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Una conferencia realizada en un edificio alterno de la Suprema Corte se convirtió en escenario de críticas políticas, acusaciones y burlas contra figuras mexicanas y españolas. El protagonista fue Juan Carlos Monedero, quien durante una charla convocada por la ministra Lenia Batres señaló directamente al expresidente Felipe Calderón de formar parte de una red que, según dijo, impulsa las imputaciones contra el exmandatario español José Luis Rodríguez Zapatero.

“Felipe Calderón en Madrid forma parte de esa internacional del odio que funciona, créanme que funciona. Es la que está ahora mismo detrás de la imputación del expresidente Zapatero en España”, afirmó Monedero durante la ponencia titulada “La democracia en tiempos de policrisis: los monstruos del fascismo”.

El fundador de Podemos sostuvo además que líderes y referentes de izquierda enfrentan ataques coordinados desde medios de comunicación y sectores judiciales. En ese contexto, mencionó a Latinus y aseguró que, tras su participación en el encuentro, comenzaron críticas en su contra.

“Estas estrategias de la derecha que intenta paralizarnos, que intentan silenciarnos, intentan confundirnos. He visto que a raíz de esta charla, la gente de Latinus empezaba a dispararme. Al final no va a quedar un líder o un referente de la izquierda que no esté golpeado o lleno de cicatrices por los ataques que sufren”, declaró.

La intervención también incluyó elogios a la reforma judicial impulsada por Andrés Manuel López Obrador y que derivó en la elección judicial realizada en junio del año pasado. Monedero afirmó que jueces en distintos países están siendo utilizados para frenar procesos democráticos y aseguró que la reforma mexicana se encuentra bajo ataque de sectores conservadores internacionales.

El político español también habló sobre el crecimiento de la extrema derecha en el mundo y criticó las políticas del presidente estadounidense Donald Trump. En contraste, describió a México como un país que atraviesa un momento de “optimismo” y con influencia política en América Latina.

Otro de los momentos que marcaron la conferencia ocurrió cuando se refirió a la accidentada visita a México de Isabel Díaz Ayuso. Monedero ironizó sobre la presencia en España de exmandatarios mexicanos y lanzó una frase que provocó reacciones entre los asistentes.

“Era una pequeña venganza por mandarnos a Madrid a Felipe Calderón, a Salinas de Gortari, a Peña Nieto, era una manera de compensar, pero no nos han cumplido ni diez días. Es verdad que algo de salvajes tienen ustedes”, expresó.

El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) no tendrá que cubrir el pago del impuesto predial por sus inmuebles en la Ciudad de México, tras una resolución tomada este jueves por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que dejó sin efecto una parte sustancial de un adeudo reclamado por el gobierno capitalino.

La decisión fue avalada por seis votos del pleno, a partir de un proyecto presentado por la ministra Lenia Batres Guadarrama. En su propuesta se estableció que los bienes del ISSSTE se encuentran exentos de este gravamen, al tratarse de propiedades federales destinadas a funciones públicas.

El origen del litigio se remonta a 2017, cuando la administración encabezada por Miguel Ángel Mancera interpuso una demanda para exigir el pago de 5 mil 810 millones de pesos. El monto correspondía a distintos conceptos: impuesto predial, impuesto sobre nómina y derechos por suministro de agua, acumulados entre los ejercicios fiscales de 2009 a 2013.

De acuerdo con el argumento expuesto en el proyecto, el artículo 122 de la Constitución contempla que los inmuebles pertenecientes al dominio público de la Federación no están sujetos a impuestos locales cuando son utilizados para fines institucionales. Bajo esta interpretación, la Corte determinó improcedente el cobro del predial al ISSSTE.

Sin embargo, la resolución no abarcó todos los conceptos reclamados. La ministra puntualizó que el organismo no fue eximido del pago relacionado con el suministro de agua, por lo que ese componente del adeudo permanece vigente.

Durante la discusión en el pleno, el ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz planteó la posibilidad de retirar el asunto para una revisión adicional. La propuesta fue rechazada por Lenia Batres, quien argumentó que el tema llevaba varios meses en análisis dentro del máximo tribunal.

Cabe señalar que Martí Batres Guadarrama, hermano de la ministra ponente, se desempeña actualmente como director general del ISSSTE.

Las indemnizaciones que pagan las aseguradoras en México deberán calcularse a partir de ahora con base en la Unidad de Medida y Actualización (UMA), luego de que el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolviera por unanimidad una contradicción de criterios heredada de sus salas, hoy extintas tras la reforma judicial.

La decisión surge tras la coexistencia de dos posturas distintas que generaban incertidumbre jurídica. Mientras una resolución permitía mantener el salario mínimo como referencia para calcular indemnizaciones, otra establecía que dicha práctica era incompatible con la reforma constitucional de 2016, la cual desindexó el salario mínimo y creó la UMA como unidad de referencia económica.

El origen del conflicto se remonta a dos casos analizados por las entonces Primera y Segunda Sala del máximo tribunal. La Primera Sala concluyó que utilizar el salario mínimo como base para determinar el monto de indemnizaciones no contravenía la Constitución. En contraste, la Segunda Sala determinó que, tras la reforma constitucional, el salario mínimo ya no podía emplearse como unidad de medida, lo que abrió la puerta a interpretaciones contradictorias.

Ante este escenario, el pleno resolvió establecer un criterio único que pone fin a la disparidad. Con ello, las indemnizaciones deberán calcularse utilizando la UMA, cuyo valor diario para 2026 es de 117.31 pesos. La cifra contrasta con el salario mínimo vigente, que alcanza los 315 pesos diarios, lo que evidencia una diferencia significativa entre ambos parámetros.

Durante la discusión, la ministra Lenia Batres Guadarrama, quien presentó el proyecto, reveló que recibió comunicaciones relacionadas con el impacto de la resolución. Señaló que sostuvo conversaciones con funcionarios del Instituto Mexicano del Seguro Social sobre las posibles consecuencias financieras de la decisión.

“Recibí múltiples correos de aseguradoras, no platiqué con absolutamente ninguna. Eso sí, platiqué con el IMSS que nos refirió un altísimo impacto que un criterio de este tipo podía repercutirle a sus finanzas”, dijo la ministra Batres.

La resolución establece que, a partir de su aprobación, el cálculo de indemnizaciones deberá apegarse a la UMA, con lo que la Corte unifica el criterio judicial y cierra la controversia generada por las resoluciones divergentes emitidas previamente por sus salas.

Norma Lucía Piña Hernández presentó su último informe como ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), cerrando así una etapa de dos años y ocho meses al frente del máximo tribunal del país. En su mensaje final destacó que, durante su gestión, la Corte ejerció los recursos públicos con estricto apego a la ley, priorizando la disciplina presupuestaria, la transparencia, la eficiencia y la austeridad, lo que permitió generar ahorros anuales al operar con un gasto menor al autorizado.

Uno de los ejes centrales de su informe fue la transferencia de recursos derivada de la reforma judicial de 2024, que establece la entrada en funciones de nuevos órganos del Poder Judicial de la Federación a partir del 1 de septiembre de 2025.

Piña subrayó que el grupo de trabajo encargado de la transición mantuvo informado al Tribunal Pleno y a la Comisión de Transición en cinco momentos clave, asegurando un proceso ordenado en lo material, humano, presupuestal y financiero.

La ministra también resaltó avances inéditos en el levantamiento de inventarios de bienes muebles bajo metodologías actualizadas, conciliados con la contabilidad institucional. Este ejercicio, dijo, aportará certeza y precisión en el proceso de entrega de recursos previsto en la reforma, además de constituir un ejemplo de administración eficiente apoyada en personal capacitado y tecnologías avanzadas.

En una sesión solemne marcada por ausencias significativas —como las ministras Yasmín Esquivel y Lenia Batres, así como el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena— Piña sostuvo que, pese al asedio, las calumnias y la desinformación, la Corte respondió siempre con sentencias y no con estridencias. “No apelamos nunca a la confrontación, apelamos a la razón, al diálogo y al derecho”, afirmó, al tiempo que recalcó que la Judicatura trabajó sin descanso en un entorno de adversidad sin precedentes.

El informe también estuvo acompañado de las intervenciones de los presidentes de la Primera y Segunda Sala. Loretta Ortiz Ahfl enfatizó que “la historia se escribe con cada decisión que tomamos, aquí y ahora”, mientras que Javier Laynez Potisek presentó cifras de productividad, señalando que solo quedaron 47 asuntos pendientes de resolución, la mayoría en la ponencia de la ministra Lenia Batres.

Entre los asistentes destacaron ex presidentes de la Corte como Guillermo Ortiz Mayagoitia y Luis María Aguilar Morales, así como la ministra en retiro Margarita Luna Ramos y Eduardo Medina Mora. También estuvieron presentes consejeros de la Judicatura Federal cercanos a Piña y representantes de la Asociación de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito, organización que se opuso a la reforma judicial.

El acto representó el cierre de una era de 30 años iniciada con la reforma de 1995 impulsada por Ernesto Zedillo, y el inicio de una nueva etapa en la que, por primera vez, los jueces, magistrados y ministros serán electos por voto popular, tras la reforma aprobada en septiembre de 2024.

Más allá del balance administrativo, la trayectoria de Piña en la Corte ha estado marcada por un compromiso con los derechos humanos, la equidad de género y la defensa del Estado laico. Formó parte de la mayoría que en 2021 declaró inconstitucional la penalización absoluta del aborto, destacando que obligar a una mujer a continuar un embarazo vulnera sus derechos fundamentales. En ese mismo fallo enfatizó la necesidad de reconocer la pluralidad de creencias y garantizar condiciones dignas para la interrupción legal del embarazo.

Su independencia también se reflejó en su voto contra la Ley de la Industria Eléctrica, por considerarla contraria a los principios constitucionales, y en proyectos pioneros como el que permitió la explotación legal de la fibra de cannabis con fines industriales, sentando un precedente económico y regulatorio.

En casos mediáticos, defendió la igualdad de género, como en el amparo relacionado con expresiones discriminatorias contra la periodista Flor Rubio.

Otro episodio destacado fue su negativa a otorgar un amparo al juez Efraín Cázares López, involucrado en el “Michoacanazo”, reafirmando su postura de fortalecer la rendición de cuentas en el Poder Judicial.

Al concluir su gestión, Piña enfatizó que la misión de la Suprema Corte y los derechos que protege la Constitución permanecen vigentes, y que el rumbo del país debe construirse con trabajo conjunto y con apego al proyecto nacional plasmado en la Carta Magna. Con su salida, inicia un capítulo inédito en la vida judicial mexicana bajo el esquema de elección popular de sus integrantes.

Yasmín Esquivel, Loretta Ortiz y Lenia Batres, actuales ministras y candidatas para continuar en el Poder Judicial, se deslindaron formalmente ante el Instituto Nacional Electoral (INE) de cualquier relación con los llamados “acordeones” que circularon en redes y calles para orientar el voto ciudadano hacia perfiles afines al oficialismo.

El deslinde fue presentado por escrito, en línea con lo que también hicieron alrededor de cien aspirantes más. La acción busca evitar que esos materiales sean considerados como parte de sus gastos de campaña, en el marco de la fiscalización que el INE ya realiza tras las elecciones judiciales celebradas recientemente.

Entre quienes también presentaron su deslinde se encuentran Claudia Valle Aguilasocho y Dolores Ruvalcaba, aspirantes a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF); Luis Ibarra Navarrete, candidato a juez de distrito en la Ciudad de México, así como otros dos aspirantes a magistrado regional en materia electoral y al Tribunal de Disciplina Judicial.

La consejera electoral Carla Humphrey, presidenta de la Comisión de Fiscalización, informó que estos escritos buscan deslindar a los candidatos de una posible vinculación con el financiamiento, producción y distribución de los acordeones. Aclaró que la Unidad Técnica de Fiscalización ya indaga el origen de los recursos destinados a ese material propagandístico.

En caso de que la investigación detecte una relación directa entre los materiales y alguna candidatura, el costo será sumado al tope de gastos correspondiente. Si dicho límite es rebasado, se aplicará la sanción correspondiente, conforme a la normativa vigente.

La fiscalización en curso se centra en los más de 3 mil 300 aspirantes que compitieron por 881 cargos dentro del Poder Judicial. De acuerdo con Humphrey, la mayoría ya entregó sus informes de gastos, y será el próximo 18 de julio cuando la Comisión de Fiscalización resuelva si existen anomalías. Posteriormente, el Consejo General del INE aprobará los informes definitivos el 28 de julio.

La consejera aclaró que estos procedimientos no afectan la entrega de constancias de mayoría, prevista para el 15 de junio, ni el proceso de toma de posesión de los cargos, programada para el 1 de septiembre. Añadió que, durante ese periodo, podrán presentarse impugnaciones que serán atendidas conforme al marco legal.

Sin emitir juicios, el INE mantiene en marcha la revisión del ejercicio electoral que marcó un precedente al abrir a votación popular la integración de instancias clave del sistema judicial. Mientras tanto, el proceso continúa, con la lupa puesta en los gastos, la legalidad y la legitimidad de los resultados.

Una colisión inesperada en uno de los puntos más icónicos de Nueva York ha sacudido tanto al gobierno mexicano como a la opinión pública. El Buque Escuela Cuauhtémoc, símbolo naval de México, chocó contra el puente de Brooklyn el sábado por la tarde, dejando un saldo de dos fallecidos y 19 lesionados, además de una serie de imágenes virales que recorrieron redes sociales en cuestión de minutos.

El accidente ocurrió pasadas las 8:00 p.m., cuando aún había luz, y los tres mástiles del barco se vinieron abajo tras el impacto. La escena fue registrada por múltiples testigos que se encontraban en la zona y rápidamente compartida a través de plataformas digitales. La causa exacta del accidente permanece sin aclarar, aunque ya está siendo investigada por la Secretaría de Marina en coordinación con autoridades estadounidenses.

Desde La Paz, Baja California Sur, la presidenta Claudia Sheinbaum abordó el tema durante una entrevista breve con medios locales. “Lamentamos que esto se use políticamente porque esto es un accidente, dos personas fallecidas y lo que tenemos que hacer es solidaridad”, expresó la mandataria mientras se trasladaba en camioneta. También señaló que las personas lesionadas están siendo atendidas y presentan signos de mejoría, aunque evitó entrar en detalles a la espera de un comunicado oficial por parte de la Marina.

El siniestro no solo ha despertado preocupación, sino también controversia. Días antes del accidente, el Buque Escuela Cuauhtémoc fue utilizado como escenario para promover la elección judicial del próximo 1 de junio. A través de la cuenta de redes sociales “Morena New York Comité 1”, se publicaron videos en los que al menos cuatro personas invitan a los mexicanos a participar en los comicios y respaldar a los candidatos Lenia Batres, César Mario Gutiérrez Priego e Isaac de Paz.

“Paisanos, no olviden este 1 de junio salir a votar por nuestros jueces y magistrados, es muy necesario el voto para que tengamos la mayoría”, se escucha en uno de los clips. Otras publicaciones del mismo grupo, acompañadas de imágenes desde el jueves, remarcan la necesidad de que los ciudadanos en México voten “por quienes estamos en el exterior”.

Las reacciones en redes sociales no se hicieron esperar, divididas entre el dolor por la tragedia y la indignación ante el uso del buque como plataforma política. En medio de esta situación, la presidenta reiteró que el enfoque debe estar en la solidaridad con las víctimas y el avance de las investigaciones.

El Buque Cuauhtémoc, emblema de la formación naval mexicana, enfrenta ahora uno de los capítulos más difíciles de su historia, mientras el país observa con atención el desarrollo de los hechos y las decisiones que vendrán.