Ciudad de México apuesta por la modernización del transporte: Adiós a los microbuses

En un paso significativo hacia la transformación del transporte público en la Ciudad de México, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, anunció que su administración pondrá fin a la circulación de los microbuses. Este plan busca mejorar la movilidad en la capital y sustituir las unidades obsoletas por alternativas más grandes, seguras y ecológicas.

Durante el informe por sus primeros 100 días de gobierno, Brugada reiteró su compromiso de retirar los microbuses, un objetivo que quedó inconcluso en la administración anterior. En 2023, la entonces jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, había prometido que para 2024 se reemplazarían los 5,800 microbuses en circulación. Sin embargo, aún permanecen operativos alrededor de 2,000 unidades en condiciones precarias.

 

Brugada afirmó que la transformación se realizará en colaboración con los transportistas, aunque no se especificaron cifras ni plazos concretos. Este ambicioso proyecto forma parte de un presupuesto de movilidad que ha sido calificado como “histórico” para 2025. Entre las principales iniciativas destacan la construcción de tres nuevas líneas de Cablebús, que conectarán alcaldías como Tlalpan, Álvaro Obregón, Magdalena Contreras, Milpa Alta y Tláhuac.

 

En cuanto al Metro, el presupuesto asignado de 23 mil millones de pesos permitirá renovar la línea 3, extender la línea 12 y atender necesidades en la línea A. Además, se prevé que la remodelación de la línea 1, cerrada parcialmente desde 2023, concluya a mediados de 2025.

 

En estos primeros 100 días, Brugada también implementó otras mejoras significativas. Se reemplazaron 18 escaleras eléctricas en el Metro, se pusieron en marcha 26 unidades eléctricas de Metrobús y se anunció la próxima inauguración de una nueva estación en la línea 4. Asimismo, habrá más unidades del Tren Ligero para reforzar el tramo de Taxqueña a Xochimilco.

 

El plan de modernización busca abordar años de rezago en la infraestructura de transporte público y responder a las demandas de los capitalinos por un sistema más eficiente y sostenible. Sin embargo, el cumplimiento de estas promesas dependerá del seguimiento puntual de los proyectos anunciados, así como de la capacidad de las autoridades para superar los desafíos operativos y financieros que implica este ambicioso programa.

 

Con estas medidas, la Ciudad de México se encamina hacia una nueva etapa en la movilidad urbana, prometiendo un sistema de transporte más moderno, accesible y amigable con el medio ambiente.

Bloqueos en Puebla y Quintana Roo por adeudos del Tren Maya se ponen al límite

Bloqueos en Puebla y Quintana Roo por adeudos del Tren Maya se ponen al límite

En un acto de protesta que refleja el descontento creciente entre los transportistas, la mañana de este viernes se registraron bloqueos significativos en la caseta Amozoc-Puebla y en la carretera Xul-Ha-Chetumal en Quintana Roo. Los manifestantes, en su mayoría transportistas involucrados en el traslado de materiales para el emblemático proyecto del Tren Maya, exigen el pago de adeudos acumulados. 

En la caseta Amozoc-Puebla, los transportistas colocaron camiones y vallas metálicas, impidiendo el tránsito vehicular. La protesta no solo interrumpió el flujo habitual de vehículos, sino que también incluyó la colocación de carteles dirigidos al presidente Andrés Manuel López Obrador, instando a que se resuelvan los pagos pendientes por el transporte de materiales esenciales para la construcción del Tren Maya.

 

Mary Flores, vocera de la organización Transportistas Unidos, expresó con firmeza: “Nosotros somos familias, todos estos transportistas que están aquí, tienen familia y, ¿dónde está el beneficio? Nosotros suministramos el balasto para el Tren Maya, un balasto que pagamos con nuestros propios recursos, nosotros como transportistas también hacemos el acarreo y los gastos corren por nuestra cuenta”. Estas palabras reflejan la desesperación y el impacto económico que enfrentan los transportistas.

 

En Quintana Roo, el bloqueo parcial de la carretera Xul-Ha-Chetumal también captó la atención de la opinión pública. Utilizando un camión de carga para obstruir parte de la vía, los manifestantes colocaron carteles denunciando la corrupción y exigiendo los pagos adeudados, señalando directamente a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). La elección de las ubicaciones estratégicas para estos bloqueos subraya la seriedad de las demandas y la frustración de los involucrados.

 

La protesta en Puebla llevó a un cierre total de la circulación en ambos sentidos de la autopista Puebla-Córdoba, según reportó la Guardia Nacional a través de la red social X, alrededor de las 11:00 de la mañana. La situación dejó a numerosos vehículos, incluyendo camiones y autobuses, varados en la carretera, provocando una interrupción significativa en la movilidad y afectando tanto a transportistas como a ciudadanos comunes.

 

La vocera Mary Flores destacó que aproximadamente 500 transportistas han sido afectados por la falta de pagos. La organización a la que representa, Transportistas Unidos, ha dejado claro que los manifestantes permanecerán en sus posiciones hasta que se abra un diálogo con las autoridades federales. Este llamado busca no solo resolver los adeudos, sino también establecer un canal de comunicación permanente que evite futuros conflictos.

 

El Tren Maya, uno de los proyectos insignia del gobierno actual, ha sido el foco de diversas controversias, desde preocupaciones ambientales hasta problemas con las comunidades locales. Sin embargo, el actual conflicto con los transportistas agrega una nueva capa de complejidad a su ejecución, resaltando la necesidad de una gestión más efectiva y transparente en los pagos y contratos asociados al proyecto.

 

Los bloqueos en Puebla y Quintana Roo son un reflejo del descontento palpable entre los transportistas que han cumplido con sus obligaciones, pero se enfrentan a una incertidumbre económica debido a la falta de pagos. Este acto de protesta, que ha captado la atención a nivel nacional, demanda una respuesta rápida y eficaz por parte del gobierno para garantizar que los trabajadores sean compensados adecuadamente y que el proyecto del Tren Maya pueda avanzar sin más contratiempos. 

 

Cuestiones de Política 

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Transportistas Paralizan México por Alarmante Alza en la Violencia

La Alianza Mexicana de Organizaciones de Transportistas (Amotac) ha desencadenado un paro nacional, bloqueando las principales carreteras del país para expresar su preocupación por el creciente nivel de violencia del crimen organizado. Con pérdidas económicas estimadas en 7 mil millones de pesos en 2023 debido a un aumento del 5 por ciento en los robos a camiones con mercancía, la protesta busca atención y medidas del gobierno.

Decenas de miles de transportistas, pertenecientes a la Amotac, una organización con más de 100 mil afiliados y casi medio millón de vehículos, han llevado a cabo esta movilización a lo largo de las carreteras que conectan importantes ciudades, desde Ciudad de México hasta Chiapas. El presidente Andrés Manuel López Obrador ha acusado a los transportistas de ser “conservadores” y de rechazar el diálogo, generando un escenario de tensión en medio de la protesta.

La problemática central se centra en el incremento de los robos a camiones de carga. La Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar) informó que estos robos aumentaron cerca del 5 por ciento en 2023, afectando significativamente la seguridad generando pérdidas millonarias para la industria.

“Duele perder a los conductores de los tráileres día con día, la seguridad en las carreteras es mínima y el exceso de cobros de peaje va en aumento, tenemos cobros excesivos de los servicios de grúas”, expresó William de Jesús Arellano, delegado de la Amotac en San Cristóbal, Chiapas, reflejando las dificultades que enfrentan diariamente.

La manifestación, que abarca desde el límite con Estados Unidos en Tamaulipas hasta la frontera con Centroamérica en Chiapas, destaca la magnitud y gravedad del problema. Transportistas como Marco Antonio López, delegado de Amotac en Comitán, enfatizan la necesidad urgente de atención: “A todas las autoridades de Gobierno, estatales y federales, que nos volteen a ver, aquí en el estado nos asaltaron en el tramo Mal Pasito y en ese asalto murió mi hermano y ahorita sí está muy difícil”.

La industria, según la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), ha perdido aproximadamente 7 mil millones de pesos en 2023 debido a los asaltos a camiones de mercancía. Además, la Canacar reportó cerca de 13 mil robos con y sin violencia en enero, junto con el asesinato de entre 50 y 150 conductores durante el mismo periodo.

La secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, informa que se han realizado 120 reuniones con agremiados de Amotac y se promete desplegar 600 elementos nuevos de la Guardia Nacional y 2 mil patrullas.

La tensión persiste en México mientras los transportistas buscan soluciones efectivas y el gobierno se esfuerza por abordar la creciente violencia en las carreteras.

Sandra Luz Valdovinos Pide Licencia en Medio de la Crisis de Violencia en Guerrero

En un giro sorprendente, Sandra Luz Valdovinos Salmerón, titular de la Fiscalía General del Estado de Guerrero, ha solicitado una licencia de seis meses sin goce de sueldo “para atender asuntos de carácter personal y familiar”, según un comunicado oficial. Este inesperado paso genera interrogantes sobre las repercusiones que podría tener en medio de la crisis de violencia que enfrenta el estado.

La solicitud de licencia, presentada ante el Congreso del estado, se fundamenta en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano del Estado de Guerrero, la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Guerrero y la Ley de Trabajo de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero.

Valdovinos asumió la responsabilidad como fiscal general el 28 de diciembre de 2021, tras competir con otros 44 aspirantes al puesto. Durante su ausencia, el Dr. Zipacná Jesús Torres Ojeda, actual vicefiscal de Investigación, asumirá el cargo de manera temporal. La fiscal asegura que, una vez que desaparezcan las razones de su solicitud, retomará sus funciones.

Este paso se produce en un contexto crítico para Guerrero, marcado por una ola de violencia que ha paralizado ciudades clave como Acapulco, Chilpancingo, Zihuatanejo y Taxco, debido a amenazas del crimen organizado a transportistas. La renuncia de Evelio Méndez Gómez a la Secretaría de Seguridad Pública de Guerrero el 25 de enero, seguida por la designación de Rolando Solano Rivera, también agrega complejidad a la situación de seguridad en el estado.

La gobernadora Evelyn Salgado Pineda instó recientemente a la Fiscalía a investigar los actos violentos contra transportistas que han ocurrido desde el 4 de febrero. La solicitud de licencia de Valdovinos Salmerón se produce en respuesta a este llamado, así como en medio de un aumento de la violencia, reportes de desapariciones, asesinatos a transportistas, incendios provocados y atentados contra aspirantes políticos.

La crisis alcanzó su punto álgido con el asesinato de Omar Reina Abarca, líder transportista de la Organización de Taxistas Real de Oro, el pasado martes en Chilpancingo. Este acto violento ha afectado directamente al servicio de transporte público en la capital, que se detuvo desde el 5 de enero tras el asesinato de cuatro conductores en diferentes eventos.

El gobierno había anunciado un avance del 90% en la reanudación del servicio de transporte público el pasado lunes, buscando recuperar la normalidad en las actividades afectadas. Sin embargo, el reciente asesinato ha generado nuevas dudas sobre la seguridad en la región.

La ciudadanía y expertos en seguridad esperan respuestas claras y medidas contundentes por parte de las autoridades para restablecer la paz y la normalidad en Guerrero, ante la incertidumbre que rodea la solicitud de licencia de Sandra Luz Valdovinos Salmerón.

Transportistas en todo México paran en demanda de mayor seguridad en carreteras

El día de ayer se llevó a cabo un paro nacional de transportistas de vehículos pesados en diversas vías del país en busca de garantías de seguridad durante sus trayectos. Esta medida surge como respuesta al aumento de asaltos y violencia en carreteras federales, según informa la Organización Integradora de Derechos Convencionales, A.C. (Indeco).

En Veracruz, transportistas se unieron a la protesta nacional debido a extorsiones por parte de autoridades federales y la creciente inseguridad en las vías de comunicación. En el sur y centro del estado, se iniciaron protestas con bloqueos intermitentes y reducción de velocidad en tramos clave para exigir una mayor protección.

Por su parte, en Jalisco, se reportaron manifestaciones en puntos estratégicos como el kilómetro 40 de la carretera Guadalajara-Colima y en la vía que conecta Lagos de Moreno con San Juan de los Lagos.

En Querétaro, a pesar de los acuerdos alcanzados en mesas de trabajo a nivel nacional, transportistas de la Federación Mexicoamerica de Transportistas (Fematrac) anunciaron su manifestación en la carretera México-Querétaro, específicamente en el tramo correspondiente al municipio de San Juan de Río.

En Chiapas, los transportistas turísticos y de carga realizaron un paro en municipios como Tapachula, Comitán y San Cristóbal, exigiendo a las autoridades una mayor seguridad en las carreteras ante los constantes asaltos.

En Sinaloa, en la ciudad de Culiacán, los transportistas se movilizaron en caravana desde la zona portuaria hasta el monumento del Venadillo, manifestándose contra la violencia en las carreteras.

En Chihuahua, tanto en la capital como en Ciudad Juárez, grupos de transportistas se unieron a la manifestación nacional, exigiendo seguridad en las carreteras.

En Guanajuato, más de 50 traileros se movilizaron desde la Puerta Milenio en León hasta la carretera León-Irapuato, demandando resultados concretos por parte de la Guardia Nacional para garantizar su seguridad.

Finalmente, en el Estado de México, transportistas se congregaron en la autopista México-Pachuca, cerca de la caseta de cobro de Ojo de Agua, para exigir mayor seguridad y denunciar extorsiones por parte de las autoridades.

La protesta busca llamar la atención del gobierno federal para implementar medidas efectivas que garanticen la seguridad de los transportistas en todo el país.