Sheinbaum reconoce que el huachicol persiste, aunque con fuerte caída y bajo vigilancia

La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó este miércoles que el robo de combustible —incluyendo el conocido “huachicol” y el llamado “huachicol fiscal”— continúa ocurriendo en México, aunque en niveles mucho menores que en años anteriores. La mandataria abordó el tema durante su conferencia matutina, donde explicó que, pese a que esta actividad ilegal no ha sido erradicada por completo, sí presenta una reducción sustancial.

Sheinbaum detalló que las tomas clandestinas en ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex) han disminuido “muchísimo”, aunque reconoció que aún existen casos. Señaló también que se ha reducido la importación ilegal de combustible realizada bajo la simulación de mercancías distintas para evitar el pago de impuestos. Según explicó, este tipo de operación es parte del esquema de “huachicol fiscal”, uno de los focos más recientes de atención para las autoridades.

Las declaraciones de la presidenta llegan después de que Pemex reportara a la Comisión de Valores de Estados Unidos (SEC) que la extracción y el comercio ilegal de hidrocarburos representan riesgos en materia financiera y operativa. En el documento, la empresa del Estado advierte que esta actividad puede provocar incendios, explosiones y daños a la propiedad y al medio ambiente, además de derivar en pérdidas económicas relevantes.

Sheinbaum subrayó que el mercado formal del combustible ha mostrado señales positivas. “Si ha incrementado la venta legal de combustible, las ganancias de Pemex y de los privados, quiere decir que disminuye la recarga ilegal en las gasolineras de combustibles, la mejor señal”, afirmó. Aun así, puntualizó que el fenómeno no ha sido eliminado por completo: “Todavía ocurre, sí todavía, en una proporción bastante menor y tenemos que combatirlo hasta que no haya absolutamente nada”.

El tema del huachicol ha sido recurrente en la agenda pública durante los últimos años. En su primer informe de gobierno, el expresidente Andrés Manuel López Obrador había asegurado que su administración había “eliminado prácticamente” el robo de combustible. No obstante, en meses recientes se han revelado nuevos esquemas de “huachicol fiscal”, algunos de ellos asociados a operaciones en las que se ha señalado participación de elementos de la Marina mexicana.

Con el reconocimiento de que la problemática sigue presente, el gobierno federal mantiene bajo observación la actividad vinculada al mercado ilegal de hidrocarburos, al tiempo que Pemex continúa reportando riesgos y reforzando las acciones destinadas a proteger su infraestructura y sus ingresos.

Millonario reajuste en multas a partidos tras auditorías del INE y oficios de última hora

Una revisión fiscal iniciada en febrero por el Instituto Nacional Electoral (INE) concluyó con la aprobación de sanciones por 31.9 millones de pesos para partidos políticos nacionales, por inconsistencias en el pago de impuestos y en sus reportes fiscales. El ajuste se realizó tras la intervención del Servicio de Administración Tributaria (SAT), lo que redujo casi a la mitad las multas inicialmente previstas.

La cifra inicial, dictada por la Comisión de Fiscalización, ascendía a 65.2 millones de pesos. Sin embargo, documentos de última hora enviados por el SAT provocaron una reconsideración en el Consejo General del INE, que redujo las sanciones en más de 33 millones de pesos. El Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) fueron los principales beneficiados con estas reducciones.

El PT logró una baja significativa, pasando de 40.8 millones a 13.3 millones de pesos. Mientras tanto, el PVEM disminuyó su multa de casi ocho millones a apenas 283 mil pesos. Movimiento Ciudadano también vio una rebaja considerable, quedando con una sanción de solo 11 mil pesos.

Morena, por su parte, recibió la multa más baja de todo el proceso, con apenas dos mil 74 pesos, a pesar de que en febrero se había señalado que tenía pendientes fiscales por más de 60 millones. La intervención del SAT cambió por completo el escenario inicial en favor del partido oficialista.

Las reducciones se sustentaron en documentación y aclaraciones fiscales presentadas a contrarreloj, situación que generó cuestionamientos dentro del propio Consejo General. La consejera Carla Humphrey, quien preside la Comisión de Fiscalización, destacó que muchos partidos adoptaron la práctica de entregar documentación de última hora. Esta acción obligó a la Unidad Técnica de Fiscalización del INE a revisar apresuradamente información adicional, afectando la exhaustividad de los procedimientos.

“El análisis de la información presentada de manera extemporánea afecta negativamente el desarrollo ordinario de la fiscalización”, sostuvo Humphrey durante la sesión.

La información oficial arrojó diferencias notables. Aunque el recorte de multas se informó como un ajuste de 33.2 millones, los datos desglosados a los consejeros indican una disminución de más de 35 millones de pesos. Estas inconsistencias numéricas dejaron abiertos cuestionamientos sobre la claridad de los ajustes.

Los partidos de oposición no corrieron con la misma suerte. El PRI mantuvo su multa de 12 millones, el PAN de poco más de cuatro millones, y el PRD de seis mil pesos, sin modificaciones. El PRI intentó entregar oficios de último momento que no fueron tomados en cuenta por el INE. El representante priista Emilio Suárez Licona afirmó que el SAT respondió apenas unas horas antes de la sesión, mientras que la diputada Marcela Guerra acusó al Instituto de ignorar diversos documentos enviados durante los últimos dos años.

Los beneficiados agradecieron el acompañamiento institucional para regularizar sus situaciones fiscales. Algunos partidos aún contemplan recurrir al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para seguir buscando una reducción en las multas impuestas. Mientras tanto, el proceso de fiscalización continúa marcando diferencias entre partidos, evidenciando la influencia que pueden tener los tiempos y la estrategia documental en las decisiones del árbitro electoral.