Sheinbaum publica 11 reformas: CURP biométrica, vigilancia, control de datos y más

La presidenta Claudia Sheinbaum se fue con todo y publicó en una sola jugada 11 reformas nuevas en el Diario Oficial de la Federación. Todas salidas del reciente periodo extraordinario del Congreso, y sí, entre ellas va esa que en redes ya bautizaron como “la ley espía”. 

Con esta reforma, ahora el gobierno tiene permiso de crear una base nacional con datos biométricos de todos los mexicanos y usar la CURP como identificación oficial obligatoria. También se abrió la puerta para que las autoridades puedan rastrear celulares en tiempo real. Según el texto, esto se aplicará sobre todo en casos de personas desaparecidas, aunque la oposición no tardó en prender las alertas.

 

La nueva Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión también viene en el paquete. Con ella, se formaliza la posibilidad de localizar teléfonos móviles sin tener que dar tantas vueltas legales. Todo, bajo el argumento de reforzar tareas de seguridad.

 

Otra de las grandes reformas es a la Ley General en Materia de Desaparición Forzada, donde se busca mejorar la búsqueda e identificación de personas desaparecidas. Aquí entra fuerte el CURP con datos biométricos, que se convertirá en la identificación nacional por excelencia. Así como suena: aceptación universal, uso obligatorio y monitoreo en tiempo real en ciertos casos.

 

El paquete también incluye una actualización a la Ley para Prevenir Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. Básicamente, se endurecen las reglas contra el lavado de dinero, el financiamiento al terrorismo y todo lo que huela a redes criminales. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) tendrá ahora más poder y más herramientas para rastrear movimientos sospechosos.

 

Adiós también al Coneval. A partir de ahora, sus facultades pasan al Inegi, gracias a los cambios en leyes de presupuesto, contabilidad gubernamental y desarrollo social. Se cierra un capítulo en temas de evaluación de política pública, y se abre otro con más control central.

 

Otra bomba: nace la Comisión Nacional Antimonopolio (CNA), que sustituye a la antigua Cofece. Cambia el nombre, cambia la estructura, pero el objetivo es el mismo: ir contra quienes controlen mercados de forma abusiva. Todo esto respaldado por reformas a leyes de competencia económica y de entidades paraestatales.

 

También fue publicada la Ley Nacional para Eliminar Trámites Burocráticos, que busca que hacer un trámite no sea una tortura. Además, se actualizaron reglas para la Guardia Nacional, el sistema de inteligencia y seguridad pública.

 

Y como broche final: se prohíbe el uso de animales marinos en espectáculos. Así que los delfines quedan fuera del show por ley. Literal.

 

Once reformas, una sola tarde y mucha tela por cortar. La administración de Sheinbaum arranca con fuerza y un combo legal que va a dar de qué hablar.

Senado aprueba sustituir a la Cofece por nueva Comisión Nacional Antimonopolio

En el sexto día del periodo extraordinario, el Senado de la República aprobó con 68 votos a favor y 35 en contra el dictamen que reforma la Ley Federal de Competencia Económica y la Ley Federal de las Entidades Paraestatales. La iniciativa, presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum, propone la desaparición de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) y la creación de la Comisión Nacional Antimonopolio.

La nueva institución será un organismo público descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propios, adscrito a la Secretaría de Economía. Sustituirá a la Cofece con un diseño institucional distinto, mayores atribuciones y cinco comisionados propuestos por el Ejecutivo y ratificados por el Senado. Su principal objetivo será garantizar la libre concurrencia y combatir prácticas monopólicas en todos los sectores económicos.

El dictamen forma parte del paquete de reformas constitucionales en materia de simplificación orgánica, publicado el 20 de diciembre de 2024. Establece un nuevo marco institucional, que modifica procedimientos, endurece sanciones y amplía las facultades del Estado para intervenir en los mercados.

Entre las innovaciones más destacadas figura la facultad para ordenar la desincorporación de activos en casos de concentración indebida en sectores clave como telecomunicaciones, medios y radiodifusión, en cumplimiento del artículo 28 constitucional.

También se fortalece la cooperación internacional. La reforma establece mecanismos de colaboración con autoridades extranjeras, especialmente en el marco del T-MEC, para permitir investigaciones transnacionales sobre colusión empresarial o prácticas anticompetitivas.

Se amplía el periodo para investigar concentraciones entre empresas de uno a tres años y se incorpora un nuevo libro legal que regula la participación cruzada en medios de comunicación.

El artículo Tercero Transitorio establece que la Cofece continuará en funciones de manera provisional hasta que se conforme el pleno de la nueva Comisión Nacional Antimonopolio. Los nombramientos deberán ser enviados por el Ejecutivo al Senado y los periodos de los comisionados estarán escalonados hasta el año 2032.

Las sanciones se incrementan de manera considerable: se establecen multas de hasta 200 mil UMAs por obstrucción a verificaciones y se podrá inhabilitar hasta por cinco años a empresas sancionadas por prácticas monopólicas absolutas en procesos de contratación pública.

Las resoluciones firmes de la Comisión habilitarán a los consumidores a presentar acciones colectivas sin necesidad de agotar juicio previo, facilitando la defensa de derechos en casos de afectación por prácticas anticompetitivas.

Desde tribuna, senadores de oposición calificaron la reforma como un retroceso. Legisladores del PRI, PAN y Movimiento Ciudadano señalaron riesgos de concentración de poder y pérdida de autonomía técnica. Por su parte, legisladores de Morena defendieron el rediseño institucional, al asegurar que responde a una realidad económica desigual y busca romper con estructuras tecnocráticas que no han garantizado una competencia auténtica. El dictamen pasará ahora a la Cámara de Diputados para su análisis y votación final.