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En medio de la estrategia federal para promover música sin contenidos relacionados con violencia o apología del delito, el cantante Junior H apareció este lunes en Palacio Nacional para sumarse públicamente a la iniciativa “México canta”, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum. 

Durante la conferencia matutina, la mandataria invitó al intérprete a participar en la segunda edición del programa, pese a la controversia registrada el año pasado tras cantar un narcocorrido vinculado con “El Azul” durante un concierto en Jalisco.  

El artista, conocido también por sus colaboraciones con Peso Pluma y Natanael Cano, aprovechó el encuentro para relatar cómo inició su trayectoria musical antes de alcanzar popularidad en plataformas digitales. 

Según contó ante medios de comunicación, comenzó a involucrarse en la música cuando tenía 15 años y trabajaba como cocinero. En esa etapa coincidió con un joven que empezaba a grabar canciones, situación que lo motivó a intentar hacer sus propias composiciones utilizando únicamente su teléfono celular.  

Junior H recordó que grababa desde su habitación “cohibido y tímido”, hasta que sus temas comenzaron a acumular millones de reproducciones. Más adelante, reconoció el impacto que puede tener la música cuando llega a grandes audiencias. 

“Fui creciendo y entendí que la música, además de ser una forma de expresión, también implica una responsabilidad cuando te escuchan millones de personas alrededor del mundo”, declaró en Palacio Nacional. 

La presencia del cantante ocurrió después de la polémica generada en las Fiestas de Octubre de Jalisco, donde interpretó un narcocorrido relacionado con Juan José Esparragoza Moreno durante una presentación en el palenque. 

Tras ese episodio, fue requerido por la Fiscalía General del Estado y el ayuntamiento de Zapopan informó que sería sancionado con una multa de 33 mil pesos. Sin embargo, públicamente no se esclareció el desenlace del caso. 

La iniciativa “México canta”, promovida por el gobierno federal, busca impulsar canciones alejadas de contenidos violentos tanto en México como en Estados Unidos.

La agrupación de música regional mexicana Los Alegres del Barranco ha sido vinculada a proceso por presunta apología del delito, tras ser señalada por proyectar imágenes de líderes del narcotráfico durante sus presentaciones en Jalisco. La decisión fue tomada en una audiencia celebrada en Puente Grande, donde se definieron las medidas cautelares a seguir durante el proceso judicial.

La Fiscalía del Estado de Jalisco presentó cargos con base en cuatro carpetas de investigación, correspondientes a igual número de municipios donde el grupo interpretó el corrido “El dueño del palenque”. Estas localidades son Zapopan, Villa Purificación, Cihuatlán y Tequila, donde las presentaciones ocurrieron entre el 29 de marzo y el 4 de mayo. En uno de los conciertos más recientes, en Tequila, la canción fue coreada por el público en un mega karaoke colectivo, hecho que forma parte del expediente.

Previo al inicio de la audiencia, el vocalista del grupo, Pável, expresó su deseo de que “triunfe la libertad de expresión”. Pável ha estado en el centro de la polémica por sus publicaciones en redes sociales, en las que ha lanzado críticas directas contra los medios de comunicación, a los que ha calificado como “amarillistas y mentirosos”.

Las medidas cautelares dictadas incluyen una garantía económica de 300 mil pesos por cada uno de los seis integrantes, sumando un total de 1 millón 800 mil pesos. Además, se autorizó que los músicos puedan salir del estado únicamente para presentaciones, con la condición de regresar inmediatamente tras cada evento. El plazo para la investigación complementaria y la vigencia de estas medidas es de tres meses.

La defensa legal solicitó previamente la ampliación del término constitucional, lo que pospuso la resolución, inicialmente prevista para el 6 de mayo. Finalmente, la vinculación fue confirmada por el juez encargado del caso.

El día de la audiencia se vivió con un despliegue discreto pero evidente. El primero en llegar fue el promotor musical, quien evitó a la prensa cubriendo su rostro con lentes oscuros y cubrebocas, además de vestir de manera informal. Luego hicieron su aparición los miembros del grupo: uno de ellos con ropa formal completamente negra, y otro —el más joven— con atuendo casual compuesto por jeans oscuros y playera.

Esta es la tercera ocasión en que la Fiscalía de Jalisco actúa contra artistas por presunta apología del delito. Casos anteriores incluyen a un cantante de corridos en 2016, cuyo video mostraba una agresión contra una mujer, y a un rapero en 2018, vinculado a la desaparición de estudiantes de cine.

Los Alegres del Barranco enfrentan un proceso judicial que coloca en el centro del debate los límites entre el arte, la expresión y la legalidad.

Este sábado 1 de marzo, la Fiscalía General de la República (FGR) confirmó la detención de Silvano Aureoles Conejo, exgobernador de Michoacán, en Zapopan, Jalisco. La aprehensión se llevó a cabo a las 11:00 de la mañana por la Unidad de Operaciones de Alto Impacto de la FGR, bajo la dirección del comandante Israel Reyes García.

La orden de captura fue emitida el pasado 27 de febrero por la juez Patricia Sánchez Nava, del Centro de Justicia Penal Federal en la Ciudad de México, con sede en el Reclusorio Oriente, en el marco de la causa penal 118/2025. La FGR señala a Aureoles por presuntos delitos de peculado, administración fraudulenta, operación con recursos de procedencia ilícita y asociación delictuosa. 

Junto con Aureoles, también fueron detenidos varios exfuncionarios de su administración, incluyendo:

• Carlos Maldonado Mendoza, exsecretario de Finanzas, arrestado en Miami, Florida, por la Interpol.

• Juan Bernardo Corona Martínez, exsecretario de Seguridad Pública.

• José Antonio Bernal Bustamante, exsecretario de Seguridad Pública.

• Mario Delgado Murillo, exdelegado administrativo de Finanzas de la SSP.

• Elizabeth Villegas Pineda, exdelegada administrativa de la SSP.
• Guillermo Loaiza Gómez, exdirector del Centro Administrativo para el Desarrollo de Proyectos Estratégicos (CADPE).
  

Carlos Maldonado Mendoza, quien residía en Miami desde hace una década, fue capturado a solicitud de la FGR y es investigado por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) por el presunto desvío de 4 mil millones de pesos. Sin embargo, la orden de captura en su contra se centró en un presunto peculado de 4 millones de pesos relacionados con una obra pública en Zitácuaro, de la cual no hay evidencia de ejecución.

 Las detenciones ocurren tras las denuncias presentadas por el actual gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, quien acusó a Aureoles y su equipo de inflar el costo de siete cuarteles regionales de la Policía Estatal. Según los avalúores, cada cuartel no debería superar los 100 millones de pesos, pero el costo final ascendió a 4 mil millones.

Las investigaciones continúan y se espera que en los próximos días se determinen las medidas legales correspondientes para los implicados.