El Congreso de la Ciudad de México ha dado un paso histórico en la lucha por los derechos de la comunidad trans al aprobar la tipificación del delito de trans feminicidio. Esta reforma legislativa, que fue aprobada con una mayoría contundente, sancionará a los agresores con penas de entre 35 y 70 años de prisión, marcando un precedente significativo en la justicia mexicana. 

La diputada Ana Francis López, de Morena, fue la encargada de presentar el dictamen que avala esta reforma crucial. En su exposición, López destacó que el trans feminicidio es “una manifestación extrema de violencia de género y la discriminación que enfrentan las personas trans”. Este reconocimiento formaliza la grave realidad que viven las personas transgénero en México, quienes han sido víctimas de violencia y discriminación sistemática.

Según el Centro de Apoyo a las Identidades Trans, entre 2007 y 2022 se han registrado 590 homicidios de personas transgénero en México, con un promedio anual de 53 asesinatos. Estas cifras subrayan la urgencia de una legislación específica que proteja a las mujeres trans y castigue severamente a los perpetradores de estos crímenes atroces.

Ana Francis López enfatizó que, a pesar de los avances en los derechos LGBTTTQ+ en la Ciudad de México, la violencia contra las personas trans sigue siendo un problema persistente. “Nuestra ciudad ha liderado en muchos aspectos de los derechos humanos, pero todavía tenemos mucho trabajo por hacer para garantizar la seguridad y la justicia para todas las personas trans”, afirmó López.

La iniciativa de ley no solo introduce el concepto de trans feminicidio en el Código Penal, sino que también modifica diversos artículos del Código Civil, la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la CDMX y la Ley de Víctimas. Esta reforma integral busca ofrecer una protección más amplia y efectiva a las víctimas y garantizar que los delitos contra ellas no queden impunes.

El diputado del Partido Verde Ecologista de México expresó su apoyo a la propuesta, aunque señaló una preocupación sobre la precisión jurídica del dictamen. “Reconocemos y valoramos la importancia de esta propuesta, es un paso significativo hacia la protección de los derechos de las mujeres trans. Sin embargo, es necesario mencionar que este dictamen presenta un déficit de técnica jurídica porque no define claramente el tipo penal que se está creando”, declaró el legislador.

A pesar de estas reservas, el dictamen fue aprobado en lo general por 47 votos a favor, tres en contra y cero abstenciones, y en lo particular por 45 votos a favor, uno en contra y cero abstenciones. La votación refleja un consenso amplio y un compromiso decidido del Congreso de la Ciudad de México para enfrentar y erradicar la violencia contra las personas trans.

La aprobación de esta reforma es un hito en la protección de los derechos humanos en México. Marca un avance significativo en la lucha contra la violencia de género y la discriminación, y envía un mensaje claro de que la Ciudad de México está comprometida con la justicia y la igualdad para todas las personas, independientemente de su identidad de género.

Con esta legislación, se espera que la justicia para las mujeres trans que han sido víctimas de violencia y asesinato sea más accesible y efectiva, y que se sienten las bases para futuras reformas que continúen protegiendo los derechos de las personas LGBTTTQ+ en México.

En un llamado a la colaboración y la comprensión, la secretaria de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcena, instó a las autoridades de Eagle Pass, Texas, a no extender leyes antimigrantes como la SB4 del estado hacia otras ciudades, durante el cuarto día de su gira fronteriza.

En un encuentro con autoridades locales, federales y funcionarios del condado de Maverick, Bárcena expresó la importancia de mantener relaciones positivas entre México y Estados Unidos, reconociendo la contribución económica y productiva de los mexicanos que residen en suelo estadounidense.

“Queremos su apoyo para que las leyes migrantes no cundan, que no sea el modus operandi de ustedes”, afirmó Bárcena, destacando la necesidad de evitar políticas que puedan afectar negativamente a la comunidad migrante y las relaciones bilaterales.

Durante sus encuentros en Eagle Pass, Bárcena enfatizó el papel fundamental de la comunidad mexicana en Estados Unidos, señalando que contribuyen significativamente a la economía del país vecino. Según datos proporcionados por Bárcena, los mexicanos en Estados Unidos generan una derrama económica anual de 324 mil millones de dólares, lo que resalta su importancia como fuerza laboral activa y productiva.

La secretaria de Relaciones Exteriores también compartió datos demográficos relevantes, señalando que el 85% de la población en Eagle Pass es de origen latino, subrayando así la estrecha relación cultural y social entre ambas naciones.

En su discurso, Bárcena abogó por la no discriminación y la protección de los derechos de los migrantes mexicanos, haciendo hincapié en la importancia de garantizar que las complicaciones en la gestión de los flujos migratorios no afecten las relaciones bilaterales.

Asimismo, Bárcena solicitó que en caso de que la Ley SB4 entre en vigor, se permita el acceso de los connacionales mexicanos a los servicios y apoyos proporcionados por los consulados mexicanos en Estados Unidos.

“Que puedan acudir a nuestros consulados y a nuestros apoyos”, concluyó Bárcena, reafirmando el compromiso de México para proteger y respaldar a sus ciudadanos en el extranjero, incluso en tiempos de incertidumbre y cambios en las políticas migratorias. 

El conteo regresivo ha comenzado para el esperado primer debate presidencial del 2024 en México. Los moderadores Denise Maerker y Manuel López San Martín enfrentan una tarea crucial: seleccionar cuidadosamente 30 preguntas de entre las 108 propuestas por Signa Lab del ITESO. Estas interrogantes, dirigidas a Claudia Sheinbaum, Xóchitl Gálvez y Jorge Álvarez Máyez, abordarán temas críticos como educación, transparencia y grupos vulnerables. 

El Instituto Nacional Electoral (INE) recibió el lunes 1 de abril las preguntas preseleccionadas, las cuales serán entregadas a los moderadores el 3 de abril. Sin embargo, se ha enfatizado que tanto las candidatas de Morena-PT-PVEM y PAN-PRI-PRD, como el candidato de Movimiento Ciudadano (MC), permanecerán en la oscuridad hasta el momento del debate, manteniendo así la imparcialidad del proceso.

Durante el proceso de selección, se aseguró que las medidas de ciberseguridad fueron prioritarias para garantizar la integridad del procedimiento. Este enfoque meticuloso busca ofrecer un espacio de diálogo genuino y transparente, donde las voces de los ciudadanos se reflejen de manera equitativa.

El primer debate presidencial, programado para el domingo 7 de abril a las 20:00 horas, promete ser un enfrentamiento de ideas y propuestas entre los candidatos. Claudia Sheinbaum, Xóchitl Gálvez y Jorge Álvarez Máyez se enfrentarán en un escenario donde se discutirán temas cruciales para el futuro del país, tales como educación y salud, transparencia y combate a la corrupción, así como no discriminación, grupos vulnerables y violencia contra las mujeres.

Este evento no solo marcará un hito en la contienda electoral, sino que también ofrecerá a los votantes la oportunidad de evaluar y comparar las visiones y plataformas de los candidatos. Con un límite de 120 minutos, el debate promete ser intenso y esclarecedor, proporcionando insights valiosos para los electores de cara a las elecciones del 2 de junio.

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