Un total de 859 jueces y magistrados de todo el país ha decidido no participar en la elección extraordinaria programada para junio de 2025, lo que supera la cifra de 721 funcionarios judiciales inicialmente inscritos para el proceso. Además, se informó que ocho ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación han presentado su renuncia o han declinado participar, lo que ha llevado al Senado a considerar el asunto en las próximas sesiones.

El Senado, mediante un listado publicado en su página oficial, también reportó que, para la elección de 2027, 65 jueces y 140 magistrados han decidido no competir por sus respectivos cargos, además de siete funcionarios en proceso de jubilación. Entre las renuncias más destacadas se encuentra la jueza Nancy Juárez Salas, quien recientemente ordenó a la Presidencia retirar la publicación de la reforma judicial del Diario Oficial de la Federación.

Otro caso relevante es el del juez Enrique Beltrán Santés, quien declinó participar en el proceso pese a haber sido sorteado. Beltrán Santés, juez de control de Almoloya de Juárez en el Estado de México, lleva actualmente el caso del exgobernador Francisco García Cabeza de Vaca, acusado de delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero.

El juez Adrián Fernando Novelo Pérez, conocido por haber emitido suspensiones a la construcción del Tren Maya, y la jueza Abigail Ocampo Álvarez, señalada por autoridades federales de presuntamente “amparar delincuentes” tras otorgar un amparo a Antonio Oseguera, también figuran entre quienes decidieron no participar en el proceso de selección.

Artemio Zúñiga Mendoza, juez de control en Ciudad Victoria, quien en su momento vinculó a proceso a Emilio Lozoya en los casos de Odebrecht y Agronitrogenados, también declinó su participación a pesar de haber sido sorteado en el proceso.

Gerardo Fernández Noroña, presidente de la Mesa Directiva del Senado, confirmó la declinación de estos 859 funcionarios y detalló que entre ellos hay 349 jueces y 510 magistrados. Reiteró que las posiciones en disputa son 386 para jueces y 464 para magistrados, mientras que el próximo miércoles se presentarán formalmente ante el Senado las renuncias de los ministros de la Suprema Corte de Justicia, para que el pleno decida las medidas a tomar.

Un grupo de jueces y expertos internacionales no pudo contener la risa al escuchar los detalles sobre la reforma del Poder Judicial mexicano, propuesta por el expresidente Andrés Manuel López Obrador. Los hechos ocurrieron el 10 de octubre, cuando Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), participó en un foro en la Universidad de Harvard.

Durante su intervención en la prestigiosa escuela de leyes, Gutiérrez Ortiz Mena explicó que, con la reforma, todos los jueces y magistrados federales en México serían electos por votación popular. Entre los requisitos, destacó que los aspirantes deberían tener un promedio académico de 8 y presentar cinco cartas de recomendación de sus vecinos. “Si cumples con esos requisitos, puedes ser postulado hasta la Suprema Corte”, añadió el ministro.

A pesar de la seriedad del tema, la propuesta generó carcajadas entre los asistentes, entre los que se encontraban reconocidos penalistas internacionales como Laurence H. Tribe, profesor de Derecho Constitucional en Harvard; Raul C. Pangalangan, juez de la Corte Penal Internacional; Zha Hyoung Rhee, miembro de un tribunal internacional; y Mary Arden, ex jueza del Tribunal Supremo del Reino Unido.

Gutiérrez Ortiz Mena concluyó su participación sin emitir comentarios sobre la constitucionalidad de la reforma, señalando que no tenía certeza sobre el futuro de la misma. “No sé qué va a pasar y no voy a opinar sobre su constitucionalidad. Muchas gracias”, dijo al despedirse.

El foro se tornó en un escenario de risas e incredulidad ante lo que sería una de las propuestas más controvertidas para la elección de jueces, magistrados y ministros en México.

A pesar de que un Tribunal Colegiado había ordenado la suspensión de la publicación de la reforma judicial, el Diario Oficial de la Federación (DOF) incluyó el decreto firmado por el presidente Andrés Manuel López Obrador en su edición vespertina del domingo. Esto implica que la reforma entrará en vigor a partir del lunes 16 de septiembre.

Esta controversial enmienda introduce cambios profundos en el sistema judicial mexicano. Entre ellos, destaca la elección popular de jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a partir de 2025. Además, se reducirán las dos salas del máximo tribunal y el número de ministros pasará de 11 a 9, con un mandato de 12 años en lugar de 15.

El proceso de selección de los nuevos ministros incluirá candidatos propuestos por el Poder Ejecutivo, el Judicial, el Senado y la Cámara de Diputados. Los aspirantes deberán tener al menos 10 años de experiencia en Derecho y no haber sido funcionarios federales. Las campañas se realizarán en medios, sin financiamiento público ni privado, bajo la supervisión del Instituto Nacional Electoral (INE) y el Tribunal Electoral.

El presidente López Obrador, acompañado por Claudia Sheinbaum, presidenta electa, firmó el decreto en pleno contexto de las fiestas patrias, destacando que la reforma busca acabar con la simulación y garantizar un verdadero estado de derecho. “Ahora sí, el pueblo es el que manda”, aseguró el mandatario, reiterando su compromiso de erradicar la corrupción en el Poder Judicial. Sheinbaum también celebró el acontecimiento, subrayando la importancia histórica de esta transición.

La presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Lucía Piña Hernández, convocó a todos los ministros a una reunión programada para las 11:30 de la mañana. Aunque no se ha confirmado el motivo del encuentro, fuentes judiciales especulan que podría tratarse de una reunión privada previa a la sesión pública del pleno o de un tema relacionado con las protestas de los trabajadores del Poder Judicial de la Federación.

Mientras tanto, los ministros continúan llegando al edificio de la Corte, algunos en sus vehículos y otros caminando. Los más recientes en llegar han sido Javier Laynez Potisek, Lenia Batres Guadarrama, Margarita Ríos Farjat, y Yasmín Esquivel Mossa. Todavía se espera la llegada de los ministros Alberto Pérez Dayán y Jorge Mario Pardo Rebolledo.

Paralelamente, las manifestaciones del personal de la Corte y del Poder Judicial de la Federación persisten en las inmediaciones del edificio, bloqueando la avenida Pino Suárez y la calle Venustiano Carranza.

Más de 200 organizaciones civiles han llamado a la “Marcha por Nuestra Democracia”, programada para el próximo 18 de febrero, con el ex presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, como único orador al término de la movilización, especialmente en la Ciudad de México.

En una conferencia de prensa, Amado Avendaño, portavoz del Frente Cívico Nacional, explicó que aunque en la capital no se ha designado un punto de inicio específico, la manifestación concluirá en el Zócalo a las 11:00 horas. Este evento se replicará en más de 100 plazas tanto a nivel nacional como internacional.

“El ex consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello, será el único orador, acompañado en el estrado por otras personalidades como la ex presidenta del Tribunal Electoral, Mari Carmen Alanís, así como los principales oradores de las dos marchas anteriores: José Woldenberg y José Ramón Cossío”, informó Avendaño.

El propósito de la protesta es exigir que las elecciones del 2 de junio se lleven a cabo de manera transparente y justa, reconociendo la diversidad de apoyos entre las agrupaciones participantes, algunas de las cuales respaldan abiertamente a la candidata presidencial Xóchitl Gálvez.

“Lo importante es asegurar elecciones libres y limpias. Dentro de las 217 organizaciones convocantes, algunas respaldarán a Xóchitl, mientras que otras no. Es una decisión individual”, destacó Avendaño.

Durante la conferencia, Ana Lucía Medina, miembro de la organización Unid@s, expuso las razones que motivan la convocatoria a la marcha del próximo fin de semana.

“La defensa del voto libre es nuestra principal razón. Si el gobierno interviene en las elecciones, el voto deja de ser libre. Si se utiliza dinero público para respaldar a una candidata, el voto pierde su libertad. Si se intenta debilitar las instituciones como el INE, el Tribunal Electoral y la Suprema Corte de Justicia, el voto se ve comprometido”, enfatizó Medina.

En medio de ajustes y decisiones tomadas por la ministra Lenia Batres Guadarrama en su nueva asignación en la Segunda Sala de la Corte, algunos trabajadores de su ponencia buscan alternativas laborales ante la preocupación por la posible pérdida de sus prestaciones extraordinarias.

La ministra Batres asumió su posición en la Segunda Sala, ocupando el espacio dejado por Loretta Ortiz, quien solicitó el cambio a la Primera Sala. Sin embargo, la trama se complica al recordar que la ministra inicialmente llegó a una ponencia que Arturo Zaldívar abandonó abruptamente en noviembre pasado, manteniendo en ella a los secretarios de Estudio y Cuenta, así como al personal administrativo que le diera la bienvenida.

Desde su llegada, la ministra Batres ha impulsado medidas de austeridad, solicitando la reducción de su salario y renunciando a prestaciones extraordinarias, además de expresar su interés en inscribirse voluntariamente en el ISSSTE para recibir servicios médicos públicos en lugar de privados.

Aunque la Corte respondió indicando las limitaciones constitucionales y legales para algunas de estas solicitudes, la ministra persiste en su decisión de renunciar a las prestaciones y ajustar su salario. Este enfoque de austeridad se ha extendido a los miembros de su ponencia, a quienes ha instado a renunciar a prestaciones extraordinarias y ajustar sus salarios para alinearse con el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Ante la incertidumbre de perder sus beneficios laborales, varios secretarios de la ponencia de Batres han iniciado gestiones para cambiar su adscripción a las oficinas de otros ministros. Argumentan que buscan preservar sus empleos y que, de no encontrar una solución rápida, podrían verse obligados a renunciar a sus plazas en el Poder Judicial de la Federación, ya que ocupan puestos de confianza y los ministros tienen la prerrogativa de gestionar su personal de confianza.

Este domingo marcó el cierre de la precampaña presidencial de Xóchitl Gálvez, quien aspira a la Presidencia de México por la coalición Fuerza y Corazón por México, conformada por los partidos PAN, PRI y PRD.

El escenario de este trascendental evento fue la imponente Arena Ciudad de México, donde Gálvez dirigiría un mensaje contundente sobre el estado actual de México y la importancia de la elección de 2024.

Gálvez, una figura política destacada, ha recorrido incansablemente el país, y en su mensaje de cierre, no dudó en señalar la crisis profunda que, en su opinión, está afectando el alma de México bajo el actual gobierno. En palabras firmes, destacó la pérdida de tres valores fundamentales: el valor de la vida, el valor de la verdad y el valor de la libertad. La precandidata puso énfasis en la necesidad de un cambio sustancial para enfrentar los desafíos actuales.

La elección de 2024, según Gálvez, es “la más importante de nuestras vidas”, ya que se define el rumbo del país para los próximos 30 años. Alertó sobre el riesgo que supone la renovación de la Suprema Corte de Justicia a finales de este año, ya que podría poner en peligro la división de poderes, un pilar fundamental de la democracia mexicana.

En su discurso, Gálvez destacó la amenaza a la libertad bajo el gobierno actual. Subrayó la pérdida de libertad cuando el gobierno ataca a las empresas y amenaza con apropiarse de los ahorros, afores y pensiones de los ciudadanos. El llamado a la resistencia y la lucha resonó en la Arena Ciudad de México, donde alrededor de 20,000 personas se congregaron para escuchar sus palabras.

En un gesto contundente, Gálvez exigió al Instituto Nacional Electoral (INE) que garantice la integridad del proceso electoral. Hizo hincapié en la necesidad de que el presidente y los gobernadores de Morena no interfieran en las elecciones y amenacen la libertad del voto. “Exijo al INE y a la autoridad electoral que saque el presidente y a los gobernadores de Morena de estas elecciones” enfatizó.

El cierre de precampaña de Xóchitl Gálvez no sólo fue político, sino que también contó con un componente cultural significativo. La precandidata se reunió con el reconocido rapero mexicano Santa Fe Klan, quien expresó sus deseos de suerte y éxito para Gálvez. Este encuentro resalta la convergencia entre la política y la cultura urbana.

La interacción entre Gálvez y Santa Fe Klan simboliza la apertura de la precandidata hacia diversas expresiones culturales y demográficas. Más allá de la formalidad política, este encuentro refleja una conexión auténtica y un intento de llegar a diferentes sectores de la sociedad.

La elección de 2024 se vislumbra como un hito histórico para México. De acuerdo con diversas encuestas, Claudia Sheinbaum lidera rumbo a los comicios, lo que podría significar la elección de la primera presidenta en la historia del país. Este hecho añade un elemento adicional de relevancia y expectación al proceso electoral.

En el panorama político, los partidos y precandidatos se vieron envueltos en escándalos previos al cierre de las precampañas. Marko Cortés, presidente nacional del PAN, acusó al gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez, de mentir e incumplir acuerdos políticos. Cortés exhibió documentos que revelaron el reparto entre PAN y PRI, generando críticas y debates en torno a estos acuerdos.

Por su parte, Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco, expresó su descontento con la manera en que se realizó el destape de Jorge Álvarez Máynez como precandidato de Movimiento Ciudadano a la presidencia. Alfaro criticó la informalidad del evento, que incluyó una mesa con botana y cerveza.

Morena también se vio envuelto en controversias relacionadas con presuntos pagos de moches, lo que generó tensiones y cuestionamientos en los medios de comunicación.

En conclusión, la precampaña de Xóchitl Gálvez culminó con un llamado a la resistencia y la defensa de los valores fundamentales. La elección de 2024 se presenta como un momento crucial en la historia de México, donde se define el rumbo del país para las próximas décadas. La convergencia entre política y cultura urbana, junto con los escándalos políticos previos al cierre de las precampañas, añade capas de complejidad y expectación a un proceso electoral que captura la atención y el interés de la nación.