La Fiscalía General del Estado de Tabasco confirmó que más funcionarios están siendo investigados por la Fiscalía General de la República (FGR) por presuntos vínculos con la organización criminal “La Barredora”, encabezada por Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad de la entidad.

El fiscal estatal, Óscar Tonatiuh Vázquez Landeros, declaró a medios locales que ya existen carpetas abiertas contra diversos servidores públicos, aunque aclaró que por motivos de seguridad no puede revelar sus nombres. En paralelo, informó que este viernes 19 de septiembre se llevó a cabo la primera audiencia de Bermúdez Requena de manera virtual, sin dar detalles debido a la secrecía del proceso.

El exfuncionario enfrenta cargos graves. En caso de ser declarado culpable, las penas que se le imputan superarían los 158 años de prisión. “En el caso de resultar penalmente responsable, es decir que sea sentenciado Hernán ‘N’, la penalidad que alcanzaría sería por lo que hacen al secuestro de 50 a 100 años, por lo que hace a la asociación delictuosa de 7.5 a 18 años y por la extorsión de 20 a 40 años. Esa es la finalidad que alcanzaría el caso de resultar sentenciado, sin considerar los delitos federales”, explicó Vázquez Landeros.

A través de un comunicado oficial, la Fiscalía tabasqueña anunció que solicitará la vinculación a proceso del exsecretario con base en los datos de prueba que integran la carpeta de investigación. Asimismo, pedirá que se dicten las medidas cautelares correspondientes.

Hernán Bermúdez Requena estuvo prófugo desde febrero de este año y fue capturado el 12 de septiembre en Paraguay. Una semana después, el miércoles 17, fue expulsado de ese país y trasladado a México, donde la noche del jueves ingresó al penal federal de máxima seguridad del Altiplano, en el Estado de México.

La FGR lo señala como líder de “La Barredora” y lo acusa de delincuencia organizada con fines de cometer delitos como contra la salud, tráfico de armas, secuestro y delitos relacionados con hidrocarburos, según lo establecido en el artículo 2 de la legislación correspondiente.

Además, la nueva orden de aprehensión incluye a Daniel Hernández Montejo, alias “Prada”; José del Carmen Castillo Ramírez, alias “La Rana”; Savier Eduardo Vázquez Orellana y Manuel de Atocha Romero Hernández, quienes también habrían estado vinculados a las operaciones de la organización.

El arribo de Bermúdez Requena a México ocurrió alrededor de las 7:30 de la tarde del jueves en el Aeropuerto Internacional de Toluca. Vestía una sudadera café con capucha y un pantalón negro, la misma ropa que llevaba al momento de su detención. Fue custodiado por cerca de una decena de agentes federales.

Con la cabeza agachada, escuchó cómo un elemento de la Agencia de Investigación Criminal le notificaba el cumplimiento de una orden de aprehensión girada por un juez de Tabasco por los delitos de asociación delictuosa, extorsión y secuestro exprés.

El fiscal Vázquez Landeros reiteró que las investigaciones en torno a otros funcionarios continúan abiertas y que la Fiscalía estatal mantiene estrecha coordinación con la FGR para avanzar en el caso.

El caso de los cinco jóvenes del “Grupo Fugitivo”, reportados como desaparecidos en Tamaulipas desde el pasado 25 de mayo, ha sido esclarecido por la Fiscalía General de Justicia del Estado. Las investigaciones confirmaron que los músicos fueron asesinados y sus cuerpos incinerados en una ladrillera ubicada en la colonia Aquiles Serdán, en Reynosa.

Durante una conferencia de prensa, el fiscal estatal Irving Barrios Mojica indicó que los restos de los integrantes del grupo musical fueron hallados a aproximadamente 300 metros del sitio donde, según testigos y declaraciones, ocurrió el crimen. La información fue confirmada tras un operativo que derivó en la detención de presuntos integrantes del Cártel del Golfo.

Las víctimas fueron identificadas como Francisco Xavier Vázquez Osorio, de 20 años; Nemesio Antonio Durán Rodríguez, de 40; Livan Edyberto Solís de la Rosa, de 27; Víctor Manuel Garza Cervantes, de 21, y José Francisco Morales Martínez, de 23 años. Los cinco fueron convocados por un sujeto identificado como Lino Andrés “N”, alias “Didi”, para presentarse en un evento musical en la colonia Riberas de Rancho Grande.

La última ubicación conocida del grupo fue registrada a las 22:20 horas del mismo día, en las inmediaciones de la colonia Reservas Territoriales. Desde ese momento no se volvió a tener comunicación con los integrantes del grupo, lo que activó una denuncia inmediata por desaparición por parte de sus familiares.

El jueves 29 de mayo, en medio de los operativos de búsqueda, agentes de la Fiscalía fueron atacados por un grupo armado. En el enfrentamiento, nueve presuntos delincuentes fueron detenidos y se aseguraron armas y vehículos. Los arrestados aportaron información clave sobre el paradero del grupo musical.

De acuerdo con las declaraciones obtenidas por las autoridades, los músicos fueron interceptados, privados de la libertad y llevados a una ladrillera, donde fueron asesinados y posteriormente incinerados en un horno del lugar. Los restos fueron abandonados a unos 300 metros del sitio del crimen.

Las investigaciones continúan. La Fiscalía ha girado órdenes de aprehensión contra 13 personas presuntamente vinculadas con el caso. Diez de ellas serían miembros activos del Cártel del Golfo, facción “Metros”. Entre los identificados figuran Santos “N”, alias “M-47”, Raúl “N” y Alejandro de Jesús “N”, quienes fueron detenidos a finales del mes pasado.

Colectivos como “Amor por los Desaparecidos en Tamaulipas” documentaron y denunciaron el caso desde los primeros días de la desaparición, sumando presión social para esclarecer lo ocurrido. La Comisión Estatal de Búsqueda también emitió las fichas oficiales con los datos de los cinco jóvenes.

El caso ha generado conmoción y luto en la comunidad, así como una intensa reacción de parte de las autoridades, quienes reiteraron el compromiso de seguir con las investigaciones hasta esclarecer totalmente lo ocurrido y garantizar justicia para las víctimas.

Una posible vuelta a los escenarios sin limitaciones se vislumbra para Los Alegres del Barranco, luego de que el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, anunciara que está considerando eliminar las restricciones legales impuestas a la agrupación. Actualmente, los músicos tienen prohibido salir del estado, salvo para cumplir con fechas previamente pactadas, debido a la polémica generada por su participación en “narcocorridos”.

El mandatario declaró que sostendrá una reunión con el fiscal estatal para evaluar a fondo el tema, argumentando que la situación podría estar afectando el desarrollo profesional del grupo. Durante una conferencia, Lemus expresó que “sería de la idea, pero tengo que hablarlo con el fiscal, de quitar este tipo de restricciones y ya dejar trabajar libremente”.

El debate resurgió tras el lanzamiento de su nuevo tema musical titulado El consejo, el cual fue presentado el pasado domingo por la agrupación. En esta ocasión, el mensaje de la canción marca un cambio significativo respecto a sus trabajos anteriores. De acuerdo con el gobernador, el sencillo tiene un contenido positivo dirigido a las juventudes, en el que se promueve alejarse del camino del crimen.

Los integrantes de la agrupación aseguraron que esta canción fue desarrollada a partir de una propuesta directa del propio Lemus, quien además manifestó públicamente su reconocimiento a la disposición del grupo para enviar un mensaje diferente. “Trae un mensaje positivo hacia las juventudes de no tomar el camino fácil”, afirmó el gobernador.

Además de mostrar respaldo al nuevo rumbo musical del grupo, el titular del ejecutivo estatal también extendió una invitación a Los Alegres del Barranco para que participen en actividades con menores internados en centros de reclusión juvenil. La intención es que la agrupación interprete su nuevo sencillo en estos espacios y motive a los jóvenes a seguir un camino distinto, a través de la música.

Lemus comentó que si el grupo mantiene esta línea de acción, su aporte podría representar un impacto favorable no solo en Jalisco, sino en otras partes del país. “Si ellos siguen haciendo este tipo de actividades, pues la verdad es que nos ayudan mucho en Jalisco y en todo México”, declaró.

La decisión final sobre las restricciones legales que enfrentan Los Alegres del Barranco dependerá del diálogo entre el gobernador y el fiscal, aunque el tono de las declaraciones apunta a una posible resolución favorable para la agrupación. Mientras tanto, El consejo comienza a posicionarse como un corrido atípico que busca alejar del narco y abrir nuevas posibilidades para los jóvenes a través de la música.

La investigación en torno a la desaparición de los integrantes del Grupo Fugitivo continúa desarrollándose en Tamaulipas. Este fin de semana, el fiscal estatal Irving Barrios Mojica confirmó que Carlos González, el único sobreviviente relacionado con el caso, ya rindió su declaración ante las autoridades en Ciudad Victoria, como parte esencial del proceso para esclarecer lo sucedido.

“Es correcto, él ya ha sido entrevistado”, señaló el fiscal en declaraciones a medios locales. Sin proporcionar detalles sobre el paradero actual de González, quien forma parte de la agrupación musical, el funcionario explicó que el testimonio se integró al expediente oficial para avanzar en las líneas de investigación abiertas desde el hallazgo de cuerpos calcinados en días recientes.

El caso ha generado atención nacional desde que se reportó la desaparición del grupo. Las labores de búsqueda llevaron al descubrimiento de restos humanos calcinados, lo que impulsó la recolección urgente de muestras genéticas a familiares para confirmar si los cuerpos pertenecen a los músicos.

Barrios reconoció que en las primeras etapas del proceso hubo discrepancias en la información difundida por la fiscalía y lo expresado públicamente por los familiares. Sin embargo, subrayó que ambas partes actualmente trabajan de forma coordinada, enfocadas en los resultados periciales y los procedimientos legales correspondientes.

“Estamos colaborando con otras autoridades y seguimos a la espera de los resultados de ADN”, indicó Barrios, quien no especificó una fecha estimada para el cierre del análisis forense.

La situación generó una respuesta inmediata por parte de los familiares de los desaparecidos. A través de transmisiones en vivo en redes sociales, algunos de ellos manifestaron su rechazo a la afirmación inicial del fiscal sobre la identidad de los cuerpos, asegurando que no habían sido notificados oficialmente sobre ningún resultado concluyente.

El proceso de identificación forense se mantiene como una prioridad para las autoridades. Las pruebas de ADN están en curso y cuentan con el respaldo de laboratorios especializados en genética, en colaboración con agencias de seguridad estatales y federales.

Mientras se esperan avances científicos que permitan esclarecer la identidad de los restos, el testimonio del sobreviviente se consolida como una pieza fundamental para entender las circunstancias del caso, considerado como uno de los episodios recientes de mayor impacto en el ámbito artístico regional.

El Grupo Fugitivo, originario del norte del país, mantenía una agenda activa de presentaciones cuando se reportó su desaparición, lo que provocó una ola de mensajes de apoyo y exigencia de justicia desde el sector musical y la sociedad civil.

La Fiscalía General de Tamaulipas confirmó este jueves el hallazgo de cinco cuerpos que corresponderían a los integrantes de la banda musical “Grupo Fugitivo”, desaparecidos desde el domingo por la noche mientras se dirigían a un evento privado en Reynosa. La noticia se dio a conocer en una conferencia encabezada por el fiscal estatal, Irving Barrios, sin apertura a preguntas de los medios y con una narrativa basada únicamente en información institucional.

Las víctimas fueron privadas de su libertad alrededor de las 22hrs.., según detalló Barrios. El operativo de búsqueda derivó en la localización de un predio en la colonia Aquiles Serdán, donde las autoridades presumen que fueron asesinados. En el mismo despliegue fueron aseguradas nueve armas y dos vehículos tipo SUV.

La fiscalía también anunció la detención de nueve personas presuntamente vinculadas al Cártel del Golfo, específicamente a la fracción conocida como “Dos Metros”. Los detenidos son considerados probables responsables del crimen que ha sacudido tanto al ámbito musical como al entorno social de Tamaulipas.

A pesar de la contundencia del anuncio oficial, los familiares de los jóvenes integrantes del “Grupo Fugitivo” emitieron declaraciones públicas cuestionando la certeza de la información. En una transmisión en redes sociales, madres y parientes de las víctimas denunciaron que no han sido contactados por la fiscalía, ni se les han tomado pruebas de ADN para confirmar la identidad de los cuerpos localizados.

“Si fuera así y estuviera 100% confirmado, nosotros ya tuviéramos esa información. Ni siquiera tenemos pruebas de ADN de nuestros familiares”, expresó una de las madres, visiblemente indignada. El mensaje fue difundido mientras se realizaba la conferencia de prensa oficial, generando una fuerte tensión entre la narrativa institucional y la exigencia de respuestas por parte de las familias afectadas.

La desaparición y posterior hallazgo de los cuerpos de los músicos ocurre en un contexto nacional marcado por una ola de violencia persistente, con más de 125 mil personas reportadas como no localizadas. La situación se agrava con la creciente estigmatización de ciertos géneros musicales, como el regional urbano, que han sido restringidos en algunos estados bajo el argumento de fomentar la apología del delito.

El caso se suma a una lista de hechos violentos que enlutan al país y evidencian la vulnerabilidad de jóvenes artistas frente al crimen organizado. La confirmación institucional ha desatado una fuerte reacción social, no sólo por la naturaleza del crimen, sino también por las formas en que las autoridades comunican sus avances sin el debido respaldo a los familiares de las víctimas. La incertidumbre persiste, mientras el caso continúa en desarrollo.

La Cámara de Diputados ha tomado una decisión clave en torno al desafuero del exgobernador de Morelos y actual legislador morenista, Cuauhtémoc Blanco. Con 291 votos a favor, 158 en contra y 12 abstenciones, el Pleno determinó desechar la solicitud promovida por la Fiscalía General del Estado de Morelos (FGE), garantizando así que Blanco conserve su fuero constitucional. 

La Sección Instructora ya había declarado improcedente la petición presentada por la fiscalía estatal, alegando inconsistencias en la carpeta de investigación. La acusación contra Blanco, por tentativa de violación en agravio de su media hermana Nidia Fabiola, quedó sin efecto al no cumplir con los requisitos legales para proceder.

El debate en el Pleno no estuvo exento de tensiones. Legisladoras de distintos partidos arremetieron contra la decisión, denunciando que la negativa al desafuero representa un obstáculo en la lucha contra la violencia de género. “Ese techo de cristal que dicen que se rompió no se rompió”, gritaron diputadas en San Lázaro, en un reclamo directo al presidente de la Mesa Directiva, Sergio Gutiérrez Luna, por su respaldo a Blanco.

En respuesta a la controversia, Cuauhtémoc Blanco subió a la tribuna para defenderse. “No tengo miedo, aquí estoy, parado frente a ustedes. La denuncia fue presentada seis meses después y estoy dispuesto a ir a la Fiscalía porque mi conciencia está muy tranquila”, declaró el exfutbolista y político.

La Comisión de Igualdad de Género de la Cámara de Diputados también expresó su inconformidad, reiterando la necesidad de eliminar el fuero para servidores públicos involucrados en casos de violencia de género. Anais Miriam Burgos, presidenta de la comisión, enfatizó que la protección de las víctimas debe prevalecer sobre los privilegios legislativos y adelantó la presentación de una iniciativa para reformar el sistema de desafuero.

Mientras tanto, la FGE de Morelos anunció que revisará el caso tras la decisión de la Sección Instructora. Edgar Maldonado Ceballos, fiscal estatal, defendió el trabajo de su dependencia y ordenó una investigación interna para determinar posibles irregularidades en la integración del expediente.

Aunque el desafuero ha sido rechazado, el caso sigue en el centro del debate público y político. Organizaciones y legisladores insisten en la necesidad de garantizar justicia y transparencia, mientras Cuauhtémoc Blanco mantiene su protección legal dentro del Congreso.

El líder pesquero Sunshine Rodríguez Peña fue asesinado el sábado en el Puerto de San Felipe, en Mexicali, Baja California. La Fiscalía General del Estado (FGE) confirmó que recibió más de 40 disparos en lo que se presume fue un ataque directo perpetrado por al menos tres hombres encapuchados.

La fiscal estatal, María Elena Andrade, señaló que el ataque ocurrió en una zona con bajo índice delictivo y que los agresores descendieron de un vehículo blanco, disparando con armas calibre nueve milímetros. “No hubo víctimas colaterales y el ataque estuvo dirigido únicamente contra Rodríguez Peña”, explicó Andrade. Además, detalló que la víctima tenía más de 70 lesiones, considerando heridas de entrada y salida de bala.

Las autoridades investigan si los agresores esperaron a que Rodríguez Peña estuviera solo, ya que había otras personas en el lugar que no resultaron heridas. La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, aseguró en redes sociales que no habrá impunidad en este caso. “Hemos solicitado a la Fiscalía General del Estado esclarecer este hecho. La fiscal María Elena Andrade contará con todo el apoyo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Estado”, afirmó.

La familia del líder pesquero declaró que había recibido amenazas desde hace años, aunque continuaba con su trabajo de venta de pescado en barrios de Mexicali sin esconderse. Su historial judicial incluye una detención en 2021, cuando fue acusado de delincuencia organizada y pesca ilegal de totoaba, una especie cuya captura ha contribuido a la extinción de la vaquita marina en México. Sin embargo, en 2023 fue declarado inocente por un juez tras pasar dos años en prisión. La Fiscalía General de la República presentó más de 20 testigos en su contra, pero el juez determinó que no había pruebas contundentes que lo vincularan con delitos ambientales.

El asesinato de Rodríguez Peña ha generado preocupación en la comunidad pesquera de Baja California, mientras las autoridades continúan las investigaciones para identificar a los responsables del crimen.