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El próximo lunes inicia un periodo extraordinario de sesiones en la Cámara de Diputados que estará enfocado en desahogar una intensa agenda legislativa encabezada por cinco reformas prioritarias, según lo confirmó el coordinador de Morena, Ricardo Monreal Ávila, a los 253 integrantes de su bancada. El periodo se desarrollará del 23 de junio al 2 de julio, en el pleno del Palacio Legislativo de San Lázaro.

Las reformas prioritarias identificadas por el legislador son: la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en materia de Seguridad Pública, la transferencia de funciones del Coneval al Inegi, la nueva Ley de la Guardia Nacional y la reforma a la Ley del Seguro Social en materia de retiro.

Estas iniciativas no incluyen cambios a la Ley de Telecomunicaciones, aunque Monreal reconoció que podrían añadirse otros temas si la Comisión Permanente lo autoriza mediante la modificación del decreto de convocatoria original.

El mensaje, compartido a través de WhatsApp por Pedro Haces Barba, encargado de operación política del grupo parlamentario, también informó sobre la logística de la jornada: se prevé una reunión previa a las 14:00 horas del mismo lunes en el auditorio Aurora Jiménez, antes de la instalación oficial del periodo extraordinario a las 16:00 horas.

Durante una conferencia de prensa ofrecida este jueves, Monreal explicó que entre 22 y 27 dictámenes serán puestos a discusión y votación. De estos, 12 estarían directamente ligados a las cinco reformas prioritarias, ya que la nueva Ley de la Guardia Nacional incluye ocho dictámenes por separado.

Además, en la lista que también abarca iniciativas del Senado, destacan otras reformas enfocadas en diversos temas. Algunas de estas son: eliminación de trámites burocráticos, reconocimiento de derechos de las mujeres, regulación en el sector ferroviario, protección de la totoaba y delfines, y conservación de vida silvestre.

Otros dictámenes pendientes abordan áreas como operaciones con recursos de procedencia ilícita, desaparición forzada de personas, competencia económica, telecomunicaciones y radiodifusión, y acuerdos internacionales.

De concretarse la inclusión de todas las iniciativas mencionadas, el número total de dictámenes a tratar podría alcanzar hasta 37. Monreal subrayó que la Comisión Permanente, que sesiona este viernes, tendría la facultad de modificar la convocatoria inicial para dar cabida a esos temas adicionales dentro del periodo extraordinario.

La noche de este viernes marcó el fallecimiento de Mariano Azuela Güitrón, ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a los 89 años de edad. La noticia resonó en todos los rincones del ámbito jurídico nacional, generando expresiones de condolencias desde distintas esferas, incluida la propia Suprema Corte, que externó su solidaridad con familiares y amigos del jurista.

Nacido en la Ciudad de México en 1936, Mariano Azuela Güitrón fue parte de una familia con profundas raíces en la vida pública del país. Su formación académica se consolidó entre 1954 y 1958 en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Desde joven, combinó su trayectoria profesional con una intensa vocación docente, impartiendo cátedra en instituciones como el Centro Universitario México, la Universidad Iberoamericana y la Universidad Panamericana.

Su vínculo con el Poder Judicial inició formalmente en 1960, al desempeñarse como secretario de Estudio y Cuenta en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Más tarde, entre 1971 y 1983, se desempeñó como magistrado del Tribunal Fiscal de la Federación, y en 1981 fue designado presidente de dicho tribunal.

En mayo de 1983, fue nombrado ministro de la Suprema Corte de Justicia, cargo que ejerció con una participación prolongada, alternando entre la Segunda Sala y el Pleno. Entre el 2 de enero de 2003 y el 15 de enero de 2007, asumió la presidencia tanto de la Corte como del Consejo de la Judicatura Federal.

Durante su paso por la presidencia del máximo tribunal, el contexto político del país vivía una de sus tensiones más notorias. En 2004, la Procuraduría General de la República acusó al entonces jefe de Gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador, de desacato por desobedecer una orden judicial vinculada al predio “El Encino”.

El proceso de desafuero que se desencadenó posteriormente fue respaldado por una votación mayoritaria en la Cámara de Diputados, bajo la presidencia de Manlio Fabio Beltrones. El episodio estuvo marcado por fuertes señalamientos de presión política, en los que también fue mencionado Mariano Azuela Güitrón. En 2022, López Obrador revivió ese episodio al acusar al expresidente Vicente Fox y a un grupo de legisladores de operar el desafuero con la supuesta intervención del entonces presidente de la Corte.

Pese a las controversias, el legado de Azuela Güitrón en el sistema judicial mexicano es amplio, con décadas de participación en la interpretación y aplicación del derecho. Su figura representa una parte significativa de la historia reciente del Poder Judicial en México, con aportaciones relevantes tanto en el ámbito académico como institucional.

Leopoldo Javier Chávez Vargas, aspirante a juez federal de Distrito en Materia Mixta para el estado de Durango, ha generado revuelo nacional al confirmar públicamente que estuvo preso en Estados Unidos por delitos relacionados con el narcotráfico. La revelación no ha pasado desapercibida, pues se trata de una figura en proceso de ser nombrada como juez, en un país donde la ética judicial es constantemente cuestionada por la opinión pública.

A través de un video difundido en sus redes sociales, Chávez Vargas abordó directamente su pasado. Declaró que en 2015 enfrentó un proceso judicial en territorio estadounidense tras ser detenido por autoridades fronterizas en el puente internacional Lincoln Juárez. En el vehículo donde viajaba, un autobús de pasajeros con destino a Dallas, Texas, fue localizado un extintor modificado que contenía metanfetamina. El artefacto se encontraba oculto debajo de su asiento.

El propio Chávez reconoció que asumió la responsabilidad del objeto, aunque aseguró no conocer su contenido. La detención dio paso a un juicio por cargos de conspiración e importación para traficar sustancias ilícitas, así como posesión con intención de distribución. Como resultado, pasó cinco años y siete meses en una prisión estadounidense.

“Hace años enfrenté un proceso judicial en Estados Unidos, un proceso que no negaré ni mentiré al respecto, transformó mi vida, un proceso injusto e inhumano”, afirmó en su mensaje. También señaló haber vivido atropellos y arbitrariedades durante su encarcelamiento.

Sin embargo, lejos de evadir el tema, Chávez Vargas utiliza su experiencia como parte de su discurso político. “Nunca me he vendido ante ustedes como el candidato perfecto, al contrario, soy el más imperfecto, pero el que más ganas tiene de sacar adelante esto”, expresó con convicción.

El anuncio ha provocado una reacción inmediata. El Senado de la República y la Cámara de Diputados ya han presentado una impugnación ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para solicitar la anulación de su candidatura.

La organización Defensorxs, dedicada al acompañamiento legal de personas en procesos judiciales, confirmó los detalles del caso y aseguró que la detención ocurrió el 13 de noviembre de 2015. La organización también reiteró que el aspirante fue condenado bajo cargos federales en Estados Unidos y que su liberación se dio después de cumplir la mayor parte de su sentencia.

Mientras el proceso de revisión de su candidatura avanza, el caso de Chávez Vargas pone sobre la mesa un debate complejo: la posibilidad de redención y reintegración social frente a los requisitos éticos de quienes aspiran a impartir justicia en México.

En una maratónica sesión extraordinaria, la Comisión de Transparencia y Anticorrupción de la Cámara de Diputados aprobó con 22 votos a favor, seis en contra y dos abstenciones la polémica Ley Nacional para Eliminar Trámites Burocráticos. La velocidad del proceso encendió alarmas entre legisladores de oposición, quienes acusaron falta de transparencia y riesgo para los datos personales de la ciudadanía.

El diputado Héctor Saúl Téllez Hernández, del PAN, advirtió que esta nueva legislación contempla la integración de datos biométricos en la Clave Única de Registro de Población (CURP), una medida impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum como parte de su estrategia de seguridad y combate a la desaparición de personas. “No solamente nos estamos adelantando al incluir ya esta figura en una ley que no ha sido autorizada, sino que también nos abre la preocupación a la utilización de los datos personales”, subrayó Téllez.

La nueva plataforma LlaveMX, diseñada para funcionar como sistema único de autentificación, dependerá de la CURP biométrica para acreditar la identidad de los ciudadanos. A pesar de los beneficios prometidos, como la reducción de tiempos y trámites, la centralización de datos sensibles encendió alertas entre legisladores que ven en esta iniciativa riesgos de control y censura.

“El proceso para dictaminar en comisiones se establece en el numeral 3 del artículo 177 del Reglamento de la Cámara de Diputados y no se cumplió”, señaló la diputada de Movimiento Ciudadano, Iraís Virginia Reyes, quien detalló que el dictamen fue circulado apenas unas horas antes de su discusión, contraviniendo los plazos legales.

Desde el PRI, el diputado Arturo Yáñez Cuéllar expresó su preocupación por la exigencia de rehacer el trámite de la CURP con datos biométricos. “Hay manos de segundo nivel, de tercer nivel, que hacen mal uso de esta situación y que nos han demostrado una y otra vez el saqueo de datos”, alertó el priista.

El presidente de la comisión, Ricardo Sóstenes Mejía, defendió el proyecto asegurando que la ley busca “reducir las cargas económicas y los obstáculos para el desarrollo”. Además, destacó que la implementación de LlaveMX permitirá acreditar la identidad sin necesidad de múltiples documentos, agilizando los trámites gubernamentales.

Por su parte, el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, confirmó que la discusión de esta nueva ley continuará en el pleno a partir de las 4:00 de la tarde, en una sesión semipresencial que promete extender el debate sobre el futuro del control digital y los derechos ciudadanos.

La controversia queda servida en un tema que pone en juego la seguridad de los datos personales frente a la modernización de los servicios públicos.

La nueva Ley de Telecomunicaciones avanza con rapidez por el Senado, respaldada por las comisiones unidas de Radio, Televisión y Cinematografía, Comunicaciones y Estudios Legislativos. Con 29 votos a favor y 9 en contra, el dictamen fue aprobado en menos de dos horas y media y está en ruta hacia el pleno senatorial, antes de su eventual llegada a la Cámara de Diputados.

Morena, PT y Partido Verde cerraron filas para dar el sí a una ley que prohíbe expresamente la propaganda política de gobiernos extranjeros a través de medios digitales y radioeléctricos. Desde la bancada oficialista, el senador morenista José Antonio Álvarez Lima defendió el documento de 311 páginas. Aseguró que se trata de una legislación para garantizar el uso democrático y equitativo del espectro radioeléctrico, sin importar las barreras socioeconómicas, y donde el Estado se posicione como garante de las comunicaciones.

Pero mientras la mayoría celebraba este paso como un avance soberano, en la trinchera opositora la alarma no tardó en sonar. Desde el PAN, Ricardo Anaya lanzó una advertencia: “No es cierto que urgía sacar esto por la emergencia de que nos invadieron con los spots de Trump”. A su juicio, esta reforma representa una “ley censura” que permite a la Agencia de Transformación Digital controlar redes sociales y plataformas digitales sin límites claros. Su preocupación se centra en el artículo 109, que establece facultades de bloqueo en plataformas digitales.

El coordinador del PRI, Manuel Añorve, fue más allá: “Esto no es soberanía. Es control político, total, autoritario, con fachada digital”. Aseguró que la ley se presenta disfrazada de salvación y comparó sus implicaciones con regímenes autoritarios. La censura, señaló, no entra gritando, entra disfrazada de protección.

Movimiento Ciudadano también rechazó la iniciativa. Alejandro Barrales cuestionó la rapidez con la que se aprobó el dictamen, que regula todo el espacio radioeléctrico y las redes sociales. Alertó que se pretende otorgar atribuciones a la Agencia de Transformación Digital para que esta determine qué contenidos pueden ser bloqueados, lo que calificó como “un claro asalto a la libertad de expresión”.

Aunque la narrativa oficial subraya que esta ley busca proteger a la población del contenido político extranjero, las críticas sobre su trasfondo no se detienen. Señalamientos por concentración de poder, censura encubierta y control total de la narrativa digital circulan con fuerza entre la oposición.

El Senado se prepara para una votación definitiva que podría redefinir el futuro de las telecomunicaciones en el país. El reloj legislativo corre, y la atención nacional ya está puesta sobre el próximo paso de esta polémica reforma.

Con una votación histórica y sin precedentes, la Cámara de Diputados marcó un hito en la vida legislativa del país. El pleno aprobó por unanimidad, con 434 votos a favor, el Reglamento de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, un documento clave que redefine la dinámica del debate parlamentario bajo los principios de paridad, pluralidad e inclusión.

Este nuevo reglamento no solo ordena el funcionamiento interno de la Comisión Permanente, sino que establece bases sólidas para que todas las voces tengan cabida en el proceso legislativo. De acuerdo con lo señalado por el diputado presidente de la Comisión, Luis Agustín Rodríguez Torres, este avance permitirá una estructura más justa y representativa al interior del Congreso.

En su intervención, Rodríguez Torres destacó que el reglamento aprobado representa un logro largamente anhelado. Después de al menos seis legislaturas intentando concretar esta transformación, finalmente se consolidó un acuerdo unificado. El documento no solo regula los debates, sino que establece claramente cómo se repartirán los tiempos en agenda política, permitiendo que cada grupo parlamentario cuente con espacio suficiente para abordar los temas de interés nacional.

Uno de los elementos más relevantes es la integración de una Mesa Directiva más amplia y representativa, compuesta por una presidencia, tres vicepresidencias y una secretaría por cada grupo parlamentario. Esta medida busca equilibrar la toma de decisiones y garantizar una representación equitativa sin importar el número de curules que posea cada partido.

El reglamento también contempla el funcionamiento eficiente de las comisiones de trabajo, definiendo tiempos concretos para su instalación y asegurando que su composición refleje la pluralidad del pleno. Además, se abre la puerta a un modelo más flexible al permitir que tanto las sesiones del pleno como las reuniones de comisiones puedan celebrarse de forma semipresencial, siempre que la Mesa Directiva lo acuerde.

Un aspecto clave es la claridad con la que se establecen los mecanismos de difusión y publicación de los trabajos legislativos, así como los tiempos definidos para su ejecución. Esto garantiza una mayor transparencia en el quehacer parlamentario y facilita el acceso a la información por parte de la ciudadanía.

Durante la sesión también se aprobó una reserva consensuada al artículo 24, que regula la participación de los legisladores sustitutos. Según el texto aprobado, estos podrán integrarse a las sesiones y participar activamente, siempre que estén debidamente acreditados. Sus funciones incluirán registrar asistencia, intervenir en los debates y ejercer su derecho al voto. Sin embargo, no podrán ser parte de la Mesa Directiva.

Luis Agustín Rodríguez Torres subrayó que este avance legislativo no limita las iniciativas ni los puntos de acuerdo que puedan presentar los grupos parlamentarios. Estos temas continuarán siendo organizados conforme a los acuerdos que se generen al interior de la Mesa Directiva.

Este nuevo reglamento será ahora enviado al Senado, donde se espera que continúe su curso para consolidarse como una herramienta esencial en la modernización del trabajo legislativo.

Con este paso, la actual legislatura sella un momento histórico, estableciendo nuevos estándares de funcionamiento legislativo que priorizan el diálogo, la inclusión y la transparencia.

El escenario político nacional suma una nueva batalla legal. Gobernadores, legisladores, candidatas a la Suprema Corte y el propio partido Morena han iniciado una ola de impugnaciones en contra del acuerdo del Instituto Nacional Electoral (INE) que restringe el uso de recursos públicos para promover la elección judicial. A la fecha, más de 40 juicios se encuentran ya en manos del magistrado Felipe de la Mata Pizaña, quien será el encargado de presentar el proyecto que resolverá este conflicto jurídico.

Las primeras demandas llegaron desde los estados gobernados por Morena. Delfina Gómez, mandataria del Estado de México, presentó dos impugnaciones; Layda Sansores, desde Campeche, y Salomón Jara, en Oaxaca, también formalizaron su inconformidad. En cada caso, los argumentos coinciden: el acuerdo del INE limitaría el derecho ciudadano a estar informado sobre un proceso considerado histórico, como lo es la elección de integrantes del Poder Judicial de la Federación.

A esta ofensiva legal se sumaron las impugnaciones del Senado, la Cámara de Diputados, la dirigencia nacional de Morena y la presidenta Claudia Sheinbaum. Aunque el acuerdo prohíbe expresamente que partidos políticos participen en la promoción del proceso, el partido oficialista optó por involucrarse directamente, alegando que no busca apoyar a candidaturas específicas, sino únicamente fomentar la participación democrática.

El artículo 506 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, promovida por el propio bloque oficialista, establece que está prohibido el uso de recursos públicos para la propaganda electoral relacionada con la elección judicial, según lo dictado en el artículo 134 de la Constitución. No obstante, las impugnaciones giran en torno a la interpretación de dicha norma: los inconformes sostienen que esta restricción sólo aplica cuando se busca influir en favor o en contra de alguna candidatura.

Desde esta perspectiva, diversos actores políticos insisten en que su intención no es interferir en la contienda, sino cumplir con el deber institucional de motivar la participación ciudadana en una jornada que consideran trascendental para el fortalecimiento democrático del país.

Las ministras Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz, aspirantes a conservar sus lugares en la Suprema Corte de Justicia, también presentaron impugnaciones. En sus argumentos, califican el acuerdo del INE como “irrazonable” y “contradictorio”, al limitar la difusión del proceso justo cuando ellas, como candidatas, requieren visibilidad para que la ciudadanía conozca sus perfiles.

Por su parte, el INE reafirmó que la promoción del voto es competencia exclusiva de la autoridad electoral, garantizando imparcialidad y equidad en la contienda. Enfatizó que ninguna institución pública o figura de poder puede intervenir en estas actividades, salvo mediante convenios que estén bajo control directo del Instituto.

Ahora, todo queda en manos del Tribunal Electoral. La Sala Superior deberá decidir si valida o revoca el acuerdo del INE, en una resolución que podría marcar un nuevo precedente en la relación entre los poderes del Estado y el árbitro electoral.

La Cámara de Diputados ha tomado una decisión clave en torno al desafuero del exgobernador de Morelos y actual legislador morenista, Cuauhtémoc Blanco. Con 291 votos a favor, 158 en contra y 12 abstenciones, el Pleno determinó desechar la solicitud promovida por la Fiscalía General del Estado de Morelos (FGE), garantizando así que Blanco conserve su fuero constitucional. 

La Sección Instructora ya había declarado improcedente la petición presentada por la fiscalía estatal, alegando inconsistencias en la carpeta de investigación. La acusación contra Blanco, por tentativa de violación en agravio de su media hermana Nidia Fabiola, quedó sin efecto al no cumplir con los requisitos legales para proceder.

El debate en el Pleno no estuvo exento de tensiones. Legisladoras de distintos partidos arremetieron contra la decisión, denunciando que la negativa al desafuero representa un obstáculo en la lucha contra la violencia de género. “Ese techo de cristal que dicen que se rompió no se rompió”, gritaron diputadas en San Lázaro, en un reclamo directo al presidente de la Mesa Directiva, Sergio Gutiérrez Luna, por su respaldo a Blanco.

En respuesta a la controversia, Cuauhtémoc Blanco subió a la tribuna para defenderse. “No tengo miedo, aquí estoy, parado frente a ustedes. La denuncia fue presentada seis meses después y estoy dispuesto a ir a la Fiscalía porque mi conciencia está muy tranquila”, declaró el exfutbolista y político.

La Comisión de Igualdad de Género de la Cámara de Diputados también expresó su inconformidad, reiterando la necesidad de eliminar el fuero para servidores públicos involucrados en casos de violencia de género. Anais Miriam Burgos, presidenta de la comisión, enfatizó que la protección de las víctimas debe prevalecer sobre los privilegios legislativos y adelantó la presentación de una iniciativa para reformar el sistema de desafuero.

Mientras tanto, la FGE de Morelos anunció que revisará el caso tras la decisión de la Sección Instructora. Edgar Maldonado Ceballos, fiscal estatal, defendió el trabajo de su dependencia y ordenó una investigación interna para determinar posibles irregularidades en la integración del expediente.

Aunque el desafuero ha sido rechazado, el caso sigue en el centro del debate público y político. Organizaciones y legisladores insisten en la necesidad de garantizar justicia y transparencia, mientras Cuauhtémoc Blanco mantiene su protección legal dentro del Congreso.

En una sesión a puerta cerrada que se extendió por horas, la Sección Instructora de la Cámara de Diputados aprobó con tres votos a favor y uno en contra el desechamiento del expediente que acusaba al exgobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, por intento de violación. La propuesta fue impulsada por su presidente, Hugo Eric Flores Cervantes, quien argumentó su improcedencia.

El respaldo de Morena y PVEM fue clave en la decisión. Raúl Bolaños-Cacho, diputado del Partido Verde, justificó su voto a favor señalando fallas en la investigación de la Fiscalía General del Estado de Morelos. Según explicó, la carpeta presentaba dictámenes contradictorios, falta de testigos y una ausencia de perspectiva de género en su resolución.

El legislador destacó que, en caso de votar en contra, el dictamen habría quedado desechado definitivamente. Con esta resolución, la Fiscalía de Morelos podrá presentar una nueva denuncia con una investigación más sólida y evitar que el caso se estanque.

En el transcurso de la discusión, el diputado panista Germán Martínez acusó a Flores Cervantes de actuar como “abogado de Cuauhtémoc Blanco“. Ante esta afirmación, el presidente de la Sección Instructora respondió enérgicamente, rechazando cualquier sesgo en su decisión y defendiendo el análisis jurídico del expediente.

Martínez calificó la votación como un agravio contra las mujeres del país y solicitó a las líderes políticas Claudia Sheinbaum y Margarita González Saravia que no guarden silencio ante la resolución. Expresó su indignación, asegurando que con este dictamen se estaría otorgando impunidad al exgobernador.

Flores Cervantes insistió en que el expediente carecía de rigor técnico y profesional. Señaló que los peritajes psicológicos presentados eran contradictorios: uno indicaba que la víctima no presentaba daño psicológico, mientras que otro, realizado dos meses después con la misma metodología, sostenía lo contrario.

El dictamen será enviado este viernes a la presidencia de la Cámara de Diputados, donde se espera que sea analizado en las sesiones de la próxima semana. La discusión aún no ha terminado, y el pleno tendrá la última palabra sobre el futuro del caso.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo decidió retirar la iniciativa de reforma a la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), enviada previamente a la Cámara de Diputados. La medida se tomó poco antes del inicio de un “paro nacional masivo” organizado por la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación (CNTE), quienes manifestaron su inconformidad con la propuesta.

La solicitud de retiro se realizó conforme al artículo 77 del Reglamento de la Cámara de Diputados. El anuncio fue confirmado por Ricardo Monreal Ávila, coordinador de los diputados de Morena, a través de su cuenta en la red social X.

Los maestros de la CNTE habían planeado movilizaciones, incluyendo una protesta frente a la Cámara de Diputados y una marcha hacia Palacio Nacional. Su oposición a la iniciativa se centraba en cambios propuestos que afectarían sus derechos laborales y de seguridad social.

Entre los puntos clave de la reforma se encontraba la posibilidad de que el Fondo de la Vivienda del ISSSTE (Fovissste) adquiriera, construyera, rehabilitara y rentara viviendas para trabajadores del Estado. Además, la iniciativa planteaba que las cuotas y aportaciones del seguro de salud se calcularan sobre el salario integrado cuando este superara las 10 Unidades de Medida y Actualización (UMA) mensuales.

Antes de que se oficializara el retiro de la propuesta, Monreal Ávila aseguró en conferencia de prensa que la reforma no sería aprobada sin antes llegar a acuerdos con los trabajadores de la educación. “Nosotros creemos que no hay justificación para que suspendamos actividades o no nos permitan trabajar”, afirmó.

En caso de que las manifestaciones se prolongaran, el legislador mencionó que se considerarían sedes alternas para continuar con el trabajo legislativo. “Aunque es más incómodo, se tiene que pagar la renta de otros locales, de otros lugares, se improvisa la actividad, pero tenemos que continuar el trabajo en una u otra parte”, explicó.

El retiro de la iniciativa representa una victoria para la CNTE, que ha insistido en la necesidad de diálogo antes de cualquier modificación a la Ley del ISSSTE. Por ahora, las negociaciones entre el gobierno y los maestros seguirán en busca de un acuerdo que garantice sus derechos laborales y de seguridad social.