La jueza de Ejecución Ángela Zamorano Herrera resolvió que el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, deberá cumplir de manera íntegra la condena que le fue impuesta en 2018, al negar la solicitud de libertad anticipada presentada por su defensa. La resolución fue emitida durante una audiencia en el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, donde ambas partes expusieron sus argumentos sobre la procedencia de la medida.

Duarte fue detenido el 15 de abril de 2017 en Panajachel, Guatemala, y extraditado a México el 17 de julio del mismo año. Desde entonces cumple una sentencia de nueve años por los delitos de lavado de dinero y asociación delictuosa, de la cual ha cubierto más del 96 %, según los datos expuestos en la audiencia.

Su defensa argumentó que el exmandatario ha mostrado buen comportamiento, un cambio de conducta y que ha cumplido con la mayor parte de su condena, razones que —señalaron— justificaban su egreso anticipado bajo medidas cautelares.

Sin embargo, la juzgadora consideró que esos elementos no eran suficientes para otorgar el beneficio solicitado. Entre los factores que influyeron en su decisión se encuentran las observaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), que calificó a Duarte como un interno con mala conducta y recordó que el exgobernador evadió una audiencia por un caso de presunta desaparición forzada, motivando un señalamiento de incumplimiento.

Además, la FGR destacó que Duarte enfrenta un proceso vigente por el delito de desaparición forzada, relacionado con el entorpecimiento de la investigación por la desaparición del policía David Lara Cruz. En este caso, la audiencia intermedia se ha pospuesto en seis ocasiones. También se señaló que el exfuncionario no cumplió con el Plan de Actividades para su reinserción social, que incluye participación en actividades culturales, deportivas y recreativas.

La defensa respondió que el delito por el que se le acusa en este proceso excluye su participación directa en la desaparición, y sostuvo que Duarte nunca ha sido acusado ni vinculado a proceso por desaparición forzada como tal. “Jamás se ha acusado a Javier Duarte del delito de desaparición forzada”, afirmaron sus representantes legales, quienes insistieron en que el caso fue sobreseído previamente.

Tras la negativa de la jueza, su abogado Pablo Campuzano adelantó que analizarán la posibilidad de apelar la resolución. Mencionó también que el cumplimiento total de la pena está previsto para abril, por lo que evaluarán los tiempos procesales para definir los siguientes pasos legales.

En paralelo, Duarte mantiene otro proceso abierto por peculado, actualmente en fase intermedia. Las denuncias en su contra lo señalan por la presunta malversación de más de 62 mil millones de pesos provenientes de fondos federales durante su administración en Veracruz.

La jueza Ángela Zamorano Herrera, quien asumió el cargo en septiembre tras ganar la elección del llamado “acordeón” con 54 mil 797 votos, fue la encargada de emitir esta resolución que confirma la permanencia del exgobernador en prisión hasta concluir su condena.

Julio César Chávez Jr., hijo del legendario boxeador mexicano, tramitó un juicio de amparo en el que denunció “privación ilegal de la libertad e incomunicación” luego de ser entregado a México por autoridades de Estados Unidos. El caso ahora está en manos del Poder Judicial de la Federación.

La jueza Ana María Nava Ortega, titular del Juzgado Decimoprimero de Distrito en Sonora, concedió una suspensión de plano con la que ordenó a las autoridades que la “incomunicación cese de inmediato”, garantizando así el acceso del boxeador a comunicación y contacto con el exterior mientras permanece en una prisión de Hermosillo.

De acuerdo con documentos judiciales, el recurso fue presentado el miércoles 20 de agosto, un día después de que Chávez Jr. fuera trasladado a territorio mexicano desde Los Ángeles, California. La detención en Estados Unidos ocurrió en julio, cuando agentes del Servicio de Migración y Control de Aduanas lo arrestaron tras considerarlo relacionado con actividades del Cártel de Sinaloa.

La aprehensión se realizó días después del combate que el pugilista sostuvo contra el youtuber Jake Paul. Según un comunicado del Departamento de Seguridad Nacional, desde diciembre del 2024 existía una denuncia en su contra que lo clasificaba como una “amenaza para la seguridad pública”, aunque en ese momento no fue prioridad para las autoridades estadounidenses.

Una vez entregado a México, la Fiscalía General de la República confirmó que desde 2023 existía una orden de aprehensión en su contra por presuntos vínculos con organizaciones criminales. La FGR documentó que entre diciembre de 2021 y junio de 2022 se intervinieron teléfonos de presuntos integrantes de una célula dedicada al tráfico de armas, vinculada a la facción conocida como “Los Chapitos”.

En esas conversaciones, de acuerdo con la investigación, se mencionaba a Chávez Carrasco en supuestos actos de violencia contra integrantes del Cártel de Sinaloa. Los testimonios señalan que era utilizado para castigar a miembros de la organización, a quienes presuntamente golpeaba como si fueran costales de boxeo, siguiendo instrucciones de Néstor Isidro Pérez Salas, alias “El Nini”. Este último fue extraditado a Estados Unidos en mayo de 2024.

El juicio de amparo interpuesto por el exboxeador busca frenar actos que considera violatorios de sus derechos fundamentales, particularmente la incomunicación dentro del penal de Hermosillo. La orden de la jueza Nava Ortega obliga a las autoridades a garantizar que tenga acceso a sus abogados y a establecer contacto con familiares, en tanto se resuelve el fondo del caso.