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El Senado de la República aprobó en lo general y en lo particular la reforma constitucional que reduce la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales, con una implementación progresiva que concluirá en 2030. El dictamen modifica el artículo 123 de la Constitución y establece que “la jornada laboral será de 40 horas semanales en los términos que establezca la ley. Por cada seis días de trabajo, las personas trabajadoras deberán disfrutar por lo menos de un día de descanso con goce de salario íntegro”.

La mayoría conformada por Morena, PT y PVEM rechazó las reservas impulsadas por PAN, PRI y Movimiento Ciudadano. Entre las propuestas desechadas se encontraba la intención de garantizar dos días de descanso por semana en lugar de “al menos uno”, así como adelantar el pago de horas extras a partir de la novena hora trabajada y no hasta la doceava, como quedó en el dictamen. También fue descartada la aplicación inmediata de la reforma, ya que el texto aprobado contempla una transición gradual hasta el final del sexenio.

Aunque las bancadas de oposición respaldaron el proyecto en lo general, votaron en contra en lo particular tras el rechazo de sus modificaciones. El presidente de la Junta de Coordinación Política, Ignacio Mier, señaló que los planteamientos presentados serán analizados en la reglamentación secundaria.

Durante el debate, la senadora priista Carolina Viggiano calificó la reforma como un avance, pero cuestionó su alcance. “Esta es una simulación, una narrativa electoral”, expresó, al señalar que no se garantiza el descanso de dos días y que el pago de horas extras se recorrerá hasta la doceava hora.

En contraste, el senador morenista Óscar Cantón Zetina sostuvo que el cambio contribuirá a equilibrar la vida laboral y familiar. “Una economía que se presume fuerte no puede descansar en trabajadores agotados”, afirmó.

La senadora Mely Romero expuso que actualmente se permiten 48 horas ordinarias más nueve extras, lo que suma 57 horas semanales. Indicó que, con el esquema aprobado, en 2026 se autorizarán 48 horas más 12 adicionales, alcanzando 60 horas, y que en 2027 la suma será de 58. Tras su aprobación, el dictamen fue turnado a la Cámara de Diputados para su análisis y eventual discusión.

La próxima semana, el Senado de la República discutirá una reforma constitucional orientada a establecer una jornada laboral de 40 horas semanales para todos los trabajadores en México. La iniciativa plantea que la duración de la jornada diaria sea de ocho horas y mantiene como obligación del empleador otorgar al menos un día de descanso por cada semana laborada. El tema ha generado posiciones encontradas entre el gobierno federal y los partidos de oposición, que cuestionan el alcance real de los cambios propuestos.

El secretario del Trabajo y Previsión Social, Marath Bolaños, expresó su confianza en que, aun cuando el dictamen establece como mínimo un día de descanso semanal, los empresarios otorgarán dos días de descanso a sus empleados. De acuerdo con el funcionario, la reforma busca dejar asentado a nivel constitucional el límite de 40 horas semanales, lo que, dijo, abre la puerta a esquemas más flexibles que beneficien directamente a las personas trabajadoras. Bolaños señaló que el objetivo central es que los propios trabajadores puedan definir cómo se distribuye su jornada laboral, siempre dentro del marco de ocho horas diarias.

La propuesta será analizada en comisiones unidas del Senado, donde el secretario del Trabajo comparecerá el próximo martes para explicar los alcances de la iniciativa. Está previsto que ese mismo día el dictamen sea votado en comisiones y, posteriormente, turnado al pleno para su discusión.

Desde la oposición, el coordinador del PAN en el Senado, Ricardo Anaya, calificó la reforma como una simulación. Afirmó que se generó una expectativa entre los trabajadores al anunciarse la reducción de 48 a 40 horas semanales, lo que llevó a muchos a asumir que tendrían fines de semana completos de descanso. Sin embargo, señaló que el dictamen no modifica el artículo 123 constitucional en lo referente a los días de descanso, por lo que, en su opinión, no se garantiza un cambio sustancial en ese aspecto.

En la misma línea crítica, la senadora del PRI, Carolina Viggiano, manifestó su rechazo a la iniciativa al advertir que Morena plantea una implementación gradual de la jornada de 40 horas hasta el año 2030. La legisladora sostuvo que, bajo este esquema, las condiciones laborales permanecerían prácticamente iguales y alertó sobre posibles riesgos de abuso, al considerar que se permitiría un mayor número de horas extra, lo que podría afectar a los trabajadores.

El debate en torno a la reforma se centra en si la reducción de la jornada semanal se traducirá en beneficios inmediatos y claros para la fuerza laboral o si, como señalan los partidos de oposición, el cambio será más limitado de lo que se ha comunicado públicamente. Con la comparecencia del titular de la STPS y la discusión legislativa programada, el Senado se prepara para un análisis que será clave para el futuro de las condiciones laborales en el país.

Con el arranque del periodo ordinario de sesiones el próximo 1 de febrero de 2026, la mayoría integrada por Morena, Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y Partido del Trabajo (PT) se alista para impulsar una agenda legislativa centrada en tres temas prioritarios: la reforma electoral, la reducción de la jornada laboral y la incorporación de la figura de los llamados “jueces sin rostro”.

El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, confirmó que la reforma electoral será una de las primeras iniciativas que se discutirán, una vez que la presidenta Claudia Sheinbaum la remita formalmente al Congreso de la Unión. Precisó que el análisis comenzará en las comisiones de Justicia y de Puntos Constitucionales, debido a que el proyecto contempla cambios constitucionales y ajustes a la legislación secundaria.

Entre los aspectos que se pondrán sobre la mesa se encuentra la representación proporcional. Monreal expuso que existen distintas alternativas, como mantener al Senado con 96 integrantes y eliminar la lista nominal, así como reducir el número de diputaciones de 500 a 400, con variaciones en el número de legisladores plurinominales. También se abordará la integración del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), incluyendo la posibilidad de que los consejeros sean electos de manera directa o mediante insaculación.

El presidente de la Comisión de Reforma Política-Electoral, Víctor Hugo Lobo, señaló que los consejeros serían avalados con una mayoría calificada de dos terceras partes o hasta un 70% de votos en ambas cámaras, porcentaje que aún no se define. Además, la presidenta Sheinbaum adelantó que la iniciativa incluirá un recorte a las prerrogativas de los partidos políticos, un punto que, de acuerdo con Monreal, podría generar diferencias internas, especialmente con el PVEM y el PT, que en 2019 rechazaron una propuesta similar.

La agenda también contempla la discusión de la reforma laboral para reducir la jornada de 48 a 40 horas. La iniciativa presidencial, actualmente en el Senado, prevé una disminución gradual de dos horas por año a partir de 2027, hasta alcanzar el nuevo esquema en 2030. El proyecto mantiene el derecho a un día de descanso semanal con goce íntegro de salario.

Finalmente, se retomará el debate sobre los “jueces sin rostro” mediante reformas al Código Nacional de Procedimientos Penales. Según Monreal, la propuesta busca fortalecer la impartición de justicia, modernizar los procedimientos y establecer medidas de protección para las personas juzgadoras frente a delitos de alto impacto, aunque el tema permanece detenido tras los señalamientos de organizaciones civiles sobre posibles afectaciones a derechos fundamentales.