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Integrantes de la Unión Nacional de Técnicos y Profesionistas Petroleros (UNTyPP) realizaron una manifestación frente a las oficinas centrales de Petróleos Mexicanos (Pemex), en la Ciudad de México, para exigir un aumento salarial equivalente al otorgado al Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM). La protesta se extendió durante varias horas y expuso una serie de inconformidades acumuladas por este sindicato minoritario.

El secretario general de la sección 8 de la UNTyPP, Francisco Zamora Salazar, explicó que, pese a que su organización está registrada desde 2008, no se les ha aplicado el incremento salarial reciente porque se les clasifica como “trabajadores de confianza”. Según detalló, esa categoría los deja fuera del contrato colectivo y del reglamento que sí se aplica a los empleados sindicalizados del organismo. En entrevista, Zamora atribuyó esta situación a decisiones políticas vinculadas al esquema de austeridad impulsado por el actual gobierno federal.

El líder sindical afirmó que, además de la falta de actualización salarial, la UNTyPP enfrenta liquidaciones y despidos injustificados. Indicó que los recortes comenzaron en el primer trimestre de 2025 y afectan principalmente a trabajadores de confianza con más de dos décadas de antigüedad. “Ha habido muchos despidos injustificados. Bueno, sabemos que van a ser más de tres mil despidos, y ahorita llevan el 80%”, señaló. Añadió que los ajustes se mantendrán hasta el 31 de diciembre, según les ha informado la empresa.

Entre los casos expuestos durante la protesta destaca el de Rigoberto Laredo, trabajador con 34 años de servicio en el área de compras de la Sección 9 en Coatzacoalcos, Veracruz, quien afirmó haber sido despedido hace año y medio tras una acusación de acoso sexual que, según dijo, no ha sido comprobada. 

Laredo aseguró que existen alrededor de 100 personas señaladas bajo acusaciones similares en distintas áreas de Pemex, y que en algunos casos ya se ha demostrado la falsedad de las imputaciones. “Tiene un año o siete meses que yo no tengo salario, no tengo servicio médico”, expuso al denunciar que los despidos se están utilizando para remover personal con puestos sensibles.

Además de las demandas laborales, la UNTyPP señaló deficiencias en instalaciones y servicios básicos dentro de Pemex. Indicaron que persisten fallas en oficinas, elevadores y sanitarios del centro administrativo, donde incluso falta papel higiénico y jabón líquido. 

A estas condiciones se suma el deterioro en la atención médica: el sindicato denunció que el servicio subrogado fue cancelado en varias regiones, obligando a trabajadores de lugares como Topolobampo, Sinaloa, y Hermosillo, Sonora, a trasladarse hasta Salamanca, Guanajuato, o a la Ciudad de México para recibir atención, aun en casos de padecimientos menores.

Las exigencias de la UNTyPP colocan sobre la mesa un conjunto de reclamos que combinan salario, estabilidad laboral y condiciones de trabajo, y que mantienen en tensión la relación entre este sindicato y la empresa estatal.

¡Se acabó la pausa! Este viernes, el Poder Judicial de la Ciudad de México (PJCDMX) dio un paso firme y ordenó la reanudación inmediata de todas sus actividades, luego de más de un mes de paro laboral por parte de sus trabajadores. La medida fue anunciada por el Consejo de la Judicatura capitalina y abarca todos los niveles: personal administrativo, de apoyo judicial y de servicios deberán retomar labores en sus horarios habituales.

La resolución se dio a conocer a través de un comunicado en el que se establece que “las y los consejeros de la Judicatura de la Ciudad de México ordenan la reanudación inmediata de todas y cada una de las actividades y servicios que prestan los órganos jurisdiccionales, áreas administrativas y de apoyo judicial del Poder Judicial de la Ciudad de México”.

Desde el 29 de mayo, los trabajadores del PJCDMX suspendieron labores para exigir un aumento salarial del 10%. Sin embargo, tanto el Poder Judicial como el gobierno de la Ciudad de México se han mantenido firmes y no han accedido a estas demandas, lo que desató una serie de protestas, bloqueos y presencia constante de empleados inconformes a las afueras de los edificios judiciales.

En medio del conflicto, el jueves pasado surgió una nueva controversia cuando los trabajadores denunciaron que el presidente del tribunal, Rafael Guerra, solicitó por correo institucional la respuesta a un cuestionario con el fin de saber cuántos deseaban continuar con el paro. La base trabajadora interpretó esta acción como un intento de presión, ya que el uso del correo oficial para cuestiones relacionadas con protestas o movimientos sindicales no es común dentro de la estructura del Poder Judicial.

A pesar del llamado a regresar al trabajo, el Consejo de la Judicatura subrayó que la reactivación de actividades no limita el derecho de los trabajadores a manifestarse. El comunicado precisa que “a la brevedad agenden y continúen con todos y cada uno de los asuntos que fueron suspendidos; sin que ello implique impedimento alguno para ejercer el derecho a la libertad de expresión y manifestación, de manera libre y pacífica, sin alterar el orden público, ni impedir las actividades de este Poder Judicial”.

Con esta orden, el sistema judicial de la capital mexicana busca retomar su ritmo habitual, mientras las tensiones con los trabajadores aún se sienten latentes en cada pasillo de los tribunales.