El ex presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) durante el gobierno de Ernesto Zedillo, Eduardo Fernández García, ha sido detenido en España luego de que Interpol emitiera una ficha roja a petición de México, que busca su extradición.
Fernández García fue arrestado en la mañana de hoy viernes al llegar al aeropuerto Adolfo Suárez-Madrid Barajas, en un vuelo procedente de Estados Unidos, según confirmó Proceso.
Tras su detención, Fernández García se puso en contacto con su esposa, Florencia Méndez, para comunicarle que había sido apresado en el aeropuerto de Madrid bajo una acusación inicial de “amenazas”, según informó Aristegui Noticias. Sin embargo, más tarde se le notificó que la detención se llevó a cabo con el propósito de su extradición por el delito de extorsión agravada en grado de tentativa.
Hasta las 19:00 hora local de Madrid (12:00 en CDMX), Fernández García permanecía en el aeropuerto Adolfo Suárez-Madrid Barajas, y se espera que comparezca ante el juez de la Audiencia Nacional en su primera audiencia este sábado.
La detención de Fernández García está relacionada con una denuncia presentada ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) en la que se acusa a ejecutivos de Televisa, incluyendo a Emilio Azcárraga Jean, Bernardo Gómez y Alfonso de Angoitia, de llevar a cabo “transacciones ilegales y maniobras furtivas” para lavar presuntamente 40 millones de dólares, fondos que el denunciante sugiere como “sobornos procedentes de las arcas públicas de México u otras actividades ilícitas”, según reporta Aristegui Noticias.
Fernández García y sus abogados presentaron esta denuncia ante la SEC el 6 de octubre de 2022, mencionando eventos supuestamente ocurridos entre 2008 y 2011. Sin embargo, hasta el momento no ha habido una resolución sobre el caso.
Los hechos denunciados por Fernández García están relacionados con una carta anónima publicada en mayo de 2016 en The Wall Street Journal, en la que se implicaba a ejecutivos de Televisa en actividades ilícitas. Televisa ha contratado despachos legales que concluyeron que las acusaciones eran falsas, desacreditando así las afirmaciones de actos indebidos.
Fernández García asegura que en México se llevó a cabo una investigación por parte de la entonces Procuraduría General de la República (PGR) sobre los hechos descritos en la carta anónima publicada por el WSJ.
