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El magistrado Felipe de la Mata Pizaña presentó un proyecto en el que propone declarar válida la elección de magistraturas del Tribunal de Disciplina de Justicia Federal, a pesar de una impugnación que cuestionaba la legalidad del proceso por presuntas irregularidades. La propuesta será discutida y votada en los próximos días por la Sala Superior.

La impugnación fue interpuesta por una ciudadana que también participó en la contienda. En su recurso, señaló que la elección violó principios electorales, acusando que el partido Morena habría repartido “acordeones” para influir en el voto. Además, denunció que se vulneró la representatividad democrática debido a una división arbitraria de los circuitos judiciales, y que existió incertidumbre en las reglas del proceso a causa de contradicciones normativas.

El recurso incluyó como pruebas 87 acordeones en formato físico, 225 en versión digital, así como publicaciones en redes sociales y medios de comunicación. Sin embargo, en su proyecto, De la Mata consideró que los señalamientos eran infundados y que los documentos presentados no demostraban la comisión de faltas graves.

“Las pruebas privadas que fueron aportadas por la actora no acreditan las presuntas violaciones graves y no demuestran los hechos que manifiesta la actora”, se lee en el documento.

El magistrado precisó que no existe constancia de que los acordeones se hubieran distribuido durante la jornada electoral ni de que los votantes tuvieran acceso a ellos. Tampoco se acreditó la manera en que fueron obtenidos, lo que impide comprobar su uso real.

“De estos documentos no hay forma de saber si se distribuyeron, si el electorado contaba con un ejemplar el día de la elección, además no se prueba cómo se obtuvieron y no hay certeza de si se trata de una prueba constituida”, sostiene el proyecto.

Ante la falta de elementos que comprueben las acusaciones, De la Mata plantea declarar inoperantes los señalamientos y validar la elección, lo que permitiría que los magistrados electos asuman sus cargos.

El Tribunal de Disciplina de Justicia Federal estará conformado por Celia Maya García, Bernardo Bátiz, Eva Verónica de Gyves, Rufino León Tovar e Indira Isabel García, quienes fueron designados en este proceso electoral interno.

De aprobarse el proyecto, la Sala Superior confirmará oficialmente la integración del nuevo órgano disciplinario, que tendrá la responsabilidad de vigilar el desempeño de jueces y magistrados federales.

El escenario político nacional suma una nueva batalla legal. Gobernadores, legisladores, candidatas a la Suprema Corte y el propio partido Morena han iniciado una ola de impugnaciones en contra del acuerdo del Instituto Nacional Electoral (INE) que restringe el uso de recursos públicos para promover la elección judicial. A la fecha, más de 40 juicios se encuentran ya en manos del magistrado Felipe de la Mata Pizaña, quien será el encargado de presentar el proyecto que resolverá este conflicto jurídico.

Las primeras demandas llegaron desde los estados gobernados por Morena. Delfina Gómez, mandataria del Estado de México, presentó dos impugnaciones; Layda Sansores, desde Campeche, y Salomón Jara, en Oaxaca, también formalizaron su inconformidad. En cada caso, los argumentos coinciden: el acuerdo del INE limitaría el derecho ciudadano a estar informado sobre un proceso considerado histórico, como lo es la elección de integrantes del Poder Judicial de la Federación.

A esta ofensiva legal se sumaron las impugnaciones del Senado, la Cámara de Diputados, la dirigencia nacional de Morena y la presidenta Claudia Sheinbaum. Aunque el acuerdo prohíbe expresamente que partidos políticos participen en la promoción del proceso, el partido oficialista optó por involucrarse directamente, alegando que no busca apoyar a candidaturas específicas, sino únicamente fomentar la participación democrática.

El artículo 506 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, promovida por el propio bloque oficialista, establece que está prohibido el uso de recursos públicos para la propaganda electoral relacionada con la elección judicial, según lo dictado en el artículo 134 de la Constitución. No obstante, las impugnaciones giran en torno a la interpretación de dicha norma: los inconformes sostienen que esta restricción sólo aplica cuando se busca influir en favor o en contra de alguna candidatura.

Desde esta perspectiva, diversos actores políticos insisten en que su intención no es interferir en la contienda, sino cumplir con el deber institucional de motivar la participación ciudadana en una jornada que consideran trascendental para el fortalecimiento democrático del país.

Las ministras Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz, aspirantes a conservar sus lugares en la Suprema Corte de Justicia, también presentaron impugnaciones. En sus argumentos, califican el acuerdo del INE como “irrazonable” y “contradictorio”, al limitar la difusión del proceso justo cuando ellas, como candidatas, requieren visibilidad para que la ciudadanía conozca sus perfiles.

Por su parte, el INE reafirmó que la promoción del voto es competencia exclusiva de la autoridad electoral, garantizando imparcialidad y equidad en la contienda. Enfatizó que ninguna institución pública o figura de poder puede intervenir en estas actividades, salvo mediante convenios que estén bajo control directo del Instituto.

Ahora, todo queda en manos del Tribunal Electoral. La Sala Superior deberá decidir si valida o revoca el acuerdo del INE, en una resolución que podría marcar un nuevo precedente en la relación entre los poderes del Estado y el árbitro electoral.