Maru Campos rechaza vínculos con operativo bajo investigación tras declaración de la fiscalía

La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, aseguró que nunca autorizó ni tuvo conocimiento de la presencia de personas extranjeras durante el operativo realizado en la Sierra Tarahumara, donde autoridades estatales desmantelaron un laboratorio clandestino de drogas.

La mandataria estatal fijó postura luego de que la Fiscalía General del Estado revelara avances sobre una investigación relacionada con la aparición de presuntos agentes estadounidenses en instalaciones oficiales y en el despliegue de seguridad.

En un comunicado, Campos afirmó que su administración continuará enfocada en el combate al crimen y rechazó las acusaciones impulsadas por Morena. “No tenemos nada que esconder”, sostuvo. También informó que instruyó a la Fiscalía para actuar “conforme a derecho, caiga quien caiga”.

Mientras tanto, la Fiscalía estatal confirmó que las personas bajo investigación estuvieron en al menos dos ocasiones dentro de instalaciones de la corporación antes del operativo. De acuerdo con la titular de la Unidad Especializada de la FGE, Wendy Chávez Villanueva, las indagatorias permitieron identificar un “patrón de convivencia e interacción” entre esos individuos, el entonces director de la Agencia Estatal de Investigación y otros funcionarios.

Las autoridades revisaron grabaciones de videovigilancia y detectaron a cuatro personas vestidas de civil, sin insignias oficiales, integrándose al convoy desplegado en la Sierra Tarahumara. La Fiscalía precisó que no existen elementos que acrediten que participaran en tareas de mando, entrenamiento o funciones reservadas a autoridades mexicanas.

Chávez Villanueva detalló además que uno de los presuntos agentes de la CIA fue grabado dentro de la Fiscalía de Operaciones Estratégicas portando un arma larga, aunque aclaró que no hay pruebas de que la utilizara o la portara fuera de esas instalaciones durante el operativo.

La funcionaria agregó que las autoridades estatales solicitaron información a las sedes diplomáticas de Estados Unidos para conocer la identidad, situación migratoria y posibles acreditaciones de las personas involucradas, pero hasta ahora no han obtenido respuesta. Dos de ellas continúan sin ser identificadas plenamente.

El Partido Acción Nacional expresó respaldo a la gobernadora y acusó al gobierno federal de intentar desacreditarla mediante señalamientos políticos. En un comunicado, el partido rechazó la solicitud de desafuero promovida desde Morena y afirmó que no existen investigaciones contra Campos por presuntos vínculos con el crimen organizado.

Alejandro Moreno rechaza freno por amparo en su proceso de desafuero y responde a fiscalía

Alejandro Moreno, presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), negó este viernes 2 de agosto que el proceso de desafuero en su contra se haya detenido como resultado de un amparo. En un comunicado oficial, el legislador afirmó que ha ganado todas las batallas jurídicas abiertas desde 2022 por la Fiscalía General del Estado de Campeche, y denunció la reactivación de una nueva solicitud de desafuero como parte de una persecución política.

El líder priista detalló que desde hace dos años la fiscalía campechana ha iniciado múltiples investigaciones en su contra, en las que se le imputan delitos como peculado, abuso de autoridad, uso indebido de funciones, defraudación fiscal y enriquecimiento ilícito. Además, recordó que en 2022 se promovió en su contra un proceso de extinción de dominio, sumado a procedimientos administrativos y una solicitud formal de desafuero.

En el comunicado, Moreno explicó que recientemente un juez federal ordenó al diputado Hugo Eric Flores, miembro de la Sección Instructora de la Cámara de Diputados, cerrar el expediente relacionado con la solicitud de desafuero impulsada por la fiscalía. De acuerdo con el priista, el juzgado también instruyó que se notificara esta resolución tanto a las autoridades correspondientes como a él mismo.

“El efecto del amparo fue justamente decir que no había pruebas de actuaciones ilícitas y, por tanto, no era procedente dicha solicitud”, señaló el también diputado federal.

Pese a esta resolución, Moreno informó que la Fiscalía de Campeche presentó una nueva solicitud de desafuero, basada en lo que calificó como acusaciones infundadas. Aseguró que en esta ocasión se le señala por no haber impedido presuntos actos de corrupción cometidos por funcionarios durante su gestión como gobernador del estado.

“Esta nueva acusación tiene por objeto sustituir la que ya les gané en tribunales. Esta, no tengan duda, se las volveré a ganar”, afirmó Moreno, al tiempo que sostuvo que las imputaciones carecen de sustento jurídico y forman parte de un intento de presión para obtener declaraciones en su contra.

Con este posicionamiento, el dirigente nacional del PRI busca dejar claro que continúa en funciones legislativas y al frente de su partido, al tiempo que prepara su defensa jurídica ante los nuevos señalamientos promovidos desde Campeche. El caso continúa en proceso de revisión legal.

Mariano Azuela Güitrón: El adiós y el legado de una figura clave del Poder Judicial

La noche de este viernes marcó el fallecimiento de Mariano Azuela Güitrón, ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a los 89 años de edad. La noticia resonó en todos los rincones del ámbito jurídico nacional, generando expresiones de condolencias desde distintas esferas, incluida la propia Suprema Corte, que externó su solidaridad con familiares y amigos del jurista.

Nacido en la Ciudad de México en 1936, Mariano Azuela Güitrón fue parte de una familia con profundas raíces en la vida pública del país. Su formación académica se consolidó entre 1954 y 1958 en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Desde joven, combinó su trayectoria profesional con una intensa vocación docente, impartiendo cátedra en instituciones como el Centro Universitario México, la Universidad Iberoamericana y la Universidad Panamericana.

Su vínculo con el Poder Judicial inició formalmente en 1960, al desempeñarse como secretario de Estudio y Cuenta en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Más tarde, entre 1971 y 1983, se desempeñó como magistrado del Tribunal Fiscal de la Federación, y en 1981 fue designado presidente de dicho tribunal.

En mayo de 1983, fue nombrado ministro de la Suprema Corte de Justicia, cargo que ejerció con una participación prolongada, alternando entre la Segunda Sala y el Pleno. Entre el 2 de enero de 2003 y el 15 de enero de 2007, asumió la presidencia tanto de la Corte como del Consejo de la Judicatura Federal.

Durante su paso por la presidencia del máximo tribunal, el contexto político del país vivía una de sus tensiones más notorias. En 2004, la Procuraduría General de la República acusó al entonces jefe de Gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador, de desacato por desobedecer una orden judicial vinculada al predio “El Encino”.

El proceso de desafuero que se desencadenó posteriormente fue respaldado por una votación mayoritaria en la Cámara de Diputados, bajo la presidencia de Manlio Fabio Beltrones. El episodio estuvo marcado por fuertes señalamientos de presión política, en los que también fue mencionado Mariano Azuela Güitrón. En 2022, López Obrador revivió ese episodio al acusar al expresidente Vicente Fox y a un grupo de legisladores de operar el desafuero con la supuesta intervención del entonces presidente de la Corte.

Pese a las controversias, el legado de Azuela Güitrón en el sistema judicial mexicano es amplio, con décadas de participación en la interpretación y aplicación del derecho. Su figura representa una parte significativa de la historia reciente del Poder Judicial en México, con aportaciones relevantes tanto en el ámbito académico como institucional.

Fiscalía de Morelos solicita desafuero de Cuauhtémoc Blanco para continuar investigación

La Fiscalía General del Estado de Morelos ha solicitado a la Cámara de Diputados el desafuero del exgobernador Cuauhtémoc Blanco para que pueda responder ante un juez penal por el delito de violación en grado de tentativa. 

En un comunicado oficial, la fiscalía indicó que esta petición ante el Congreso de la Unión es un requisito constitucional necesario para que el Ministerio Público pueda proceder penalmente contra un servidor público. La solicitud se formalizó este jueves y marca un nuevo capítulo en la investigación contra el actual diputado federal.

 

Cuauhtémoc Blanco, quien dejó la gubernatura de Morelos en agosto de 2024, asumió su cargo como diputado federal por Morena el 1 de septiembre del mismo año. Su fuero parlamentario impide que se le procese judicialmente sin la aprobación de la Cámara de Diputados.

 

El caso se originó en diciembre de 2023, cuando Fabiola “N” denunció haber sido agredida por Blanco. Según la fiscalía, la víctima ha aportado nuevas pruebas en los últimos meses, lo que ha impulsado la investigación y la necesidad de retirar el fuero al exfutbolista para que enfrente la justicia.

 

Además, la fiscalía informó que se está integrando una carpeta de investigación por el delito de amenazas en agravio de la denunciante. En este contexto, se ha mencionado la presunta participación del dirigente estatal de Morena, Ulises Bravo, quien habría intimidado a la víctima tras su denuncia contra Blanco.

 

Otro hecho relevante es la denuncia interpuesta en octubre de 2024 por la mediahermana del exfutbolista, cuyo caso está registrado bajo la carpeta de investigación con folio SC01/9583/2024 de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Morelos. Según los informes, la agresión denunciada habría ocurrido en la residencia oficial del gobierno estatal, ubicada en la colonia Reforma de Cuernavaca.

 

Este proceso judicial podría marcar un precedente en la política mexicana, ya que determinará si un servidor público con fuero puede ser juzgado sin impedimentos legales. Por el momento, se espera la respuesta de la Cámara de Diputados sobre la solicitud de desafuero para que Cuauhtémoc Blanco pueda comparecer ante la justicia y esclarecer los hechos de los que se le acusa.