados.

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, anunció este miércoles la conformación de un comité de solidaridad que tendrá como función central recibir y administrar las donaciones ciudadanas destinadas a las víctimas de la explosión de una pipa en el Puente de la Concordia, en Iztapalapa.

Brugada explicó que la decisión responde a las peticiones de distintos sectores de la población que han solicitado un mecanismo transparente para canalizar apoyos. Este comité estará integrado por representantes de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la Cruz Roja, así como miembros de la sociedad civil, empresarios y personalidades reconocidas.

“El objetivo de este comité será recibir y administrar donaciones y aportaciones solidarias para las personas lesionadas y las familias”, precisó la mandataria capitalina. Indicó además que en los próximos días se definirá una cuenta bancaria para la recepción de recursos, con el propósito de que éstos se distribuyan de manera ordenada y directa entre los afectados.

A una semana del accidente, Brugada informó que ya se han entregado apoyos emergentes a las víctimas hospitalizadas, a quienes han sido dadas de alta y a las familias de las personas fallecidas. Aunque no detalló montos, aseguró que también se han brindado alimentos, atención de salud mental y asesoría jurídica.

En paralelo, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México dio a conocer los avances de la investigación sobre el siniestro ocurrido en la autopista México-Texcoco, a la altura del cruce con la México-Puebla. La fiscal capitalina, Bertha Alcalde, informó que la pipa transportaba gas LP desde Tuxpan, Veracruz, con destino a una gasera ubicada en la alcaldía Tláhuac.

De acuerdo con el peritaje, el vehículo circulaba a exceso de velocidad al tomar la salida hacia la autopista México-Puebla, donde existe una curva con pendiente positiva. En ese tramo perdió el control e impactó primero contra el muro de contención exterior. Posteriormente cambió de dirección y golpeó un segundo muro interior.

El fuerte impacto provocó que el contenedor se volcara y recibiera un golpe adicional en la parte frontal izquierda, lo que ocasionó una fractura de aproximadamente 40 centímetros. Por esa abertura se fugó el gas que transportaba la unidad.

La fiscal detalló que la fractura pudo haberse originado por el choque con un objeto rígido, ya sea una pieza del propio camión o fragmentos de los muros. El gas se expandió a lo largo de un área de 180 metros, donde finalmente una chispa generó el incendio que derivó en la explosión.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) informó este viernes los primeros resultados de las investigaciones sobre la explosión de una pipa de gas ocurrida en el Puente de la Concordia, en Iztapalapa, que dejó un saldo de 10 personas fallecidas y 76 lesionados. De acuerdo con las indagatorias, el accidente se originó tras la ruptura del tanque de la unidad a consecuencia de un choque con un objeto sólido.

“El tanque de gas presentó ruptura en un casquete tras el choque con un objeto sólido, lo que permitió la fuga de gas y su ignición”, precisó la institución en un comunicado. El informe descartó que el siniestro estuviera relacionado con irregularidades en el estado del asfalto, pues no se detectaron baches ni daños en el pavimento de la vialidad donde circulaba el vehículo siniestrado.

En el sitio de la explosión, especialistas identificaron la presencia de distintos compuestos aromáticos, entre ellos benceno y estireno, resultado de la combustión generada por la fuga. Estos hallazgos forman parte del peritaje técnico que busca determinar las causas exactas del siniestro.

La fiscalía capitalina también dio a conocer que personal de la institución fue desplegado en hospitales de la ciudad para brindar acompañamiento a las víctimas y sus familias. Como parte de las medidas de apoyo, se ofrece atención psicológica y asesoría jurídica a quienes lo requieran.

El más reciente informe de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México señala que 54 personas permanecen hospitalizadas en diferentes nosocomios, mientras que 22 ya han sido dadas de alta tras recibir atención médica.

Por otra parte, las autoridades identificaron a la empresa responsable de la pipa siniestrada como Transportadora Silza, S.A. de C.V., perteneciente al Grupo Tomza. La compañía opera dentro del sector de distribución de gas y ahora se encuentra bajo revisión tras el accidente que conmocionó a la capital.

La explosión registrada el pasado miércoles en la zona oriente de la ciudad generó una de las emergencias más graves de los últimos años en Iztapalapa. Los equipos de protección civil, bomberos y paramédicos trabajaron durante horas para sofocar las llamas, controlar los riesgos secundarios y trasladar a decenas de heridos a los hospitales de la capital.

Las investigaciones continúan abiertas con el objetivo de esclarecer todas las responsabilidades relacionadas con el siniestro. Mientras tanto, la atención médica y psicológica a los afectados sigue siendo la prioridad de las autoridades capitalinas.

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, presentó este martes una estrategia integral para combatir el delito de despojo de inmuebles, un fenómeno que definió como “uno de los más graves y dolorosos” para las familias capitalinas. Durante la conferencia matutina, anunció la instalación oficial del Gabinete de Prevención y Atención a los Despojos, que ya opera desde hace cuatro meses, y que busca coordinar acciones institucionales para enfrentar este delito estructural y multifactorial.

El gabinete está encabezado por el secretario de Gobierno, César Cravioto, y la Fiscal capitalina, Bertha Alcalde. Lo integran también instancias clave como el Poder Judicial, la Secretaría de Seguridad Ciudadana, el Registro Público de la Propiedad, la Consejería Jurídica, Protección Civil, Patrimonio Inmobiliario y, próximamente, la Comisión de Derechos Humanos local, con el fin de garantizar un enfoque con perspectiva de derechos.

Uno de los pilares de la estrategia es la creación de una Unidad Operativa Especializada Contra el Despojo, adscrita a la Secretaría de Gobierno. Su función será atender casos específicos con celeridad y coordinación interinstitucional. Además, se implementará una campaña ciudadana de prevención para informar sobre prácticas fraudulentas, fomentar la cultura de la legalidad y promover el conocimiento de los derechos patrimoniales.

En el plano legislativo, Brugada anunció que enviará al Congreso local un paquete de reformas para endurecer el castigo a quienes cometan este delito. Entre las principales propuestas destacan penas de prisión que van de 6 a 11 años en su tipo base, y de 12 a 22 años sin derecho a fianza en casos agravados. Estas agravantes incluyen el uso de violencia, daño físico a los inmuebles, impedimento del uso del bien, simulación de actos jurídicos como compraventas falsas, o participación de servidores públicos, notarios, corredores inmobiliarios o personas que usurpen funciones de autoridad.

Las reformas también amplían la definición legal del delito de despojo, incluyendo esquemas encubiertos y nuevos tipos de fraude, lo que permitirá una persecución penal más eficaz. Se contemplan medidas de protección cautelar desde la detección del riesgo, para impedir que el despojo se consolide legalmente, protegiendo así el patrimonio de las víctimas desde el inicio del proceso.

Por su parte, la fiscal Bertha Alcalde informó que en lo que va de 2025 se han registrado 2 mil 245 denuncias por despojo, lo que representa un incremento del 8% respecto al año anterior. Las alcaldías con mayor número de casos son Iztapalapa, Cuauhtémoc y Gustavo A. Madero.

Con este plan, el Gobierno capitalino busca reforzar sus capacidades institucionales, garantizar el acceso a la justicia, y proteger a los grupos más vulnerables frente a un delito que, según Brugada, “rompe vínculos familiares y comunitarios”.

Clara Brugada, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, reafirmó su postura en contra de la gentrificación que impacta directamente la vida de muchas personas en la capital, al provocar el encarecimiento de la vivienda y la expulsión de familias mexicanas que no pueden cubrir los costos de renta. La mandataria se pronunció luego de una protesta registrada en la alcaldía Cuauhtémoc, donde cientos de personas expresaron su rechazo a este fenómeno que altera el tejido social de diversas colonias.

La movilización comenzó en el corazón de la colonia Condesa, específicamente en el Parque México. Sin embargo, el tono de la protesta cambió radicalmente cuando un grupo de manifestantes causó daños en restaurantes y cafeterías de la zona, además de dejar pintas en varios inmuebles. Las acciones de vandalismo generaron reacciones divididas y una fuerte conversación en redes sociales.

Horas después de los hechos, Brugada difundió un comunicado en el que destacó que la gentrificación es un problema que afecta a miles de capitalinos. Señaló que el incremento en la llegada de extranjeros ha disparado la demanda de vivienda, lo que ha derivado en una escalada de precios que pone en riesgo el derecho a la ciudad para muchos mexicanos.

Durante una conferencia de prensa realizada tras una jornada de trabajo en San Gregorio Atlapulco, Xochimilco, Brugada volvió a hablar del tema. Afirmó que, aunque comparte el fondo de la demanda, las expresiones utilizadas por algunos sectores durante la marcha fueron xenofóbicas, lo cual rechazó tajantemente. “Rechazamos también las actitudes xenofóbicas que ayer se expresaron contra algunos grupos en particular”, declaró.

La mandataria capitalina reiteró que su gobierno priorizará medidas para frenar la gentrificación, pero también para generar un debate profundo sobre la violencia en las manifestaciones y la manera en que estas deben desarrollarse sin vulnerar derechos. “No podemos, en esta ciudad, que haya agresiones o discriminación a grupos diversos como ayer”, agregó.

Las acciones violentas en la Condesa fueron duramente criticadas por sectores de la sociedad, quienes desde redes sociales señalaron una posible relación entre los hechos y actores vinculados al partido Morena. Edgar Jiménez, uno de los usuarios que reaccionaron en línea, expresó: “Clara Brugada iztapalizó la CDMX; mandó a sus porros de Iztapalapa a vandalizar la Condesa para crear una cortina de humo. Morena es un cáncer, resentimiento y mediocridad”.

El tema de la gentrificación continúa generando debate entre autoridades, activistas y habitantes de la Ciudad de México, quienes enfrentan realidades distintas ante un mismo fenómeno urbano.

La 182 Representación de la Pasión de Cristo en Iztapalapa cerró con un saldo blanco. Con una organización ejemplar y una respuesta masiva del público, la jornada del Viernes Santo fue una de las más multitudinarias y ordenadas en la historia reciente de esta tradición capitalina. La alcaldesa Aleida Alavez Ruiz confirmó el resultado positivo en conferencia de prensa, destacando el compromiso de los habitantes de los ocho barrios, el despliegue institucional y la colaboración ciudadana.

Un millón 400 mil visitantes acudieron este viernes a la representación, provenientes no solo de la demarcación, sino de distintos puntos de la Ciudad de México y del país. Desde el Domingo de Ramos, la cifra total de asistentes supera ya los dos millones. Cifras contundentes que reflejan el arraigo de esta festividad, que cada año convierte a Iztapalapa en epicentro cultural y espiritual de la capital.

El operativo de seguridad y atención fue de gran escala. Más de tres mil 300 elementos de la policía, apoyados por 180 vehículos, trabajaron para mantener el orden y resguardar a los asistentes. A este despliegue se sumaron más de dos mil trabajadores de la alcaldía. El resultado: cero personas extraviadas, más de 243 solicitudes de información atendidas, y 620 servicios médicos brindados sin incidentes graves. Además, se realizaron más de 20 mil acciones de hidratación.

La única eventualidad destacada fue la caída de un caballo, sin consecuencias mayores. La edil enfatizó que este año se reforzaron las medidas de protección animal, con especial atención al bienestar de los equinos utilizados en la representación. “Se ha puesto un esmero en el bienestar animal particularmente de los caballos utilizados en esta representación”, puntualizó.

La pasión y el compromiso del pueblo de Iztapalapa también se reflejaron en la participación artística. El Comité Organizador reportó la colaboración de 147 actores, más de 500 asistentes, 200 músicos y cientos de soldados romanos y fariseos. En total, unas 4 mil personas formaron parte activa de esta gran escenificación.

Aleida Alavez agradeció el respaldo de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México y elogió la capacidad organizativa de la comunidad local. “Agradeciendo al pueblo de Iztapalapa con una organización tan ejemplar que por años han hecho esto y han reunido estas multitudes”, declaró.

Una vez más, la Semana Santa en Iztapalapa demostró que la tradición y la modernidad pueden convivir con eficiencia, seguridad y respeto, incluso en eventos que movilizan a millones.

Durante la madrugada de este domingo, un incendio de gran magnitud en la Central de Abastos de la Ciudad de México consumió 70 locales y obligó a la evacuación de 50 personas. El siniestro inició alrededor de las 3:00 a. m. y fue controlado tras tres horas de arduos trabajos de los equipos de emergencia. 

El fuego se concentró en cinco bodegas dedicadas a la venta de accesorios para florería, como plásticos y unicel, materiales altamente inflamables que facilitaron la propagación de las llamas. Los bomberos y cuerpos de emergencia acudieron a la intersección de Pasillo de Flores y Hortalizas con Abarrotes y Víveres para contener el incendio y asistir a los afectados.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Ciudadana (SGIRPC) informó que un bombero sufrió quemaduras de segundo grado en el rostro, mientras que un oficial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana resultó con una contusión en la pierna izquierda. Ambos fueron atendidos por paramédicos de la Cruz Roja.

Myriam Urzúa Venegas, secretaria de Protección Civil de la Ciudad de México, se trasladó al lugar del siniestro para coordinar las acciones de mitigación y dialogar con los locatarios afectados. Informó que participaron aproximadamente 700 personas en las labores de emergencia, incluyendo bomberos, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, personal de la Central de Abastos y de la alcaldía Iztapalapa. Para sofocar las llamas se utilizaron 17 pipas con agua.

El tiempo de respuesta fue de 21 minutos, lo que permitió controlar el incendio sin que se reportaran víctimas mortales. Como medida de prevención, se evacuó a medio centenar de personas que se encontraban en la zona afectada.

Hasta el momento, las autoridades no han determinado la causa del incendio. Las investigaciones continúan para esclarecer el origen del siniestro y evaluar los daños materiales. La Central de Abastos, uno de los mercados mayoristas más importantes del país, reanudará sus actividades mientras se llevan a cabo las inspecciones correspondientes.