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La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció que en los próximos meses comenzará el proceso de aplicación de la nueva Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión, conocida como “Ley Telecom”, la cual fue publicada el año pasado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) tras su aprobación en el Congreso de la Unión. El anuncio se realizó durante su conferencia matutina en Palacio Nacional.

La mandataria informó que el titular de la Agencia de Transformación Digital, José Merino, acudirá próximamente a la conferencia presidencial para explicar de manera detallada cómo se implementarán las disposiciones de esta legislación. Señaló que esta presentación permitirá dar a conocer el proceso de aplicación de la ley y su alcance dentro del nuevo marco normativo.

Sheinbaum explicó que la reforma tiene como uno de sus ejes principales garantizar el derecho de las audiencias y fortalecer el acceso a información adecuada. Indicó que la legislación contempla mecanismos para que los ciudadanos puedan manifestar cuando consideren que no están recibiendo información correcta. “Ya se cambió la ley para eso, para garantizar el derecho a la información (…) ya viene eso también como parte del cambio a la ley que se hizo”, afirmó.

La nueva Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión fue aprobada por el Poder Legislativo y publicada en el DOF en medio de un debate público en el que se expresaron preocupaciones sobre posibles riesgos de censura y espionaje. Uno de los puntos más controvertidos durante la discusión fue el artículo 109, que otorgaba a la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones la facultad de ordenar el bloqueo temporal de plataformas digitales.

Ante los señalamientos realizados por diversos sectores, dicho artículo fue eliminado del texto final de la ley. La presidenta explicó que este ajuste respondió a las críticas surgidas durante el proceso legislativo y reiteró que su gobierno no tiene intención de aplicar medidas de censura ni de espionaje.

Sheinbaum subrayó que la reforma busca actualizar el marco legal en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, con énfasis en la protección del derecho a la información y de las audiencias. Añadió que la próxima explicación por parte de la Agencia de Transformación Digital permitirá conocer las etapas previstas para la implementación de la Ley Telecom en los próximos meses.

Durante un periodo extraordinario de sesiones, el Senado de la República aprobó la nueva Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión con 77 votos a favor y 30 en contra. La propuesta legislativa impulsada por Morena, PT, PVEM y Movimiento Ciudadano fue turnada a la Cámara de Diputados para su análisis, tras una sesión marcada por intensos debates y posturas encontradas.

En la discusión se presentaron 20 reservas, de las cuales sólo se aprobaron cuatro. Dos fueron propuestas por el senador Javier Corral, dirigidas al artículo 10 y al noveno transitorio, mientras que las otras dos, impulsadas por Ricardo Sheffield, otorgan facultades a la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones para evitar el encarecimiento de los equipos de telefonía móvil.

El dictamen eliminó el artículo 109, que contemplaba el bloqueo de plataformas digitales. La modificación fue destacada en tribuna por el coordinador del PAN, Ricardo Anaya, quien señaló que este cambio respondió a la presión de la sociedad civil, expertos y ciudadanos organizados.

El PAN y el PRI mantuvieron su rechazo al dictamen, argumentando que se preservan medidas que podrían traducirse en censura y vigilancia indebida. Anaya expresó que la suspensión precautoria de transmisiones de radio y televisión no se limita a casos específicos, como la protección de la niñez, y alertó sobre la permanencia del registro obligatorio de líneas móviles.

En respuesta, el senador Manuel Huerta, de Morena, aclaró que la ley “no espía, no persigue, no censura” y que su propósito es garantizar que la comunicación digital esté al servicio del pueblo.

Por su parte, Alejandro Moreno, presidente del PRI, calificó la ley como “una guía de bolsillo para construir y fortalecer un régimen antidemocrático” y señaló que pretende controlar los medios, limitar a la oposición y vigilar a los ciudadanos.

Desde otra óptica, el senador del PVEM, Jorge Carlos Ramírez Marín, precisó que el registro de telefonía móvil no es una medida nueva, ya que figura desde antes en el artículo 190 de la legislación vigente.

El nuevo dictamen también elimina la censura previa a contenidos internacionales por parte de la Secretaría de Gobernación y establece la creación de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, un organismo independiente con autonomía técnica y operativa, integrado por cinco personas propuestas por el Ejecutivo y ratificadas por el Senado. Sus funciones abarcarán autorización, vigilancia, regulación y sanción en los servicios de telecomunicaciones y radiodifusión.

Sobre la legalidad de estos nombramientos, la senadora del PRI, Claudia Anaya, advirtió que podrían ser inconstitucionales al no estar contemplados dentro de las atribuciones del Senado según el artículo 76 de la Carta Magna.

Además, la ley determina que la autoridad competente en temas de competencia económica quedará sectorizada en la Secretaría de Economía y trabajará junto con tribunales especializados.

La Agencia de Transformación Digital conducirá las políticas públicas para ampliar la cobertura social, impulsar el acceso satelital y aprovechar el espectro radioeléctrico. El Estado podrá participar como proveedor comercial en condiciones equitativas, sin descuidar su misión social.

En una maratónica sesión extraordinaria, la Comisión de Transparencia y Anticorrupción de la Cámara de Diputados aprobó con 22 votos a favor, seis en contra y dos abstenciones la polémica Ley Nacional para Eliminar Trámites Burocráticos. La velocidad del proceso encendió alarmas entre legisladores de oposición, quienes acusaron falta de transparencia y riesgo para los datos personales de la ciudadanía.

El diputado Héctor Saúl Téllez Hernández, del PAN, advirtió que esta nueva legislación contempla la integración de datos biométricos en la Clave Única de Registro de Población (CURP), una medida impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum como parte de su estrategia de seguridad y combate a la desaparición de personas. “No solamente nos estamos adelantando al incluir ya esta figura en una ley que no ha sido autorizada, sino que también nos abre la preocupación a la utilización de los datos personales”, subrayó Téllez.

La nueva plataforma LlaveMX, diseñada para funcionar como sistema único de autentificación, dependerá de la CURP biométrica para acreditar la identidad de los ciudadanos. A pesar de los beneficios prometidos, como la reducción de tiempos y trámites, la centralización de datos sensibles encendió alertas entre legisladores que ven en esta iniciativa riesgos de control y censura.

“El proceso para dictaminar en comisiones se establece en el numeral 3 del artículo 177 del Reglamento de la Cámara de Diputados y no se cumplió”, señaló la diputada de Movimiento Ciudadano, Iraís Virginia Reyes, quien detalló que el dictamen fue circulado apenas unas horas antes de su discusión, contraviniendo los plazos legales.

Desde el PRI, el diputado Arturo Yáñez Cuéllar expresó su preocupación por la exigencia de rehacer el trámite de la CURP con datos biométricos. “Hay manos de segundo nivel, de tercer nivel, que hacen mal uso de esta situación y que nos han demostrado una y otra vez el saqueo de datos”, alertó el priista.

El presidente de la comisión, Ricardo Sóstenes Mejía, defendió el proyecto asegurando que la ley busca “reducir las cargas económicas y los obstáculos para el desarrollo”. Además, destacó que la implementación de LlaveMX permitirá acreditar la identidad sin necesidad de múltiples documentos, agilizando los trámites gubernamentales.

Por su parte, el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, confirmó que la discusión de esta nueva ley continuará en el pleno a partir de las 4:00 de la tarde, en una sesión semipresencial que promete extender el debate sobre el futuro del control digital y los derechos ciudadanos.

La controversia queda servida en un tema que pone en juego la seguridad de los datos personales frente a la modernización de los servicios públicos.