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El Senado de la República inició este lunes un periodo extraordinario de sesiones que se extenderá hasta el 2 de julio. La agenda contempla la discusión de al menos 16 reformas en temas estratégicos como seguridad nacional, lucha contra el lavado de dinero, telecomunicaciones, reducción de trámites gubernamentales y búsqueda de personas desaparecidas.

Entre los temas que concentran mayor atención pública se encuentran tres propuestas de ley que abordan el uso de datos biométricos, lo que ha generado controversia entre especialistas, activistas y organizaciones civiles.

La primera de ellas corresponde a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, que facultaría a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para solicitar información de cualquier institución gubernamental, incluyendo datos e imágenes de ciudadanos que sean sujetos de investigación.

En paralelo, la reforma a la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión propone la creación de un registro nacional de líneas telefónicas móviles que integraría datos biométricos de los usuarios. Esta medida ya fue declarada inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero regresa a discusión con ajustes.

Por otra parte, la modificación a la Ley de Desaparición Forzada y cometida por Particulares plantea la incorporación de información biométrica de familiares de personas desaparecidas, con el objetivo de fortalecer los mecanismos de búsqueda e identificación.

El presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, informó que este periodo extraordinario podría ampliarse hasta incluir un total de 22 iniciativas. Se prevé que la presidenta Claudia Sheinbaum pueda presentar propuestas que serían integradas a la agenda en los próximos días.

El programa legislativo incluye también reformas al sistema ferroviario, nuevas reglas para el diseño institucional de la Guardia Nacional, creación del Sistema Nacional de Inteligencia en Seguridad Pública, así como modificaciones al marco legal en materia de retiro por desempleo, desarrollo social y fiscalización gubernamental.

Este lunes, el Senado centró su atención en la discusión de la Ley General de Vida Silvestre, que contempla la prohibición del uso de ejemplares de mamíferos marinos en espectáculos, lo cual representa uno de los puntos más visibles en la agenda ambiental.

Las sesiones se realizarán de forma continua y podrían incluir trabajos durante fines de semana. La lista de reformas también abarca temas relacionados con igualdad de género, presupuesto público, eficiencia administrativa y derechos de usuarios en servicios públicos y telecomunicaciones.

Con un enfoque legislativo orientado hacia el control institucional y la reorganización de funciones clave en el Estado, este periodo extraordinario mantiene bajo observación el debate en torno al equilibrio entre seguridad, privacidad y derechos ciudadanos.

En un movimiento que promete abrir el debate y reducir tensiones, el Senado ha decidido aplazar la votación del dictamen de la nueva Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión. La iniciativa, que ha generado atención nacional por su posible impacto en la libertad de expresión y el acceso a medios, será revisada con mayor amplitud antes de llegar al pleno.

El presidente de la Comisión de Radio y Televisión del Senado, José Antonio Álvarez Lima, respaldó públicamente la solicitud de la presidenta Claudia Sheinbaum de frenar la aprobación inmediata y abrir un espacio para el análisis. En línea con esta postura, el legislador anunció que el Grupo Parlamentario de Morena se reunirá en los próximos días para atender la propuesta presidencial.

“La propuesta de la presidenta es atendible”, señaló Álvarez Lima, quien recalcó que no hay intención alguna de imponer censura. Afirmó que el proceso legislativo está apenas comenzando y que existe apertura total para escuchar y tomar en cuenta a empresarios, periodistas, académicos, técnicos y especialistas.

Uno de los puntos más controvertidos de la iniciativa es el artículo 109, que ha sido interpretado por algunos sectores como una herramienta para limitar el contenido en redes y plataformas digitales. Sin embargo, tanto Sheinbaum como los legisladores de Morena han reiterado que no se busca controlar ni censurar, sino garantizar una regulación justa y acorde con los tiempos actuales.

La senadora Guadalupe Chavira, secretaria de la Comisión de Estudios Legislativos, reafirmó que la Cuarta Transformación no censura a nadie y destacó la importancia de revisar el articulado en conjunto con los sectores involucrados. También subrayó que el Estado debe recuperar la rectoría sobre las telecomunicaciones, especialmente en lo referente a contenidos extranjeros con propaganda discriminatoria.

Ricardo Monreal, coordinador de Morena en el Senado, calificó como sensata la decisión de abrir el debate. Recalcó que se trata de un ejercicio de prudencia y equilibrio por parte de la presidenta, y reconoció la posibilidad de discutir la reforma en un periodo extraordinario si no se logra consenso antes del cierre del actual periodo legislativo.

La iniciativa busca corregir vacíos heredados de reformas anteriores, conocidas como la “ley Televisa”, y se propone ampliar la conectividad a regiones marginadas, defender los derechos de las audiencias y evitar que intereses extranjeros afecten la identidad y dignidad de la sociedad mexicana.

Morena ha dejado claro que seguirá abierta al diálogo. La idea no es imponer, sino construir una ley sólida y representativa. Así, el Senado pone el freno de mano y abre la puerta a una discusión incluyente, sin prisas, pero con paso firme hacia una legislación que refleje los valores democráticos de la nación.

La nueva Ley de Telecomunicaciones avanza con rapidez por el Senado, respaldada por las comisiones unidas de Radio, Televisión y Cinematografía, Comunicaciones y Estudios Legislativos. Con 29 votos a favor y 9 en contra, el dictamen fue aprobado en menos de dos horas y media y está en ruta hacia el pleno senatorial, antes de su eventual llegada a la Cámara de Diputados.

Morena, PT y Partido Verde cerraron filas para dar el sí a una ley que prohíbe expresamente la propaganda política de gobiernos extranjeros a través de medios digitales y radioeléctricos. Desde la bancada oficialista, el senador morenista José Antonio Álvarez Lima defendió el documento de 311 páginas. Aseguró que se trata de una legislación para garantizar el uso democrático y equitativo del espectro radioeléctrico, sin importar las barreras socioeconómicas, y donde el Estado se posicione como garante de las comunicaciones.

Pero mientras la mayoría celebraba este paso como un avance soberano, en la trinchera opositora la alarma no tardó en sonar. Desde el PAN, Ricardo Anaya lanzó una advertencia: “No es cierto que urgía sacar esto por la emergencia de que nos invadieron con los spots de Trump”. A su juicio, esta reforma representa una “ley censura” que permite a la Agencia de Transformación Digital controlar redes sociales y plataformas digitales sin límites claros. Su preocupación se centra en el artículo 109, que establece facultades de bloqueo en plataformas digitales.

El coordinador del PRI, Manuel Añorve, fue más allá: “Esto no es soberanía. Es control político, total, autoritario, con fachada digital”. Aseguró que la ley se presenta disfrazada de salvación y comparó sus implicaciones con regímenes autoritarios. La censura, señaló, no entra gritando, entra disfrazada de protección.

Movimiento Ciudadano también rechazó la iniciativa. Alejandro Barrales cuestionó la rapidez con la que se aprobó el dictamen, que regula todo el espacio radioeléctrico y las redes sociales. Alertó que se pretende otorgar atribuciones a la Agencia de Transformación Digital para que esta determine qué contenidos pueden ser bloqueados, lo que calificó como “un claro asalto a la libertad de expresión”.

Aunque la narrativa oficial subraya que esta ley busca proteger a la población del contenido político extranjero, las críticas sobre su trasfondo no se detienen. Señalamientos por concentración de poder, censura encubierta y control total de la narrativa digital circulan con fuerza entre la oposición.

El Senado se prepara para una votación definitiva que podría redefinir el futuro de las telecomunicaciones en el país. El reloj legislativo corre, y la atención nacional ya está puesta sobre el próximo paso de esta polémica reforma.