Senado revisa lista de 21 aspirantes al TFJA propuesta por Sheinbaum

Las comisiones unidas de Hacienda y Estudios Legislativos del Senado recibirán este martes a las 21 personas propuestas por la presidenta Claudia Sheinbaum para ocupar magistraturas en las Salas Regionales del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA). Las comparecencias se llevarán a cabo por la mañana y forman parte del proceso de evaluación previo a la votación del dictamen en el pleno.

La lista enviada por la mandataria federal incluye perfiles provenientes de distintos ámbitos profesionales. Entre los nombres propuestos se encuentran Jorge Muñoz Barrett; Miguel Ernesto Pompa Corella; Jorge Enrique Mata Gómez; Ana María Chávez Nava; Mayra Alvarado Cruz; Fernando Cruz Ventura; Sandra González Castañeda; María Elena Montero García; Rodrigo Escalante Ramírez y Yamil Villalba Villarreal.

También fueron postulados Olimpia Girón Hernández; Jesús Sánchez Sánchez; Ricardo Malina Arias; Edgar Guerrero Flores; Idubina Nañez Bugarin; Miguel Guizado Jaimes; Elizabeth Bautista Velasco; Luis González Macías; Marco Carballo Calva; María Quiroz Rodríguez y Anabel Dávila Salas. Todos participarán en las comparecencias como parte del procedimiento legislativo establecido para la designación de magistrados regionales.

Una vez concluidas las exposiciones ante las comisiones, se prevé que, en caso de conseguir dictamen favorable, Morena y sus aliados del PVEM y PT lleven la propuesta al pleno para su discusión. El proceso se rige por la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que establece que los magistrados regionales pueden ejercer el cargo hasta por diez años, con posibilidad de ser considerados para nuevos nombramientos. La designación formal recae en la persona titular de la Presidencia de la República, mientras que la ratificación corresponde a la mayoría de los senadores presentes.

La sesión de comparecencias se realiza pocas semanas después de que el 10 de octubre el Senado ratificara a cinco magistrados del TFJA también propuestos por la presidenta Sheinbaum. Aquella votación generó debate, pues la oposición sostuvo que los perfiles no garantizaban independencia por presuntas vinculaciones con Morena. Aun así, la mayoría legislativa aprobó las designaciones.

Entre quienes fueron ratificados en esa ocasión se encuentra José Ramón Amieva, exjefe de Gobierno de la Ciudad de México por el PRD, quien asumió como magistrado del TFJA por un periodo de 15 años a partir del 1 de noviembre. Esa resolución marcó el inicio de un nuevo ciclo de nombramientos dentro del tribunal y anticipó el proceso que ahora continúa con las 21 propuestas que serán revisadas este martes.

El avance de estas comparecencias definirá el siguiente paso en la integración de las Salas Regionales del TFJA, un órgano clave en la resolución de controversias fiscales y administrativas en el país.

Hacienda admite error en presupuesto de la UNAM y el IPN; garantiza aumento del 3.5%

La Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) reconoció un “lamentable error” en la propuesta del Presupuesto de Egresos de la Federación 2025, que presentó una disminución en los recursos asignados a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y al Instituto Politécnico Nacional (IPN).

En un comunicado, Hacienda informó que trabaja con la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados para corregir la situación y garantizar que ambas instituciones reciban un incremento del 3.5% en comparación con el año anterior, conforme a la instrucción de la presidenta de la República durante la elaboración del paquete económico.

El error generó preocupación, ya que el proyecto presentado al Congreso plantea un presupuesto de 45,058 millones de pesos para la UNAM, 10% menos que los 50,000 millones asignados en 2024. Previamente, el rector de la institución, Leonardo Lomelí, había solicitado poco más de 52,000 millones de pesos para 2025.

La SHCP aseguró que ya notificó a los titulares de ambas instituciones educativas sobre el compromiso de rectificar los montos en el presupuesto, a fin de garantizar los recursos necesarios para sus operaciones y proyectos.

Antonio Martínez Dagnino asume la dirección del SAT ante la Cámara de Diputados

Antonio Martínez Dagnino tomó protesta este miércoles como nuevo jefe del Servicio de Administración Tributaria (SAT) ante la Cámara de Diputados, en una sesión donde también asumieron sus cargos Rogelio Ramírez de la O y Edgar Amador Zamora, como secretario y subsecretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP), respectivamente. Esta decisión fue respaldada por 362 votos a favor y 89 en contra, en línea con la propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

En la misma sesión, se llevaron a cabo otras tomas de protesta, destacando a Amelia Guadalupe De León Ortega como administradora general de Auditoría Fiscal Federal, Armando Ramírez Sánchez como administrador general de Grandes Contribuyentes, Ricardo Carrasco Varona como administrador general Jurídico, y Gari Flores Hernández González como administrador general de Recaudación.

Martínez Dagnino, quien es licenciado en Contaduría y maestro en Finanzas por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), fue anunciado el 1 de octubre de 2024 por Claudia Sheinbaum para continuar al frente del SAT, cargo que ocupa desde octubre de 2022, tras ser nombrado por el expresidente Andrés Manuel López Obrador y avalado por la Cámara de Diputados.

Entre 2018 y 2022, ocupó el cargo de administrador general de Grandes Contribuyentes del SAT, puesto también designado por López Obrador y ratificado por el Congreso. Durante su gestión en el SAT, Martínez Dagnino implementó el Plan Maestro de Fiscalización y Recaudación, lo que permitió una recaudación de 22.1 billones de pesos entre 2019 y 2024, un incremento significativo respecto al período 2012-2018.

Con una sólida carrera en el sector público y privado, Martínez Dagnino también fue subdirector en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) entre 2014 y 2018, donde desarrolló procedimientos clave para la supervisión de instituciones financieras. En el sector privado, trabajó como analista de instrumentos financieros derivados en una institución bancaria.

AMLO Divulga Ingresos de Loret de Mola en Conferencia Matutina, Violando Normas de Protección de Datos

El presidente Andrés Manuel López Obrador nuevamente reveló los ingresos del periodista Carlos Loret de Mola y los pagos a colaboradores del medio Latinus durante su conferencia matutina del 3 de julio. Especialistas han señalado que esta acción viola normas de protección de datos personales y de secreto fiscal.

“Pon la lista de a los que les paga Latinus”, instruyó López Obrador después de que el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Pablo Gómez, presentara la lista. Gómez aclaró que Loret de Mola no está involucrado en ninguna denuncia presentada por la UIF contra Latinus por presuntos delitos de corrupción y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Ya en 2022, López Obrador había divulgado los ingresos anuales de Loret después de que Latinus publicara un reportaje sobre una casa en Houston en la que vivió uno de los hijos del presidente, señalando un posible conflicto de interés.

Según los expertos, difundir los ingresos de un particular contraviene el artículo 16 de la Constitución, que garantiza el derecho a la protección de datos personales. También se vulnera la Ley de Protección de Datos Personales, que protege la privacidad individual salvo por razones de seguridad nacional o para proteger derechos de terceros. Además, esta divulgación infringe el derecho al secreto fiscal establecido en el Código Fiscal de la Federación y viola artículos de la Ley de Responsabilidades Administrativas de Servidores Públicos.

López Obrador solicitó al Instituto Nacional de Transparencia (INAI) que pidiera al SAT y a Hacienda que certificaran los datos de los ingresos de Loret de Mola, aunque este no es funcionario público y el INAI no tiene atribuciones para solicitar esa información.

Diego García Ricci, profesor de derecho de la Universidad Iberoamericana, afirmó que el presidente solo podría haber revelado esa información con el consentimiento de Loret de Mola o si este ya la hubiera hecho pública. Comparar los ingresos del periodista con los suyos, como hizo López Obrador en 2022, es una violación de derechos fundamentales, pues los salarios de servidores públicos son de acceso público por ley, no así los de los particulares.

Javier Martín Reyes, politólogo y académico del CIDE, considera que la divulgación de información personal del periodista es una represalia e intento de intimidación. Añadió que las conferencias matutinas son actos oficiales del presidente, no de un ciudadano, y que usar esa plataforma para difundir información privada es un acto ilegal y una forma de persecución política.

Los especialistas concluyen que es preocupante que un presidente exponga datos de un particular, algo inédito en la historia reciente de México. Para ellos, el mecanismo de protección para periodistas o una denuncia por violación al secreto fiscal son posibles vías de acción ante esta situación.