Habitantes de comunidades rarámuri y ódami de la sierra de Chihuahua expusieron ante la presidenta Claudia Sheinbaum una amplia agenda de necesidades relacionadas con servicios básicos, salud, educación e infraestructura, durante un acto oficial en el que se entregaron títulos de propiedad comunal por tres mil hectáreas al pueblo ódami del municipio de Guadalupe y Calvo.

El evento se realizó con la presencia de la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, así como de integrantes del gabinete federal. En su intervención, la presidenta explicó que la entrega de tierras se enmarca en el plan de justicia y en la reforma constitucional orientada al reconocimiento de los pueblos originarios, con el objetivo de otorgar certeza jurídica sobre el territorio comunal.

Sheinbaum informó que durante este año los pueblos indígenas del país reciben de manera directa 12 mil millones de pesos para acciones de mejora en sus comunidades, y señaló que para el próximo año se contempla un presupuesto de 13 mil millones de pesos. Estos recursos, indicó, están dirigidos a atender rezagos acumulados en distintas regiones, incluida la sierra chihuahuense.

Tras la entrega de los títulos, la presidenta dio la palabra a habitantes de la región, quienes de forma reiterada solicitaron acceso a energía eléctrica, conectividad a internet, centros de salud y la construcción de un hospital con médicos, especialmente en la comunidad de Baborigame. También se planteó la falta de medicamentos y la ausencia de personal médico permanente en pequeñas clínicas.

Ante estas solicitudes, Sheinbaum reconoció que uno de los retos pendientes es lograr que los médicos lleguen a las comunidades serranas y permanezcan en ellas. En cuanto a la carencia de electricidad, ofreció la implementación de un programa de energía solar para atender a las localidades que no cuentan con este servicio.

Las demandas incluyeron además la creación de un telebachillerato, la edificación de una clínica, la reparación de la carretera Batopilas–Samachique, así como la construcción de un hospital y una universidad en Baborigame. Otros habitantes solicitaron la apertura de un albergue en la comunidad de Palos Muertos, la construcción de una carretera que conecte Guadalupe y Calvo con Parral y la mejora de caminos en Bocoyna.

Durante su participación, la gobernadora María Eugenia Campos destacó que en Chihuahua se desarrolla un programa de apoyo a las comunidades originarias y expresó disposición para coordinar esfuerzos con el gobierno federal. “Me alegra coincidir en el orgullo que sentimos por nuestros pueblos originarios (…) Contamos con el gobierno federal y el gobierno cuenta con este gobierno”, afirmó.

Al cierre del encuentro, la presidenta señaló que no es viable atender todas las demandas de manera inmediata, por lo que instruyó a integrantes de su gabinete, entre ellos Carlos Torres, coordinador de Programas para el Bienestar, a dar seguimiento puntual a los planteamientos. Indicó que los avances se realizarán de forma gradual y anunció que regresará a la sierra de Chihuahua dentro de un año.

En el acto participaron también la secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel; el secretario de Educación Pública, Mario Delgado; la secretaria de Desarrollo Urbano, Edna Vega, y el director del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, Adelfo Regino.

El Senado de la República dio un paso firme en defensa de los consumidores al aprobar por unanimidad una reforma que pone fin a los cobros automáticos injustificados y a los contratos forzosos en servicios como telefonía, televisión, internet o plataformas digitales de streaming. Con esta medida, ahora será posible cancelar cualquier suscripción en el momento que se desee, sin penalizaciones, cargos extra ni trámites interminables.

Con 91 votos a favor de todas las bancadas, la Cámara Alta avaló la modificación al artículo 76 Bis de la Ley Federal de Protección al Consumidor. La iniciativa, impulsada desde Morena, fue turnada al Ejecutivo federal para su promulgación y entrada en vigor. Su objetivo central es garantizar que los usuarios tengan la libertad de decidir sobre la permanencia o cancelación de sus servicios, eliminando los obstáculos que antes hacían casi imposible cortar una suscripción sin pagar de más.

La reforma busca erradicar una práctica común: los cobros automáticos que se mantenían activos incluso cuando el usuario ya no utilizaba el servicio. A partir de esta modificación, las empresas estarán obligadas a informar de manera clara si el contrato incluye cargos recurrentes. Desaparecen las letras pequeñas y las cláusulas escondidas que por años han servido para retener a los usuarios sin su consentimiento explícito.

Otro de los puntos clave es que la cancelación deberá realizarse de manera inmediata, por el mismo medio en que se contrató. Si se dio de alta una cuenta o una membresía en línea, podrá darse de baja desde la misma plataforma, con un simple clic y sin necesidad de realizar llamadas, llenar formularios o acudir a sucursales. La medida aplica para todo tipo de servicios digitales, desde telefonía hasta plataformas de entretenimiento o aplicaciones con membresía.

El dictamen también busca equilibrar la relación entre empresas y consumidores, imponiendo reglas más transparentes y accesibles. Las compañías deberán avisar de forma destacada cualquier renovación automática y requerir el consentimiento expreso del usuario antes de aplicarla. De esta forma, se protege el derecho a decidir y se evita que los consumidores sigan pagando por servicios que no desean o no usan.

La reforma representa un cambio significativo en la protección al consumidor en México. Se trata de una respuesta a una queja constante de millones de usuarios: las trabas para cancelar servicios y los cobros que seguían apareciendo mes tras mes sin autorización. Con esta nueva ley, los consumidores tendrán el control de sus suscripciones, poniendo fin a las prácticas abusivas que durante años vulneraron su bolsillo y su libertad de elección.

La discusión sobre la Ley Federal de Telecomunicaciones volvió a encender el debate en el Senado, en un ambiente donde la tensión entre libertad de expresión y regulación estatal tomó el protagonismo. La Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT), en voz de su presidente José Antonio García Herrera, expresó un contundente rechazo ante lo que considera una propuesta regresiva que afecta directamente a los medios tradicionales, dejando fuera del marco regulatorio a los medios digitales y plataformas globales.

Durante su participación en el último conversatorio organizado en el Senado sobre esta ley, García Herrera calificó la propuesta como una amenaza directa a la democracia mexicana, acusando una sobrerregulación que discrimina a la radio y televisión abierta, mientras que plataformas de streaming, redes sociales y servicios digitales quedan intocables.

La inquietud central radica en la posibilidad de que la Agencia Digital de Transformación y Telecomunicaciones tenga la facultad de suspender transmisiones sin necesidad de una orden judicial ni ofrecer derecho de audiencia a los medios afectados. Esta medida fue descrita como censura previa, una acción que, según el presidente de la CIRT, vulnera directamente los principios democráticos más elementales.

“El primer derecho que tienen las audiencias es la pluralidad de medios”, expresó con firmeza García Herrera, subrayando que hoy existen múltiples canales y plataformas a disposición del público, lo que, a su juicio, hace innecesarias regulaciones paternalistas que “pretenden decidir por los ciudadanos qué deben o no escuchar”.

El dirigente criticó la propuesta de regresar a la normatividad de 2014, destacando que esta obligaría a los medios electrónicos a separar explícitamente la información de la opinión. Consideró esto como una exigencia impráctica, que entorpecería el trabajo cotidiano de conductores y comunicadores, y que además podría interpretarse como una forma disfrazada de censura.

“No podemos crear una información que atente contra los contenidos de los medios”, afirmó, mencionando incluso como ejemplo las conferencias presidenciales donde se entremezclan datos y opiniones sin mayor distinción. La imposición de criterios rígidos, señaló, rompe con la lógica de los formatos informativos contemporáneos.

El punto más alarmante, según su intervención, radica en la facultad de suspender transmisiones sin un procedimiento judicial. Esto implica, en palabras de García Herrera, una sanción anticipada, sin siquiera conocer el contenido que se busca penalizar. Una medida que, lejos de proteger, pone en jaque a la libertad editorial y a los derechos fundamentales de los medios de comunicación.

“El internet es un arma que permite a cualquier medio internacional ingresar al país”, advirtió, subrayando la desigualdad que existe entre medios nacionales sujetos a regulaciones estrictas y gigantes digitales que operan sin restricciones desde el exterior.

Con un tono firme, concluyó su exposición apelando a la responsabilidad legislativa. “Tenemos que ser muy responsables para determinarlo”, sentenció. Las alarmas están encendidas. La industria de la radio y televisión tradicional lanza un llamado urgente para equilibrar la cancha y evitar que los avances tecnológicos sirvan de excusa para retroceder en materia de libertad de expresión.

La propuesta de ley sigue su curso en el Senado, pero el mensaje de la CIRT ha sido claro: el debate no ha terminado, y los medios tradicionales no piensan quedarse en silencio.