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El coordinador de Morena en el Senado, Adán Augusto López Hernández, desestimó las 37 denuncias presentadas en su contra por la diputada suplente del Partido Acción Nacional (PAN), María Elena Pérez-Jaén, quien lo acusó de presuntas irregularidades cometidas durante su gestión como gobernador de Tabasco, por un monto cercano a los 700 millones de pesos.

López Hernández aseguró que las acusaciones tienen un trasfondo político y que forman parte de una estrategia mediática impulsada por sus adversarios. “Desde luego que hay trasfondos políticos en todo ello. Ahora andan haciendo una serie de reportajes. Y hay una señora que presentó 50 denuncias, que me acusa de que la Auditoría detectó irregularidades por 600 millones de pesos a los tres años que yo fui gobernador”,señaló el legislador morenista.

El exgobernador explicó que el presupuesto total de Tabasco durante su administración fue de aproximadamente 180 mil millones de pesos en tres años, por lo que, según él, las supuestas irregularidades representan una proporción mínima y dentro de lo que podría considerarse normal en cualquier ejercicio administrativo. “Normalmente en todo ejercicio administrativo siempre hay irregularidades administrativas mínimas. Entonces que estudien bien y que vean a quién corresponden esas irregularidades, si es que las hay”, afirmó.

Las denuncias interpuestas por la diputada Pérez-Jaén ante la Fiscalía General de la República (FGR) incluyen presunto daño al erario y falta de comprobación de recursos públicos. La legisladora panista aseguró haber presentado pruebas documentales que respaldan los señalamientos, derivados de observaciones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

En paralelo, el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) difundió —y posteriormente eliminó— un comunicado en redes sociales donde solicitaba investigar el patrimonio del senador morenista. Ante ello, López Hernández aseguró estar tranquilo y sostuvo que ya ha explicado el origen de sus bienes y su situación fiscal. “Ya leí por ahí que alguien decía que nadie los había presionado. Yo creo que están en su derecho y que soliciten a las autoridades correspondientes el que esto se informe”, comentó.

El senador insistió en que ha sido transparente con sus declaraciones patrimoniales y fiscales. “He sido suficientemente claro, he explicado lo que he presentado tanto en mis declaraciones patrimoniales como en mis declaraciones fiscales, pero también entiendo que las oposiciones, y algunos no tan opositores, les gusta entrar en esa dinámica. Yo no voy a caer en eso”, declaró.

Finalmente, al ser cuestionado sobre versiones que apuntan a un posible acercamiento del exsenador panista Roberto Gil Zuarth y del exsecretario de Gobernación priista Miguel Ángel Osorio Chong con Morena, Adán Augusto López afirmó no tener información al respecto. “No tengo conocimiento de que eso sea cierto”, dijo, luego de que su compañero de bancada, Gerardo Fernández Noroña, afirmara que ambos políticos habrían mostrado interés en sumarse al partido guinda de cara al proceso electoral de 2024.

López Hernández reiteró que continuará trabajando desde el Senado en los temas legislativos y aseguró que las denuncias presentadas en su contra no lo distraerán de su labor política ni de las tareas de coordinación al interior del grupo parlamentario de Morena.

En la Cámara de Diputados se aprobó por unanimidad una iniciativa que busca frenar los cobros excesivos y facilitar la cancelación de servicios contratados a través de plataformas digitales. El proyecto, presentado por el coordinador de Morena, Ricardo Monreal Ávila, fue discutido como de obvia y urgente resolución y recibió el respaldo de todos los grupos parlamentarios con 438 votos a favor.

Desde tribuna, Monreal compartió su experiencia personal para ejemplificar la problemática. Relató que, tras rentar un departamento, intentó cancelar un servicio de entretenimiento, pero enfrentó múltiples obstáculos. “Me pidieron que fuera personalmente a hacerlo porque no aceptan cartas poder. Fui, me formé y me citaron a la siguiente semana. Y fui a la siguiente semana y tampoco se pudo cancelar. Y me siguieron cobrando en la tarjeta. Cancelé la tarjeta solo para no pagar algo indebido. Y me mandaron a buró de crédito. Estoy en buró de crédito, debo confesarlo con humildad”, señaló.

El legislador morenista denunció que alrededor de 62 millones de ciudadanos están expuestos a penalizaciones y a procesos complicados para cancelar sus suscripciones. “Es impresionante, porque es muy fácil contratarlos. Basta un clic para contratar una tecnología de la información. Aprietas el clic y de inmediato quedas sujeto al contrato que te expiden y que te obligan a cumplir. Pero si quieres cancelar una de esas suscripciones, imposible. Sea telefónica, de entretenimiento, música o videojuegos, es un calvario”, advirtió.

La iniciativa establece que las empresas deberán notificar al consumidor al menos cinco días antes de renovar automáticamente un servicio, con el fin de cerrar la puerta a cobros sorpresivos y reforzar el consentimiento informado.

Durante la sesión, el coordinador de los diputados del PAN, José Elías Lixa, presentó una reserva que fue aceptada y aprovechó para exigir que también se dé salida a las propuestas de su bancada, las cuales, dijo, muchas veces quedan “en la congeladora”. Expresó solidaridad con quienes terminan en buró de crédito por cargos indebidos en tarjetas de crédito y señaló que también ocurre con pagos domiciliados en tarjetas de débito.

“Más tarda en caer su sueldo, que ya se lo están arrebatando por servicios que ni siquiera están recibiendo”,subrayó. Recordó además que en abril de 2024 la Cámara de Diputados aprobó una reforma para prohibir las comisiones por pago con tarjeta, pendiente aún en el Senado.

Lixa adelantó que el PAN presentará una iniciativa para eliminar los cobros por consultas de saldo bancario, que calificó como excesivos. También enlistó propuestas en curso: eliminar el IVA en cualquier presentación de agua, exentar de ISR los aguinaldos, garantizar medicamentos, deducir el pago de colegiaturas y sancionar a funcionarios coludidos con el crimen organizado.

En medio de los cruces parlamentarios, Monreal logró el aval de todos los partidos a su propuesta, que busca poner un alto a lo que calificó como un “calvario” en los procesos de cancelación y cobros indebidos de plataformas digitales.

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHJ) de Morena emitió este viernes una amonestación pública contra las diputadas federales Adriana Belinda Quiroz Gallegos y Petra Romero Gómez, tras confirmar su participación en actividades vinculadas a la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM), organización sindical encabezada por el también legislador morenista Pedro Haces.

Según el comunicado oficial del partido, ambas legisladoras promovieron el proceso de afiliación a la CATEM en calidad de diputadas de Morena y utilizaron tanto el nombre como el emblema y la plataforma del partido para respaldar intereses gremiales. La CNHJ determinó que estas acciones constituyen una “violación directa”a los documentos básicos del partido, entre ellos sus estatutos y principios rectores.

El órgano partidista también señaló que la participación de las legisladoras generó confusión entre la ciudadanía, al vincular de manera indebida al partido con la organización sindical. “Se advierte que estos actos generaron confusión entre la ciudadanía al asociar indebidamente dicho evento con una supuesta participación o respaldo por parte de Morena hacia la organización sindical”, cita textualmente el comunicado.

Además, Morena reiteró que intentos como este, de ligar al partido con grupos que persiguen intereses particulares, se consideran “prácticas de clientelismo o corporativismo”. Ambas conductas están explícitamente prohibidas en los lineamientos internos del partido.

La Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México, de acuerdo con su sitio web oficial, fue fundada por Pedro Haces, actual diputado morenista. Esta organización sindical ha sido señalada por su cercanía con actores políticos, lo que ha generado suspicacias sobre su autonomía y su influencia en la política laboral del país.

Con la amonestación pública, Morena busca marcar distancia y deslindarse de cualquier intento de manipulación partidista en beneficio de estructuras corporativas ajenas a los objetivos políticos del movimiento. La CNHJ hizo énfasis en la necesidad de que sus representantes actúen con responsabilidad, respeten los principios de no intervención corporativa y eviten prácticas que comprometan la credibilidad del partido ante la opinión pública.

Este señalamiento se da en un contexto en el que Morena ha insistido en su intención de consolidarse como un partido que rompe con las viejas estructuras de control sindical, apostando por la autonomía de las organizaciones laborales y por un ejercicio político alejado de intereses gremiales o clientelares.

Con esta resolución, el partido reafirma su compromiso con la ética partidaria y con el cumplimiento de sus normas internas, al tiempo que lanza un mensaje claro a su militancia sobre los límites de la representación institucional y el uso de su identidad política.

La Cámara de Diputados ha tomado una decisión clave en torno al desafuero del exgobernador de Morelos y actual legislador morenista, Cuauhtémoc Blanco. Con 291 votos a favor, 158 en contra y 12 abstenciones, el Pleno determinó desechar la solicitud promovida por la Fiscalía General del Estado de Morelos (FGE), garantizando así que Blanco conserve su fuero constitucional. 

La Sección Instructora ya había declarado improcedente la petición presentada por la fiscalía estatal, alegando inconsistencias en la carpeta de investigación. La acusación contra Blanco, por tentativa de violación en agravio de su media hermana Nidia Fabiola, quedó sin efecto al no cumplir con los requisitos legales para proceder.

El debate en el Pleno no estuvo exento de tensiones. Legisladoras de distintos partidos arremetieron contra la decisión, denunciando que la negativa al desafuero representa un obstáculo en la lucha contra la violencia de género. “Ese techo de cristal que dicen que se rompió no se rompió”, gritaron diputadas en San Lázaro, en un reclamo directo al presidente de la Mesa Directiva, Sergio Gutiérrez Luna, por su respaldo a Blanco.

En respuesta a la controversia, Cuauhtémoc Blanco subió a la tribuna para defenderse. “No tengo miedo, aquí estoy, parado frente a ustedes. La denuncia fue presentada seis meses después y estoy dispuesto a ir a la Fiscalía porque mi conciencia está muy tranquila”, declaró el exfutbolista y político.

La Comisión de Igualdad de Género de la Cámara de Diputados también expresó su inconformidad, reiterando la necesidad de eliminar el fuero para servidores públicos involucrados en casos de violencia de género. Anais Miriam Burgos, presidenta de la comisión, enfatizó que la protección de las víctimas debe prevalecer sobre los privilegios legislativos y adelantó la presentación de una iniciativa para reformar el sistema de desafuero.

Mientras tanto, la FGE de Morelos anunció que revisará el caso tras la decisión de la Sección Instructora. Edgar Maldonado Ceballos, fiscal estatal, defendió el trabajo de su dependencia y ordenó una investigación interna para determinar posibles irregularidades en la integración del expediente.

Aunque el desafuero ha sido rechazado, el caso sigue en el centro del debate público y político. Organizaciones y legisladores insisten en la necesidad de garantizar justicia y transparencia, mientras Cuauhtémoc Blanco mantiene su protección legal dentro del Congreso.