Desplazamiento forzado en Guerrero activa intervención federal por disputa criminal

La confrontación entre los grupos criminales “Los Ardillos” y “Los Tlacos” provocó el desplazamiento de 96 personas en comunidades de Guerrero, informó este martes el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, durante la conferencia matutina del gobierno federal.

El funcionario explicó que las autoridades reforzarán la presencia de seguridad en la región debido a las operaciones de ambas organizaciones delictivas. También señaló que la titular de la Secretaría de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, ya atiende directamente la situación en territorio guerrerense.

Hay población que no tiene nada que ver con estos dos grupos criminales, pero sí se deriva de un grupo de dos grupos criminales criminales que son “Los Ardillos” y “Los Tracos””, declaró García Harfuch.

Sobre la intervención federal, agregó: “Es muy muy delicado y es importante que sepan que primero la autoridad está para preservar y proteger a la ciudadanía. Hay hay actores y ciertas personas que en el momento que que están, digamos, también provocando, que en el momento que ingresará a la autoridad federal, pues se pondría en riesgo la la vida de otras personas”.

“Los Ardillos” surgieron en la región de La Montaña de Guerrero a inicios de los años 2000. De acuerdo con reportes de InSight Crime, la organización fue creada por el expolicía Celso Ortega Rosas, conocido como “La Ardilla”, quien operaba en Quechultenango, cerca de Chilapa.

Tras el asesinato de su fundador en 2011, el control del grupo quedó en manos de tres de sus hijos. Aunque inicialmente sus actividades estaban ligadas al narcotráfico, con el paso de los años ampliaron sus operaciones hacia otros delitos, entre ellos la extorsión y el secuestro.

La organización también ha sido relacionada con presuntos vínculos políticos y de corrupción en Guerrero. El presidente del Centro de Derechos Humanos de La Montaña, Abel Barrera, aseguró: “Los policías han sido comprados por este grupo, han creado pactos de impunidad con alcaldes, hay toda una clase política involucrada. Hicieron pactos que les dieron todo el poder, les han dado cargos hasta en el Congreso del Estado”.

Además de las recientes confrontaciones, “Los Ardillos” han sido señalados en distintos episodios violentos en Guerrero, entre ellos el asesinato de 10 músicos indígenas en Chilapa en 2020 y la desaparición de 30 personas en esa misma zona durante 2015. Habitantes de varios municipios también han denunciado extorsiones, homicidios, desapariciones y desplazamientos atribuidos al grupo criminal.

Muertes Electorales en México Enciende Alarmas por Incesante Violencia

Muertes Electorales en México Enciende Alarmas por Incesante Violencia

En un atentado que ha sacudido a la política mexicana, la candidata a la presidencia municipal de Celaya por el partido Morena, Gisela Gaytán, no fue la única víctima. Se ha confirmado la muerte del candidato a regidor del mismo partido, Adrián Guerrero Caracheo, en el mismo evento. La secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Rosa Icela Rodríguez Velázquez, expresó su consternación y aseguró que estos crímenes no quedarán impunes. 

El trágico incidente tuvo lugar durante un mitin político en la localidad de San Miguel Octopan, en Celaya, Guanajuato. Se reportaron al menos siete disparos, algunos de los cuales alcanzaron a Guerrero, como se observa en un video filtrado en redes sociales que muestra a ambos candidatos caminando entre la multitud.

 

Este ataque resalta una preocupante tendencia de violencia política en México, donde candidatos y funcionarios electorales se han convertido en blancos de grupos armados. Ejemplos recientes incluyen el asesinato del alcalde de Churumuco, Michoacán, Guillermo Torres, así como el candidato a la alcaldía de Acatzingo, Puebla, Jaime González, ambos víctimas de ataques armados.

 

La escalada de violencia no se detiene ahí. A mediados de marzo, Humberto Amezcua, quien buscaba la reelección en el municipio de Pihuamo, Jalisco, fue asesinado por hombres armados, mientras que Tomás Morales, precandidato a la alcaldía de Chilapa, Guerrero, también perdió la vida en circunstancias similares.

 

Estos hechos sombríos forman parte de un patrón más amplio de violencia electoral que ha cobrado la vida de 50 personas entre el 4 de junio de 2023 y el 26 de marzo de 2024, según un informe de la consultora Laboratorio Electoral. Alarmantemente, 26 de estas víctimas eran aspirantes a cargos de elección popular, lo que subraya la gravedad de la situación.

 

Ante este panorama, el gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue, ha prometido que el ataque contra Gisela Gaytán no quedará impune. Asimismo, ha anunciado esfuerzos coordinados para brindar protección a los candidatos por parte de las autoridades estatales.

 

Estos trágicos eventos plantean serias preocupaciones sobre la integridad del proceso electoral mexicano, especialmente en vísperas de las elecciones presidenciales del 2 de junio. La violencia no solo amenaza la vida de los candidatos, sino también la estabilidad democrática del país.

 

En medio de este clima de incertidumbre y temor, es crucial que las autoridades mexicanas tomen medidas urgentes para garantizar la seguridad de los candidatos y proteger la integridad del proceso electoral. La democracia y el Estado de derecho están en juego, y es responsabilidad de todos asegurar que prevalezcan sobre la violencia y la intimidación.

Cuestiones de Política 

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