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La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno impuso sanciones administrativas a tres empresas que proporcionaron información falsa durante procesos de contratación pública vinculados a la adquisición de vehículos, servicios de recolección de residuos y suministro de alimentos. Las resoluciones incluyen multas económicas, periodos de inhabilitación para contratar con el gobierno federal y la inscripción de las compañías en el Directorio de Proveedores y Contratistas Sancionados, medida que impide de manera automática su participación en nuevos concursos públicos.

De acuerdo con la información oficial, las empresas sancionadas son Ravisa Autos del Oriente, S.A. de C.V.; Gen Industrial, S.A. de C.V.; y Escore Alimentos, S.A. de C.V. Las sanciones derivan de irregularidades detectadas en distintas licitaciones públicas nacionales, en las que las compañías entregaron documentación con datos que no correspondían a la realidad.

Ravisa Autos del Oriente recibió una multa por 175 mil 367 pesos y fue inhabilitada por un periodo de tres meses para celebrar contratos con el sector público. La sanción se originó por la entrega de información falsa dentro de la Licitación Pública Nacional Electrónica número LA-10-LAU-010LAU001-N-77-2025, correspondiente a la “Adquisición de camionetas pick-up doble cabina, nuevas, transmisión 4×4, modelo 2025 o 2026”. La irregularidad se detectó en una constancia de situación fiscal relacionada con aportaciones patronales y el entero de descuentos.

En tanto, Gen Industrial y Escore Alimentos fueron sancionadas con multas de 157 mil 658 pesos cada una, además de una inhabilitación de tres meses para contratar con dependencias federales. En el caso de Gen Industrial, la falta se identificó en la documentación presentada para la Licitación Pública Nacional Electrónica número LA-12-NBB-012NBB001-N-1-2023, correspondiente al “Servicio de Recolección de Residuos”, donde se acreditó la entrega de información falsa como parte de su propuesta.

Por su parte, Escore Alimentos incurrió en una falta similar durante la Licitación Pública Nacional número LA-12-M7F-012M7F002-N-8-2023, relativa a la “Contratación del servicio de alimentación para personal y pacientes”. La información incorrecta se encontraba en una opinión sobre el cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social.

Las sanciones fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación, lo que formaliza su vigencia y la incorporación de las empresas al registro oficial de proveedores sancionados. La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno señaló que estas medidas refuerzan la vigilancia sobre los procesos de compra gubernamentales y subrayó: “Con estas acciones, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno refrenda su compromiso con la legalidad y la integridad de las compras públicas. Engañar para obtener contratos públicos o en su celebración tiene consecuencias”.

El Senado de la República dio un paso firme en defensa de los consumidores al aprobar por unanimidad una reforma que pone fin a los cobros automáticos injustificados y a los contratos forzosos en servicios como telefonía, televisión, internet o plataformas digitales de streaming. Con esta medida, ahora será posible cancelar cualquier suscripción en el momento que se desee, sin penalizaciones, cargos extra ni trámites interminables.

Con 91 votos a favor de todas las bancadas, la Cámara Alta avaló la modificación al artículo 76 Bis de la Ley Federal de Protección al Consumidor. La iniciativa, impulsada desde Morena, fue turnada al Ejecutivo federal para su promulgación y entrada en vigor. Su objetivo central es garantizar que los usuarios tengan la libertad de decidir sobre la permanencia o cancelación de sus servicios, eliminando los obstáculos que antes hacían casi imposible cortar una suscripción sin pagar de más.

La reforma busca erradicar una práctica común: los cobros automáticos que se mantenían activos incluso cuando el usuario ya no utilizaba el servicio. A partir de esta modificación, las empresas estarán obligadas a informar de manera clara si el contrato incluye cargos recurrentes. Desaparecen las letras pequeñas y las cláusulas escondidas que por años han servido para retener a los usuarios sin su consentimiento explícito.

Otro de los puntos clave es que la cancelación deberá realizarse de manera inmediata, por el mismo medio en que se contrató. Si se dio de alta una cuenta o una membresía en línea, podrá darse de baja desde la misma plataforma, con un simple clic y sin necesidad de realizar llamadas, llenar formularios o acudir a sucursales. La medida aplica para todo tipo de servicios digitales, desde telefonía hasta plataformas de entretenimiento o aplicaciones con membresía.

El dictamen también busca equilibrar la relación entre empresas y consumidores, imponiendo reglas más transparentes y accesibles. Las compañías deberán avisar de forma destacada cualquier renovación automática y requerir el consentimiento expreso del usuario antes de aplicarla. De esta forma, se protege el derecho a decidir y se evita que los consumidores sigan pagando por servicios que no desean o no usan.

La reforma representa un cambio significativo en la protección al consumidor en México. Se trata de una respuesta a una queja constante de millones de usuarios: las trabas para cancelar servicios y los cobros que seguían apareciendo mes tras mes sin autorización. Con esta nueva ley, los consumidores tendrán el control de sus suscripciones, poniendo fin a las prácticas abusivas que durante años vulneraron su bolsillo y su libertad de elección.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo envió a la Cámara de Diputados una iniciativa de 294 páginas para reformar de manera integral el sistema de Salud en México. El proyecto busca consolidar contrataciones de medicamentos, equipo médico e insumos, con el objetivo de mejorar la eficiencia y garantizar un abasto adecuado en el país.

La propuesta plantea fortalecer la Secretaría de Salud como instancia rectora, vinculando la atención a la población con el Plan México, que promueve el desarrollo económico equitativo y sustentable. Entre los ejes centrales se incluye el impulso a la industria nacional en la producción de insumos y la agilización de trámites ante la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris).

Uno de los puntos relevantes es la incorporación de la salud digital y la planeación de infraestructura médica como materias de salubridad general. Esto permitirá implementar servicios de telesalud y telemedicina para ampliar la cobertura sin necesidad de desplazamiento. El documento señala que se aplicarán tecnologías de la información y la comunicación en la atención, con herramientas como registros electrónicos, dispositivos portátiles y aplicaciones de salud móvil.

La iniciativa también establece la prohibición absoluta de cigarrillos electrónicos, vapeadores y sistemas análogos. Se incluye en esta medida todo lo relacionado con su adquisición, fabricación, envasado, transporte, importación, exportación, distribución y venta en el territorio nacional. El texto precisa que estas restricciones se extienden a estupefacientes, precursores químicos y aditivos usados en la elaboración de dichos productos.

Para reforzar este punto, se adiciona el artículo 414 Bis, que contempla el aseguramiento de vapeadores y sustancias asociadas, y se crea el artículo 456 Bis, que fija sanciones de uno a ocho años de prisión, además de multas de 100 a dos mil veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización, para quienes realicen conductas prohibidas. Todas las autorizaciones sanitarias previas relacionadas con estos dispositivos quedarán sin efectos en cuanto entre en vigor el decreto, y se notificará a los titulares para el cese de actividades.

El documento subraya la intención de garantizar el acceso universal a la atención médica mediante el intercambio de servicios entre instituciones públicas. Con ello, se busca ampliar la cobertura y asegurar la atención oportuna y de calidad.

Asimismo, se contempla la integración de la demanda de medicamentos, equipo de alta tecnología e insumos, con procesos de contratación consolidada. En este esquema participarán las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal que prestan servicios de salud, asistencia social y salud pública, conforme a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.